Política

[Agenda País] El socavón es una cueva que ha sido excavada en una montaña, habitualmente para acceder a vetas de minerales y explotar su producción.

Un socavón empieza con una entrada horizontal y a medida que uno se adentra va encontrado una maraña de túneles que se dirigen a todos lados, chimeneas verticales para subir o bajar de pisos y estrechos pasajes, algunos de los cuales solo permiten el paso casi rampando, a espacios más amplios, brillantes de pirita y con suerte, con el rayo de la veta deseada.

Pero un socavón también es una tumba. Y no solo por accidentes que siempre ocurren en la explotación minera, sino también, por ser testigo de ejecuciones como la que recientemente sumió en la eterna tristeza a 13 familias peruanas.

A estos 13 peruanos asesinados se suman otros 26 que corrieron el mismo destino en esta convulsionada provincia de Pataz. Crónica de una muerte anunciada.

El problema de la violencia en esta zona, sierra de la región de La Libertad, no es nuevo. Se remonta a fines de los 80’s cuando el terrorismo de Sendero Luminoso recorría las alturas del Perú sometiendo a inocentes pobladores, campesinos, trabajadores mineros y todo aquel que se opusiera a la doctrina asesina de su líder Abimael Guzmán, llamado Presidente Gonzalo por sus seguidores.

Con la decidida acción del ejecutivo de ese entonces, liderado por el Presidente Alberto Fujimori, se dotó a la policía y rondas campesinas de armamento y apoyo de inteligencia para luchar efectivamente contra los ataques terroristas que trataban de impedir la explotación minera. A ellos, se sumó el ejército para resguardar las cumbres de las montañas y los empresarios mineros que contribuyeron con recursos para que todo este esfuerzo tuviera éxito. Y lo tuvo.

Han pasado ya más de 30 años y hemos regresado a una nueva época de terror. Esta vez sin un líder claro, sino con hordas de extorsionadores y delincuentes, también organizados en células como Sendero Luminoso y con una red criminal latinoamericana extensa que tiene como brazos de apoyo organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

La desidia del estado peruano ha obviado, sobre todo en la última década, las señales y realidades de un nuevo enemigo que se estaba alzando contra el estado de derecho, la democracia y los valores de nuestra nación.

La tardía reacción de crear una base militar en Pataz, la falla en inteligencia que hizo patinar al Premier Adrianzén minimizando el secuestro de estos 13 peruanos posteriormente asesinados y la absurda medida que anuncia la paralización de la producción minera en esa zona, no hace más que demostrar improvisación y que no estamos teniendo una estrategia consistente en la lucha contra este nuevo flagelo.

En paralelo al establecimiento de la base militar, se debe reflexionar, con todos los actores involucrados como empresarios, alcaldes, policía, militares e inteligencia, sobre una estrategia en común y las acciones a seguir. 

No podemos continuar en esta improvisación. Estuvimos a punto de perder el Perú a manos de Sendero Luminoso, no lo perdamos ahora en manos de extorsionadores y asesinos que harían de nuestro hermoso país, un estado fallido, violento e inmanejable.

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[Agenda País] La encuesta de Ipsos, a un año de las elecciones generales peruanas publicada el domingo último por Perú21, ha arrojado un punto de partida previsible, tanto de los candidatos con opciones, como de lo que la ciudadanía busca en el perfil presidencial.

Con 42% entre indecisos, blancos y nulos, la derecha conservadora ha tomado la ventaja con Keiko Fujimori liderando el podio con 11%, seguida de Rafael López-Aliaga con 6% y Carlos Alvarez con el mismo porcentaje.

Luego sigue un grupo grande que obtienen entre 2% y 3%, desde los conocidos De Soto y Acuña al centro, Verónica Mendoza, Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo de la izquierda radical, “caviarones” como Rafael Belaúnde, Lopez-Chau y Susel Paredes ( quien no puede postular a la presidencia ) y nuevamente algunos de derecha conservadora como Philip Butters y Alfredo Barnechea.

A nivel ideológico, podemos extrapolar que la derecha, entre conservadora y liberal, puede estar aglutinando un 30%/35% del electorado, los radicales de izquierda alrededor del 25%/30%, los “no sé qué soy” un 15%/20%, al igual que la izquierda caviar.

Esta foto actual nos encaminaría al mismo escenario del 2021, con un candidato de derecha conservadora enfrentando a uno de izquierda radical. Y el final de la historia, ya la conocemos.

Pero otra parte importante de la encuesta de Ipsos es que la ciudadanía, preocupada por el aumento de la inseguridad y un deterioro de su economía, quiere un presidente con agallas que luche de manera decidida contra la delincuencia y que tenga propuestas claras (y simples) de cómo va a mejorar el bienestar de todos los peruanos.

Nadie ha tomado la bandera del liberalismo como plataforma político-ideológica y los llamados a hacerlo, como Rafael Belaúnde y Carlos Anderson, más paran criticando a la derecha conservadora, posible aliada de gobierno, por lo que automáticamente son tildados de “caviares” y no aprovechan ese espacio vacío del “Milei” peruano que les podría dar la oportunidad de aglutinar una importante porción electoral.

La figura del outsider que Milei pudo encarnar con la bandera del liberalismo libertario y su efusiva crítica a la casta gobernante (los caviares peruanos) no la está tomando nadie y ms bien es Carlos Alvarez, con una alocución disruptiva y fuerte en contra de la inseguridad y el crimen, quien se está aprovechando de la tibieza de la mayoría de candidatos.

Imaginemos un candidato que, no solamente tenga un discurso a lo “Bukele”, sino también, que enarbole los principios del liberalismo económico y social.

Sí, aquel donde la iniciativa privada es el motor fundamental de la economía, donde se priorice al individuo como eje de la sociedadrespetando sus decisiones personales de vida, incluso la de amar a quien le de la gana y que propugne un estado eficiente donde prime la seguridad ciudadana, el estado de derecho y los servicios públicos de calidad en educación y salud.

El espacio político está allí. Solo se tiene que mirar el bosque desde afuera otra vez para que algún candidato tome la bandera del liberalismo bajo el lema de “Seguridad con Bienestar” y se meta de lleno en la contienda electoral. Lo necesitamos.

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[Agenda País] Del “Día de la Liberación“ anunciado por Trump con el establecimiento de aranceles (tarifas como literalmente se traduce) al “Día del Arrepentimiento”, pasó solamente una semana.

El 2 de abril pasado, Donald Trump, en una sorpresiva aparición en los jardines de la Casa Blanca, anunciaba al planeta el establecimiento de aranceles, según él, recíprocos, para intentar revertir la balanza comercial deficitaria que tiene los Estados Unidos de América comparándola contra el resto de países.

Aun tratando de entender el estrafalario cálculo por el cual a un país le pone 46% de arancel, a otro 58% y a varios 10%, el impacto ha sido brutal. Las empresas exportadoras e importadoras jalándose los pelos, los consumidores aterrorizados ante aumentos de precios, las bolsas de valores tambaleando y hoy rebotando ante el sorpresivo perdón arancelario que el magnánimo Rey de EEUU, Donald I, ha otorgado a sus súbditos internacionales.

A partir del 9 de abril, todos pagarán 10% de arancel, salvo China, con la cual, cada día que pasa, se suben mutuamente las tarifas. Pero el peligro de una guerra comercial mundial e incluso, una militar, no ha terminado.

Si por ahora el enfoque de la administración Trump es China, lo cual puede desencadenar en escenarios inimaginables, el resto de países tiene 90 días para justificar una contrapropuesta arancelaria. 

Para el Perú, el establecimiento de aranceles adicionales a los pactados en el Tratado de Libre Comercio (TLC)  que el 1ro de febrero pasado cumplió 16 años de vigencia, y donde el 98% de productos están con arancel 0%, podría afectar nuestras exportaciones, más aún hoy, que la ventaja relativa de tener el menor arancel (10%) se ha perdido. 

Va a depender de la agilidad de los empresarios en revisar costos y márgenes en la cadena de comercialización, y del estado peruano, principalmente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) para la negociación y de PROMPERU en la promoción comercial y búsqueda de nuevos mercados y nichos a través de su red de Oficinas Comerciales en el Exterior (OCEX), para que este 10% sea atenuado y no afecte, principalmente, a los pequeños productores.

El Perú importó de los Estados Unidos en el 2024 un poco más de USD 10 billones mientras que le exportamos al mercado norteamericano USD 9.55 billones, es decir, una balanza comercial superavitaria para el país del norte. Entonces, ¿por qué adicionar aranceles a un país, pequeñísimo en términos de intercambio y con el cual se tiene superávit comercial?

Según el documento emitido por la oficina de Donald Trump, titulado “Barreras en el Comercio International” (Foreign Trade Barriers), si bien el Perú y Estados Unidos mantienen un TLC con cero aranceles, la Casa Blanca considera que existen otras barreras no arancelarias que generan sobrecostos en los productos peruanos, los cuales, se incluyen en los precios de exportación. Esto, para los Estados Unidos, tiene un valor del 10%.

Estas barreras no arancelarias van desde infracciones a la propiedad intelectual, nuevos requerimientos para la importación de carne, regulaciones de la Comunidad Andina sobre cosmética, la extensión de la moratoria a la biotecnología, requisitos para compras gubernamentales, temas sanitarios y fitosanitarios, barreras al comercio digital y procedimientos regulatorios, prácticas laborales, entre las más resaltantes.

Si en estos 90 días el Perú puede presentar un plan con acciones específicas, metas claras y fechas de realización para resolver estos impasses, muchos de los cuales los Estados Unidos considera como violaciones al TLC, no solamente tendremos la oportunidad de regresar al arancel 0% sino, además, iniciar un camino de formalización largamente esperado, así como entrar, más de lleno a la modernización digital, la simplificación administrativa y la inclusión de la biogenética en la agricultura.

Si había necesidad de hacer tanto show (bueno, Trump tuvo un programa de televisión muy exitoso) es algo que podría quedar en la anécdota si al cabo de los 90 días el mundo vuelve a una relativa normalidad en el comercio internacional. 

Pero si esta guerra comercial, ahora enfocada en China, no se resuelve, junto con los conflictos que continúan con la invasión de Rusia a Ucrania, y el de los rehenes en Gaza, la mecha de un conflicto armado de envergadura mundial está sobre la mesa.

¡Ya pues Donald, deja de Trumplicarnos! 

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[Agenda País]En esta nueva estadía en Lima, he tenido la oportunidad de conversar con varios amigos, empresarios algunos, profesionales otros, todos exitosos en sus respectivos campos. Pero para mi sorpresa, en vez de estar expectantes ante el nuevo proceso electoral que se avecina, todos han mostrado una desazón, una decepción y un desinterés, que prácticamente no les importa quien gane las elecciones porque ya tendríamos el país perdido. Y esto no solamente pasa por el entorno político.

Si bien las cifras macroeconómicas están mostrando señales de recuperación con una perspectiva de más del 4% del PBI para este 2025, los problemas fundamentales, y principalmente la informalidad, continúan sin tener ningún horizonte de resolución. Es más, los formales se han adaptado al mercado informal, e incluso el ilegal, atrayéndolos como socios-proveedores y “formalizando” sus operaciones para que entren en los canales regulares.

Los empresarios y los emprendedores debido a su resiliencia y creatividad, son los que han venido sosteniendo este país, formal o informalmente, ante años de desidia e incompetencia de los gobiernos nacionales y regionales. Recordemos que 80% de la inversión en el Perú es de origen local ( el otro 20% proviene del exterior ) y de ese 80%, el 80% es inversión privada, Es decir, 64% de la inversión en el Perú es privada y nacional, por lo tanto, el principal motor de la economía.

Aún en situaciones difíciles, como en la época del terrorismo, la crisis internacional del 2008/2009 y la pandemia del Covid, el empresariado y la ciudadanía habían mostrado optimismo en el futuro, pero ahora, las cosas han cambiado.

Vemos diariamente que los problemas históricos continúan. Se caen los puentes, las pistas son un desastre, construimos un aeropuerto de primer nivel y nos olvidamos de hacer los accesos, el sicariato y la extorsión campean descontroladamente, los servicios de salud siguen siendo deficientes y lo peor de todo, con un desdén hacia los enfermos que linda con la crueldad.

Y a todos estos problemas, cuya lista queda ampliamente corta, se ha sumado el desmadre institucional que los distintos grupos de interés, que algunos llaman mafias, azuzan diariamente a través de medios y políticos afines, asolapados analistas “independientes” y aquellas ONG’s que se están quedando sin financiamiento externo. Pero esto no queda acá.

El Ministerio Publico, sumamente diligente para unos, extremadamente negligente para otros, inicia indagaciones a Fuerza Popular por una denuncia individual de supuestas prácticas antidemocráticas, un día después de convocadas las elecciones generales del 2026. Una raya más a este tigre altamente politizado que allanó la casa del entonces ministro del interior Santiváñez, por un supuesto abuso de autoridad. Excesos fiscales.

Pero claro, el gobierno tampoco ha ayudado a llevar la fiesta en paz. Desde los vaivenes plásticos de la Presidenta y su falta de transparencia, los relojes lujosos reflejo de vanidades en un país con 40% de pobreza y la pechada a los otros poderes del estado, solamente han agregado más leña al fuego de la intolerancia y el desorden.

Esperemos que la acertada anticipación en convocar a elecciones generales del 2026 por la Presidenta Boluarte, genere otro ánimo en los líderes de todos los poderes del estado y que puedan trabajar juntos en este período que ya es de transición. En estos 16 meses que le faltan a este gobierno, solo queda asegurar la transparencia del proceso electoral en un ambiente de relativa paz institucional, mejorar la seguridad ciudadana y continuar en la lucha contra la pobreza multidimensional.

No perdamos la esperanza. El Perú y nuestra gente somos gente de bien. Depende de nosotros.

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[CIUDADANO DE A PIE ] El infierno como lugar de desesperanza y perdición ha sido comparado en ocasiones con la política peruana (Lynch, Paredes Castro, Sosa) ¿Quién podría hoy negarlo a vistas de los niveles de degradación que ha alcanzado? Sorprendentemente, un teólogo católico, Hans von Balthasar, llegó a especular con la idea de que el infierno podría ser un lugar vacío, y fue precisamente esa noción la que nos llevó a reflexionar sobre un reciente artículo de Alberto Vergara publicado en La República, en el cual señala que intentar hablar de política en el Perú, es “una mezcla de despropósito y delirio”, un “escribir sobre lo extinto”, un “medir los signos vitales de los habitantes de una catacumba”. Es bastante comprensible que un politólogo como Vergara se exprese de esa manera pues, en efecto, nuestra escena pública nacional ha dejado paulatinamente de ser materia propia de reflexión de la politología, para caer de lleno en el ámbito de investigación de la criminología, la ciencia que estudia las causas y circunstancias de los delitos, la personalidad de los delincuentes y su impacto social. Adentrándonos en ese enfoque prometedor, nos referiremos hoy a un fenómeno delictivo conocido como “crimilegalidad”: el entrelazamiento deliberado que se establece entre actividades criminales y legales y que se convierte en el eje organizador social, económico y político de una comunidad nacional. Retomando la comparación inicial, la crimilegalidad es lo más cercano al infierno que puede estar la política de un país… y todo parece indicar que hacia allí nos dirigimos.

El país en que vivimos: alta criminalidad y gobernanza criminal

El Perú se encuentra inmerso en lo que sociólogo argentino Marcelo Berman denomina un “equilibrio de alta criminalidad” (EAC). En un EAC, el Estado se muestra absolutamente incapaz de combatir las acciones de grupos criminales organizados, poderosos económicamente y que cuentan con eficientes redes de complicidades al interior de las fuerzas del orden, la justicia y el poder político. A las tradicionales actividades ilícitas como el narcotráfico, se suman otras más violentas como la trata de personas, la extorsión y el sicariato. Violencia, corrupción, impunidad, con apoyos políticos y una tasa creciente de asesinatos como la que venimos presenciando horrorizados los peruanos, caracterizan los EAC. A este entorno de alta criminalidad viene agregándose el establecimiento de “gobernanzas criminales” en diferentes partes del territorio nacional, esto es, el dominio o poder que ciertas organizaciones criminales ejercen sobre la población de una determinada área geográfica, con la finalidad de maximizar el aprovechamiento ilícito de los recursos allí presentes. Este poder o dominio que caracteriza a la gobernanza criminal—o “territorialización” mafiosa, como prefiere denominarla César Azabache—no solo se obtiene mediante el uso de la violencia, sino gracias también a una legitimación, resultante entre otras cosas, de los innegables beneficios económicos que perciben las poblaciones involucradas—siendo la minería ilegal en Pataz un claro ejemplo de esta situación—y al involucramiento en redes delictivas de funcionarios, autoridades y fuerzas del orden nacionales y subnacionales. Pero tanto la alta criminalidad como la gobernanza criminal, siendo gravísimos problemas, no son sino el telón de fondo de un peligro aún mayor: la crimilegalidad.

Crimilegalidad y poder político

La narrativa predominante, cuando nos referimos al “mundo del crimen organizado”, ha sido siempre considerarlo como una infame entidad, ajena y extraña al “mundo legítimo y legal” de la sociedad y la política, cuando la realidad en el Perú de hoy—y en otros países de la región— es que la línea que los separa es cada vez más imperceptible. Markus Schultze-Kraft, un científico social alemán con vasto conocimiento de la situación latinoamericana, aplicó en 2016 el término “crimilegalidad” al ámbito de las relaciones en contra de la ley, que se establecen entre el Estado y los actores legales e ilegales de la sociedad, y de cómo estas relaciones remodelan el ordenamiento político y social de un país. Ya no se trata simplemente de sobornos a las “manzanas podridas” presentes en los espacios públicos y privados, sino más bien de la integración del crimen organizado en las instancias legales, económicas y gubernativas de un país, con lo que se crea un orden “crimilegal” que involucra no solo a capos del crimen sino a funcionarios públicos, policías, políticos, jueces, fiscales y banqueros, entre otros. En la crimilegalidad, el crimen organizado alcanza el apogeo de su poder político, pues los gobiernos no solo no reprimen las actividades ilegales, sino que las promueven, torciendo las leyes y manipulando las Constituciones, al tiempo que se intenta guardar una apariencia de legitimidad con elecciones e instituciones manipuladas. Como bien señala el exprocurador y expresidente de Transparencia, José Ugaz, refiriéndose al caso peruano, no se trata de hechos episódicos consecuencia de la llegada al gobierno de malos grupos políticos o de personas corruptas, sino de la existencia de un plan concertado y organizado para entregar los espacios del país al crimen organizado, dictando leyes pro-crimen y desmantelando las instancias policiales competentes. 

Las consecuencias

La crimilegalidad acarrea graves consecuencias sociales que socavan la democracia, la convivencia pacífica y el logro del bien común, entre las cuales podemos mencionar: 

  • El declive del acatamiento de las normas sociales: cuando el delito campea impune en los altos niveles del poder, la corrupción y el crimen terminan por normalizarse entre el resto de la sociedad.
  • El fomento de una cultura del oportunismo (el “todo vale para subir”) con la consiguiente y paulatina desaparición de los principios y valores colectivos.
  • El debilitamiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones al percibirlas corruptas y en complicidad con la criminalidad: la inmensa mayoría de peruanos, según todos los estudios demoscópicos, desconfían del Poder Ejecutivo, del Congreso, del Poder Judicial, la Policía Nacional, las municipalidades y los gobiernos regionales, instituciones justamente establecidas para representarlos y protegerlos en un ordenamiento democrático saludable.
  • La supresión de las libertades de expresión y protesta, acompañadas de medidas intimidatorias y represivas contra periodistas, activistas sociales y ciudadanos comunes que osan criticar a las autoridades o desvelar la corrupción.
  • El vaciamiento del debate público y de la representación política en manos de personas impreparadas, cuando no prontuariadas, que alcanzan posiciones de poder gracias a la ingente inyección de fondos provenientes de las economías ilegales.
  • El exponencial aumento de la violencia, como consecuencia directa de las actividades depredadoras de las organizaciones criminales y de las luchas entre sus facciones rivales por el control y el poder, conjuntamente con la inacción de las fuerzas del orden, sea por complicidad o inoperancia. 

¿Suena conocido? 

Abandonen toda esperanza…

En el canto tercero de la “Divina Comedia”, Dante nos relata que pudo ver escritas sobre las puertas del infierno la siguiente advertencia: “Abandonen toda esperanza, quienes entren aquí”. Nuestro bicentenario camino, cargado con más penas que glorias, nos ha conducido hasta las puertas que nos adentran en el infierno de la crimilegalidad ¿existe aún alguna esperanza de escapar a ese miserable destino? En todo caso, es bueno recordar que a poco de enunciar la terrible advertencia, el gran escritor italiano agregó: “Conviene abandonar aquí todo temor; conviene que aquí termine toda cobardía.” ¿Seguiremos el consejo? 

   

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[Agenda País] Ante la mirada atónita de los congresistas Fernando Rospigliosi y Luis Aragón, presidente y vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República respectivamente, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, mostró lo que serían las cédulas de votación para las elecciones generales del 2026.

Porque ya no será una, sino dos cédulas, cual sábanas de más de medio metro que albergarán en una, la plancha presidencial, senadores por distrito único y parlamentarios andinos, y en la otra, a diputados y senadores de distrito múltiple.

Imaginémonos el día de la elección. Si ya ahora el elector se demora varios minutos en la cabina para ejercer su voto, ni pensar en el tiempo que le dedicará a descifrar el contenido de cada una de las cédulas, ubicar en cada una de las 5 votaciones al partido político de su elección, marcar el cuadradito y poner el número preferencial de su candidato favorito entre los más de 10,000 que postularán tanto al parlamento andino como a diputados y senadores por distrito electoral y nacional. 

Un sin sentido. Ya la palabra absurdo queda pequeña, insignificante, inocua, ante la barbaridad que “mentes brillantes”, “sabios en temas electorales” y congresistas movidos por intereses, han parido en este aborto electoral.

Pero echar la culpa no nos lleva a nada sino a hincarnos el hígado (al igual que Pedro Francke cuando ve pasar un raudo Ferrari) y ver, inertes, el sancochado burdelesco al que asistiremos el 12 de abril de 2026.

Aún hay tiempo, muy poco, para que el congreso pueda sacar una norma que ayude en la simplificación de la elección, tiempo que la presidenta Boluarte tiene en sus manos como Cronos, Dios del tiempo, ya que a partir de la convocatoria a elecciones generales 2026, que necesariamente no puede pasar de este 12 de abril 2025, ya no podrán realizarse cambios a las normas electorales.

El congreso viene trabajando algunas modificaciones como dar más tiempo a las alianzas electorales, reducir el momento del cierre del padrón electoral a 180 días antes de las elecciones y otros temas de relativa importancia, pero se está dejando de lado cómo enfrentar el hecho de tener dos sábanas de votación que lo único que hará es poner dudas sobre los resultados electorales.

Uno de los problemas es la multiplicidad de partidos políticos al relajarse el proceso de inscripción reduciendo el número de firmas a unas 25,000. Así, tenemos a la fecha 42 agrupaciones en el partidor, más otras 30 esperando ser aprobadas por el JNE antes de la convocatoria a elecciones. 

Una propuesta que está rondando es dar un beneficio a las alianzas electorales para incluso disminuir la valla electoral de 5% a 4%, lo que haría más viable, si el ego de los candidatos lo permite, a formar alianzas y reducir el número de alternativas. La otra llave la tiene la presidente Dina Boluarte ya que, si hoy convocara a elecciones, nos quedaríamos con 42 partidos políticos y no con los probables cincuenta y tantos de esperar un mes más.

La otra propuesta es definir un solo tipo de votación para el Senado, desde mi punto de vista, por distritos electorales múltiples.

Adicionalmente, se tendría que modificar la Ley n.° 32166, que faculta a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desplazados el día de los comicios a sufragar exclusivamente por las autoridades nacionales (plancha presidencial, senadores por distrito único y parlamentarios andinos), permitiéndoles votar también tanto por diputados como senadores por distritos electorales múltiples. 

Ya el daño está hecho, pero aún el congreso está a tiempo de mitigar los potenciales problemas en que este embarazo electoral puede terminar, para que el resultado pueda ser creíble y legítimo a los ojos del mundo y de nuestros ciudadanos.

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[Agenda País] Hace pocos días, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, manifestó que su portafolio está incrementando el objetivo de crecimiento del PBI este 2025 de 3.1% a 4%. También señaló que hará todo lo necesario para respetar la regla fiscal que fija un tope de 2.2% del PBI, así como no endeudar al estado por más del 33% del PBI.

También, recientemente la ministra de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) expresó que en el 2024 el desempeño de nuestras exportaciones batió récord, con crecimientos en los sectores metalúrgico (+36%), pesquero (+24%), agropecuario (+22%), minero (+16%) y químico (+8%). El sector agro-exportador también estuvo a la altura llegando a US$ 12 784 millones, un incremento de 22,1% en el 2024.

Ambos ministros nos han dado buenas noticias, sin duda, pero, ¿se puede lograr o sobrepasar esos objetivos sin una política de gobierno e instituciones que generen confianza en la ciudadanía y principalmente, en el empresariado y en el emprendedor?

Por muchos años hemos escuchado a los principales actores políticos y a parte de la academia asegurar que la economía debe ir por cuerdas separadas de la política. Bajo esa premisa, no importaría cuánto se desgasten las instituciones en enfrentamientos inútiles, si las políticas públicas son inefectivas, si el gasto público aumenta pero no mejoran los servicios de salud, si el sicariato mata al bodeguero por 50 soles, si se cae un puente que nos lleva al flamante puerto de Chancay o si el acceso al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chavez se hace a través de puentes modulares, como los que se usaron en la segunda guerra mundial.

No. No es suficiente que un entorno internacional sea favorable al Perú con precios récords de oro y cobre, si el precio del petróleo tiene una tendencia decreciente y que a pesar de las turbulencias que siempre ocurren en el planeta, la demanda por nuestros productos agroindustriales continua en alza.

Es más, no nos estamos beneficiando completamente de este ciclo internacional virtuoso para el Perú, que, en circunstancias similares, nos hicieron crecer a tasas mayores al 6% durante el segundo gobierno de Alan García, que si bien, tampoco aprovechó plenamente del entorno mundial de ese entonces, al menos fomentó una política gubernamental que generó confianza para que el sector privado acompañe con inversión y la ciudadanía con gasto en esa coyuntura.

¿Cuánto más podríamos crecer con carreteras modernas, puentes seguros, leyes laborales flexibles, seguridad ciudadana, simplificación administrativa y tributaria que llevaría a una menor corrupción, así como un apoyo decidido a las inversiones mineras sostenibles? ¿Cuántos más turistas podríamos atraer con infraestructura, conectividad y seguridad? 

Estos son temas de política pública que van de la mano con el manejo macroeconómico para aprovechar los ciclos económicos positivos y que, de ser consistentes en el tiempo, aseguran una protección, una amortiguación ante momentos no tan favorables. 

La economía tiene que, necesariamente, ir de la mano con políticas públicas claras y efectivas, con un ejecutivo decidido pero conciliador y con instituciones como el congreso, el ministerio público y el poder judicial, que jueguen en equipo y no llevados por intereses particulares que al final, generan desconfianza en la ciudadanía.

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[Agenda País] Las elecciones presidenciales y parlamentarias del Ecuador que se realizaron el pasado 9 de febrero en su primera vuelta, arrojaron resultados sorpresivos que muy bien podrían aplicarse a las futuras elecciones en el Perú del 2026.

Con una diáspora de 16 candidatos, se esperaba que, en primera vuelta, el elector ecuatoriano dirigiera su voto por aquel candidato con el cual sentía una mayor identificación. Normalmente, el voto en la primera vuelta se caracteriza por su dispersión justamente porque se vota por la auténtica preferencia política y ya en segunda vuelta, la mayoría vota por el mal menor.

En la primera vuelta de las elecciones presidenciales del Perú en el 2021, Pedro Castillo salió victorioso con apenas 15.38% de los votos emitidos, seguido por Keiko Fujimori con 10.9%, Rafael Lopez-Aliaga con 9.55%, Hernando de Soto con 9.45%, Johnny Lescano con 7.37% y varios como Verónica Mendoza, Forsyth, Acuña y Urresti entre 4.6% y 6.4%. Es decir, un voto muy dividido.

En el Ecuador, los ciudadanos cambiaron su forma de votar. En vez de dirigir su voto a aquel candidato de su verdadera preferencia, optó por el voto estratégico dirigiéndose principalmente a dos candidatos : el actual presidente Daniel Noboa ( 44.16%) y la candidata del correísmo, Luisa Gonzales ( 43.99% ) configurando un empate técnico donde ambos candidatos agruparon más del 88% de los votos. Muy lejos quedó Leonidas Iza con poco más de 5% y luego Andrea Gonzales con un escaso 2.69%. 

¿Para qué votar por mi candidato en primera vuelta si no va a salir?, habrá reflexionado el elector ecuatoriano.

Esta característica también se reflejó en el voto parlamentario donde la asamblea está compuesta por 151 asambleístas, dejando al partido de gobierno con 66 escaños y a la oposición correísta con 67. Aunque ninguno obtuvo la mayoría absoluta de 76, ambos tendrán que coquetear con Leandro Iza que obtuvo 9 y/o el Partido Social Cristiano con 5 para obtener una mayoría para gobernar, y hasta probablemente aglutinar también, a las otras 3 agrupaciones que poseen 4 escaños.

El Perú se enfrenta en el 2026 a una elección presidencial con un potencial de 50 candidatos, 3 veces más de los que compitieron en las recientes elecciones ecuatorianas. ¿Se podría dar el mismo efecto del voto útil o voto estratégico?

Recordemos que en el Perú se pueden publicar encuestas hasta una semana antes de las elecciones y es muy posible, que, en el desarrollo de las mismas, veamos una dispersión del voto 3 o 4 meses antes de las elecciones y a medida que nos acerquemos al 12 de abril de 2026, ese mismo voto vaya dirigiéndose al candidato útil. Sí, aquel que puede representar mejor a la derecha conservadora, aquella que se erige como la líder de la izquierda y/o aquel que pueda encarnar el amplio espectro de la derecha liberal.

Aunque no vislumbro un escenario bipartidista como el ecuatoriano, es altamente posible que más del 80% de los votos se concentre en 3 o 4 candidatos y que de esta manera tengamos un parlamento con no más de 6 bancadas. Así, de 50 partidos políticos solo quedarían 6, salvo que hayan tenido la inteligencia y el desprendimiento de ir en alianzas electorales para evitar la defenestración de sus inscripciones como organizaciones políticas.

Esperemos que esta experiencia ecuatoriana haga reflexionar a nuestros dirigentes políticos y precandidatos presidenciales en la necesidad de formar consensos que lleven a alianzas electorales, no solamente para la elección presidencial sino también para la parlamentaria. 

Un escenario sin alianzas o lo que puede ser peor, alianzas para el voto presidencial y cada partido independiente para el voto parlamentario, sería un desastre para el futuro de nuestro país.

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[Agenda País]  Como era de esperarse, y a pesar del entusiasmo contagioso de María Corina Machado, se consumó el nauseabundo fraude de la dictadura de Nicolás Maduro avalado por sus colegas y también dictadores de Cuba, Nicaragua, Corea del Norte y de los autócratas de China y Rusia. ¡Qué bonita familia!

Con el apoyo del cerebro político y de la inteligencia de Cuba, cuya dictadura ya tiene nada menos que 65 años, Venezuela es un eje geopolítico importantísimo para el balance de China y Rusia frente a los Estados Unidos de América, además de contar con ingentes reservas petroleras de cuya explotación, se financian regímenes criminales.

La situación actual por la que atraviesa el mundo es convulsionada pero vislumbra, a través del liderazgo de Trump, un horizonte de pragmatismo político que ya empezó con el acuerdo de cese del fuego entre Israel y Hamás que conlleva a la liberación de 33 rehenes aún privados de su libertad desde el 7 de octubre de 2023.

El ejemplo de Siria, donde Rusia tuvo que retirarse para concentrar sus fuerzas en Ucrania, debilitó tanto al régimen de Bashar al-Assad, que los insurgentes derrocaron al dictador y se orientan ahora ante un nuevo pero incierto futuro.

Donald Trump, como parte de sus negociaciones o más bien, imposiciones, para terminar con la invasión de Putin a Ucrania, podría demandar también un retiro ruso de Venezuela que abriría un frente a una rebelión interna, con parte de las fuerzas armadas venezolanas, y restablecer la democracia permitiendo la asunción del presidente electo Edmundo Gonzales y su vicepresidenta María Corina Machado.

A esta posibilidad, Trump tiene 4 años para cortar de una vez la exportación ideológica criminal que emana de Cuba, seguramente endureciendo el embargo y volviéndola a poner en la lista de países que auspician el terrorismo y el narcotráfico, algo que Biden acaba de liberar, de manera incomprensible y desafiante.

Maduro no es un presidente. Es un dictador que maneja una mafia de narcotráfico por la cual el departamento de estado de los Estados Unidos ofrece una recompensa por su captura cuya suma ha aumentado a US$ 25 millones.

La salida de la dictadura venezolana y el inicio de una nueva era democrática tiene que pasar por todas estas aristas, la geopolítica, el abastecimiento de petróleo y el debilitamiento político de Cuba para que las fuerzas democráticas venezolanas encuentren el camino de la victoria.

¡Viva Venezuela Libre!

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