Juan Pari

 

Cocinar en el Perú resulta cuatro veces más caro que en Bolivia. Acá, el precio del balón de gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico está entre S/30 y S/45, mientras que el mismo producto en el país del sur cuesta entre S/8 y S/12.

El experto boliviano Álvaro Ríos explica que una razón central es el subsidio del estado boliviano durante los últimos 15 años, gracias a las ganancias de sus exportaciones. El equipo económico de Perú Libre, sin embargo, responsabiliza al “fracasado modelo de contratación” de Perupetro con las empresas transnacionales y que ha permitido que se priorice la exportación de gas en vez de satisfacer la demanda interna.

 

Para cambiar esas condiciones, el plan de un eventual gobierno de Pedro Castillo propone primero sentarse a conversar con las empresas que explotan los lotes gasíferos y petroleros del país. El objetivo no es sólo abaratar el precio del balón de gas doméstico, sino recaudar más dinero para el tesoro público. De no llegar a acuerdos satisfactorios, los contratos se renegociarán “desde posición de fuerza”, según un documento interno de su equipo económico al que accedió Sudaca

Cambio en las reglas de juego

En Perú Libre apuntan a aumentar la recaudación de las regalías y del impuesto a la renta que pagan estas compañías transnacionales. ¿A cuánto asciende ese monto actualmente? El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, nos ayuda con algunos cálculos.

Nacionalizacion Gas by Juan C Chamorro

Este es el plan del equipo económico de Perú Libre para nacionalizar el gas.

 

Herrera Descalzi apunta que en nuestro país sólo las empresas que participan en la producción de gas (Pluspetrol, Repsol y Hunt Oil, las principales a través del consorcio de Camisea; seguida de Orazul, que administra Aguaytia Energy) pagan 37,24% por regalías y 30% por impuesto a la renta, unos $328 millones anuales. Y si consideramos que estas mismas empresas también realizan la producción, el transporte y distribución del GLP (derivado del gas), diésel y gasolina, la recaudación asciende a $828 millones. 

Según fuentes del equipo económico de Perú Libre el objetivo es “recaudar hasta el doble de esa cantidad”. Esto permitiría, según dicen, incrementar los presupuestos en educación y salud, uno de los caballitos de batalla de Pedro Castillo.

¿Cómo lograrán que las empresas se sienten a conversar? Con una estrategia de año y medio cuya principal ficha será el conjunto de multas que varias de estas compañías tienen debido a pasivos ambientales. “El sistema de fiscalización ambiental [será] con colmillos. Multas se pagan y sólo después se pueden judicializar. Presuponer mala fe del administrado”, se lee en el informe.

Para Herrera Descalzi, lo que busca Perú Libre es “crear una deuda”, es decir, juntar todo lo que deben las empresas por los pasivos ambientales y que de esa forma se vean obligadas a renegociar los contratos que, en el caso del sector hidrocarburos, son mayores a los 30 años.

Pluspetrol, por ejemplo, posee una deuda medioambiental que superaría los mil millones de dólares por su explotación del lote petrolero 192, tal como publicó Sudaca en enero pasado. Esa deuda se encuentra en litigio.

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El nuevo modelo económico del gobierno de Pedro Castillo se llamará “economía popular de mercado”, que se dará a través de una economía mixta. Este es el plan del equipo económico.

 

De acuerdo al documento interno del equipo económico, les tomaría un año identificar los pasivos ambientales que tienen estas empresas y los costos de remediación y compensación a los afectados. Para este paso será fundamental la participación del OEFA, el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro.

Ese mismo año se realizarían las negociaciones con las empresas para las nuevas condiciones contractuales. Pero en Perú Libre parecen prever un escenario en el que las conversaciones no lleguen a buen puerto. 

En los seis meses siguientes, calculan en el partido del lápiz, se promulgará “el nuevo marco normativo” que obligue a las empresas a renegociar “desde una posición de fuerza”, añaden. Para que esto último suceda deberá modificarse, por ejemplo, la ley de promoción para el desarrollo de la industria petroquímica, el reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos, la ley de construcción GSP, la ley de seguridad energética de GSP y la ley de modernización de refinería de Talara.

El documento señala incluso la necesidad de una reforma en la Constitución, pero no precisan de qué artículo. Según fuentes del equipo económico de Perú Libre, en este punto plantearían también la reducción del costo del GLP.

Según el diagnóstico del equipo de Pari, nuestro país tuvo que importar 20% de GLP destinado para el uso vehicular y doméstico, cifra que consideran es demasiada. “Está dentro de lo posible que haya habido un 20% de déficit en el 2020. Lo que pasa es que se estarían agotando las reservas de GLP en los lotes petroleros 56, 57 y 88”, explica a Sudaca Herrera Descalzi. 

El exministro asegura que es posible que pueda haber una renegociación de los contratos de gas, pero el éxito dependerá de lo que ofrezca el Estado y de lo que estén dispuestos a aceptar las empresas. “Lo que temo es que el Estado pueda usar la fuerza, como en la época de [el expresidente Juan] Velasco”, comenta.

“Cuando eres gobierno puedes hacer lo que se te dé la gana porque, al final, sacas una norma legal, así sea ilegal, y das por culminado un contrato, ¿no? El hecho inmediato es que nos llevan a una demanda internacional a Washington [al tribunal internacional de arbitraje CIADI]”, cuestiona el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez.

El exfuncionario apunta que el elevado precio del balón de gas se puede corregir no con un nuevo contrato sino con una demanda ante el Indecopi. A su criterio, existe un oligopolio de cuatro o cinco empresas, entre ellas Solgas, que están cobrando un promedio de 20% por encima de su precio original. 

¿Cuándo empezará todo el proceso de nacionalización? Juan Pari responde a Sudaca que “desde el comienzo” del gobierno de Pedro Castillo, aunque reconoce que será un proceso “un poco más complejo”. “Los tiempos sociales, políticos y de diálogo esperemos que no sean traumáticos, sino que partan desde el diálogo nacional y con los que estén involucrados”, apunta.

El informe no deja de lado el tema de la conexión de gas y propone poner en marcha el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, pero “bajo otros términos”. No se descarta que pueda ser una empresa nacional o mixta la que lleve adelante este proyecto, priorizando el mercado interno y la industria petroquímica y energética. Esta iniciativa se encuentra dentro del Plan de los 100 primeros días de gobierno de Perú Libre.

*Fotocomposición de portada: Leyla López

 

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Aumentar el presupuesto en educación y salud es una de las prioridades del plan de emergencia para los 100 primeros días del gobierno de Pedro Castillo, en caso sea electo presidente. El documento de 17 páginas, publicado ayer por Perú Libre en sus redes sociales, traza el camino para lograrlo: la “nacionalización de nuestras riquezas”; la creación de impuestos a las sobreganancias; y, por último, la reforma de la administración tributaria.

 

Este último punto no es más que la “reestructuración” de la Sunat. Entre sus objetivos está empezar a cobrar millonarias deudas tributarias que grandes empresas aún mantienen en litigio. Sudaca ha podido acceder a un informe preliminar del equipo económico de Perú Libre, cuyo coordinador es el excongresista e ingeniero economista Juan Pari Choquecota, en el que explican cómo y por qué -según el equipo del lápiz- es necesario hacer cambios en la administración tributaria. 

“Actualmente, mientras los pequeños empresarios son coaccionados por la Sunat por unos pocos soles [que adeudan], los grandes deben miles de millones y nadie les cobra”, dice el documento. El texto, al que llamaremos “Plan Pari”, no precisa el número ni el monto de dinero específico de la deuda que tienen las grandes empresas con el Estado.

El informe preliminar del equipo económico de Juan Pari presenta el porqué se debe reestructurar la Sunat y da las justificaciones para crear nuevos impuestos a la riqueza.

El Plan Pari by Juan C Chamorro

Un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), de septiembre de 2020, impidió que S/9.256 millones en deudas tributarias impugnadas por 158 grandes empresas del país prescriban. Entre las que se habrían visto beneficiadas estaban, por ejemplo, Buenaventura, Antapaccay, Telefónica, Latam Airlines, Supermercados Peruanos, Unacem, Odebrecht, Southern o Interbank.

Muchas de estas deudas tributarias, sin embargo, aún no son cobradas. Ello puntualmente no se debe a la inacción de la Sunat -que peleó en el TC para que no prescriban-, sino a que siguen en litigio tras no haber prescrito. Las grandes empresas juran que los montos no son correctos y tienen capacidad financiera para apelarlos hasta las últimas instancias legales. 

Pero desde Perú Libre echar mano de ese dinero parece ser crucial. Según el documento del equipo económico, han detectado que algunas empresas deudoras “reciben una devolución equivalente al 10% de sus ingresos”. Se refieren a la devolución fiscal que hace la propia Sunat, de la cual el sector minero ha sido el más favorecido en los últimos años. “Esto es inaceptable”, concluyen.

Cabe precisar, no obstante, que la devolución del IGV a las exportaciones (como son los minerales) es estándar global. Ello, bajo la lógica de que “los impuestos no se exportan”, lo que haría menos competitivos a nuestros productos. 

 

Este es el tuit del coordinador del equipo económico de Perú Libre, Juan Pari, en el que confirma el presente informe.

 

Nuevos impuestos a los más ricos

El análisis que hace el informe de Perú Libre es que “este gobierno [el de Francisco Sagasti] reconoce que la presión tributaria peruana (16.9% para el 2019) está por debajo de los estándares de América Latina (23.2%) y de la OCDE (34.3%). Se recauda aquí menos que el promedio de América Latina”. 

El diagnóstico apunta su artillería contra los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas a quienes tilda de defender “los intereses de los más ricos”. Según el documento, en el informe de proyección económica llamado Marco Macroeconómico Multianual (2021-2024) elaborado por el MEF “no hay ningún cambio y ningún tributo aplicable a los estratos de mayores ingresos del país”.

De acuerdo al partido del lápiz, esta realidad desnivela la cancha entre los grandes y pequeños empresarios y contribuyentes. “Los funcionarios del MEF, en vez de hacer lo posible para que cada uno pague en función a la riqueza, proponen aumentar los impuestos municipales y los dirigidos a profesionales y pequeños empresarios formales”. Esta situación, añade el documento, “promueve la informalidad, la elusión y la evasión [de impuestos]”.

Otro análisis que brindan los técnicos de Perú Libre es que las grandes empresas cada vez pagan menos impuestos: “La recaudación tributaria por el Impuesto a la Renta es cada vez menor en el tiempo (…) Y en el  2020, con pandemia, mucho menos”, remarca el documento. Por lo tanto, añaden, “los trabajadores tienden a contribuir más a la recaudación tributaria. ¿Es eso equitativo?”, se preguntan en el partido del lápiz. La recaudación por Impuesto a la Renta suele ir de la mano con el crecimiento (o ralentización) de la economía.

El “informe Pari” le desinfla la llanta al sector minero y dice que es un mito que la minería sea el que aporta la mayor carga tributaria en el país. “Los resultados de la recaudación tributaria por actividad económica muestran que no es la minería la que aporta más. Son los impuestos recaudados a los servicios, a la industria no primaria y al comercio los que aportan en su conjunto el 81% frente al aporte del 7% de la minería en el año 2020”, dice el informe que muestra cifras de la Sunat.

“Los registros de la Sunat muestran que las empresas nacionales y los trabajadores que no gozan de ningún convenio de estabilidad tributaria son los que contribuyen más. Los pequeños empresarios, transportistas, comerciantes y trabajadores son además sujetos a sanciones de diverso tipo y cobranzas coactivas”, concluye.

El informe, en esa línea, propone “la eliminación de las devoluciones a sectores económicos que no generan industria ni tecnología” y la “transformación” de la estructura tributaria “hacia otra que enfatice los impuestos directos (Renta), bajo el principio de equidad y justicia fiscal”.  

Aunque no entra en detalles, también promete eliminar todos los “trucos” contables y de gestión en las empresas para evadir impuestos, que hacen que se pague poco o nada en tributos por parte de las empresas y propone la “elevación” del impuesto selectivo al consumo (ISC) a actividades como casinos y similares.

En el debate de los equipos técnicos del próximo domingo 23 de este mes, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el que participará Juan Pari, se conocerán más detalles de este plan programático.

 

(*) Fotocomposición de portada: Leyla López

 

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