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Transnacionales a la mesa de renegociación: este es el plan de Perú Libre para los hidrocarburos

Toda una estrategia de año y medio tiene Perú Libre para aumentar el impuesto y las regalías que pagan las transnacionales del sector. Aunque aseguran que el primer paso es conversar, su plan propone fiscalizar "con colmillos" los pasivos ambientales de las compañías, presuponiendo “mala fe del administrado”, y cambiar una serie de leyes hasta que estén en “obligación de renegociar”. El equipo económico liderado por Juan Pari considera que la actual recaudación en hidrocarburos “es desfavorable” (*).

 

Cocinar en el Perú resulta cuatro veces más caro que en Bolivia. Acá, el precio del balón de gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico está entre S/30 y S/45, mientras que el mismo producto en el país del sur cuesta entre S/8 y S/12.

El experto boliviano Álvaro Ríos explica que una razón central es el subsidio del estado boliviano durante los últimos 15 años, gracias a las ganancias de sus exportaciones. El equipo económico de Perú Libre, sin embargo, responsabiliza al “fracasado modelo de contratación” de Perupetro con las empresas transnacionales y que ha permitido que se priorice la exportación de gas en vez de satisfacer la demanda interna.

Para cambiar esas condiciones, el plan de un eventual gobierno de Pedro Castillo propone primero sentarse a conversar con las empresas que explotan los lotes gasíferos y petroleros del país. El objetivo no es sólo abaratar el precio del balón de gas doméstico, sino recaudar más dinero para el tesoro público. De no llegar a acuerdos satisfactorios, los contratos se renegociarán “desde posición de fuerza”, según un documento interno de su equipo económico al que accedió Sudaca

Cambio en las reglas de juego

En Perú Libre apuntan a aumentar la recaudación de las regalías y del impuesto a la renta que pagan estas compañías transnacionales. ¿A cuánto asciende ese monto actualmente? El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, nos ayuda con algunos cálculos.

Nacionalizacion Gas by Juan C Chamorro

Este es el plan del equipo económico de Perú Libre para nacionalizar el gas.

 

Herrera Descalzi apunta que en nuestro país sólo las empresas que participan en la producción de gas (Pluspetrol, Repsol y Hunt Oil, las principales a través del consorcio de Camisea; seguida de Orazul, que administra Aguaytia Energy) pagan 37,24% por regalías y 30% por impuesto a la renta, unos $328 millones anuales. Y si consideramos que estas mismas empresas también realizan la producción, el transporte y distribución del GLP (derivado del gas), diésel y gasolina, la recaudación asciende a $828 millones. 

Según fuentes del equipo económico de Perú Libre el objetivo es “recaudar hasta el doble de esa cantidad”. Esto permitiría, según dicen, incrementar los presupuestos en educación y salud, uno de los caballitos de batalla de Pedro Castillo.

¿Cómo lograrán que las empresas se sienten a conversar? Con una estrategia de año y medio cuya principal ficha será el conjunto de multas que varias de estas compañías tienen debido a pasivos ambientales. “El sistema de fiscalización ambiental [será] con colmillos. Multas se pagan y sólo después se pueden judicializar. Presuponer mala fe del administrado”, se lee en el informe.

Para Herrera Descalzi, lo que busca Perú Libre es “crear una deuda”, es decir, juntar todo lo que deben las empresas por los pasivos ambientales y que de esa forma se vean obligadas a renegociar los contratos que, en el caso del sector hidrocarburos, son mayores a los 30 años.

Pluspetrol, por ejemplo, posee una deuda medioambiental que superaría los mil millones de dólares por su explotación del lote petrolero 192, tal como publicó Sudaca en enero pasado. Esa deuda se encuentra en litigio.

NuevoModeloEconómico-JuanPari by Juan C Chamorro
El nuevo modelo económico del gobierno de Pedro Castillo se llamará “economía popular de mercado”, que se dará a través de una economía mixta. Este es el plan del equipo económico.

 

De acuerdo al documento interno del equipo económico, les tomaría un año identificar los pasivos ambientales que tienen estas empresas y los costos de remediación y compensación a los afectados. Para este paso será fundamental la participación del OEFA, el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro.

Ese mismo año se realizarían las negociaciones con las empresas para las nuevas condiciones contractuales. Pero en Perú Libre parecen prever un escenario en el que las conversaciones no lleguen a buen puerto. 

En los seis meses siguientes, calculan en el partido del lápiz, se promulgará “el nuevo marco normativo” que obligue a las empresas a renegociar “desde una posición de fuerza”, añaden. Para que esto último suceda deberá modificarse, por ejemplo, la ley de promoción para el desarrollo de la industria petroquímica, el reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos, la ley de construcción GSP, la ley de seguridad energética de GSP y la ley de modernización de refinería de Talara.

El documento señala incluso la necesidad de una reforma en la Constitución, pero no precisan de qué artículo. Según fuentes del equipo económico de Perú Libre, en este punto plantearían también la reducción del costo del GLP.

Según el diagnóstico del equipo de Pari, nuestro país tuvo que importar 20% de GLP destinado para el uso vehicular y doméstico, cifra que consideran es demasiada. “Está dentro de lo posible que haya habido un 20% de déficit en el 2020. Lo que pasa es que se estarían agotando las reservas de GLP en los lotes petroleros 56, 57 y 88”, explica a Sudaca Herrera Descalzi. 

El exministro asegura que es posible que pueda haber una renegociación de los contratos de gas, pero el éxito dependerá de lo que ofrezca el Estado y de lo que estén dispuestos a aceptar las empresas. “Lo que temo es que el Estado pueda usar la fuerza, como en la época de [el expresidente Juan] Velasco”, comenta.

“Cuando eres gobierno puedes hacer lo que se te dé la gana porque, al final, sacas una norma legal, así sea ilegal, y das por culminado un contrato, ¿no? El hecho inmediato es que nos llevan a una demanda internacional a Washington [al tribunal internacional de arbitraje CIADI]”, cuestiona el expresidente de Petroperú, César Gutiérrez.

El exfuncionario apunta que el elevado precio del balón de gas se puede corregir no con un nuevo contrato sino con una demanda ante el Indecopi. A su criterio, existe un oligopolio de cuatro o cinco empresas, entre ellas Solgas, que están cobrando un promedio de 20% por encima de su precio original. 

¿Cuándo empezará todo el proceso de nacionalización? Juan Pari responde a Sudaca que “desde el comienzo” del gobierno de Pedro Castillo, aunque reconoce que será un proceso “un poco más complejo”. “Los tiempos sociales, políticos y de diálogo esperemos que no sean traumáticos, sino que partan desde el diálogo nacional y con los que estén involucrados”, apunta.

El informe no deja de lado el tema de la conexión de gas y propone poner en marcha el proyecto del Gasoducto Sur Peruano, pero “bajo otros términos”. No se descarta que pueda ser una empresa nacional o mixta la que lleve adelante este proyecto, priorizando el mercado interno y la industria petroquímica y energética. Esta iniciativa se encuentra dentro del Plan de los 100 primeros días de gobierno de Perú Libre.

*Fotocomposición de portada: Leyla López

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