En los rincones más oscuros del gobierno peruano, se está tejiendo una telaraña de corrupción y abuso de poder que amenaza con deshilachar por completo el tejido democrático del país. Cada nuevo episodio de delito y manipulación que emerge desde los pasillos del poder ejecutivo es como un golpe más a la débil estructura de la democracia peruana.
La reciente detención preliminar del hermano de la presidenta del país, junto con su abogado, es solo el último capítulo en una saga de delitos y manipulaciones que han corroído las bases de la sociedad peruana. Desde la presunta participación en organizaciones criminales hasta la obstrucción de la justicia, la presidenta y los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progresos, Renovación Popular y Perú Libre, entro otros, han convertido el ejercicio del poder en una trama retorcida de intereses particulares y enriquecimiento ilícito.
Dina Boluarte, la presidenta en el ojo del huracán, ha sido señalada repetidamente por su complicidad en actos que van desde la venta de cargos públicos hasta la manipulación de instituciones para su beneficio personal. Pero la corrupción no se limita al ejecutivo. El Congreso, lejos de ser un contrapeso efectivo, se ha convertido en cómplice de esta demolición de la democracia.
La manipulación de procesos judiciales, la destitución arbitraria de funcionarios públicos y la obstrucción de la justicia son solo algunas de las tácticas utilizadas por los legisladores para proteger sus propios intereses y mantener su control sobre el poder. Incluso el sistema judicial ha sucumbido ante las presiones políticas, perdiendo su independencia y viéndose influenciado por el poder político.
Pero la tragedia más grande es que el pueblo peruano parece estar dormido ante esta pesadilla que se desarrolla a su alrededor como bien lo señala Juliana Oxenford en su columna de opinión. Mientras los que hoy gobiernan y legislan se enriquecen y consolidan su poder, millones de peruanos sufren las consecuencias de la corrupción y el abuso de poder en forma de pobreza y desigualdad.
Es hora de despertar y enfrentar esta crisis con determinación y valentía. La democracia peruana está en juego, y solo una ciudadanía activa y comprometida junto a verdaderos partidos democráticos pueden detener su colapso. Es necesario exigir transparencia, rendición de cuentas y respeto por el Estado de derecho. Solo así podremos evitar que la corrupción y el autoritarismo sigan minando los cimientos de nuestra sociedad.
La historia ha demostrado que la democracia es frágil y vulnerable. Depende de cada uno de nosotros, protegerla y defenderla. El futuro de nuestro país depende de nosotros, y solo juntos podemos construir un país donde reine la justicia, la igualdad, la fraternidad y la libertad para todos sus ciudadanos y ciudadanas. Porque esta “waykiKracia” no es democracia.
La inconstitucional inhabilitación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso peruano ha desatado una intensa ola de indignación y preocupación en la sociedad civil nacional e internacional. Esta acción, impulsada por una alianza tácita entre Fuerza Popular y Perú Libre y otros partidos, no solo representa un ataque frontal a la democracia peruana, sino que también pone en peligro la autonomía e independencia del sistema judicial y electoral.
Es evidente que el objetivo de esta destitución inconstitucional es evitar que la JNJ investigue y sancione a fiscales y jueces corruptos, muchos de ellos con estrechos vínculos con el Congreso. La impunidad con la que operan estos personajes es una amenaza para el estado de derecho y para la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
La figura de Patricia Benavides, fiscal de la Nación suspendida en sus funciones, se encuentra en el centro de este escándalo. La fiscal que la investiga ha presentado indicios razonables que la señalan como responsable de negociar impunidad a cambio de votos para desmantelar la JNJ e inhabilitar a Zoraida Ávalos por cinco años para el ejercicio de la función pública. Estos hechos son un claro ejemplo de la cooptación de decenas de congresistas por Benavides.
La actitud prepotente y el desprecio por las normas democráticas que imperan en la mayoría de las bancadas del Congreso nos retrotraen a los oscuros días del fujimorismo. Ebrios de poder, los congresistas, en un flagrante caso de conflicto de intereses, se han arrogado el derecho de destituir a miembros de la JNJ sin siquiera considerar las graves consecuencias de su accionar.
La alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, dos fuerzas políticas que aparentan ser antagónicas, es un factor que agrava aún más la crisis política. Esta unión, motivada por la búsqueda desesperada de impunidad para sus líderes, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, no solo representa un peligro real para la supervivencia de la democracia, sino que también revela la profunda crisis moral que atraviesa el país. La alianza entre ambos partidos transmite el mensaje que los intereses personales y de grupo están por encima del bienestar común, y que la ética y la transparencia no son valores importantes en la gestión pública y el quehacer político.
La grave crisis política que vive nuestro país exige un esfuerzo conjunto sin precedentes de diversos sectores para defender la democracia, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho. Si no actuamos ahora, las consecuencias serán graves: el estado de derecho se debilitará aún más, con graves consecuencias para la seguridad y la estabilidad del país; la corrupción seguirá siendo un problema generalizado, impidiendo el desarrollo económico y social; la calidad de la democracia se deteriorará, poniendo en riesgo la libertad y el bienestar de todos los peruanos; y el riesgo de una deriva autoritaria se acrecentará, amenazando las bases mismas de nuestro sistema político.
No existe una solución mágica ni un único responsable, sino una responsabilidad compartida que nos interpela a todos. Es hora de hacer política, una política democrática que priorice el bien común por encima de los intereses particulares, que fomente el diálogo y el consenso entre todos los sectores sociales y fuerzas políticas. Los partidos políticos democráticos, especialmente sus líderes, tienen la responsabilidad histórica de estar a la altura de las circunstancias tan delicadas que enfrenta el país y actuar en consecuencia. No podemos permitir que la indiferencia o la resignación nos arrebaten la esperanza. Es tiempo de actuar con firmeza y determinación para construir un presente y un futuro mejor para el país.
Las constantes polémicas en las que sus integrantes se han visto inmersos casi desde su llegada al cargo en 2021 han llevado a que el Congreso cierre el año 2023 con un porcentaje de aprobación que no supera los diez puntos.Este descontento ha llevado a que la labor parlamentaria de los 130 legisladores se encuentre constantemente bajo la lupa y, en especial, cuando sus actividades representan un costo considerable, como es el caso de los viajes.
En las últimas semanas, el viaje a México de dos congresistas del Bloque Magisterial, Paúl Gutiérrez y Germán Tacuri, para asistir a un evento sobre ovnis y momias falsas causó gran indignación y a esta polémica sobre los viajes se le sumó el informe de periodista Diego Quispe en el cual se advierte que veintidós parlamentarios, que gastaron S/342.000 en pasajes y viáticos, no presentaron los informes correspondientes sobre las actividades realizadas durante estos viajes que son pagados con fondos públicos.
Sin embargo, los informes que sí aparecen en los registros del Congreso están exentos de cuestionamientos. Sudaca pudo revisar estos documentos y comprobó que los argumentos que los congresistas brindan para justificar sus viajes no se ven reflejados en el trabajo que vienen realizando.
MUCHAS MILLAS, POCOS PROYECTOS
Entre estos viajeros destaca el nombre de José Cueto, congresista de Renovación Popular, quien ha realizado viajes a países como Rumania, Marruecos, Estados Unidos, Panamá y México para participar de una serie de reuniones que estaban enfocadas en el tema de seguridad.
En los informes presentados por el legislador del partido de Rafael López Aliaga se puede leer que, por ejemplo, uno de los viajes fue a Rumania con el propósito de participar en el Foro Parlamentario Inteligencia y Seguridad que Cueto Aservi consideraba relevante por “la necesidad de estar preparados para hacer frente a las graves amenazas globales contra la seguridad sea por filtraciones o vulneraciones en el campo sanitario como por actos terroristas”.
Otros de los documentos revisados por Sudaca muestran que el congresista Cueto viajó a México y Panamá para participar de dos ediciones del Foro de Seguridad de las América que se centraban en la ciberseguridad y, acorde al texto presentado por el parlamentario, sería de utilidad para “analizar políticas de gobierno con las que se pueda combatir la delincuencia a nivel ciberespacio”.
No obstante, aunque estos temas podían resultar de interés nacional, los numerosos viajes del congresista Cueto destinados a este tema no parecen haber resultado una experiencia lo suficientemente inspiradora como para que lo aprendido se vea reflejado en proyectos de ley en beneficio del país.
Sudaca revisó los veinticinco proyectos de ley que ha presentado el congresista Cueto desde su llegada al Legislativo y ninguno refleja algún tipo de conocimiento que justifique los viajes realizados o que por lo menos haga referencias a temas como la ciberseguridad o se haga mención a algún tipo de alianzas estrategias logradas a partir de estos viajes. Por el contrario, en esta lista destacan algunos proyectos cuya urgencia sería cuestionada por muchos, como el que busca regular el uso de la espada como símbolo de mando y uno que busca precisar el nombre “inmaculada concepción” en una lista de feriados.
Otro de los congresistas que ha acumulado varios viajes es Américo Gonza, integrante de Perú Libre. En 2023, Gonza Castillo informó sobre un viaje a Chile en el cual iba a conocer el sistema de seguridad ciudadana y el sistema penitenciario chileno. Además, también en 2023, el congresista de Perú Libre viajó a Brasil para participar de un evento denominado “Intercambio Académico sobre Seguridad Ciudadana entre la Guardia Civil de Santana de Paranaíba y el Sereno Municipal del Perú”.
Pero, al igual que ocurre con el caso del congresista Cueto, los proyectos de ley presentados por Américo Gonza se ven alejados del conocimiento que supuestamente justificaba estos viajes. Entre las iniciativas que sí parecen despertar el interés de Gonza Castillo se encuentra un proyecto para declarar al yonque como bebida de bandera nacional y otro que busca cambiar el nombre de Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia.
MÁS VIAJES, MENOS RESULTADOS
Pero no sólo se puede observar que existe una notoria diferencia entre los proyectos de ley que presentan los congresistas y las justificaciones de sus viajes. En algunos casos, como el del congresista Wilson Soto, los temas abordados durante las conferencias a las que ha viajado se muestran radicalmente opuestos a las iniciativas que elabora el parlamentario de Acción Popular.
Pese a que sus viajes a Angola y Vietnam tenían como propósito que Soto Palacios y otros parlamentarios puedan encontrar soluciones para incrementar la participación de jóvenes en política, ninguno de los setenta y seis proyectos de ley presentados por Wilson Soto, en dos años y medio como congresista, tiene como objetivo fomentar la participación de jóvenes.
Sin embargo, el detalle más llamativo con respecto al congresista Soto ha sido que, aunque durante las conferencias a las que viajó se abordó la importancia de los derechos humanos y la acción parlamentaria por la paz, el integrante de Acción Popular presentó un proyecto de ley para que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se pueda aplicar la pena de muerte.
Entre los temas que sí parecen prioritarios para Soto Palacios figura un proyecto de ley para declarar el 25 de julio como el día nacional de la danza, el canto y la música de Santiago, una festividad de Huancayo, y otro que data de agosto del 2023 que busca restablecer la inmunidad parlamentaria.
Hasta diciembre del año pasado, se estima que el Congreso ha destinado más de dos millones de soles para los viajes de los parlamentarios que llevan dos años y medio en el cargo y, aunque la posibilidad de compartir experiencias en otros países se podría considerar como una oportunidad enriquecedora, los resultados que se han observado hasta la fecha invitan a que más de uno piense que los fondos públicos se han convertido en una oportunidad para hacer turismo.
No es posible, dadas las características de los jóvenes de hoy, reproducir los esquemas partidarios de antaño, jerarquizados, con comandos centrales unificados, con uniformidad ideológica y doctrinaria, con fajas de transmisión indiscutibles de arriba hacia abajo. Esos tiempos, de partidos cuasi leninistas, ya no volverán.
Pero tampoco debiera ser una verdad irremediable que ello nos condene a que las nuevas agrupaciones políticas sean “coaliciones de independientes”, sin ningún orden ni concierto, y fronteras absolutamente relajadas respecto de los criterios mínimos de una organización, sea de la naturaleza que sea.
Un partido no es una empresa, pero tampoco es un club social. Es una institución esencial para el buen funcionamiento de la democracia y en esa medida debe cumplir algunos requisitos mínimos: consistencia ideológica, lealtades partidarias, cuadros tecnocráticos preparados para gobernar, etc.
Lo que no puede suceder es que se repita un fenómeno político deleznable, como el que apreciamos hoy en el Congreso, con partidos infames como Acción Popular, llenos de perforaciones como Alianza para el Progreso o inconsistentes como Perú Libre (que ha perdido más de la mitad de sus congresistas), con parlamentarios que se van de un lado para otro como feria de transeúntes sin ninguna cortapisa ideológica o moral.
Con un Parlamento así, es imposible que un gobierno estructure un plan mínimo de reformas, que requiere voluntad al unísono y compromiso inquebrantable. A lo más conseguirá, como parece haber conseguido el régimen de Boluarte, que lo dejen gobernar en paz, pero punto, nada más que eso. Sin partidos políticos en su ley, no hay gobernabilidad democrática transformadora ni capaz de construir Estado más allá de la mera formalidad democrática.
Otro ejemplo a no seguir es el del partido Morado, que se la pasó años armando cuadros, organizando eventos, afinando su inscripción (cuando era infernal hacerlo), pero amarrado todo a la figura y conveniencia de su líder, Julio Guzmán, quien, caído en desgracia, arrastró al partido a su destino actual, que es el de ser un fantasma inexistente en el panorama político nacional.
Los nuevos partidos que están surgiendo en el espectro de la centroderecha liberal deberían tomar estas reflexiones, como guía a tener en cuenta respecto de qué camino no seguir y qué ruta sí emprender, sobre todo bajo la presunción de que no son aves de un solo vuelo que solo aspiran a las elecciones del 2026, para luego desaparecer tal como aparecieron.
Exultante, el vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, declaró que la izquierda puede llegar a tener 70 votos para conquistar la Mesa Directiva del Congreso. La verdad es que sumando a las cuatro bancadas de izquierda, Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y Cambio Democrático, más un sector de la guardería de Acción Popular, Somos Perú, Podemos y no agrupados, llegarían, hasta el momento, a 62, pero, en todo caso, es una candidatura que con un golpe de suerte y buenas negociaciones podría aguarle la fiesta a la derecha, en principio mayoritaria en el Parlamento.
Por ese temor es que se apreciaron declaraciones acomedidas hacia la figura de Waldemar Cerrón por parte de congresistas como Hernando Guerra García (Fuerza Popular) o Alejandro Cavero (Avanza País), pero ayer, el portavoz extraparlamentario del fujimorismo, Micky Torres, zanjó a medias la incertidumbre al señalar que Fuerza Popular jamás respaldaría a Perú Libre para la presidencia o primera vicepresidencia de la nueva mesa directiva (no aclaró si para otras vicepresidencias ello sí era factible).
Lo cierto es que el centro y la derecha, que tienen la mayoría formal del Legislativo, no deberían abrirle la cancha a los derrotados del 7 de diciembre del 2022, comparsas del nefasto gobierno castillista y azuzadores de la desestabilización. No es un tema de principismo obtuso. Eventualmente, para una mesa directiva congresal sí es admisible un pacto plurideológico, pero en este caso, el mismo es inaceptable en la medida que se le estaría concediendo un triunfo a quienes casi llevaron al país a su colapso político, social y económico.
Al final de cuentas, la mesa directiva no es tan relevante, como sí lo es la Presidencia, que ejerce un papel decisorio en los temas que se ponen en agenda, pero aún a pesar de ello, el llamado bloque democrático debe hacer todo lo posible para reagrupar fuerzas y evitar que de Acción Popular, Somos Perú o Podemos haya migración interesada hacia la izquierda. Con la misma generosidad con que pensaban conquistar a Waldemar Cerrón, deberían tratar a las bancadas díscolas que por no recibir nada son capaces de aliarse al extremismo izquierdista.
En el desenlace que la crisis política tenga en los meses y años venideros influirá mucho lo que ocurra en el Congreso. Tener una Mesa Directiva de izquierda sería el primer paso hacia la anarquía.
La Defensoría del Pueblo ha sido, desde su fundación, la única instancia estatal que ha mantenido una alta legitimidad, justamente por su rol y autonomía frente al poder y los sectores políticos. Este espacio ha contribuido a la construcción de la memoria histórica de los hechos de dolor atravesados durante el conflicto armado interno, ha condenado el terrorismo, así como la violencia estatal.
Es gracias a la Defensoría del Pueblo que se ha dado seguimiento a la implementación de leyes orientadas a garantizar derechos de las poblaciones más vulnerables del país. Hoy, esta importante institución no queda a la deriva sino a la merced de un operador político del fujimorismo, gracias a la alianza de este partido con otras agrupaciones como Perú Libre y Acción Popular.
Una evidencia más de que gran parte de clase política está podrida y solo le interesa armar la mesa para gobernar aún sin ganar las elecciones.
Triste escenario que nos toca enfrentar. Sabemos que van por más, el copamiento de las instituciones democráticas es evidente, la finalidad es ponerlas al servicio de un proyecto autoritario que tiene como principal impulsor al Fujimorismo y sus aliados.
Tiempos oscuros han llegado para la única institución que se mantuvo autónoma durante casi tres décadas. La crisis democrática es una realidad.
[1]Artículo 93. El Congreso, a través de la Comisión Permanente, designa (…) y con aprobación del Pleno elige al Defensor del Pueblo, observando
las condiciones señaladas en la Constitución Política y las leyes orgánicas de las
respectivas instituciones públicas, así como el procedimiento determinado en los
reglamentos especiales que apruebe el Congreso (…).
Sin embargo, al parecer también está en juego la Junta Nacional de Justicia, la presidencia del Tribunal Constitucional y la nueva presidencia del Congreso en julio.
Pero, lo más insólito de todo esto, es que la ex presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, cuando estaba la votación en 86 votos, cambia su votación en abstención, dándole así la mayoría a la candidatura de Josué Gutiérrez.
¿Qué está pasando en el Congreso para que personas tan disímiles y partidos tan diferentes lleguen a un acuerdo de esta naturaleza?, la realidad es que los congresistas de nuestro país, están de acuerdo en dar reelección a ellos mismos y teniendo mayoría lo pueden lograr.
Urge en nuestro país una nueva generación de políticos que crean en la meritocracia y que defiendan nuestra constitución para que el futuro de todos los peruanos puedan encauzar en un país moderno global en las próximas décadas …
El gobierno, sin embargo, ha guardado cínico silencio al respecto, quizás porque cree que así también se beneficiará del amedrentamiento a quienes lo investigan. Se ha cogido de la mano con la izquierda de Perú Libre, autora del proyecto, y a quien anima, sin duda, un ánimo de revancha respecto del papel e incidencia de los medios de comunicación independientes en la caída de Pedro Castillo.
Ya la democracia peruana está bastante dañada por las tropelías cometidas por la administración anterior, como para ahondar su desmedro. De paso, haría bien este gobierno en mover sus fichas políticas para lograr que la mayoría del Congreso recapacite, se libere del mangoneo de la izquierda autoritaria y no llegue a buen puerto una burda maniobra, denunciable constitucionalmente, en contra de una de las libertades esenciales en el ámbito político.
Ante esta situación, es urgente que se tomen medidas para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la democracia. Es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad y trabajen para erradicar la corrupción y fortalecer el Estado de derecho. Además, se requiere de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, los medios de comunicación y la academia para promover una cultura de transparencia y participación ciudadana.
Tenemos tres años por delante para lograrlo si no queremos que esa encuesta se vuelva premonitoria y si bien sean otros los nombres, las mismas actitudes detrás de ellos sean las que predominen en una próxima jornada electoral, convirtiendo estos años políticos en un quinquenio también perdido no solo en materia económica.
