Libertad de expresión

 

De todas maneras es un atropello contra la libertad de expresión”. Así calificó el congresista de APP, Luis Picón Quedo, la decisión del juez Jesús Vega de condenar a dos años de prisión suspendida y una reparación de S/400.000 al periodista Christopher Acosta y a Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguim Random House. La sentencia es por la publicación del libro ‘Plata como cancha’.

Para el parlamentario, que respondió brevemente las consultas de Sudaca, que César Acuña haya pedido S/100 millones como compensación económica es “un amedrentamiento” contra el periodista por investigarlo.

Dentro de la bancada, Picón es -al parecer- una rara avis. Consultada por este medio, la también congresista Gladys Echaíz dijo que no se puede tomar como un amedrentamiento lo hecho por su jefe. “Se puede pedir el cielo si usted quiere, pero ya eso está en manos de los que administran la justicia. Eso no le puede amedrentar a nadie, es solo un pedido”, afirma. Los demás congresistas no atendieron nuestras llamadas.

Lo que sí hicieron fue emitir un escueto comunicado que bien podría haber sido elaborado por el área de relaciones públicas del Estudio Ghersi. Manifiestan, por ejemplo, su “respeto absoluto por la libertad de expresión y de prensa, pero también observancia plena a los derechos fundamentales de todas las personas”. Vacío y predecible. 

Quienes tampoco dudaron en brindarle su apoyo a César Acuña fueron sus hermanos. “Como se trata de mi hermano, por supuesto tengo que defender que el juez le haya dado la razón”, dice Virgilio Acuña. Y agrega: “Si en este momento tenemos un periodista con sentencias, es por una decisión que él ha tomado. Y para tomar una decisión uno tiene que estar bien enterado del tema”.

Virgilio Acuña, sin embargo, es citado en el libro con frases poco amigables hacia su hermano César. “Lo que César hizo en la familia fue instaurar la cultura del más vivo”, dijo, por ejemplo. Ahora intenta explicar a Sudaca que, cuando dijo esa frase, se refería a que el líder de Alianza para el Progreso “es el que más conoce de oportunidades y es el que más nos enseña a ser despiertos y vivos”. Sí, cómo no.

Su hermana, la congresista María Acuña, también sale en su defensa. “No creo que esa sentencia sea un atropello contra la libertad de expresión. Todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero hay que saberla expresar”, dice. Para ella, además, esto no va a perjudicar a Alianza para el Progreso en las próximas elecciones.

Quien no quiso atendernos fue Augusto Álvarez Rodrich, el flamante presidente del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). Mientras en sus columnas calificaba como “acoso” y “un atropello brutal” el allanamiento a la casa del periodista Pedro Salinas, a la hora de escribir sobre su amigo César Acuña se le bajaron las revoluciones.

En su columna del 9 de enero, escribió que, aunque él participa “activamente en la defensa de la libertad de expresión desde hace una década”, la querella planteada por Acuña es solo “un error”. Álvarez Ródrich conoce al líder de Alianza para el Progreso desde 2008, cuando el mismo Acuña lo llamó para dictar clases en la Universidad César Vallejo. Desde el 2020 integra el directorio de esta universidad.

Conocida la sentencia calificó de “nefasto” el fallo judicial y en una entrevista de RPP señaló que espera que la situación se pueda revertir. ¿Pero sobre César Acuña? Parecía que, para Álvarez Rodrich, la demanda la había puesto un fantasma. Ni una palabra sobre él. En su programa de hoy en LR+, le dedicó menos de un minuto y medio al tema.

Otra persona que también evitó dar declaraciones a Sudaca es la expremier y defensora del pueblo Beatriz Merino. Ella, al igual que Álvarez Rodrich, ha tenido una relación cercana con el fundador de la Vallejo, pues es la presidenta ejecutiva de esta casa de estudios. Y aunque en el pasado condenó enérgicamente la llamada “Ley Mulder”, que prohibía la publicidad estatal en los medios, hoy permanece muda.

También enviamos mensajes a Álvaro Vargas Llosa, miembro de la Fundación Internacional para la Libertad, a la que también pertenece César Acuña; y a Luis Iberico, periodista que el año pasado acompañó al líder de APP en su plancha presidencial como segundo vicepresidente. Lo curioso es que el 2016, Iberico rechazó enérgicamente una condena por difamación contra el periodista Rafo León. ¿Y ahora?

Acosta y Pimentel ya informaron que apelarán la sentencia del juez Vega. Mientras tanto, Acuña sigue sin dar la cara al público a pesar de haber salido victorioso. Tampoco se ha reunido con sus congresistas. 

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El caso de la ciudadana Ana Estrada, quien clama porque le permitan disponer dignamente de su vida, no es solo un caso de dignidad sino también de la más íntima libertad.

La vida humana es el bien más preciado no sólo ética sino también legalmente. El mismo respeto debe existir, por ende, porque exista libertad para disponer de ella cuando uno, el dueño de la misma, así lo decida.

Víctima de una enfermedad degenerativa y autoinmune, ella considera que el tipo de vida que puede llevar -absolutamente dependiente, sufriente y limitada- no corresponde a sus deseos humanos de sobrevivencia y desea que le permitan morir por propia decisión.

El caso ha llegado a los juzgados. Luego de una larga lucha, Ana Estrada logró que la Defensoría del Pueblo la acompañe presentando una acción de amparo ante Jorge Ramírez Niño de Guzmán, titular del 11 Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, quien ha declarado que resolverá en tiempo razonable.

Invocamos un sentido de justicia superior y por ello hacemos votos para que el magistrado calibre la real dimensión no sólo jurídica sino moral del amparo presentado. Al final de cuentas, debe recordar el juez, el derecho no es una abstracción teórica sino una herramienta ética.

No hay precedente legislativo en el Perú y en el mundo subsiste intenso debate respecto de este derecho humano. Será motivo para lograr que al menos en esta materia, nuestro conservador país se ponga a la vanguardia y se convierta en ejemplo mundial de respeto a las libertades más básicas y a uno de los más humanos de los derechos.

Ojalá nuestra legislación y quienes son llamados a interpretarla sepan ponerse a la altura de las circunstancias. Y ojalá la sociedad entera vea en este caso toda la hondura compleja y moral que implica la vida humana. La lucha incansable de Ana Estrada debe ser la de quienes creen en las libertades y en la defensa a ultranza de la dignidad humana.

La labor maravillosa y heroica que hasta el momento ella ha librado ya merece inmenso reconocimiento. Su lucha ha dignificado su vida y la nuestra.

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