tercera toma de Lima

La Tercera Toma de Lima. El último 19 de julio se convocó a la ciudadanía para protestar en contra de Dina Boluarte y parece que su respuesta es controlar la situación con la represión como una de sus herramientas de confianza. En estas detenciones, uno de los perjudicados fue Oscar Bellido, estudiante de la PUCP, que el sábado 22 de julio fue detenido en la carceleta de la División de Asuntos Sociales por presuntamente hacer pintas en las instalaciones del Palacio de Justicia.

Esta historia de las manifestaciones en la capital no tiene cuándo acabar y parece que es una historia que dividirá a la ciudadanía hasta los futuros escenarios: la incierta salida de la mandataria o la finalización de su mandato.

Sudaca pudo acceder al expediente del estudiante y la Sexta Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima abrió una investigación contra el estudiante por el delito contra la tranquilidad pública (disturbios) en agravio del Estado Peruano. En dicho documento se precisa la solicitud de prisión preventiva contra el joven que va a la carrera de Publicidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Días duros en detención

Se sabe que durante los días que estuvo detenido, Bellido tuvo diferentes complicaciones en su salud. Desde convulsiones hasta descompensaciones fueron parte de la odisea que vivió el estudiante universitario en la carceleta. La abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos solicitó una inmediata atención médica. Bellido es llevado al Hospital Arzobispo Loayza.

Plantón a las afueras de la carceleta donde se encontraba Oscar Bellido

“Fue trasladado al Hospital Loayza a las 19:26 de emergencia. El médico a cargo indicó que necesitaba 3 nebulizaciones en un lapso de 1:30 horas cada nebulización”, mencionó el documento con la actualización del estado de salud de Oscar Bellido. “El compañero estuvo custodiado de dos policías en todo momento (…) uno de los policías se acercó al médico y habló con él, estando en calidad de custodia. Tenemos la certeza que el policía influenció al médico para cambiar la receta”, añade el comunicado.

  • Comunicado de la familia de Oscar Bellido:

Diferentes colectivos y organizaciones sin fines de lucro mostraron su rechazo por la detención del joven universitario quien ejercía su labor de brigadista en media de esta problemática social. Una de estas agrupaciones fue la Federación de Estudiantes de la PUCP que mostro su inmediato interés y atención en el caso. Se pudo evidenciar que diferentes estudiantes con y sin relación a estas agrupaciones también propagaron la noticia de la detención por sus redes sociales convocando a la casa de estudios para que se pueda hacer cargo del estudiante universitario.

La fiscal Roció Castañeda había solicitado 9 meses de prisión preventiva por las presuntas pintas que el universitario “supuestamente” había realizado. Su abogado mencionó que la detención presentaba irregularidades y que no se habían considerado los videos que se había presentado en su defensa. Sin embargo, la misma Fiscalía también presentó un video grabado por un teniente de la PNP quien también mencionó que se había realizado un operativo a la persona que realizó las pintas.

Expediente tras la detención de Oscar Bellido

Acciones realizadas

Diferentes organizaciones se movilizaron desde la detención de Oscar Bellido, pero esto no pasó solo con el estudiante de la PUCP. En el panorama de las manifestaciones también fueron detenidos Raúl Tinco y Kenty Aguirre. Este último es un documentalista y fotógrafo que se encontraba cubriendo las manifestaciones que se dieron en las afueras del Poder Legislativo mientras la presidenta Dina Boluarte se encontraba brindando el tradicional Mensaje a la Nación por 28 de julio.

El comunicador se encontraba, al igual que Bellido, en la División de Asuntos Sociales de la PNP retenido. Quien asume su defensa es la Dra. Janet Marín quien mencionó que también se habían cometido irregularidades contra la detención de Aguirre, ya que se encontraba entre las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola, cuando uno de los agentes policiales ordenó en gritos la detención de Aguirre.

Sudaca pudo acceder a las actas de detención que se dieron en medio de la detención de Kenty Aguirre. En ella, la mencionada acta refiere que la detención de Aguirre se da por el delito contra la tranquilidad pública (disturbios). Sin embargo, como veremos en los presentes documentos, el comunicador decidió no firmar los documentos que se les fueron presentados (acta de detención y acta de lectura de derechos).

  • Acta de detención contra Kenty Aguirre:

 

  • Acta de lectura de derechos a Kenty Aguirre:

Al cierre de este informe se sabe que el comunicador fue liberado. El fiscal provincial Gilbert Montenegro dispuso su liberación a las 05:00 am, por lo que se tiene entendido que Aguirre pasó más tiempo de lo dispuesto por la Fiscalía. A pesar de esta noticia alentadora, Juan José Quispe denunció que se estaba intentando dar una venganza fiscal. «Habiéndose ARCHIVADO la investigación contra SHANIN KENTY AGUIRRE FIGUEROA, inauditamente, para que le devuelvan todos sus implementos personales incautados, la Fiscalía nos pide que acreditemos la «propiedad» de los bienes«, comento.

Documento que mostro el abogado de Kenty Aguirre

 

 

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La izquierda es la gran derrotada de la jornada de ayer, bautizada como “La tercera toma de Lima”. No logró movilizar masas suficientes como para hacer tambalear al gobierno y mucho menos para imponer la agenda ideologizada que se le había endosado a la protesta.

En todo el Perú ocurrió lo mismo. Ni por asomo nos acercamos a las protestas de diciembre y enero en cuanto a participación ciudadana. Pocos hechos de violencia y una impecable actuación policial -salvo por algunos aislados excesos- redondearon una faena que redundará en beneficio del gobierno.

Al final, la marcha ha fortalecido al régimen. Ahora puede enarbolar la permisión de protestas con una respuesta democrática, con respeto a las libertades civiles y con resguardo de los derechos humanos. No limpia los sucesos de fines de año, pero le da un barniz diferente a la coloratura autoritaria del régimen.

La dispersión de grupos convocantes, la puesta en escena de una agenda politizada al máximo, la actuación preventiva del régimen (inclusive, se habla de negociaciones fructíferas con la minería informal para que ya no financie la protesta), contribuyeron a que se diluya la convocatoria. Y a ello se suma la ausencia de masas juveniles, desencantadas del régimen, pero que no ven opciones que los activen más allá del grito de que se vaya Dina Boluarte.

El gobierno cometería un gravísimo error, sin embargo, si este relativo triunfo político lo lleva a reafirmarse en más de lo mismo, en esta estabilidad mediocre que nos rige, y no asume la urgencia de modificar radicalmente los términos de su gobierno en materia política, social y económica.

Y, por supuesto, se esperaría que el Congreso ponga las barbas a humedecer y entienda que la impunidad política con la que vienen actuando es el principal causante de la irritación ciudadana y del desgaste del establishment político.

La protesta de por sí, más aún por el tenor democrático y pacífico exhibido esta vez, alza una voz que debe ser escuchada en las alturas del poder. Se esperaría que el 28 de julio Dina Boluarte se dirija al 80% del país que la desaprueba y no al que la aprueba. La jornada del 19 de julio habría logrado algún efecto si ello se produce, y se esperaría que así sea. Hay que respetar al pueblo movilizado, más allá de las agendas politizadas de una izquierda que se quiere reciclar de su descrédito por haber sido comparsa cómplice del nefasto gobierno de Castillo.

 

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Este gobierno no va a salir de su zona de mediocridad. Carece de visión y de capacidad para convocar cuadros capacitados para las circunstancias que le toca manejar (aun cuando esté a años luz del desastre administrativo que supuso la gestión nefasta de Pedro Castillo) y lo vemos en designaciones como el de la nueva presidenta de EsSalud, un cargo de suma importancia para millones de peruanos.

En esa medida, a pesar de resultar conveniente, en términos políticos, darle cierta estabilidad al país, luego de haber tenido cinco presidentes en cinco años (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Dina Boluarte), lo más sano es proceder a un adelanto ordenado de las elecciones, tanto presidenciales como congresales, y que se reinicie el proceso desde fojas cero.

Los niveles de descontento de la inmensa mayoría de la población son de tal envergadura que dejarlos crecer o mantenerse, nos va a poner al borde de un polvorín en las elecciones del 2026 (si Boluarte insiste en completar su mandato, como ya ha dejado saber). Igual, unas elecciones adelantadas no aseguran que no vaya a surgir con posibilidades un disruptivo radical como lo fuera Castillo, pero más probable es que si algo así ocurre, sea el 2026 y no antes.

No obstante ello, la marcha de protesta convocada para el 19 de julio, ampulosamente denominada Tercera Toma de Lima (como si hubiera habido dos precedentes), no responde a esas consideraciones, sino a una agenda ideológica de la izquierda que hoy quiere, con la oposición a Boluarte, lavarse la cara de su desprestigio radical por haber sido comparsa cómplice del gobierno ineficiente, corrupto y golpista de Castillo.

La izquierda merece castigo político y electoral por no haber sido capaz, seducida por las migajas del poder, de tomar la distancia que debieron tomar del desastre castillista, el mismo que de haber continuado hubiera puesto al Perú al borde de ser un Estado fallido. Pero al respecto, ya no una marcha, ni siquiera una performance crítica en algún espacio público (en el colmo de la impostura, algunos líderes de la izquierda creen que por haber publicado tres o cuatro artículos en algún periódico, ya cumplieron con su cuota de responsabilidad y de alejamiento del fiasco castillista).

La izquierda no merece, por un buen tiempo, la oportunidad de reciclarse y regenerarse, por más argumentos que le regale un gobierno mediocre y torpe como el que tenemos. Y el objetivo político de esta marcha es ése: que esa izquierda silente se recoloque en el establishment político-electoral del país. A ello no hay que sumarse.

 

 

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«Llamo a estas personas que nuevamente están anunciando la ‘tercera toma de Lima’ o la ‘nueva toma del Perú’, ¿cuántas muertes más quieren por el amor de Dios, acaso no les duele en el alma haber perdido a más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? Ninguna de esas muertes la ha provocado ni la ha buscado el Gobierno», señaló la presidenta Dina Boluarte respecto de la anunciada protesta que grupos de izquierda han convocado.

Hay un error conceptual y moral de base en la declaración de la presidenta. Los muertos no se ocasionaron solos o los causaron los protestantes. Como se ha acreditado, fueron obra y gracia de excesos policiales y militares. ¿Qué nos quiere decir la gobernante? ¿Que de producirse nuevas protestas violentas, el gobierno reaccionaría represivamente igual que en diciembre y enero y, por ende, se volvería a producir la carnicería que se produjo?

No hay justificación alguna para lo sucedido, y las investigaciones fiscales presentes o futuras deberán acreditar las sanciones penales de quienes resulten responsables (Dina Boluarte y Alberto Otárola incluidos en la pesquisa) y ser debidamente castigados judicialmente.

Por más violenta que sea una protesta, por más que se tomen carreteras, bloqueen puentes, incendien locales públicos o privados, o se tomen aeropuertos, la respuesta no puede ser la muerte de sus autores. No hay pena de muerte para tales delitos (definitivamente, lo son). Lo que corresponde es la detención inmediata de los violentistas y su procesamiento penal.

El uso de las armas por parte de la policía o de las fuerzas armadas, cuando se les encarga labores policiales, solo es justificable legalmente cuando está en riesgo la integridad o la vida de los propios hombres de uniforme o de terceros civiles, por acción de los manifestantes que protestan. Así corresponde en un Estado de Derecho, como el que supuestamente nos ampara.

Eso es algo que, lamentablemente, la presidenta Boluarte no parece entender y por ello sus declaraciones, ignominiosas para los deudos y para la sociedad civil aún indignada por lo sucedido, indignación que, entre otros factores, explica el inamovible grado de desaprobación del régimen. Los muertos seguirán lastrando al gobierno mientras éste no enmiende, repare o haga justicia.

 

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