Segundo, el accionar de la Policía y el Poder Judicial no siempre es el adecuado. La Policía a veces falla en actuar rápido para capturar a los agresores, y en diversas ocasiones los dejan libres a las pocas horas “por falta de pruebas”. La fiscalía juega un rol importante en estos casos, ya que siempre escuchamos en las noticias que algún juez dejó libre al agresor o no solicitó detención preventiva. Pero qué podemos esperar, si en el 2022, más de 180 servidores públicos fueron sancionados por acoso, abuso y violación sexual. De estos, casi el 70% pertenece al sector Educación [El Comercio]. Y no olvidemos que, en el 2017, el exjuez César Hinostroza liberó en a un condenado por violar a una niña de 13 años.
Esto demuestra lo mal que estamos como sociedad, y esta es la principal causa del aumento de violencia contra mujeres y niñas. Así el marco legal sea el adecuado, nuestra idiosincrasia es paupérrima. No vamos a avanzar como sociedad y seguiremos siendo #muchasmenos mientras tengamos una clase política que se oponga a enseñar educación sexual en colegios, mientras los padres de familia sigan transmitiendo la masculinidad tóxica en casa, mientras no aceptemos que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, mientras no avalemos la libertad de la mujer.
