¿Es el movimiento ciudadano el que se va a traer abajo al premier pegalón? ¿O es la política? ¿Puede ocurrir lo mismo con el presidente? ¿Sirve el «que se vayan todos»?
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Lima – Perú
14N Un año después: Una perspectiva diferente
En noviembre del 2020 el Perú vivió y protagonizó una de las crisis fundamentales para entender su historia contemporánea al movilizarse en contra del gobierno de Manuel Merino y logra su rápida renuncia. El historiador José Ragas el domingo en La República señala sobre este momento que: “… fue la mayor movilización ciudadana de la historia republicana. Incluyó no solo la ocupación del espacio público a nivel nacional sino también protestas desde el espacio doméstico (por la cuarentena del COVID – 19) y las redes sociales”².
Poniendo en contexto el tema, el expresidente Vizcarra fue vacado por el Congreso, medida que obtuvo el 91% de desaprobación ciudadana: el 78% señaló al Congreso como el responsable de la crisis y las motivaciones para dicha acción fueron percibidas como intereses políticos de los congresistas, antes que real preocupación por actos de corrupción. De hecho, el Congreso obtiene un 90% de desaprobación, si no la más, una de las más altas de rechazo que ha tenido el Legislativo en su historia reciente.³
Pero un dato más significativo es que más de un tercio de la población urbana y rural del país de 18 a más años señala que participó de las protestas contra el gobierno de Merino “ya sea en marchas, por redes, con cacerolazos u otra forma de protesta”. De estos, en mayoría se trataba de jóvenes, mujeres de NSE altos y medios de Lima. Uno de cada 3 peruanos estuvimos, como pudimos, haciendo algo para que el régimen no se mantuviera.
Un año después, ¿qué ocurrió con este tercio de peruanos movilizados, interesados, politizados?, ¿qué fue lo que se construyó a partir de allí y cómo esas protestas articularon algo más que el disgusto por una situación que generó tanta indignación y protesta? La respuesta es lacónica: nada. Fuera Merino, fuera movilización. ¿Cómo entenderlo? Humildemente este columnista considera que entre quienes investigaron y publicaron sobre el tema el mejor alcance lo dio Eduardo Villanueva en su libro “Rápido, violento y muy cercano: Las movilizaciones de noviembre de 2020 y el futuro de la política digital” en las que el autor analiza cómo un uso intenso de recursos digitales permitieron generar una respuesta social novedosa, disruptiva y eficaz (términos propios que se me hacen razonables al leer sus hallazgos), pero a la vez de tiempo limitado. Una vez que se logra lo buscado, el movimiento desaparece.
Villanueva mismo lo explica en su blog, un año después:
“¿Qué quedó? Poco. Bastó con traerse abajo a los usurpadores para sentir la satisfacción del deber cumplido, sin que esto significara un acuerdo mínimo sobre qué hacer con el resultado. Es parte del problema de fondo de nuestra sociedad: no hay conexiones claras entre lo que la gente quiere y lo que la clase política —entendida esta de una manera muy pero muy laxa— puede hacer.”4
En nuestra cuenta de Twitter (@ojoenlagente), una red social de opinión, aunque muchas veces sea arduo separar la paja de trigo para saber cuándo lo es y cuándo es concierto de trolls, le planteamos a los seguidores y a algunos analistas que tuvieron la cortesía de dar su punto de vista, que pudieran plantear sus hipótesis de los que pasó luego del 14N. La pregunta específica fue:
Leo opiniones: ¿por qué las marchas de Nov20 no generaron un movimiento orgánico y pese a ser masivas quedaron ahí? Los partidos que más cerca estuvieron sacaron resultados penosos en elecciones. ¿Qué pasó? Los leo
El tuit a la hora del cierre de este artículo ha tenido 140 respuestas. Más de 50 000 impresiones, más de 2 000 interacciones directas. Ha motivado a la opinión a opiniones diversas que, con respeto y esfuerzo, han logrado desgranar el tema y ofrecer muchas hipótesis posibles. Así que los invito a revisar estas hipótesis de qué pasó a partir de lo que en ese post se comenta. Nuestra labor será la de compiladores y organizadores de esta información esta vez. El contenido, es compartido. Es el ejercicio de cocreación que más hemos disfrutado.
Esencia apolítica
Lo primero y más mencionado como respuesta ha sido que se trató de un movimiento que en su base y su razón rechazaba la política como actividad. Si esto fue así, era lógico considerar que de allí se iba a nuclear alguna organicidad dentro del espectro político del país. Muchos han mencionado esto con certeza y convicción
Como el politólogo José Alejandro Godoy menciona, las marchas tenían como único fin el sacar a Merino de su condición de presidente, pero además no tenemos partidos que canalizaran demandas muy variadas y -algo que veremos luego- la vivencia de la pandemia que hizo priorizar acciones concretas.
La comunicadora e investigadora Manuela Núñez señala que hay mucha desesperanza que algo bueno salga de la política pues “habíamos visto en primera línea cómo los políticos se arranchaban el Perú y con él, nuestra salud mental. Sacamos a Merino y todo se acabó.”
Jacqueline Fowks, periodista que cubrió las protestas de noviembre de manera excepcional, también reflexiona en la misma línea: “Las protestas NO pretendían volverse un movimiento ‘orgánico’. Tuvieron un objetivo específico: terminar con un gobierno ilegítimo y rechazar ese modo de hacer política.”
Efecto inmediato
Derivado de lo anterior, varios testimonios consideran que las protestas tenían un fin único, pero también inmediato que le dio sentido y permitió aglutinar. Como el abogado Luis Edgardo Vasquez considera: “La sensación colectiva de máxima injusticia o de abuso de poder es inmediatista, por tanto, su manifestación tiene una finalidad y se agota en ella. No tiene un efecto transformador de la cultura política, ni como elector ni como elegido.”
Es decir, era un movimiento condenado a morir en sí mismo o perdía su carácter masivo, unificador. La posibilidad de nuclear distintos frentes, intereses y hasta ideologías era su fin único. Nada más. No habían compromisos, adhesiones o lógicas más allá de ese fin.
Incluso su manera de convocarse tenía relación con ello. Como el periodista Jorge Luis Cruz manifiesta: “La movilización por redes sociales no es jerárquica. Por eso no habían líderes. Son como nodos vinculados. Por eso es difícil que, de una organización no jerarquizada, en el corto plazo, salga representación.”
Un movimiento que se organiza mejor en el “anti”
Ronald Cross, abogado y como él mismo se denomina “nerd electoral” plantea que no era posible lograr organicidad alguna si el punto de partida es el “anti” y pone de ejemplo el antifujimorismo como punto de comparación de una manera interesante:
“Cada 5 años vemos a la coalición anti fujimorista unirse detrás de candidatos muy diferentes en 2V. Y sin embargo resulta imposible recomponer esa coalición en la próxima elección. Unir a la gente “en contra” de algo es más fácil aquí. La baja participación en el referéndum y las municipales el 2018 y las congresales extraordinarias del 2020 sugieren qué hay hastío muy grande no solo con un establishment político, sino con la política con un todo. Hay mucha gente que va a votar porque tiene que y su aspiración es votar y luego no tener q pensar en política por 5 años.”
Varios otros testimonios dan cuenta de esta percepción, al considerarse que el objetivo era derrocar un régimen. El apuro era volver a la normalidad lo antes posible. Luego de eso, ¿qué necesidad había de algo más? Ninguna.
Unión con babas
Otra hipótesis que aparece es que somos un país que se articula por “momentos” en los que surge algo que nos cohesiona, pero que luego desaparece y nos reduce a una expresión más individual. Nuestra organicidad siempre es momentánea, temporal.
Como la tuitera @usuariaperuana señala: “Somos un país fragmentado por donde lo veas, pero hay momentos reales de unión como las marchas de Nov20, la marcha de los 4 suyos, cuando fuimos al mundial, etc. Pero pasa y todo vuelve al caos de siempre, una y otra vez”.
El periodista Enrique Patriau sostiene en esa línea, que “Quizás fue porque participó gente con posiciones diversas. ¿Algo tan heterogéneo podía derivar en algo orgánico? Otra posibilidad: fue una protesta con un objetivo muy puntual. Se logró de manera rápida y la gente volvió a su vida.”
Una respuesta emocional
También se considera que lo que se vivió en noviembre 2020 se puede evaluar desde una lógica menos racional. Se trató de una respuesta emotiva que llevó a las personas a las calles. Esto tiene dos dimensiones, por un lado, quienes sostienen que esa emotividad fue la energía que canalizó el movimiento: “las razones que mueven estas marchas son subjetivas, responden a emociones del momento. Falta líderes interesados en hacer política de verdad y en conducir movimientos duraderos” (usuaria @marta1109).
Pero por otro lado se trataría también de un impulso motivado por el encierro. Donde se vio la oportunidad de salir, de expresarse, de romper con esa cuarentena: “La respuesta no es política si no psicológica, el encierro generó que muchos jóvenes estuvieran con ganas de salir a hacer desmadre luego muchos «influencers» solo fueron a tomarse fotos cosa que copiaron muchos de ellos” (usuario @Hi3i)
Lima versus provincias
Farid Matuk sostiene una mirada distinta, más política, cuando señala que: “desde un punto de vista arcaico fueron protestas de la pequeña burguesía en contra de un gobierno oligárquico que había derrocado un gobierno de la burguesía provinciana. Por su naturaleza ecléctica, la pequeña burguesía no se articula como partido, y más bien fue una oportunidad perdida para la burguesía provinciana. Recién hace unos días, Vizcarra está intentando liderar esa burguesía provinciana y eventualmente arrastrar a la pequeña burguesía.”
Nos resulta llamativo este punto de vista y amplía el espectro de análisis. Algunos otros usuarios lo dejan entrever señalando el carácter clase mediero y poco popular que tuvieron las protestas.
Partidos poco representativos
Abel Gilvonio, sociólogo y representante de izquierda, expresa de manera autocrítica que “no hay partidos nacionales con estructuras sólidas que puedan canalizar a mediano y largo plazo las demandas ciudadanas. Todo es muy frágil y volátil. Esto provoca una militancia itinerante que un día participa de una revuelta social y al otro día está en lo suyo”
Hay muchas referencias también a la acción del Movimiento Nuevo Perú y del Partido Morado. Todos en un tono crítico y evidenciando que no se esperaba la capitalización política de la protesta.
Alberto Bellido considera que: “Cuando hay manifestaciones de protesta masivas, en general ese voto no recae en “partidos” ya existentes. Viendo experiencia española e italiana, ese voto va a partidos nuevos, Podemos y Movimento 5 Stelle, respectivamente. Pero ese proceso tomó algunos años de maduración.”
A modo de conclusión
En el fondo, cada uno pude sacarla del hilo que originó la discusión. Pero un espacio de Twitter bien llevado, con participantes que deseen aportar su opinión, es posible y salen ideas y reflexiones increíbles.
El respeto más grande por la memoria de Inti y Bryan y por el deseo de que su memoria se respete castigando a los culpables y haciéndose cargo de los heridos. 14N en Perú significó un hecho sin precedentes. No lo olvidemos.
Gracias a todos los que comentaron el post. Imposible exponer todos los comentarios. Pero hoy, el artículo lo escribieron ustedes.5
1. El título: Respuesta del usuario @carjuas al post que da origen a este artículo
2. En: https://twitter.com/joseragas/status/1459904254433497094
3. Las cifras presentadas en este artículo se toman de la encuesta de IEP: Informe de Opinión noviembre 2020. En: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2020/11/Informe-Especial-IEP-OP-Noviembre-2020-v2.pdf
4. En: https://eduardovillanuevamansilla.substack.com/p/las-movilizaciones-de-noviembre-2020
5. El post original: https://twitter.com/ojoenlagente/status/1459483497907867653
El anuncio que hizo en setiembre el exministro del Interior Juan Carrasco, de investigar a 14 miembros de los colectivos de extrema derecha ‘La Resistencia’ y ‘Los Combatientes’, no ha mellado su accionar. El lunes boicotearon la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti en un centro cultural de Barranco. Y ese es apenas un entremés. Ambos grupos cuentan para este informe cuáles serán sus siguientes objetivos.
“Hoy salimos de cacería, terruquito Sagasti no te corras” escribió en redes sociales, horas antes del evento, Roger Ayachi, líder de ‘Los Combatientes’. “Fue una forma de llamar la atención, típico de un titular de periódico para vender, pero no se utiliza el lenguaje de muerte ni matanza”, se justifica Ayachi ante las preguntas de Sudaca. Su explicación se contradice con otro post mucho más claro y que él mismo colocó en su cuenta de Facebook ese día: “Cacería humana, terruco no te corras”.
Este es el post en Facebook con el que el líder de ‘Los Combatientes’, Roger Ayachi, anunció su «cacería» contra Francisco Sagasti.
El líder de ‘Los Combatientes’ no tiene reparos en anunciar quién será la siguiente víctima de su colectivo: el congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo, uno de los principales impulsores del cambio de la Constitución a través de un referéndum. Ayachi dice que “Bermejo es [un personaje] emblemático en ese tema [de la Asamblea Constituyente]”. Asegura que su grupo lo buscará para decirle que están en contra de su iniciativa “como lo hemos hecho ayer [el último lunes, con Sagasti]”. La Policía está advertida.
Ayachi asegura -a pesar de los antecedentes- que “no lo quieren agredir”, sino “desenmascarar”. Y es que está convencido de que Perú Libre “tienen un interés propio de perennizarse en el poder de por vida”. “En el cambio de la Constitución hay una cosa que van a poner: la reelección eterna de Pedro Castillo”, añade. El activista anticomunista también quiere retar a Bermejo a un debate público sobre el cambio de la actual Constitución (la campaña de Perú Libre para recolectar firmas para una Nueva Constitución fue revelada por Sudaca). “Que sea en la plaza San Martín”, propone.
No obstante, el objetivo final de la agenda de ‘Los Combatientes’ es “derrocar” al gobierno de Pedro Castillo (este plan fue dado a conocer, en julio pasado, por Sudaca), a través de marchas, obligándolo a que “renuncie” o consiguiendo su vacancia. Lo cierto es que hasta ahora no han demostrado mucha capacidad de convocatoria.
“Pedro Castillo ha sido mi amigo. Yo he participado en las marchas de 2017 contra PPK con la Fenate-Perú. Lo hice como dirigente del sindicato de maestros de un colegio del Rímac donde trabajo [no quiso dar el nombre del colegio]”, cuenta Ayachi.
Por su parte, el líder de ‘La Resistencia’, Juan Muñico -también conocido como ‘Jota Maelo’-, señala que su colectivo difiere de ‘Los Combatientes’ en buscar a Bermejo. No está entre sus planes ir tras él, pero dice que si se lo encuentran en la calle no dudarán en encararlo.
Por el momento, en la agenda de ‘La Resistencia’ está participar en un plantón de protesta en el frontis de la Corte Superior de Justicia el próximo martes 26. Ese día se realizará, en el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, una audiencia virtual que verá la nulidad de las elecciones generales. Muñico sigue creyendo, no sabemos con base en qué pruebas, que hubo fraude.
Más allá de esas pequeñas discrepancias en sus planes inmediatos, en lo que coinciden los dos principales grupos es en buscar el derrocamiento del gobierno de Castillo. El pasado domingo participaron en un ‘cacerolazo’ convocado por otros colectivos que marcharon por la avenida Brasil. Pedían la vacancia presidencial.
Muñico señala que ‘La Resistencia’ está “terminando los papeleos” para inscribirse como una asociación civil sin fines de lucro en Registros Públicos. El siguiente paso será formar un partido político que podría tener el mismo nombre de su colectivo. Descarta postular al Congreso o a alguna alcaldía en las próximas elecciones. “Tenemos buenos cuadros que podrían hacerlo”, señala.
Ayachi, por su parte, anuncia que invitarán a Rafael Santos -que quedó penúltimo en las últimas elecciones presidenciales con 0,38%- para que sea el candidato presidencial del partido que buscarán inscribir en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). ¿Cuál será el nombre? El Partido Radical Americano. Le escribimos a Santos para conocer si aceptaría, pero no nos respondió.
El video que grabó el periodista de Epicentro TV, René Gastelumendi, es clave para corroborar la carga de agresión y violencia verbal que hubo contra Sagasti en las afueras del centro cultural ‘Primera Parada’, en Barranco. También los insultos que le dedicaron al periodista los miembros de ‘Los Combatientes’, entre ellos Roger Ayachi y José Luis García. No hubo víctimas de violencia física, pero no estuvo lejos de ocurrir.
Hoy, haciendo mi trabajo, fui testigo y blanco de la agresividad y violencia de conocido grupo extremista que protestaba contra la presentación del libro de @FSagasti Alarmante intolerancia la que vivimos. Los detalles y la reflexión mañana en @Epicentro_TV Muy desagradable. pic.twitter.com/7aO7lesCwp
— Rene Gastelumendi (@socioperiodismo) October 19, 2021
El periodista de Epicentro TV, René Gastelumendi, grabó la agresión verbal que sufrió por parte de los líderes del colectivo de ultraderecha ‘Los Combatientes’.
Gastelumendi dice a Sudaca que esa noche, apenas se acercó al grupo que protestaba contra Sagasti, comenzó a recibir insultos. Lo que le preocupa al periodista es que el fanatismo de los colectivos que protestaron aquella noche “pueda terminar mal”. “Si juntas un mal día, un mal momento, con un brote psicótico de un fanático, como ellos están tan convencidos de que hacen patria, pueden pensar que por la patria está bien que le metan un cuchillazo a un caviar, ¿no?”, señala.
El parte policial de lo ocurrido durante la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti, del que Sudaca obtuvo una copia, no menciona nada de la agresión verbal sufrida por el periodista. Tampoco ha sido tomado en cuenta lo que le pasó a la joven militante del Partido Morado, Betsy San Martín, que asegura que uno de los manifestantes le arrebató de sus manos el libro “Imagina un Perú mejor y hagámoslo realidad”, escrito por Sagasti. Según ella, ocurrió cuando esperaba ingresar al centro cultural para que el expresidente le dedique un autógrafo.
Este es el parte policial elaborado por la comisaría de Barranco en la que narra lo ocurrido la noche del pasado lunes en los exteriores del centro cultural ‘Primera Parada’.
El parte solo indica que un grupo de cerca de 100 personas, que “formarían parte del movimiento La Resistencia”, increparon con insultos y amenazas a los policías que resguardaban el exterior del lugar. El documento señala además que, en un momento, “un grupo procedió a atacar a personal policial y de Serenazgo” y, por ese motivo, “personal policial realizó un disparo disuasivo al aire a fin de controlar a la turba y evitar lesiones mayores”. Según un video, en realidad, fueron tres disparos y se puede ver a efectivos policiales reducir a uno de los manifestantes.
La excandidata al Congreso del Partido Morado, Flor Borja, publicó ese día en su cuenta de Twitter: “Este señor es el que comandaba desde atrás toda la agresión al expresidente Sagasti. Todos sabemos quién es y a quién responde. ¿Qué espera la Fiscalía para tomar acción?”. Adjuntó una foto de Juan Muñico, líder del grupo ‘La Resistencia’.
Borja señala que quiso dejar en evidencia que él “azuzaba” a todas las personas y mandaba a provocar a los jóvenes que hacían cola para ingresar al local. “La Policía no hacía nada para evitarlo”, se queja.
El centro cultural Parada Libre ha informado a Sudaca que no realizará ninguna denuncia contra las personas que protestaron el pasado lunes. El expresidente Sagasti ha señalado, por su parte, que les «debe caer todo el peso de la ley» a los manifestantes.
El parte policial dice que hubo solo un balazo disuasivo contra los manifestantes, pero este video confirma que hubo tres. Se ve además que la Policía lanza al piso a un sujeto, pero este incidente no figura en el parte policial. ¿Por qué?
‘Jota Maelo’, líder de ‘La Resistencia’, dice que él no dirigió la agresión. Precisa que el objetivo era protestar contra Sagasti por ser, para su grupo, el “responsable” de la caída del expresidente Manuel Merino.
Los grupos extremistas querían replicar aquella noche lo que hicieron en el Lugar de la Memoria (LUM), en setiembre pasado. La idea, cuenta ‘Maelo’, era ingresar a la presentación del libro y, ni bien comience, sacar sus carteles de protesta contra Sagasti. “Queríamos hacer una protesta y sabíamos que nos iban a sacar rápido. La gente ya estaba coordinada que si venía personal de seguridad y nos sacaba, íbamos a salir: no íbamos a poner resistencia”, señala.
‘Jota Maelo’ explica que en su grupo hay reservistas que les han dado cursos de defensa personal pero “no hay nada más que eso”. Descarta que busquen portar armas de fuego y que solo se trató de “una idea” que se conversó en su momento, porque los ronderos llevaban machetes. Esperemos que esa ‘idea’ no vuelva a rondar por sus cabezas con pensamiento “anticomunista”.
Comunicado#LaResistencia pic.twitter.com/whIPLlAa8i
— Jota Maelo (@juan_maelo) October 19, 2021
Este es el pronunciamiento de Juan Muñico o ‘Jota Maelo’, el líder de ‘La Resistencia’, sobre la causa de su protesta contra Francisco Sagasti.
(*) Fotoportada del reportaje: Darlen Leonardo
Fotografía: Se ha usado una fotografía del diario La República de una protesta de los colectivos de ultraderecha realizada, en septiembre pasado, en los exteriores del ministerio del Interior.
De los 15 hospitales que tiene Puno, solo uno está en condiciones de recibir pacientes con Covid-19, dice el doctor Edvan Mengoa, decano del Colegio Médico de la región. “Muchos de ellos han tenido que adaptarse a la pandemia. Y, por ejemplo, aulas de la facultad de medicina han tenido que ser adaptadas a UCI. Estas no cuentan con sistemas de ventilación que eviten la carga viral y, por lo tanto, el contagio del personal”, reclama.
Por eso la urgencia -explica Mengoa- de que los proyectos estancados avancen lo más pronto posible. Pero en Puno, la construcción de tres hospitales, valorizados en más de S/583 millones de soles, no avanza por ineptitud y presunta corrupción. Eso fue lo que motivó, a inicios de setiembre, la visita de una delegación de dirigentes locales a la PCM. Entre ellos estaba César Tito Rojas. Al final, la demanda por hospitales se vio opacada por los vínculos de Tito con el Movadef, pero ese es un asunto que para los puneños no es prioridad.
La gravedad de la situación hospitalaria en la región altiplánica la describen un informe del Congreso anterior y las autoridades locales con las que Sudaca conversó para este informe. Y no es algo menor.
El primero, el que debería ser el de mayor envergadura en la región, es el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Valorizado en S/329 millones, debía reemplazar al actual hospital regional, de una categoría menor y cada vez más deteriorado. Hoy las obras no llegan ni al 1% del avance, según autoridades locales.
Un informe de una comisión del Congreso, formada a mediados de este año para investigar los retrasos, señala que el estudio de suelos elaborado por el gobierno regional se hizo de manera deficiente. Por eso, el consorcio a cargo de las obras gestionó un financiamiento adicional. Al no obtenerlo, inició un proceso de arbitraje.
“Según ellos, el terreno era húmedo y encontraron agua cuando escarbaron la tierra. Por eso piden un monto adicional de S/20 millones. Y la entidad del gobierno les dice que no les va a dar un sol más. Por eso el arbitraje”, explica el actual vicegobernador de Puno Germán Alejo.
Para él, esto no exime de responsabilidad al consorcio. “Ellos tenían la oportunidad de poder observar el expediente técnico en un plazo determinado, antes de la firma del contrato, y no lo han hecho. El señor gobernador [de la gestión anterior] tiene la responsabilidad de no conformar un comité de selección con profesionales idóneos que puedan sacar una licitación, porque lo correcto hubiese sido que el comité pueda otorgar la obra a un consorcio capacitado. Y eso no ha ocurrido”, dice.
El informe parlamentario señala que la ejecución física de la obra, a julio de este año, era de apenas 0,43%. Sin embargo, ya se había gastado el 35% del dinero, es decir, un poco más de S/115 millones. “Existe un retraso de obra que no se justifica en absoluto, no se muestra el cronograma de avance acelerado por parte de la entidad”, dice la investigación de los congresistas.
La licitación de esta obra se lanzó en 2019, cuando era gobernador regional Walter Aduviri. El proceso se interrumpió debido a que el Poder Judicial dictó orden de captura contra el líder del ‘Aymarazo’. El 2020, en un renovado proceso, el consorcio conformado por China Railway N°10 Engineering y Weihai Construction se hizo de la buena pro y firmó un contrato. La obra debió empezar en setiembre de aquel año y terminar el 2022.
La comisión del Congreso, sin embargo, encontró vicios desde la concepción del proyecto y acusó al consorcio de haber presentado una declaración jurada inexacta. Uno de los consorciados -señala el documento- “declaró que su información financiera registrada en el Registro Nacional de Proveedores se encontraba actualizada, cuando ello era falso”. También apuntan que la única experiencia que acreditaba al consorcio en el extranjero fue desmentida por un traductor oficial ante la Contraloría General de la República.
En diciembre del 2020, Weihai fue suspendida temporalmente por el Tribunal de Contrataciones del Estado “por presentar documentos falsos o adulterados a las entidades”, según el sitio web del Osce.
Las sombras también alcanzan a la supervisora de las obras. Según la comisión, esta debió advertir sobre la demora “en su momento y no esperar a que la entidad tenga que ser demandada por el contratista”. Se trata de otro consorcio, conformado por Acruta & Tapia y Chung & Tong Ingenieros. Su tarea era supervisar que el proyecto se haga dentro de la normativa, el expediente técnico y el cronograma.
Acruta & Tapia está incluida como tercero civilmente responsable -a pedido de la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión- en el caso de sobornos de Odebrecht por la Vía Costa Verde. Era la supervisora del proyecto chalaco.
La compañía también ha sido sancionada por el OSCE por haber presentado documentación falsa. Pero una resolución judicial le permitió continuar como proveedora del Estado, de acuerdo a información publicada por el portal Convoca.
La segunda empresa, Chung & Tong, tampoco está limpia. En marzo del 2014, la Contraloría detectó un perjuicio económico superior a los S/10 millones en una obra del Hospital de Tocache, en la región San Martín. El contrato fue suscrito con el Consorcio Salud Tocache, que era conformado -entre otras- por Chung & Tong Ingenieros, que además registra cuatro sanciones en el OSCE.
El gerente general del gobierno regional de Puno, Manuel Quipse Ramos, dice que ambas fallaron en el caso del hospital Manuel Nuñez Butrón. “Debió advertirnos la deficiencia del expediente al comenzar la obra y no lo hizo. Estamos tomando las medidas correspondientes”, señala, sin entrar en mayores detalles.
Quispe dice que se está realizando un nuevo estudio de suelos para destrabar la obra. Hasta que eso acabe, la construcción del hospital estará paralizada, por lo que las autoridades locales han destinado parte del presupuesto que se tenía asignado a esta obra (S/114 millones) para otros proyectos a realizarse el 2022. La decisión ha generado problemas entre provincias.
“Los hermanos de Puno le han dicho que no toque ni un sol, porque eso es para el hospital. Pero los pueblos a los que se ha destinado para construcción de centros de salud, plantas de oxígeno, otras cosas, piden el dinero. Ya se ha generado un conflicto entre pueblos”, apunta el vicegobernador Germán Alejo. Las movilizaciones por este caso son recurrentes y varios gremios han intentado convocar a paros regionales.
Una historia similar ocurre con el Hospital de Apoyo de Ilave. El proceso de licitación estuvo a cargo de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU. El monto base era de S/112 millones, pero el consorcio ganador -conformado por la española Assignia y la ya mencionada Chung & Tong Ingenieros- terminó adjudicándose S/120 millones.
La primera piedra de la obra se colocó en 2017, pero al cierre de esta edición el hospital tenía un avance físico que no alcanzaba la tercera parte. Ello, pese a que ya ha recibido jugosos adelantos de dinero de parte del gobierno regional. La situación es grave en plena pandemia, porque esta obra iba a brindar ambientes de cuidados intensivos, cosa que el actual nosocomio de la provincia no tiene.
Assignia registra cuatro sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado por, entre otras cosas, presentar documentos falsos en un proceso de licitación en Jaén el 2018. Una resolución de mayo del año pasado inhabilitó temporalmente a la empresa por 37 meses.
Eso no impidió que siga trabajando en la construcción del hospital de Ilave, aunque con muchos cuestionamientos. Lo hizo hasta mayo de este año, cuando el gobierno regional decidió resolver el contrato. “La empresa no ha cumplido con poner a disposición los profesionales ofertados. Había determinados especialistas con los que debíamos contar y la empresa no los puso a disposición. Eso generó penalidades y nosotros pedimos la resolución del contrato”, apunta Manuel Quispe, y dice que fue la gestión anterior la que desembolsó los adelantos. De hecho la resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que se niega a devolverlos. Solo ha devuelto S/4,9 millones.
En este caso, también los problemas se habrían presentado desde la concepción. La comisión del Congreso concluyó, una vez más, que se había elaborado un expediente técnico deficiente y que había irregularidades en la selección del consorcio ganador. “De la revisión de los documentos recabados, se evidenció que el accionar de los funcionarios y servidores del gobierno regional encargados de la revisión y aprobación del expediente técnico de la obra, así como los consultores contratados para su elaboración y supervisión (…) ha ocasionado un perjuicio económico al gobierno regional», dice el informe.
La empresa supervisora en este caso fue la ya mencionada Acruta & Tapia, socia de Chung & Tong en la obra del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. “¿Qué le va a fiscalizar Acruta & Tapia a Chung & Tong si han sido socios? Aquí hay algo raro y nuestras autoridades no hicieron nada”, dice el arquitecto Abelardo Quispe Huanacuni, que conoce al dedillo la situación de esta obra. El gerente general Manuel Quispe reconoce que la supervisora “no fue muy diligente al momento de absolver algunas consultas”.
Ilave es la capital comercial del sur de Puno. Muchas personas han migrado ahí para quedarse a vivir. Por eso, dice el arquitecto, necesitan un hospital moderno. “Tenemos un hospital muy antiguo, de 30 a 40 años. Este iba a reemplazarlo. Las instalaciones están en mal estado, es un hospital de un solo nivel. Acá la pandemia ha sido catastrófica en Ilave. El nuevo hospital debió estar terminado en 18 meses, así que tuvo que estar antes de la pandemia”, asegura.
El pasado 21 de abril, un dirigente local agarró a correazos al gerente general del gobierno regional de Puno. Le increpaba la ausencia del gobernador a una charla informativa sobre el avance del hospital Materno Infantil de Juliaca. La obra, valorizada en S/113 millones, lleva once años en construcción y apenas tiene un avance físico de un tercio, según recientes declaraciones del contralor de la República, Nelson Shack.
Han pasado ya cinco gobernadores regionales y nadie ha podido solucionar el problema. La obra, desde un inicio, provocó informes de Contraloría por su lentitud. En enero del 2018, por ejemplo, la entidad alertó de un irregular desabastecimiento de productos, lo que causaba la demora en la ejecución. Y en octubre del 2020, señaló que una empresa proveedora entregó productos de marcas distintas a la orden de compra.
El actual gobernador, Agustín Luque, se ha comprometido a asignar un presupuesto para culminar la obra en mayo del próximo año. Según los registros, solo se ha asignado S/25 millones. “Esta gestión ha hecho el primero, segundo y tercer piso, algunos acabados. Pero no supera el 50% porque el otro 50% es el equipamiento. Falta toda la fase de equipamiento, conexiones de gas, de sistemas, luz”, dice el consejero Jorge Zúñiga.
En el gobierno regional señalan que se incorporarán S/38 millones más para el próximo año, pero el alza del dólar empieza a hacer estragos. “El tema del equipamiento sería más caro de lo que inicialmente estaba previsto”, dice Manuel Quispe. En una visita a Juliaca a inicios de este mes, Nelson Shack señaló que ve difícil que la obra concluya el próximo año y anunció que harán una auditoria en noviembre próximo.
Mientras, los médicos de la región siguen esperando ante la eventual tercera ola. “¿Por qué nosotros, los puneños, no nos merecemos un hospital con infraestructura adecuada para poder afrontar no solo el Covid, sino las otras patologías que nos afectan?”, se pregunta indignado Edvan Mengoa.
*Sudaca se comunicó con las emrpesas mencionadas en este informe, ya sea por correo electrónico o a los teléfonos consignados en el OSCE y otras bases de datos. Ninguna respondió.
(*) Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo
