Lo relevante, en términos sociopolíticos, es que la inversión social del proyecto ha sido nueve veces más de aquello inicialmente previsto por el Estado en programas sociales. No obstante ello, la empresa ha encontrado (y sigue encontrando) importantes demandas de inversión pública por parte de la población, que conciernen el abastecimiento de energía, acceso a telecomunicaciones, educación y servicio de agua y desagüe. Esto se explica por dos razones básicas: la falta de inversión pública en comunidades alejadas y el rápido crecimiento de las áreas colindantes a los proyectos luego de iniciada la etapa de construcción. A esto pueden sumarse otras falencias, como la incapacidad de las autoridades locales para gestionar sus recursos, el aislamiento geográfico y la poca flexibilidad del Estado para encontrar soluciones cuando la realidad rebasa el marco normativo.
Dina Boluarte y los ministros del sector tienen la palabra. La puesta en marcha de una nueva dinámica de inversiones que generen empleo y reduzcan la pobreza en Puno requiere diligencia para responder a una solicitud que debe ser bienvenida en una coyuntura en la que la inversión privada más bien viene cayendo por la crisis política.
En tercer lugar, se va a necesitar voceros calificados para establecer algún puente de diálogo, cuando finalmente éste pueda producirse. Y de preferencia habrá que buscar personajes con influencia en Puno, que, a su vez, sean puneños. Los hay, en diversos ámbitos de acción, y deben ser ellos los que lleven la voz cantante en representación de un Ejecutivo que en estos momentos carece de intermediarios calificados para la tarea.
En cuarto lugar, diseñar una suerte de Plan Marshall para la región, una de las que peores indicadores de calidad de vida tiene en el país, y que vaya más allá de los anuncios ya efectuados y que son bastante acotados. Se torna imperativo un megaplan de inversiones en infraestructura, que resuene en los oídos de una población desafectada del Estado peruano por décadas de soslayo.
Nos contactamos con el candidato para obtener sus descargos, pero no obtuvimos respuesta.
Conclusión
Las grandes mineras formales pagan impuestos, pues aunque no paguen el IGV durante su etapa exploratoria, más adelante pagan cinco conceptos tributarios y estos impuestos representarían cerca del 47 % de sus utilidades. Además sólo este año el departamento de Puno recibió más de 390 millones de soles por Canon, regalías y derecho de vigencia.
Hay un clic que no se está produciendo en una región andina estratégica para el país, como es Puno, entre su “ser social” y su “conciencia social”. La mayoría de puneños son comerciantes y empresarios, pero a la hora de acercarse a las urnas lo suelen hacer por opciones disruptivas de izquierda, que van directamente en contra de la libertad empresarial de la que disfrutan sus coterráneos.
En la segunda vuelta del 6 de junio de este año, Perú Libre obtuvo en la región altiplánica el 89.256% de la votación mientras que Fuerza Popular apenas logró el 10.744%, una diferencia abismal entre dos opciones polarizantes, de izquierda y derecha, respectivamente.
Si la derecha quiere evitar que reaparezca algún candidato radical de izquierda, está en la obligación de conquistar para sí al mundo andino y evitar de esa manera que su población creciente termine por inclinar la cancha a favor de alguien como Pedro Castillo en el futuro.
Puno es, además, una región con enorme influencia en las regiones vecinas: Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco y Madre de Dios. La migración puneña es masiva en tales localidades.
Puno es, sociológica y económicamente hablando, capitalista. Inclusive en Lima, interesante es anotarlo, en todos los conglomerados empresariales emergentes (Gamarra, La Parada, Tacora, Caquetá, Lima Norte, parque industrial de Villa el Salvador, etc.), los núcleos empresariales más cooperativos entre sí, capaces de tejer redes de asistencia y apoyo emprendedor, son los conformados por puneños.
Pero en su terruño, el puneño vota, históricamente, por la izquierda. Sin duda, puede haber una explicación a esta vocación contestataria del establishment, en la proliferación de los reinos de informalidad delictiva que se enseñorean en Puno (el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, la tala ilegal, la minería informal), que generan circuitos anti Estado y antimercado, porque resienten el imperio de la ley que supone una economía de mercado que funcione a plenitud, pero hay también un descuido secular de las élites derechistas del país, políticas y empresariales, respecto de regiones como la puneña, que han terminado por activar un antilimeñismo y antiderechismo irracionales y sin fundamento.
El futuro político del país y el bienestar económico creciente, dependen de que en el Perú sobrevengan tres o cuatro gobiernos promercado sucesivos. Mientras el mundo andino, que bien simboliza Puno, sea refractario a un discurso liberal, ese porvenir será recurrentemente esquivo.
El 26 de noviembre último, la noticia de la muerte de Oscar Catacora tomó por sorpresa a todos. El director de la afamada cinta nacional Wiñay Pacha falleció mientras rodaba lo que sería su siguiente largometraje en Puno. Una apendicitis que no pudo ser atendida fue la causa de esta trágica y temprana muerte. Las condiciones de precariedad y olvido por parte del Estado, impidieron tener una atención médica oportuna y nos quedamos sin uno de los grandes talentos del cine nacional.
Oscar Catacora había logrado días atrás estrenar su primer largometraje Wiñay Pacha en la plataforma de Netflix. Cinta hablada completamente en idioma aymara. Siendo además el primer largometraje en ese idioma producido en nuestras tierras. Se encontraba también filmando su segunda cinta sobre la rebelión indigena de 1780. Y como era el sello de su cine, pensaba proponer una reflexión sobre las diferentes formas de violencia que este acontecimiento implicó.
Wiñay Pacha puso al director puneño bajo la atención de la prensa nacional y mundial, no solo por abordar un tema distinto y de manera singular. Sino porque desde la primera toma de su cinta, dejó en claro que se trataba de un director con estética propia y sobre todo con una brutal honestidad para retratar un escenario como el ande, fuera de toda frivolidad y con la intención de despertar emociones intensas que puedan llevar a una reflexión.
Los protagonistas de esta película fueron una pareja de ancianos que superan los 80 años. Willka y Phaxsi, que en aymara significa Sol y Luna. No fue casual que denominara a esta pareja de ancianos como las deidades de la mitología aymara. Su respeto por la pachamama o naturaleza es el tema que subyace en esta realización.
La historia narra como Phaxsi y Willka se encuentran a más de 5,000 metros de altura en la sierra peruana, acostumbrados a una vida en armonía con la naturaleza y con los recursos de esta. Pero por otro lado, desprotegidos ante cualquier adversidad y por lo tanto en completo desamparo, incluso de su propio hijo que emigró a la ciudad.
Esta idea surgió de la experiencia del director puneño al vivir con sus abuelos. Es por eso que Vicente Catacora, actor que encarna a Willka, es el abuelo del director en la vida real. A pesar de la resistencia de su familia, la elección surgió de la necesidad de contar con actores naturales y de lengua aymara nativa.
La cinta que fue seleccionada para representar al Perú en los premios Oscar es una historia de abandono, pero también de reivindicación hacia una cultura como la aymara. Si bien el director deja la cámara en modo contemplativo, su propuesta pretende enfrentarnos a la necesidad de reconocer las culturas que conviven en un mismo suelo. Su cosmovisión a través de Willka y Phaxsi tienen ese encargo frente al espectador.
Wiñay Pacha no tiene música, pero si el sonido del viento, de la naturaleza. La pachamama es protagonista de esta cinta, con todos sus climas, paisajes y sabiduría. El propio Catacora contó cómo se dirigió al mismo Apu para pedirle un día nieve y otro día lluvia para poder filmar. El Apu lo escuchó. Al día siguiente tuvo nieve y el día que pidió lluvia, también la obtuvo. Decidió realizar el primer film en aymara porque si su lengua muere, decía, también morirá su cultura. En aymara Wiñay Pacha significa tiempo eterno y aunque no se realizó con muchas pretensiones está considerada como una de las mejores cintas nacionales.
En su estreno superó la taquilla de El Capitán América, convirtiéndose en un blockbuster en Puno. Llevó a las salas de cine a más de 300,000 espectadores e incluso Tondero se interesó en distribuirlos luego de que recibieron el premio a mejor ópera prima y mejor fotografía en el Festival de Guadalajara de México.
Oscar Catacora quiso establecer identidad, no quería ser encasillado en un género específico cinematográfico pero a la vez quería ser recordado como un buen realizador. Colocó a Puno ante la mirada mundial. Puso en valor no sólo el cine regional, sino la universalidad de los conflictos que el desarrollo capitalista ha ido imponiendo.
Nos dejó con varios cortometrajes experimentales, un mediometraje y un largometraje para la historia, pero sobre todo para la discusión y reflexión de quienes somos y cómo pretendemos mirarnos, en una sociedad donde por siglos el desprecio a lo andino fue normalizado. Su cine fue como él, naturalista, sencillo, emocional y de compromiso social.
Oscar Catacora ha trascendido y como su Wiñay Pacha, será también eterno.
De los 15 hospitales que tiene Puno, solo uno está en condiciones de recibir pacientes con Covid-19, dice el doctor Edvan Mengoa, decano del Colegio Médico de la región. “Muchos de ellos han tenido que adaptarse a la pandemia. Y, por ejemplo, aulas de la facultad de medicina han tenido que ser adaptadas a UCI. Estas no cuentan con sistemas de ventilación que eviten la carga viral y, por lo tanto, el contagio del personal”, reclama.
Por eso la urgencia -explica Mengoa- de que los proyectos estancados avancen lo más pronto posible. Pero en Puno, la construcción de tres hospitales, valorizados en más de S/583 millones de soles, no avanza por ineptitud y presunta corrupción. Eso fue lo que motivó, a inicios de setiembre, la visita de una delegación de dirigentes locales a la PCM. Entre ellos estaba César Tito Rojas. Al final, la demanda por hospitales se vio opacada por los vínculos de Tito con el Movadef, pero ese es un asunto que para los puneños no es prioridad.
La gravedad de la situación hospitalaria en la región altiplánica la describen un informe del Congreso anterior y las autoridades locales con las que Sudaca conversó para este informe. Y no es algo menor.
Organizaciones de la sociedad civil protestaron a inicios de setiembre por el desfinanciamiento del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón para el 2022.
DESASTRE
El primero, el que debería ser el de mayor envergadura en la región, es el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Valorizado en S/329 millones, debía reemplazar al actual hospital regional, de una categoría menor y cada vez más deteriorado. Hoy las obras no llegan ni al 1% del avance, según autoridades locales.
Un informe de una comisión del Congreso, formada a mediados de este año para investigar los retrasos, señala que el estudio de suelos elaborado por el gobierno regional se hizo de manera deficiente. Por eso, el consorcio a cargo de las obras gestionó un financiamiento adicional. Al no obtenerlo, inició un proceso de arbitraje.
“Según ellos, el terreno era húmedo y encontraron agua cuando escarbaron la tierra. Por eso piden un monto adicional de S/20 millones. Y la entidad del gobierno les dice que no les va a dar un sol más. Por eso el arbitraje”, explica el actual vicegobernador de Puno Germán Alejo.
Para él, esto no exime de responsabilidad al consorcio. “Ellos tenían la oportunidad de poder observar el expediente técnico en un plazo determinado, antes de la firma del contrato, y no lo han hecho. El señor gobernador [de la gestión anterior] tiene la responsabilidad de no conformar un comité de selección con profesionales idóneos que puedan sacar una licitación, porque lo correcto hubiese sido que el comité pueda otorgar la obra a un consorcio capacitado. Y eso no ha ocurrido”, dice.
El informe parlamentario señala que la ejecución física de la obra, a julio de este año, era de apenas 0,43%. Sin embargo, ya se había gastado el 35% del dinero, es decir, un poco más de S/115 millones. “Existe un retraso de obra que no se justifica en absoluto, no se muestra el cronograma de avance acelerado por parte de la entidad”, dice la investigación de los congresistas.
La licitación de esta obra se lanzó en 2019, cuando era gobernador regional Walter Aduviri. El proceso se interrumpió debido a que el Poder Judicial dictó orden de captura contra el líder del ‘Aymarazo’. El 2020, en un renovado proceso, el consorcio conformado por China Railway N°10 Engineering y Weihai Construction se hizo de la buena pro y firmó un contrato. La obra debió empezar en setiembre de aquel año y terminar el 2022.
La comisión del Congreso, sin embargo, encontró vicios desde la concepción del proyecto y acusó al consorcio de haber presentado una declaración jurada inexacta. Uno de los consorciados -señala el documento- “declaró que su información financiera registrada en el Registro Nacional de Proveedores se encontraba actualizada, cuando ello era falso”. También apuntan que la única experiencia que acreditaba al consorcio en el extranjero fue desmentida por un traductor oficial ante la Contraloría General de la República.
Parte del informe del Congreso que señala que la única experiencia internacional que acreditó el consorcio a cargo del Hospital Manuel Núñez fue desmentida por un traductor ante la Contraloría General de la República.
En diciembre del 2020, Weihai fue suspendida temporalmente por el Tribunal de Contrataciones del Estado “por presentar documentos falsos o adulterados a las entidades”, según el sitio web del Osce.
Las sombras también alcanzan a la supervisora de las obras. Según la comisión, esta debió advertir sobre la demora “en su momento y no esperar a que la entidad tenga que ser demandada por el contratista”. Se trata de otro consorcio, conformado por Acruta & Tapia y Chung & Tong Ingenieros. Su tarea era supervisar que el proyecto se haga dentro de la normativa, el expediente técnico y el cronograma.
Acruta & Tapia está incluida como tercero civilmente responsable -a pedido de la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión- en el caso de sobornos de Odebrecht por la Vía Costa Verde. Era la supervisora del proyecto chalaco.
La compañía también ha sido sancionada por el OSCE por haber presentado documentación falsa. Pero una resolución judicial le permitió continuar como proveedora del Estado, de acuerdo a información publicada por el portal Convoca.
La segunda empresa, Chung & Tong, tampoco está limpia. En marzo del 2014, la Contraloría detectó un perjuicio económico superior a los S/10 millones en una obra del Hospital de Tocache, en la región San Martín. El contrato fue suscrito con el Consorcio Salud Tocache, que era conformado -entre otras- por Chung & Tong Ingenieros, que además registra cuatro sanciones en el OSCE.
El gerente general del gobierno regional de Puno, Manuel Quipse Ramos, dice que ambas fallaron en el caso del hospital Manuel Nuñez Butrón. “Debió advertirnos la deficiencia del expediente al comenzar la obra y no lo hizo. Estamos tomando las medidas correspondientes”, señala, sin entrar en mayores detalles.
Quispe dice que se está realizando un nuevo estudio de suelos para destrabar la obra. Hasta que eso acabe, la construcción del hospital estará paralizada, por lo que las autoridades locales han destinado parte del presupuesto que se tenía asignado a esta obra (S/114 millones) para otros proyectos a realizarse el 2022. La decisión ha generado problemas entre provincias.
“Los hermanos de Puno le han dicho que no toque ni un sol, porque eso es para el hospital. Pero los pueblos a los que se ha destinado para construcción de centros de salud, plantas de oxígeno, otras cosas, piden el dinero. Ya se ha generado un conflicto entre pueblos”, apunta el vicegobernador Germán Alejo. Las movilizaciones por este caso son recurrentes y varios gremios han intentado convocar a paros regionales.
Arriba: el estado actual del hospital Manuel Núñez. Abajo: lo que debería entregarse el 2022, pero no ocurrirá.
ARBITRAJE EN ILAVE
Una historia similar ocurre con el Hospital de Apoyo de Ilave. El proceso de licitación estuvo a cargo de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU. El monto base era de S/112 millones, pero el consorcio ganador -conformado por la española Assignia y la ya mencionada Chung & Tong Ingenieros- terminó adjudicándose S/120 millones.
La primera piedra de la obra se colocó en 2017, pero al cierre de esta edición el hospital tenía un avance físico que no alcanzaba la tercera parte. Ello, pese a que ya ha recibido jugosos adelantos de dinero de parte del gobierno regional. La situación es grave en plena pandemia, porque esta obra iba a brindar ambientes de cuidados intensivos, cosa que el actual nosocomio de la provincia no tiene.
Assignia registra cuatro sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado por, entre otras cosas, presentar documentos falsos en un proceso de licitación en Jaén el 2018. Una resolución de mayo del año pasado inhabilitó temporalmente a la empresa por 37 meses.
Eso no impidió que siga trabajando en la construcción del hospital de Ilave, aunque con muchos cuestionamientos. Lo hizo hasta mayo de este año, cuando el gobierno regional decidió resolver el contrato. “La empresa no ha cumplido con poner a disposición los profesionales ofertados. Había determinados especialistas con los que debíamos contar y la empresa no los puso a disposición. Eso generó penalidades y nosotros pedimos la resolución del contrato”, apunta Manuel Quispe, y dice que fue la gestión anterior la que desembolsó los adelantos. De hecho la resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que se niega a devolverlos. Solo ha devuelto S/4,9 millones.
La resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que solo ha devuelto S/4,9 millones.
En este caso, también los problemas se habrían presentado desde la concepción. La comisión del Congreso concluyó, una vez más, que se había elaborado un expediente técnico deficiente y que había irregularidades en la selección del consorcio ganador. “De la revisión de los documentos recabados, se evidenció que el accionar de los funcionarios y servidores del gobierno regional encargados de la revisión y aprobación del expediente técnico de la obra, así como los consultores contratados para su elaboración y supervisión (…) ha ocasionado un perjuicio económico al gobierno regional», dice el informe.
La empresa supervisora en este caso fue la ya mencionada Acruta & Tapia, socia de Chung & Tong en la obra del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. “¿Qué le va a fiscalizar Acruta & Tapia a Chung & Tong si han sido socios? Aquí hay algo raro y nuestras autoridades no hicieron nada”, dice el arquitecto Abelardo Quispe Huanacuni, que conoce al dedillo la situación de esta obra. El gerente general Manuel Quispe reconoce que la supervisora “no fue muy diligente al momento de absolver algunas consultas”.
Ilave es la capital comercial del sur de Puno. Muchas personas han migrado ahí para quedarse a vivir. Por eso, dice el arquitecto, necesitan un hospital moderno. “Tenemos un hospital muy antiguo, de 30 a 40 años. Este iba a reemplazarlo. Las instalaciones están en mal estado, es un hospital de un solo nivel. Acá la pandemia ha sido catastrófica en Ilave. El nuevo hospital debió estar terminado en 18 meses, así que tuvo que estar antes de la pandemia”, asegura.
21 de abril. Un dirigente local agarró a correazos al gerente general del GORE Puno por la inasistencia del gobernador a una charla informativa acerca del Hospital Materno Infantil de Juliaca.
Han pasado ya cinco gobernadores regionales y nadie ha podido solucionar el problema. La obra, desde un inicio, provocó informes de Contraloría por su lentitud. En enero del 2018, por ejemplo, la entidad alertó de un irregular desabastecimiento de productos, lo que causaba la demora en la ejecución. Y en octubre del 2020, señaló que una empresa proveedora entregó productos de marcas distintas a la orden de compra.
El actual gobernador, Agustín Luque, se ha comprometido a asignar un presupuesto para culminar la obra en mayo del próximo año. Según los registros, solo se ha asignado S/25 millones. “Esta gestión ha hecho el primero, segundo y tercer piso, algunos acabados. Pero no supera el 50% porque el otro 50% es el equipamiento. Falta toda la fase de equipamiento, conexiones de gas, de sistemas, luz”, dice el consejero Jorge Zúñiga.
En el gobierno regional señalan que se incorporarán S/38 millones más para el próximo año, pero el alza del dólar empieza a hacer estragos. “El tema del equipamiento sería más caro de lo que inicialmente estaba previsto”, dice Manuel Quispe. En una visita a Juliaca a inicios de este mes, Nelson Shack señaló que ve difícil que la obra concluya el próximo año y anunció que harán una auditoria en noviembre próximo.
Mientras, los médicos de la región siguen esperando ante la eventual tercera ola. “¿Por qué nosotros, los puneños, no nos merecemos un hospital con infraestructura adecuada para poder afrontar no solo el Covid, sino las otras patologías que nos afectan?”, se pregunta indignado Edvan Mengoa.
*Sudaca se comunicó con las emrpesas mencionadas en este informe, ya sea por correo electrónico o a los teléfonos consignados en el OSCE y otras bases de datos. Ninguna respondió.
