De los 15 hospitales que tiene Puno, solo uno está en condiciones de recibir pacientes con Covid-19, dice el doctor Edvan Mengoa, decano del Colegio Médico de la región. “Muchos de ellos han tenido que adaptarse a la pandemia. Y, por ejemplo, aulas de la facultad de medicina han tenido que ser adaptadas a UCI. Estas no cuentan con sistemas de ventilación que eviten la carga viral y, por lo tanto, el contagio del personal”, reclama.
Por eso la urgencia -explica Mengoa- de que los proyectos estancados avancen lo más pronto posible. Pero en Puno, la construcción de tres hospitales, valorizados en más de S/583 millones de soles, no avanza por ineptitud y presunta corrupción. Eso fue lo que motivó, a inicios de setiembre, la visita de una delegación de dirigentes locales a la PCM. Entre ellos estaba César Tito Rojas. Al final, la demanda por hospitales se vio opacada por los vínculos de Tito con el Movadef, pero ese es un asunto que para los puneños no es prioridad.
La gravedad de la situación hospitalaria en la región altiplánica la describen un informe del Congreso anterior y las autoridades locales con las que Sudaca conversó para este informe. Y no es algo menor.
DESASTRE
El primero, el que debería ser el de mayor envergadura en la región, es el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Valorizado en S/329 millones, debía reemplazar al actual hospital regional, de una categoría menor y cada vez más deteriorado. Hoy las obras no llegan ni al 1% del avance, según autoridades locales.
Un informe de una comisión del Congreso, formada a mediados de este año para investigar los retrasos, señala que el estudio de suelos elaborado por el gobierno regional se hizo de manera deficiente. Por eso, el consorcio a cargo de las obras gestionó un financiamiento adicional. Al no obtenerlo, inició un proceso de arbitraje.
“Según ellos, el terreno era húmedo y encontraron agua cuando escarbaron la tierra. Por eso piden un monto adicional de S/20 millones. Y la entidad del gobierno les dice que no les va a dar un sol más. Por eso el arbitraje”, explica el actual vicegobernador de Puno Germán Alejo.
Para él, esto no exime de responsabilidad al consorcio. “Ellos tenían la oportunidad de poder observar el expediente técnico en un plazo determinado, antes de la firma del contrato, y no lo han hecho. El señor gobernador [de la gestión anterior] tiene la responsabilidad de no conformar un comité de selección con profesionales idóneos que puedan sacar una licitación, porque lo correcto hubiese sido que el comité pueda otorgar la obra a un consorcio capacitado. Y eso no ha ocurrido”, dice.
El informe parlamentario señala que la ejecución física de la obra, a julio de este año, era de apenas 0,43%. Sin embargo, ya se había gastado el 35% del dinero, es decir, un poco más de S/115 millones. “Existe un retraso de obra que no se justifica en absoluto, no se muestra el cronograma de avance acelerado por parte de la entidad”, dice la investigación de los congresistas.
La licitación de esta obra se lanzó en 2019, cuando era gobernador regional Walter Aduviri. El proceso se interrumpió debido a que el Poder Judicial dictó orden de captura contra el líder del ‘Aymarazo’. El 2020, en un renovado proceso, el consorcio conformado por China Railway N°10 Engineering y Weihai Construction se hizo de la buena pro y firmó un contrato. La obra debió empezar en setiembre de aquel año y terminar el 2022.
La comisión del Congreso, sin embargo, encontró vicios desde la concepción del proyecto y acusó al consorcio de haber presentado una declaración jurada inexacta. Uno de los consorciados -señala el documento- “declaró que su información financiera registrada en el Registro Nacional de Proveedores se encontraba actualizada, cuando ello era falso”. También apuntan que la única experiencia que acreditaba al consorcio en el extranjero fue desmentida por un traductor oficial ante la Contraloría General de la República.
En diciembre del 2020, Weihai fue suspendida temporalmente por el Tribunal de Contrataciones del Estado “por presentar documentos falsos o adulterados a las entidades”, según el sitio web del Osce.
Las sombras también alcanzan a la supervisora de las obras. Según la comisión, esta debió advertir sobre la demora “en su momento y no esperar a que la entidad tenga que ser demandada por el contratista”. Se trata de otro consorcio, conformado por Acruta & Tapia y Chung & Tong Ingenieros. Su tarea era supervisar que el proyecto se haga dentro de la normativa, el expediente técnico y el cronograma.
Acruta & Tapia está incluida como tercero civilmente responsable -a pedido de la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión- en el caso de sobornos de Odebrecht por la Vía Costa Verde. Era la supervisora del proyecto chalaco.
La compañía también ha sido sancionada por el OSCE por haber presentado documentación falsa. Pero una resolución judicial le permitió continuar como proveedora del Estado, de acuerdo a información publicada por el portal Convoca.
La segunda empresa, Chung & Tong, tampoco está limpia. En marzo del 2014, la Contraloría detectó un perjuicio económico superior a los S/10 millones en una obra del Hospital de Tocache, en la región San Martín. El contrato fue suscrito con el Consorcio Salud Tocache, que era conformado -entre otras- por Chung & Tong Ingenieros, que además registra cuatro sanciones en el OSCE.
El gerente general del gobierno regional de Puno, Manuel Quipse Ramos, dice que ambas fallaron en el caso del hospital Manuel Nuñez Butrón. “Debió advertirnos la deficiencia del expediente al comenzar la obra y no lo hizo. Estamos tomando las medidas correspondientes”, señala, sin entrar en mayores detalles.
Quispe dice que se está realizando un nuevo estudio de suelos para destrabar la obra. Hasta que eso acabe, la construcción del hospital estará paralizada, por lo que las autoridades locales han destinado parte del presupuesto que se tenía asignado a esta obra (S/114 millones) para otros proyectos a realizarse el 2022. La decisión ha generado problemas entre provincias.
“Los hermanos de Puno le han dicho que no toque ni un sol, porque eso es para el hospital. Pero los pueblos a los que se ha destinado para construcción de centros de salud, plantas de oxígeno, otras cosas, piden el dinero. Ya se ha generado un conflicto entre pueblos”, apunta el vicegobernador Germán Alejo. Las movilizaciones por este caso son recurrentes y varios gremios han intentado convocar a paros regionales.
ARBITRAJE EN ILAVE
Una historia similar ocurre con el Hospital de Apoyo de Ilave. El proceso de licitación estuvo a cargo de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU. El monto base era de S/112 millones, pero el consorcio ganador -conformado por la española Assignia y la ya mencionada Chung & Tong Ingenieros- terminó adjudicándose S/120 millones.
La primera piedra de la obra se colocó en 2017, pero al cierre de esta edición el hospital tenía un avance físico que no alcanzaba la tercera parte. Ello, pese a que ya ha recibido jugosos adelantos de dinero de parte del gobierno regional. La situación es grave en plena pandemia, porque esta obra iba a brindar ambientes de cuidados intensivos, cosa que el actual nosocomio de la provincia no tiene.
Assignia registra cuatro sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado por, entre otras cosas, presentar documentos falsos en un proceso de licitación en Jaén el 2018. Una resolución de mayo del año pasado inhabilitó temporalmente a la empresa por 37 meses.
Eso no impidió que siga trabajando en la construcción del hospital de Ilave, aunque con muchos cuestionamientos. Lo hizo hasta mayo de este año, cuando el gobierno regional decidió resolver el contrato. “La empresa no ha cumplido con poner a disposición los profesionales ofertados. Había determinados especialistas con los que debíamos contar y la empresa no los puso a disposición. Eso generó penalidades y nosotros pedimos la resolución del contrato”, apunta Manuel Quispe, y dice que fue la gestión anterior la que desembolsó los adelantos. De hecho la resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que se niega a devolverlos. Solo ha devuelto S/4,9 millones.
En este caso, también los problemas se habrían presentado desde la concepción. La comisión del Congreso concluyó, una vez más, que se había elaborado un expediente técnico deficiente y que había irregularidades en la selección del consorcio ganador. “De la revisión de los documentos recabados, se evidenció que el accionar de los funcionarios y servidores del gobierno regional encargados de la revisión y aprobación del expediente técnico de la obra, así como los consultores contratados para su elaboración y supervisión (…) ha ocasionado un perjuicio económico al gobierno regional», dice el informe.
La empresa supervisora en este caso fue la ya mencionada Acruta & Tapia, socia de Chung & Tong en la obra del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. “¿Qué le va a fiscalizar Acruta & Tapia a Chung & Tong si han sido socios? Aquí hay algo raro y nuestras autoridades no hicieron nada”, dice el arquitecto Abelardo Quispe Huanacuni, que conoce al dedillo la situación de esta obra. El gerente general Manuel Quispe reconoce que la supervisora “no fue muy diligente al momento de absolver algunas consultas”.
Ilave es la capital comercial del sur de Puno. Muchas personas han migrado ahí para quedarse a vivir. Por eso, dice el arquitecto, necesitan un hospital moderno. “Tenemos un hospital muy antiguo, de 30 a 40 años. Este iba a reemplazarlo. Las instalaciones están en mal estado, es un hospital de un solo nivel. Acá la pandemia ha sido catastrófica en Ilave. El nuevo hospital debió estar terminado en 18 meses, así que tuvo que estar antes de la pandemia”, asegura.
ONCE AÑOS DE ESPERA
El pasado 21 de abril, un dirigente local agarró a correazos al gerente general del gobierno regional de Puno. Le increpaba la ausencia del gobernador a una charla informativa sobre el avance del hospital Materno Infantil de Juliaca. La obra, valorizada en S/113 millones, lleva once años en construcción y apenas tiene un avance físico de un tercio, según recientes declaraciones del contralor de la República, Nelson Shack.
Han pasado ya cinco gobernadores regionales y nadie ha podido solucionar el problema. La obra, desde un inicio, provocó informes de Contraloría por su lentitud. En enero del 2018, por ejemplo, la entidad alertó de un irregular desabastecimiento de productos, lo que causaba la demora en la ejecución. Y en octubre del 2020, señaló que una empresa proveedora entregó productos de marcas distintas a la orden de compra.
El actual gobernador, Agustín Luque, se ha comprometido a asignar un presupuesto para culminar la obra en mayo del próximo año. Según los registros, solo se ha asignado S/25 millones. “Esta gestión ha hecho el primero, segundo y tercer piso, algunos acabados. Pero no supera el 50% porque el otro 50% es el equipamiento. Falta toda la fase de equipamiento, conexiones de gas, de sistemas, luz”, dice el consejero Jorge Zúñiga.
En el gobierno regional señalan que se incorporarán S/38 millones más para el próximo año, pero el alza del dólar empieza a hacer estragos. “El tema del equipamiento sería más caro de lo que inicialmente estaba previsto”, dice Manuel Quispe. En una visita a Juliaca a inicios de este mes, Nelson Shack señaló que ve difícil que la obra concluya el próximo año y anunció que harán una auditoria en noviembre próximo.
Mientras, los médicos de la región siguen esperando ante la eventual tercera ola. “¿Por qué nosotros, los puneños, no nos merecemos un hospital con infraestructura adecuada para poder afrontar no solo el Covid, sino las otras patologías que nos afectan?”, se pregunta indignado Edvan Mengoa.
*Sudaca se comunicó con las emrpesas mencionadas en este informe, ya sea por correo electrónico o a los teléfonos consignados en el OSCE y otras bases de datos. Ninguna respondió.
(*) Fotocomposición de portada: Darlen Leonardo
