Una de las obligaciones contractuales expresada en la cláusula trigésima del Contrato de Concesión indica que “al término de la concesión el CONCESIONARIO entregará a la MUNICIPALIDAD, sin derecho a pago alguno, los bienes que devengan en partes integrantes o accesorios de la concesión”. Esto incluye la planta de transferencia de residuos sólidos y los terrenos en donde está edificada. Este es un procedimiento conocido en el que la concesión de los bienes pasa a dominio del Estado, y cuenta con un fuerte marco legal señalado en D. Leg. 757 “Ley Marco del Crecimiento de la Inversión Privada” y el Art. 21 del D. Leg. 758 “Normas para la Promoción de la Inversión Privada”, normativa que al día de hoy sigue vigente.
Menos de 5 años después de obtener la concesión, la entonces Asociación Vega Upaca-Relima vende los terrenos mencionados a diferentes entidades financieras en calidad de daciones. Así, en enero de 1998 el sub lote 4 es entregado a la constructora Upaca, parte del consorcio empresarial Vega Upaca-Relima, como una dación de pago a la Caja de Pensiones Militar Policial por un valor de 797 mil dólares. Esto se hizo infringiendo claramente la obligación taxativa del concesionario en la que “los bienes que devenguen en partes integrantes o accesorias de la concesión, no podrán ser transferidas separadamente de esta, hipotecados, prendados o sometidos a gravámenes de ningún tipo” (Art. 21 del D. Leg 758).
Posteriormente, en 2003 la empresa entregó los sublotes 2 y 3 en calidad de dación de pago a Citibank por 752 mil dólares. Esto ocurrió en diciembre de dicho año, después de que el sublote 1 fue hipotecado a favor del BCP por 440 mil dólares, violando los términos del contrato y el marco legal correspondiente. Cabe mencionar al respecto que las acciones de la empresa se llevaron a cabo con el conocimiento tanto de la comuna de Lima como de la Empresa de Supervisión Municipal de los Servicios de Limpieza “SUMSEL”.
Innova Ambiental percibió como beneficio un aproximado de 2 millones de dólares respecto de los terrenos que tenía que ceder según contrato a la municipalidad de Lima. En lugar de aplicarse las sanciones y procedimientos correspondientes, la comuna construyó por sí misma la planta de transferencia de residuos sólidos, y con esto eximió a Innova de su obligación contractual y asumió todos los gastos.
En la actualidad, la planta de transferencia de residuos sólidos está ubicada en la parte lateral del parque zonal ‘Huayna Cápac’, en la avenida Mateo Pumacahua distrito de San Juan de Miraflores. Aquí los camiones recolectores descargan los residuos hacia unidades de mayor capacidad y luego son conducidos al relleno sanitario de Portillo Grande.
Modalidades del servicio de limpieza estipuladas en el contrato de renovación de 2005, página 2
En un informe de la Gerencia de Servicios a la ciudad y Gestión Ambiental se estimó que en 2018 esta planta manejaba aproximadamente 207 mil toneladas de desechos. Entre las preocupaciones sobre las operaciones en sí, es un hecho no menor que pese al paso de los años y el notable deterioro, el programa de adecuación ambiental de la planta es del año 2003. Además, no se ha encontrado a un organismo fiscalizador externo que determine la vida útil de la planta, e Innova reporta que pese a los agrietamientos debido a que el concreto no presenta reforzamiento de acero, “la vida útil es indefinida y depende del mantenimiento de las estructuras civiles”.
Asimismo, una resolución directoral de noviembre de 2008 resuelve denegar la aprobación del estudio de impacto ambiental de la planta, ya que no solo no cumple los requisitos estipulados, sino que no entrega los resultados del análisis del agua, aire y suelo. Así pues, las operaciones de esta planta no solo deben su génesis a un procedimiento irregular que viola un contrato municipal oficial, sino que están precarizadas en cuanto a las condiciones de fiscalización, control y seguridad.
María Cristina Nina Garnica es alcaldesa de San Juan de Miraflores desde enero del 2019. Llegó al cargo de la mano de Acción Popular y todavía está registrada como militante de ese partido. El 29 de noviembre del año pasado se encontró en el Instituto Gilda Ballivian Rosado con agentes de seguridad y otros funcionarios de la municipalidad de su distrito. La reunión fue clave para la fiscalía anticorrupción.
De acuerdo a una investigación fiscal, allí se acordó que los funcionarios municipales participaran activamente en las elecciones internas de Acción Popular, que se llevaban a cabo ese día. El objetivo era elegir la lista presidencial y a los candidatos al Congreso que representarían al partido de Nina Garnica en las elecciones generales de abril pasado.
La orden de la alcaldesa habría sido apoyar las precandidaturas de Edmundo del Águila Herrera, quien se postuló para ser el candidato presidencial, y de la docente Melissa Bottger Alor, quien acababa de dejar el cargo de subgerente de la Mujer, Salud y Poblaciones Vulnerables de este municipio y pretendía postular al Congreso.
Además, gracias a escuchas autorizadas por el Poder Judicial, la fiscalía conoció que “en el desarrollo de las elecciones congresales del 26 de enero de 2020, la presunta organización liderada por la alcaldesa apoyó a su partido político Acción Popular con personeros y secretarios, […] encargándoles labores ajenas a su función y en horario de trabajo”. Servidores públicos pagados con los impuestos de los contribuyentes al servicio de un partido político.
El último viernes la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios detuvo a ocho funcionarios de la municipalidad de San Juan de Miraflores. Los acusa de usar recursos del municipio para fines de partido, además de cobro de cupos a empresas y amenazas a quienes se les ponían al frente. Los investigadores han bautizado a esta presunta organización criminal como “Los elegantes de San Jhon”.
Según la resolución judicial que ordena las detenciones -la cual Sudaca revisó en detalle-, esta organización nació el primero de enero de 2019, apenas María Cristina Nina Garnica se sentó en el sillón municipal. Lo peor: no es el primer caso dentro de un partido en el que el clientelismo descarado ya parece una práctica sistemática. En marzo, este medio reveló las sospechosas movidas al interior de la Municipalidad de Ate del correligionario José Arriola, entonces candidato y hoy flamante congresista de la República por la lampa.
La alcaldesa de SJM María Nina y su pareja Walter Huamán liderarían la presunta organización criminal «Los elegantes de San Jhon».
Redes clientelares
María Nina es sindicada como la principal cabecilla de la organización junto a su pareja Walter Huamán Hidalgo, también militante accionpopulista. De acuerdo a la hipótesis fiscal, “Los elegantes de San Jhon” habrían usado dinero del Estado para apoyar a postulantes al Congreso y a la presidencia en las elecciones internas de noviembre del 2020.
Tanto Nina como Huamán son cercanos a Edmundo del Águila. Esto le habría valido al entonces precandidato para que el subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial de la comuna, Alex Guardia Bayona, ordenase colocar su foto a colores junto a la alcaldesa en la cuponera de los tributos municipales del 2020. Para ello, se efectuaron “gastos de diseño, papel e impresión” con dinero público, apunta la resolución judicial.
Consultado por Sudaca, Del Águila confirmó que conoce a la alcaldesa de SJM y que recibió apoyo de los militantes de ese distrito. “Efectivamente, ella me apoyó, al igual que muchos otros alcaldes y correligionarios. No se olvide que en las elecciones internas lo que uno trata es buscar el apoyo del mayor número de militantes. Lamentablemente yo perdí las elecciones”, responde.
Sobre las cuponeras con su foto, asegura que “no tenía idea de su existencia” pero que es una asociación “un poco rara porque las cuponeras se emiten en enero y las elecciones fueron en noviembre”.
Según la resolución de la fiscalía, se habría usado dinero de la municipalidad para apoyar candidaturas de accionpopulistas como Edmundo del Águila.
Situación similar habría ocurrido con el excongresista por la región San Martín Rolando Ruiz Pinedo. La hipótesis de la fiscalía es que, con el fin de apoyar su campaña para llegar al Parlamento del 2020, la alcaldesa María Nina le dio un puesto de trabajo a su hija, Diana Angie Ruiz Mesia, como subgerente de Imagen Institucional y Protocolo de San Juan de Miraflores en el 2019.
Para estrechar aún más los lazos, señala la documentación judicial, Ruiz Mesia se alojó en la casa de María Nina a cambio de que Walter Huamán, el esposo de la alcaldesa, fuese contratado como asesor técnico del congresista, cargo que ocupó hasta el último momento. Todo habría quedado entre correligionarios y familiares.
Estos no son los únicos casos. Walter Huamán tentaba una curul en las pasadas elecciones. De acuerdo a la resolución judicial, no tuvo mejor idea que entregar a varios trabajadores municipales paquetes de 200 volantes sobre la limpieza de las calles junto con una ficha de inscripción a Acción Popular para ganar seguidores. Su estrategia, a la luz de los resultados del 11 de abril, no funcionó.
Huamán tenía injerencia en las decisiones que se tomaban en la municipalidad, a pesar de no tener oficialmente ningún cargo. Su única autoridad era ser pareja de Nina, la única mujer que logró una alcaldía en Lima en las últimas elecciones municipales.
“Walter Huamán junto a la alcaldesa tenían el control sobre todos los funcionarios que designaron al punto que Huamán monitoreaba todo lo que ocurría en la municipalidad, lo que significaba que nadie podía hacer lo contrario a lo que disponía”, sostiene un testigo protegido, citado en la resolución judicial.
El control del esposo de la alcaldesa era tal que los mismos exfuncionarios de la municipalidad denunciaron a través de redes sociales no soportar “las intromisiones en el ejercicio de sus funciones y el manejo de los cargos por parte del cabecilla Walter Huamán”. Algunos ejemplos de estas intromisiones los veremos más adelante.
Cobro de cupos
“Los elegantes de San Jhon” no solo habrían aprovechado su poder para apoyar a los candidatos de su partido, sino que también solicitaba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito. Lo recolectado iba a parar a la “bolsa de dinero en favor de la alcaldesa”, de acuerdo a una denuncia hecha por propietarios hoteleros a los que les clausuraron sus negocios por negarse a seguir pagando.
Las escuchas legales permitieron determinar que a aquellos que pagaban los cupos no los clausuraban y los dejaban trabajar tranquilos. «Ya está pagao [sic] y no lo clausuren», se le escucha decir a Carlo Lopez San Martín, exsubgerente de Fiscalización, en un audio transcrito en la resolución judicial. López hacía referencia a un centro comercial del distrito.
La presunta organización criminal cobraba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito para la bolsa de dinero en favor de la alcaldesa María Nina.
Los centros de salud también estaban en la mira de los funcionarios, en medio de la pandemia. La fiscalía descubrió que no se clausuró el Policlínico San Juan de Miraflores a cambio de una dádiva por parte de una trabajadora, pese a que dicho centro había sido denunciado por ofrecer falsos resultados negativos de pruebas Covid-19.
En tanto Huamán, el proactivo esposo de Nina, ordenó no intervenir la empresa informal de mototaxis Danny S.A.C., cuyo dueño había estado en la cárcel y con quien él habría acordado protección a la burgomaestre.
Pero otros familiares también estaban metidos hasta el cuello en esta trama. La investigación determinó que la cuñada de la alcaldesa, la señora Gina Jesussa Martinez Gutierrez, tramitaba licencias de funcionamiento para distintos establecimientos comerciales a cambio de sumas de dinero. Sin ser funcionaria y con la venia de María Nina.
Por último, la fiscalía halló que se hicieron compras sobrevaloradas de drones e insumos para vehículos municipales. Además, hubo direccionamientos para contratar con empresas “amigas” que tenían el mismo propietario, que incluso compartían un mismo domicilio o que no se dedicaban al rubro requerido. Asimismo, se habría realizado la adquisición ficticia de botas por S/62.820 y se habrían ejecutado órdenes de servicios fantasmas por montos mayores de S/60,000. Esto podría ser apenas la punta del iceberg de las compras estatales en el distrito.
“GUERRA AVISADA NO MATA GENTE”
Con el propósito de mantener su poder, la alcaldesa y su pareja no dudaban en apartar a todo aquel que los estorbase. Es el caso del regidor Daniel Castro Segura, opositor de la gestión, a quien intentaron vacar de su puesto.
La resolución judicial sostiene que María Nina, a través de un tercero, captó a Estelita Gutarra Romero, miembro de la Directiva del comedor popular del Asentamiento Humano Nadine Heredia, para que presente un pedido de vacancia contra el regidor Castro. En dicho proceso, la propia alcaldesa votó a favor de la vacancia junto a los regidores que siempre la apoyaban. Sin embargo, el pedido no prosperó.
Esto no fue lo único a lo que tuvo que enfrentarse el regidor. Un grupo de “inteligencia” de la organización criminal le hizo seguimiento, captándolo en escenas amorosas con la regidora Vanessa Cuadros Aquije, fotografías que luego fueron publicadas en la página de Facebook “San Juan New”, donde usualmente se ataca a los opositores de la gestión municipal.
Ni la familia se salvó del amedrentamiento. De acuerdo a la fiscalía, los presuntos actos de corrupción de “Los elegantes de San Jhon” eran de conocimiento del primo de la alcaldesa, Antony Herrera Garnica. Y eso era un peligro. Con la finalidad de quitarle su celular -en donde tendría las evidencias que los comprometían-, los cabecillas de esta organización contrataron, con dinero de la municipalidad, a un grupo de policías para que lo detengan por encontrarse requisitoriado.
Otra forma de mantener a raya a los trabajadores para que no los denuncien, era a través del grupo de WhatsApp “SGFSA-EQUIPO”, cuyas siglas la fiscalía asocia a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas. El grupo era administrado por el entonces subgerente Carlos López Martín. En este se enviaban mensajes con órdenes y amenazas al personal de dicha área “para que no filtren información de actos presuntamente ilícitos”. En uno de esos mensajes, López les recordaba a los empleados que estaban sujetos a contratos CAS y terminaba con la siguiente frase: “Guerra avisada, no mata gente”.
