Municipalidad de Lima

Sí hay mermelada

Por: Cristian Rebosio 28.03.2025

La Municipalidad de Lima ha trato de mostrar que la actual gestión representará un cambio radical en el uso del presupuesto. Sin embargo, los gastos registrados en los últimos meses no reflejan el discurso que el alcalde suele dar en sus apariciones públicas.

“No pagaré mermelada”, señaló el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante un evento en el cual cuestionaba que los medios de comunicación no eran tan elogiosos con él como esperaba. Sin embargo, su actual gestión en la Municipalidad de Lima no parece ser precisamente un ejemplo de austeridad ni rigurosidad en los gastos.

Sudaca ha podido revisar algunos contratos que se han realizado durante los últimos años en los cuales se evidencian contratos muy elevados, una sospechosa elección de proveedores y hasta un largo contrato para darle seguimiento a las publicaciones que se hacen en los medios sobre la Municipalidad de Lima y otros distritos.

UN DEBUT ENVIDIABLE

Sudaca ha revisado los gastos que ha venido realizando la Municipalidad de Lima en los últimos años y se ha podido encontrar un caso por demás sorprendente, como parece ser la historia de Katherine Lucía León Huamán. Luego de iniciar sus estudios en 2014 en la Universidad Nacional Federico Villarreal, León Huamán se convirtió en licenciada en Ciencias Políticas en el año 2021.

Acorde a la información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el salario que reciben quienes han estudiado la carrera de Ciencias Políticas se encuentra entre S/ 1.540 y S/ 7.000. Pero, para León Huamán, el destino, o mejor dicho la Municipalidad de Lima, parece haberle preparado una grata sorpresa.

Pese a que estaba en sus primeros años como licenciada, su primer contrato con la Municipalidad de Lima le permitió embolsarse la generosa suma de dieciséis mil soles, una cifra que es mayor que el doble de lo que se estima que llegan a ganar sus colegas. Esta paga correspondería a la contratación de personal técnico en ciencias políticas.

Para el mes de mayo, la situación laboral de León Huamán parecía haber mejorado. En esta oportunidad, dos órdenes de servicio bajo el concepto de “servicio de asistencia técnica” le permitieron ganar, nuevamente, dieciseises mil soles en tan sólo un mes de trabajo en la municipalidad.

Este tipo de contratos continúan hasta el mes de diciembre del 2023 y, por ellos, Katherine León acumuló un total de cincuenta y seis mil soles que, si se le agrega lo recibido en mayo y marzo, alcanza un total de ochenta y ocho mil soles durante el primer año bajo la gestión de López Aliaga.

Es entonces cuando llega el 2024 y aparece una nueva orden de servicio a su nombre que no es por ocho mil ni dieciséis mil soles sino por veinticuatro mil soles. Durante este año se emitieron otras dos órdenes de servicio, una fue por veinticuatro mil soles y otra por dieciséis mil soles.

Para este 2025, Katherine León Huamán registra dos órdenes de servicio, correspondientes a los meses de enero y febrero, que suman un total de treinta y dos mil soles. Lo paradójico de este caso es que varias de estas órdenes de servicio son por un “servicio legal especializado de gestión y cumplimiento de convenios” y, precisamente, los convenios que involucran a la Municipalidad de Lima han sido el punto débil de la actual gestión.

ENFERMERA MILOFICIOS

En esta lista de contrataciones extrañas también sobresale el nombre Carmen Verónica Espejo Mere. Esta enfermera que tuvo una breve incursión en la política cuando postuló como accesitaria en las elecciones municipales y regionales del 2022 como parte del partido Avanza País. Sin embargo, para 2023, con la llegada de Renovación Popular a la alcaldía de Lima, su situación cambió.

En el mes de mayo del 2023, Espejo Mere recibió su primera orden de servicio y no fue precisamente por un trabajo relacionado a la enfermería sino por un servicio de apoyo en gasfitería por el cual cobró casi dos mil soles. En los meses siguientes recibió siete órdenes de servicio más por el mismo trabajo y por el mismo monto.

Sin embargo, para 2024 su trabajo cambió y empezó a obtener órdenes de servicio por montos que fluctuaban entre dos mil y seis mil soles por un “servicio de apoyo operativo” y “servicio de ordenamiento de archivo”. Aunque el cambio más llamativo ocurre en diciembre del 2024, fecha en la cual Espejo incursiona en un nuevo rubro.

En el último mes del año pasado, Espejo Mere obtiene nuevas órdenes de servicio. Pero estas no tenían relación alguna con la enfermería ni el trabajo de gasfitería. En esta oportunidad, la Municipalidad de Lima la eligió para la conducción de eventos y por este servicio obtuvo un monto que superaba los cuarenta mil soles.

En los meses siguientes, Espejo Mere continuó obteniendo órdenes de servicio relacionadas a la producción de eventos por un total de veintiocho mil soles. Un dato no menos importante es que los únicos contratos que tiene registrados Carmen Espejo en el buscador de proveedores del Estado han sido con la Municipalidad de Lima.

SE DICE DE MI…

Desde su época como candidato a la alcaldía, Rafael López Aliaga ha tenido una postura de extrema confrontación con los medios de comunicación, o al menos con aquellos que tienen una postura crítica, y en más de una oportunidad ha tratado de mostrar que la prensa no tendrá un rol relevante en su paso por el sillón municipal.

Sin embargo, su gestión parece estar más que interesada en lo que dicen los medios. Al menos esto es lo que refleja uno de los nuevos e importantes gastos que la Municipalidad de Lima ha planeado para el 2025. El pasado mes de enero, Imedia Comunicaciones se adjudicó un “servicio de monitoreo de prensa, radioemisora, televisión y web”.

En los documentos de esta orden de servicio destaca que a esta empresa también se le pide realizar un seguimiento a las noticias de cinco distritos específicos, tres de los cuales (La Victoria, Miraflores y Barranco) cuentan con alcaldes que forman parte de Renovación Popular.

Este servicio ha sido contratado por el plazo de un año y, por lo tanto, la Municipalidad de Lima deberá desembolsar la suma de ciento ochenta mil soles a la empresa Imedia Comunicaciones.

Si bien la Municipalidad de Lima y el alcalde López Aliaga se han enfocado en señalar los malos manejos de los funcionarios que pasaron por el palacio municipal años anteriores, la gestión que hoy está en el poder no parece estar tomando el rol de la gran protectora del presupuesto de la ciudad que intentaban mostrar en campaña.

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Traición, mentiras y deudas

Por: Cristian Rebosio 11.02.2025

La insólita historia detrás del divorcio entre el alcalde López Aliaga y el estratega detrás de su llegada al sillón municipal. Sudaca accedió a un documento exclusivo que, además, expone los irregulares manejos del dinero de la Municipalidad de Lima y los vínculos con Andrés Hurtado.

Pasar de obtener menos del 2% en las elecciones parlamentarias del 2020 a ganar la alcaldía de Lima y hasta soñar con la presidencia es, sin lugar a dudas, producto de una exitosa campaña de comunicación política. Este ha sido el caso del alcalde Rafael López Aliaga y su partido Renovación Popular, el cual pudo dejar atrás las sombras que acompañaban a su nombre original (Solidaridad Nacional) y se convirtió en el burgomaestre de la capital.

Pero este tipo de giros radicales rara vez dependen del político que es la cara de la candidatura sino que suelen tener como autores intelectuales a expertos en marketing y comunicación política. Por supuesto, el caso de López Aliaga no fue la excepción y encontró en un especialista argentino la posibilidad de revertir la mala imagen que arrastraba de sus épocas con el exalcalde Luis Castañeda Lossio y sus dificultades para afrontar debates y entrevistas.

Ariel Ricardo Correa es el nombre del autor intelectual de la campaña que le devolvió las esperanzas de un triunfo a la agrupación política del empresario. Sin embargo, la relación entre Correa y el ahora alcalde entró en su momento más crítico. Sudaca ha accedido a documentos exclusivos que exponen una historia de traición, mentiras y deudas entre Rafael López Aliaga y el estratega argentino, y que además comprometen a la Municipalidad de Lima.

PROMESAS INCUMPLIDAS

El documento que se expondrá a continuación corresponde al mes de diciembre del año pasado. En estas hojas se detalla el inicio del vínculo entre Ariel Correa y el líder de Renovación Popular en la época que todavía era un aspirante al sillón municipal. Según detalla el propio Correa, el acercamiento con López Aliaga ocurrió en el año 2021 y, a pedido del entonces candidato, constituyó la empresa Focus Marketing & Management para poder recibir los cinco mil dólares mensuales acordados como pago por su asesoría.

En esta parte de la historia también se puede identificar lo que podría catalogarse como la primera situación extraña. Correa detalla que los primeros pagos que recibió por su asesoría política se realizaban usando a terceros, como es el caso del chofer de López Aliaga.

Tras consumarse el triunfo en las elecciones municipales, el nuevo alcalde de Lima le habría propuesto al argentino quedarse en la capital peruana hasta el año 2026. Para ello, el líder del partido celeste le habría prometido un considerable aumento de sus ganancias mensuales que ya no serían de cinco mil dólares sino que se convertirían en cuarenta mil soles.

En el documento al que accedió Sudaca, Correa señala que esta relación laboral iba a ser estable y con los derechos laborales correspondientes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que esta promesa sea incumplida. Según detalla Correa en el texto enviado a la Municipalidad de Lima, desde enero del 2023 hasta mayo del 2024, sólo recibió treinta mil soles mensuales en pagos que se hicieron por medio de Renovación Popular.

LA RUTA DEL DINERO MUNICIPAL

Es en este punto cuando la historia deja de ser un caso de promesas incumplidas para convertirse en un irregular manejo de los fondos de la Municipalidad de Lima. Ariel Correa explica que, en el mes de mayo del año pasado, tuvo una reunión en la que participó el gerente municipal, Oscar Lozan, y dos personas vinculadas a Renovación Popular, Luis Rubio y Fernando Sandoval, en la que, bajo la insólita excusa de tener que destinar fondos para el programa de Andrés Hurtado “Chibolín”, le habrían impuesto un esquema de cobro fraccionado.

Tal como se puede leer en la imagen anterior, con el esquema impuesto se estaría obteniendo un total de sesenta y siete mil soles mensuales usando para ello a la ONG ACAP (Asociación Cristiana de Asesores Políticos), Focus Marketing & Management y organismos públicos de la Municipalidad de Lima.

La situación se tornó más compleja y extraña al mes siguiente cuando, según explica Correa, el alcalde de Lima instruyó a una de las regidoras municipales para que le pague usando la cuenta bancaria de los colegios PRODEC, instituciones educativas que pertenecen a una asociación sin fines de lucro vinculada al Opus Dei.

Para los pagos de los meses siguientes, la estrategia habría sido usar a los organismos públicos de la Municipalidad de Lima alegando trabajos que no tenían relación con las funciones que originalmente le habían propuesto al asesor argentino y, sumado a ello, encubrirían el origen de los fondos.

La situación no mejoró y, en el mes de noviembre, la congresista Norma Yarrow le informó a Correa que estaba despedido. Al solicitar explicaciones al respecto, el alcalde López Aliaga le habría dicho que no encontraba capacidad de pagarle de manera legal y justa.

Correa explica en esta carta dirigida al alcalde de Lima que, además de no cumplir con el monto prometido, no se cumplió con obligaciones legales como el registro de su contrato ante el Ministerio de Trabajo y se le involucró, según él mismo señala, “en un esquema que aparenta eludir las normas nacionales”.

A poco más de dos años de su llegada a la Municipalidad de Lima, la gestión de Rafael López Aliaga ha acumulado varias críticas, pero lo detallado en este documento que pudo revisar Sudaca revela, con la versión de quien fue una pieza clave en su triunfo electoral, que en el Palacio Municipal existirían numerosas irregularidades en el manejo del dinero.

Antes de la publicación de este informe, Sudaca intentó comunicarse con el abogado de Ariel Correa. Pero, tras señalar que en ese momento no contaba con la autorización de su cliente para pronunciarse, no volvió a responder. Por su lado, el alcalde López Aliaga anunció que sus abogados habían procedido a denunciar a su exasesor por extorsión y difamación.

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Trabajo fantasma

Por: Cristian Rebosio 23.12.2024

En el último tiempo se ha vuelto común escuchar casos de trabajadores fantasmas, aquellos personajes que son contratados y cobran un salario pese a no cumplir con las funciones que les corresponden y muchas veces ni estar presente en su centro de labores, pero en esta oportunidad lo que se va a relatar es el caso de un trabajo fantasma.

Sudaca ha conocido la historia de un supervisor de obra cuyo certificado de trabajo con graves irregularidades le costó una dura sanción a la empresa para la cual trabajaba debido a una insólita incongruencia en las fechas en las que, supuestamente, había desempeñado una determinada función durante la ejecución de una obra.

Sin embargo, pese a este antecedente sobre una clara manipulación en su experiencia laboral, la Municipalidad Metropolitana de Lima lo eligió para ser supervisor de obra y recibir más de siete mil soles. En el siguiente informe conocerá los detalles de un caso en el que, indiscutiblemente, hubo mentiras que involucran a empresas y al propio trabajador.

LA FALSA EXPERIENCIA LABORAL

Para conocer mejor esta historia es preciso remontarse al año 2018 cuando la Municipalidad Provincial de Trujillo convocó a una licitación pública para una obra de mejoramiento de algunos tramos de una importante avenida trujillana y por la cual estaba en juego un elevado presupuesto que superaba los tres millones de soles.

Como suele ocurrir en estos procesos, los propios candidatos a que se les encargue la obra suelen indagar sobre el historial de sus competidores y exponer alguna irregularidad si es que la encuentran. Este caso no fue la excepción y, en octubre del 2018, uno de los postores, Constructora Pavimentos del Perú, presentó un recurso de apelación en el cual solicitaban que se le retire la buena pro al Consorcio Nazareno y sea descalificado.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y terminó siendo expuesta una irregularidad en la oferta del postor que originalmente estaba pidiendo la descalificación del ganador del proceso de licitación pública. Según lo señalado, Hugo Santisteban Alejandro, uno de los profesionales que era parte de la oferta presentada por la Constructora Pavimentos del Perú para la licitación habría justificado su experiencia laboral con lo que sospechaban eran documentos falsos o adulterados.

Acorde a lo relatado en la resolución revisada por Sudaca, entre estos documentos cuestionados figuraba el certificado de trabajo de Hugo Enrique Santisteban Alejandro por el trabajo que supuestamente había desempeñado como supervisor de obra en el año 2010 en la construcción de pistas y veredas en Lambayeque.

En la siguiente imagen se puede observar el cuestionado certificado de trabajo. Este documento emitido por la empresa Trebol S.A.C. señala que Hugo Enrique Santisteban Alejandro llevó a cabo las tareas de supervisor de obra entre el 10 de febrero del 2010 hasta el 12 de julio del 2010.

Pero al revisar las fechas correspondientes al proceso de selección de la construcción de pistas y veredas se puede ver que la buena pro recién fue otorgada en los últimos días del mes de marzo del 2010, varias semanas después de la fecha en que supuestamente Hugo Santisteban había iniciado sus labores como supervisor de obra.

Ante esta indiscutible incongruencia entre las fechas, el Tribunal de Contrataciones del Estado señaló que la experiencia como supervisor de obra que pretendía acreditar Hugo Enrique Santisteban Alejandro no era válida porque la fecha en la que dicho documento señalaba como inicio de la obra era incluso antes que se convoque al proceso de licitación.

Cabe señalar que también se descartaría un error por parte del empleador del supervisor de obra debido a que en la carta de compromiso que firma el propio Hugo Enrique Santisteban Alejandro se observa que coloca la fecha que no coincide con el periodo de tiempo en el cual se iniciaron las obras realmente.

Este caso llegó a su final el 21 de enero del 2022 cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió sancionar a la empresa Constructora Pavimentos del Perú por haber presentado documentación con información inexacta, entre los cuales se encontraban los relacionados con Hugo Enrique Santisteban Alejandro.
MUNICIPALIDAD SIN FILTROS
Sin embargo, y pese a que los documentos de este extraño caso de un trabajo fantasma están disponibles para cualquier interesado que realice una búsqueda sobre los nombres involucrados, la Municipalidad de Lima parece no haberle dado mayor importancia a este cuestionable antecedente.
La gestión del alcalde Rafael López Aliaga, quien junto con los integrantes de su agrupación política suelen acusar a cualquier adversario de recibir dinero público injustificadamente, habría mirado hacia otro lado y contrató a Hugo Enrique Santisteban Alejandro para que sea supervisor de obra en la creación de una ciclovía.

Acorde a lo que se puede observar en la imagen anterior, el involucrado en la presentación de un certificado de trabajo inexacto recibió una cifra que supera los siete mil soles por llevar a cabo la tarea encargada por la Municipalidad Metropolitana de Lima como supervisor de una obra ejecutada este año.

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Potencia mundial en ausencias

Por: Cristian Rebosio 9.11.2024

En uno de los años más caóticos para la capital, el alcalde Rafael López Aliaga ha registrado, por lo menos, veinticuatro ausencias a su cargo sin brindar una justificación clara. Además, el teniente alcalde estaría siguiendo su ejemplo e incluso se ausentaría de sus responsabilidades los mismos días que el burgomaestre limeño dejando la Municipalidad de Lima en manos de una regidora.

“Lima, potencia mundial” se convirtió, allá por el año 2022, en uno de los eslóganes de campaña más ambiciosos en la lucha por el sillón municipal. Rafael López Aliaga y Renovación Popular fueron quienes se postularon como la opción capaz de cumplir con esta promesa que, incluso en época de elecciones, parecía muy difícil de llevar a cabo y más si se tenía en cuenta el pobre desempeño del candidato del partido celeste tanto en el debate como en diversas entrevistas.

A tan sólo dos meses de iniciar el tercer año de gestión de López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el compromiso de convertir a la capital en una potencia mundial no sólo parece un objetivo muy distante sino que el trabajo del alcalde y sus aliados de Renovación Popular en el Palacio Municipal han llevado a que Lima se convierta potencia en aspectos que están lejos de despertar orgullo.

Sudaca ha revisado documentos emitidos a lo largo de un 2024 que está por terminar y se ha podido observar que las palabras que más predominan en estos documentos son “licencia”, “encargar el despacho de la alcaldía” y “el alcalde se ausentará”. En este informe, Sudaca detallará las numerosas licencias pedidas por Rafael López Aliaga y las verdaderas razones detrás de las ausencias que lo alejaron de sus responsabilidades.

AUSENCIAS Y MENTIRAS

La primera de las ausencias del alcalde López Aliaga en 2024 se anunció para el 31 de enero y, tal como se puede ver en la siguiente imagen, el líder de Renovación Popular justificaba su inasistencia a la Sesión de Concejo Extraordinaria alegando “tener que atender actividades inherentes a su cargo”. No obstante, en las notas de prensa de la propia Municipalidad de Lima no se encuentra ninguna actividad que incluya la participación del alcalde en el 31 de enero.

Tan sólo un día después, Rafael López Aliaga vuelve a ausentarse de la sesión de concejo extraordinaria y, como es estipulado en la resolución N° 034, Renzo Reggiardo Barreto, el teniente alcalde, es designado para conducir dicha sesión.

Estas ausencias del alcalde López Aliaga en las sesiones de concejo se siguieron repitiendo a lo largo de todo el 2024 y siempre recurriendo a la excusa de tener “actividades inherentes a su cargo” pese a que, al buscar noticias sobre actividades en esas fechas, no figuraba nada relacionado.

Pero lo que sí figuran son entrevistas y conferencias de prensa en las cuales Rafael López Aliaga dedicaba su tiempo a enfrascarse en discusiones con sus enemigos políticos y que tenían lugar un día antes o hasta en el mismo día de las sesiones a las cuales el alcalde de Lima no podía asistir por, supuestamente, estar ocupado realizando actividades inherentes a su cargo.

Acorde a las resoluciones que ha podido revisar Sudaca, en lo que va del presente año, el alcalde Rafael López Aliaga se ha ausentado de su puesto en la alcaldía, por lo menos, en veinticuatro oportunidades alegando que tenía “actividades inherentes a su cargo”, “descanso físico”, un viaje a España y motivos personales.

En la resolución de alcaldía N° 106 fue una de las pocas veces que el titular de la Municipalidad de Lima brindó explicaciones con respecto a su ausencia. En aquella oportunidad, el alcalde limeño solicitó licencia para acompañar la candidatura de Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027.

MUNICIPALIDAD ABANDONADA

Pero el alcalde López Aliaga no ha sido el único que se ha permitido ausentarse y dejar de lado sus responsabilidades en numerosas oportunidades. El ejemplo del alcalde ha sido seguido por otra figura de mucho peso dentro de la Municipalidad de Lima, el actual teniente alcalde Renzo Reggiardo Barreto.

Acorde a los estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades, Reggiardo Barreto, por ser el teniente alcalde, es el designado para reemplazar al burgomaestre cuando este no se encuentre disponible para cumplir sus obligaciones. Sin embargo, Sudaca ha encontrado que, en varias oportunidades, Renzo Reggiardo se ausentaba de su cargo al mismo tiempo que el líder de Renovación Popular y, por esta razón, el manejo de la Municipalidad de Lima quedaba en manos de una regidora.

¿ALCALDE O CANDIDATO?

Este abandono del cargo por parte del alcalde se produce, además, en un año en el cual Rafael López Aliaga ha destinado una importante cantidad de su tiempo a retomar lo que sería su campaña presidencial con miras al año 2026. En los últimos meses, el político conservador ha sido visto en diversas regiones participando de mítines e incluso formando alianzas, como la que anunció el pasado mes de julio con Pedro Spadaro, actual alcalde del Callao, y su agrupación política.

Además, el alcalde de Lima ha aprovechado las oportunidades para ausentarse del despacho municipal para viajar a otros países, aunque durante estas excursiones, que lo han llevado a Europa y Estados Unidos, se le ha visto más interesado en acercarse a políticos con los que comparte ideología política, como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en anunciar algún proyecto relevante para Lima.

Durante el mes de octubre, uno de los más críticos para el Perú y la ciudad de Lima por la crisis de inseguridad, López Aliaga fue visto en Miami y, aunque el alcalde sostuvo que este viaje fue para “solicitar apoyo al gobierno americano para el funcionamiento del tren de pasajeros de Chosica a Desamparados” y que su estancia en tierras norteamericanas fue por un breve lapso de horas, una imagen que subió a redes el cineasta Eduardo Verástegui mostraba al alcalde recorriendo una iglesia en Miami.

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El caso Santiago Guardamino: Una muerte que expone una red de corrupción

Por: Benjamin Zevallos Jaramillo 8.11.2024

Se menciona últimamente el sensacionalismo cuando intentamos informar una noticia o un hecho que impacta nuestra sociedad. Lamentablemente no podemos ser mezquinos a la terrible realidad que afrontamos desde que asumimos nuestro rol de periodista y, no obstante, todos aquellos que de alguna manera salen adelante y que se ven intimidados o vulnerados por la inseguridad y el constante golpe a nuestra integridad.

Guardamino no mato, no robó y mucho menos realizó acciones negativas contra la comunidad de Quipan. Al contrario, defendió los derechos de sus representados con arduo trabajo e investigaciones que, al día de hoy, siguen siendo inconclusas.

Y no, no es una noticia sensacionalista poner en la palestra a una persona que no debió morir como pasó con Santiago Guardamino. Un hombre que es padre y deja huérfanos a sus hijos y una viuda que busca respuestas. Todo recae en un solo responsable que desde la comunidad de Quipan, los familiares y las investigaciones lo testifican.

¿Por qué matar a una persona justo un día antes que fuera a declarar al Ministerio Público?

Las cosas en la comunidad de Quipan ya no estaban bien, el mismo Guardamino lo advirtió. Se lo advirtió a su padre y a su esposa, pero el compromiso con su gente seguía intacto.

En ese fatal día ya venían amenazando a Guardamino que cesara las investigaciones contra la empresa Argüelles, sin embargo, continuó hasta esa noche que silenciaron su voz, pero su trabajo quedó en manos del Ministerio Público.

El 21 de junio de 2024, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada abrió una investigación que colocó en el centro de la polémica a Pedro Guardamino Campos, padre del dirigente asesinado. Pedro presentó una denuncia contra empresarios, exfuncionarios públicos y especialistas del Ministerio de Ambiente, a quienes acusó de delitos como homicidio calificado, falsificación de documentos y usurpación agravada.

Entre los principales señalados figuran:

Aniceto Elvis Arguelles Loayza, socio de Industrias Arguelles y Servicios Generales SAC.
Karen Marianella Pasco Flores, gerente general de la misma empresa.
Abel Cruz Mosquera Ortiz, expresidente de la Comunidad Campesina de Quipán.
Elizabeth Ochoa Torres, ex especialista en impacto ambiental del Ministerio de Ambiente.
Gerson Guillen Arguelles, gerente general de la empresa Constructora y Servicios ALYM S.A.C.

La denuncia sostiene que estos actores se coludieron para apropiarse ilegalmente de 10,000 hectáreas de tierras comunales mediante la falsificación de documentos, simulación de ventas y sobornos a funcionarios públicos.

Uno de los puntos más críticos del caso es la adquisición fraudulenta de tierras comunales. Según la denuncia, el 12 de diciembre de 2016, Karen Pasco Flores compró 10,000 hectáreas por un precio irrisorio de 600,000 soles, a pesar de que su valor real ascendía a más de 5.5 millones de soles. Esta transacción se habría realizado con documentos falsificados y la complicidad de Abel Cruz Mosquera, quien entonces presidía la comunidad.

El objetivo era desarrollar el Proyecto Ecológico Sanitario Kurumi, un vertedero de residuos sólidos que desde su construcción ha generado severos daños ambientales y afectado la salud de los residentes. Guardamino lideró múltiples denuncias contra Industrias Arguelles, acusándola de operar sin cumplir con los estándares legales y de haber causado contaminación en las fuentes de agua de la comunidad.

El asesinato: Silenciar a un líder incómodo

El 20 de marzo de 2024, Santiago Guardamino fue asesinado a pocas horas de presentar su testimonio ante el Ministerio Público. Este testimonio, clave para su denuncia de nulidad del acto jurídico que permitió la apropiación fraudulenta de las tierras, podría haber comprometido gravemente a Industrias Arguelles y sus socios.

La Fiscalía considera que el asesinato fue premeditado y directamente relacionado con su activismo. El hecho resalta las amenazas que enfrentan los líderes comunales en su lucha por defender sus territorios frente a intereses económicos y políticos.

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Denuncia penal en la MML: Irregularidades y conexiones cuestionables en la Contratación Pública

Por: Benjamin Zevallos Jaramillo 3.10.2024

Entre las investigaciones que se ha venido realizando a la concesionaria Innova Ambiental, la Municipalidad de Lima ha tenido diferentes observaciones con respecto a su trabajo en medio de esta problemática. Entre ellas, la Gerencia de Servicios a la Ciudad se ha visto señalada por atrasar el proceso de investigación y entrega de documentación.

Esta misma oficina liderada por Paredes Ramos se vio envuelta en una denuncia que recayó en diferentes funcionarios, como:

Ana del Carmen Mendoza Chirichigno: A pesar de estar inhabilitada para ser contratada por el Estado, supuestamente actúa como asesora de hecho, influyendo en decisiones y dirigiendo a otros funcionarios para favorecer a proveedores de su círculo cercano.
María Carolina Salas Bermejo: Jefa de la Oficina de Logística de la MML, implicada en el proceso de adquisiciones.
Lidia Carmen Burgos Rodríguez: Administradora de la Oficina General de Administración, acusada de coordinar acciones que fomentan la contratación directa de proveedores.
Liz Díaz Becerra: Jefa de la Oficina de Adquisiciones, bajo la mira por su papel en el proceso de compra.
Karina Jeniffer Blaz Correa y Giuliana Grisel Haggenmiler Gutiérrez: Especialistas de Logística, también subordinadas a Paredes Ramos.

Recordemos, además, que durante el periodo de Paredes se estaba solucionando el tema de Innova Ambiental y la clausura del Relleno Sanitario “Portillo Grande” cuya clausura la realizo la Municipalidad de Lurín después de un proceso de fiscalización. A pesar de estas diligencias, la Gerencia de Servicios a la Ciudad, tenia otras prioridades.

Además, como se ha venido advirtiendo durante los meses de su gestión, no se ha visto interés por parte de la MML para acelerar los procesos e investigación de la concesionaria. Mas bien, se ha visto un interés por mantener a la concesionaria dentro de Lima, pero ¿Con que fin?

Parece que los funcionarios que trabajan con Lopez Aliaga son fichas que trabajan bajo ordenes y segundas personas. Como anteriormente se menciono, Paredes fue denunciado junto a otros funcionarios en medio de la reestructuración interna de la MML, específicamente después de que Pablo Armando Paredes asumió la gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental. Desde su llegada, se han registrado múltiples irregularidades que parecen sugerir un patrón de corrupción. Según la denuncia, Paredes Ramos ha utilizado su influencia para establecer un entorno de trabajo donde las decisiones de contratación se toman de manera opaca y con un marcado favoritismo hacia ciertos proveedores.

Continuando con la denuncia, la misma detalla que Lidia Carmen Burgos, bajo las instrucciones directas de Paredes Ramos, ha coaccionado a los empleados logísticos para que elaboren requerimientos de bienes y servicios bajo la modalidad de «contratación directa». Se alega que estos empleados han sido amenazados con despidos si no cumplen con las demandas de crear requerimientos específicos, facilitando así un sistema que favorece la corrupción.

La concentración de poder en la figura de Paredes Ramos es notable, ya que simultáneamente dirige la Gerencia de Servicios a la Ciudad y también supervisa el área de logística, encargada de controlar las contrataciones. Este cruce de responsabilidades plantea serias dudas sobre la posibilidad de que se realicen auditorías internas efectivas y objetivas, lo que podría facilitar el encubrimiento de irregularidades.

Ana del Carmen Mendoza Chirichigno ha sido descrita como la «asesora personal» de Paredes Ramos. A pesar de su inhabilitación, su papel como figura influyente en la toma de decisiones pone en evidencia la falta de control en el proceso de contratación de la MML. Su presunta participación en la creación de requerimientos que benefician a proveedores de su círculo cercano añade una capa adicional de complejidad y preocupación a esta situación.

Uno de los aspectos más controvertidos es la práctica de utilizar «contratación directa» para adjudicar contratos a proveedores específicos, lo que en muchos casos ha sido interpretado como un acuerdo clandestino entre funcionarios de la MML y ciertos contratistas. Esta modalidad, que debería ser utilizada en circunstancias excepcionales, ha sido denunciada como un vehículo para favorecer intereses particulares, socavando la integridad de los procesos de adquisición pública.

La presentación de esta denuncia penal subraya la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas dentro de la MML. Los ciudadanos de Lima tienen derecho a exigir que sus autoridades actúen con integridad y que los recursos públicos sean utilizados de manera responsable y eficiente.

La corrupción no solo perjudica la confianza en las instituciones públicas, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Las implicaciones de este escándalo podrían ser profundas, desde sanciones penales para los involucrados hasta una revisión completa de los procesos de contratación de la MML.

Benjamín Zevallos — SE EVIDENCIA ÓRDEN DE ANA MENDOZA CHIRICHIGNO, PERSONA INHABILITADA PARA CONTRATADAR Y GESTIONAR CON EL ESTADO

Una de las situaciones más inquietantes que refuerzan la denuncia penal en curso está relacionada con el posicionamiento de dos funcionarias: Giuliana Grisel Haggenmiler Gutiérrez y Karina Jeniffer Blaz Correa. Ambas, especialistas en logística, fueron reubicadas en la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental después de la llegada de Pablo Armando Paredes Ramos a su cargo. Anteriormente, estas funcionarias trabajaban en la Oficina de Logística.

El traslado de Haggenmiler y Blaz Correa a la nueva gerencia no parece ser una mera coincidencia. Según la denuncia, su colocación en estas posiciones estratégicas tenía como único propósito «elaborar y adecuar» requerimientos de servicios bajo la modalidad de «contratación directa». Esta práctica es cuestionable, dado que permite eludir los procedimientos de contratación más transparentes y competitivos.

Benjamin Zevallos — SE EVIDENCIA LOS MANDATOS DISPUESTO POR ANA MENDOZA, FUERON DE CONOCIMIENTO DEL GERENTE ENCARGADO DE LA GSCGA, PABLO ARMANDO PAREDES RAMOS

Los requerimientos que estas funcionarias preparan son luego enviados a través de correo electrónico o WhatsApp al personal logístico de las divisiones correspondientes. Este personal, a su vez, inserta los requerimientos en el Sistema de Gestión Documentario (SGD) de la MML. Posteriormente, deben obtener las firmas digitales de los jefes de división para continuar con el proceso.

Una vez que los requerimientos son firmados, son enviados a la Subgerencia de Servicios a la Ciudad, que los deriva a la Oficina de Logística. Aquí, la jefa de dicha oficina, María Carolina Salas Bermejo, junto a Liz Díaz Becerra, gestionan la suscripción y emisión de los contratos correspondientes, como órdenes de servicio u órdenes de compra.

La reciente encargatura de Pablo Armando Paredes Ramos ha desatado una serie de irregularidades que han llamado la atención de las autoridades y la ciudadanía. El 7 de junio de 2024, a las 7:00 a.m., Paredes citó a todo el personal de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, así como de las subgerencias de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, en la Base Setame, ubicada en el Rímac. El propósito de esta reunión era presentar públicamente a Ana del Carmen Mendoza Chirichigno como su «asesora de hecho», una figura que, según la denuncia, representa un conflicto significativo debido a su inhabilitación para ser contratada por el Estado.

Mendoza Chirichigno no solo está inhabilitada, sino que también tiene un historial complicado, con múltiples procesos penales en curso por corrupción de funcionarios. A pesar de estas serias restricciones, ha estado ejerciendo una influencia notable dentro de la MML, dando órdenes y directrices a los jefes de las divisiones de la Subgerencia de Servicios a la Ciudad.

El papel de Mendoza en esta estructura parece estar alineado con intereses particulares, ya que se alega que su objetivo es crear «necesidades» que justifiquen contrataciones con proveedores cercanos a su círculo de amistad. Esto plantea serias preocupaciones sobre la integridad del proceso de contratación pública y la posibilidad de corrupción dentro de la MML.

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Mi proveedor favorito

Por: Cristian Rebosio 2.06.2024

Fue candidato a una alcaldía con Renovación Popular, pero la derrota no evitó que obtenga generosos contratos con municipalidades bajo el control del partido de Rafael López Aliaga.

Los innumerables casos que de aprovechamiento por parte de presidentes, ministros, congresistas y hasta alcaldes que han colocado en puestos claves a sus amigos, familiares o militantes de sus agrupaciones políticas han sido, sin lugar a dudas, una de las principales razones por las que un gran sector de la población desarrolló una razonable desconfianza hacia la mayoría de partidos que han estado en el poder durante los últimos años.

Este clima de cuestionamientos y decepciones también creó que el contexto idóneo para que nuevos partidos puedan representar una renovación enarbolando la bandera contra esas prácticas. Renovación Popular fue uno de esos partidos y, con un discurso de guerra contra el sector progresista al que acusaba de llegar al poder para copar la instituciones y utilizar sus recursos contratando a sus aliados, logró el respaldo de un importante sector en diversos distritos de Lima.

Sin embargo, como ha ocurrido en tantas oportunidades, los partidos políticos pueden mostrar una cara distinta cuando están en el poder. Esto es lo que parece haber ocurrido con Renovación Popular, una agrupación política que parece tener sus propios caviares.

DE ALCALDE O LO QUE SEA

Para las elecciones del año 2022, William Ronald Salazar Mateo postuló al cargo de alcalde de Cieneguilla con Renovación Popular. El candidato de treinta y seis años quedó tercero y con una diferencia considerable con respecto al ganador de este proceso electoral. No obstante, el partido del alcalde de Lima no se olvidó de él al llegar al poder.

Antes de cumplir su primer mes como alcalde de Lima, Rafael López Aliaga ya había logrado que su excandidato a Cieneguilla consiga una orden de servicio por seis mil soles con la Municipalidad de Lima por el concepto de servicio de coordinación de proyectos.

Pero este no sería su único contrato con una municipalidad. Entre octubre y diciembre, Salazar Mateo facturó dieciocho mil soles por tres diferentes órdenes de servicio con la municipalidad del distrito de La Victoria, en donde el alcalde es Rubén Cano Altez y también forma parte de las filas de Renovación Popular.

El trabajo del excandidato a Cieneguilla también sería muy solicitado por la Municipalidad de Lince. Con tres órdenes de servicio correspondientes a los meses de abril, septiembre y noviembre del 2023 que representaron veinticinco mil soles en ingresos para William Ronald Salazar Mateo por trabajos de distinta índole, como la coordinación de eventos y el monitoreo de página web y redes sociales. Casualmente, el distrito de Lince se encuentra a cargo de la gestión de Malca Schnaiderman, quien también pertenece a Renovación Popular.

Con las órdenes de servicio de los municipios de Lima, Lince y La Victoria, William Salazar Mateo recibió cuarenta y nueve mil soles en 2023. Según el buscador de proveedores del Estado, las únicas órdenes de servicio a su nombre las ha conseguido con estos distritos que, coincidentemente, están bajo el mando del partido político que él integra.

UN PARTIDO FAMILIAR

Pero este no es el único integrante de la familia Salazar Mateo que ha conseguido trabajo con Renovación Popular. Tal como lo reveló Sudaca en el informe titulado El protegido de López Aliaga, Cristian Salazar Mateo, quien aparece en imágenes de redes sociales junto a William Salazar Mateo, ha conseguido ser designado como parte de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Lima y como miembro del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas pese al episodio de difamación en el que estuvo involucrado.

Aunque hasta la fecha el discurso de Renovación Popular intenta plantear una batalla en la que ellos son los únicos que pueden evitar que el sector progresista, a los que llaman caviares, se adueñe del Estado y regale puestos laborales a sus aliados, los hechos parecen demostrar que el partido de Rafael López Aliaga tiene sus propios caviares.

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El protegido de López Aliaga

Por: Cristian Rebosio 1.06.2024

El propio alcalde de Lima lo acusó de realizar publicaciones difamatorias, pero ha logrado dos designaciones durante la gestión del político de Renovación Popular.

Pocos podrán olvidar lo que se vivió durante la contienda por la alcaldía limeña a finales del 2022. La rivalidad entre Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, y Daniel Urresti, representante de Podemos, llevó a que ambos dejen de lado, en más de una oportunidad, la necesidad de propuestas para la capital y se centren en lanzarse adjetivos y hasta acusaciones muy serias.

Para López Aliaga, lo controversial no es un territorio desconocido. El líder del partido que anteriormente usaba el nombre de Solidaridad Nacional es conocido por su cercanía a grupos ultraconservadores y de extrema derecha y, por lo tanto, durante su carrera política, en varios momentos, ha sido acusado de realizar comentarios indolentes, machistas y discriminadores.

Sin embargo, durante su batalla con Urresti por el sillón municipal, el actual burgomaestre limeño se vio involucrado en un serio caso de difamación del cual se intentó defender culpando a un integrante de su equipo al que, posteriormente, ha premiado con dos designaciones tras su llegada a la Municipalidad de Lima.

LAVADA DE MANOS

Con las encuestas anticipando un mano a mano muy reñido entre López Aliaga y Urresti, cada declaración de los candidatos podía jugar un papel clave. No obstante, este panorama parecía haber llevado a que el candidato del partido celeste se valga de cualquier recurso para golpear la candidatura rival incluso si no tenía las pruebas para sustentarlos o si no estaba realmente convencido de las afirmaciones usadas.

En este intento de afectar al contrincante, en las redes de López Aliaga se acusó al exministro humalista de violación y del asesinato del periodista Hugo Bustíos y, si bien Urresti fue condenado a doce año de prisión por el asesinato de Bustíos, esto recién ocurrió en abril del 2023 y la acusación fue en el contexto de las elecciones que se realizaron en octubre del 2022.

Aunque se trataba de una acusación seria, el entonces candidato a la alcaldía parecía no tomarlo de esa manera y, por sus declaraciones posteriores, no mostraba tener un gran conocimiento del caso ni estar convencido de la acusación hecha contra Urresti. “El que se pica pierde. Parece una niña engreída, realmente. Eso no es de hombres”, respondía López Aliaga a los medios cuando le consultaban por las posibles acciones legales que tomaría Daniel Urresti en su contra.

El panorama cambiaría cuando Urresti Elera lo denunció por difamación agravada y el ya entonces alcalde electo se desligó de las acusaciones hechas. “No es un hecho realizado por mi persona”, indicó durante la audiencia. Cuando se le pregunta por el responsable de la publicación, Rafael López Aliaga señala que “el jefe de redes de la campaña es Cristian Salazar Mateo. La publicación la hace él”. Estas declaraciones quedaron registradas en el siguiente video que publicó el medio Infobae.

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PREMIO PARA EL ACUSADO

Tras haber realizado una publicación que, supuestamente, no contaba con la anuencia del líder del partido, más de uno se imaginaría que este jefe de redes perdería su puesto tras haberse visto involucrado en un caso de difamación. Sin embargo, la historia tomó un rumbo inesperado para Cristian Salazar Mateo.

El 5 de enero del 2023, a menos de una semana de la llegada de Rafael López Aliaga al palacio municipal, Cristian Jon Salazar Mateo fue designado como asesor de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Lima.

Pero aquí no terminarían las sorpresas para quien fuese el jefe de redes en la campaña del alcalde. El martes 21 de mayo del presente año, Salazar Mateo fue designado como miembro del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas en un comunicado firmado por Rafael López Aliaga.

Paradójicamente, mientras la gestión de López Aliaga pretende mostrar una postura implacable contra la difamación, la Municipalidad de Lima parece no haber tenido problema en darle un espacio a un personaje que, supuestamente sin el aval del entonces candidato, realizó una acusación sin pruebas.

Aunque el historial del ahora condenado Daniel Urresti está lejos de ser inmaculado, la manera en que Renovación Popular abordó este caso, sin estar convencidos de las acusaciones hechas, expone la poca rigurosidad de un grupo político que, desde el poder que le otorga el sillón municipal, hace referencia a la difamación ante cualquier informe crítico.

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Al filo del abismo: Innova Ambiental con un pie fuera de Lima

Por: Benjamin Zevallos Jaramillo 31.03.2024

Este lunes 01 de abril se debe adjudicar la buena pro del alquiler de vehículos de limpieza para Lima. Innova Ambiental cuenta con muy pocos recursos a favor y se tienta con una posible salida de la capital. Esto se suma a los tantos problemas que sigue golpeando a la concesionaria que ha hecho lo imposible por aferrarse a la MUNILIMA.

Bajo el antiguo esquema, operado por Innova Ambiental, la ciudad desembolsaba 63 soles por cada tonelada de residuos, desglosados en 55 soles para el uso de la planta de transferencia y 8 soles para la disposición final de la basura en el sitio de Portillo Grande, un lugar que, pese a su uso frecuente, carece de las licencias y certificaciones necesarias para operar como relleno sanitario, funcionando más bien como un botadero informal. Este proceso requería un recorrido de 62 kilómetros para completar la disposición de los residuos generados por la metrópoli.

Contrastando radicalmente con esta práctica, el nuevo planteamiento propuesto y adoptado por la Municipalidad de Lima logra reducir la distancia a tan solo 29 kilómetros y el costo a 16 soles por tonelada, sin necesidad de recurrir a una planta de transferencia. Este cambio no solo representa una notable mejora logística sino también un ahorro sustancial de 47 soles por cada tonelada de residuos gestionados. Dado que Lima genera aproximadamente 650 toneladas de basura diariamente, el ahorro proyectado asciende a 11 millones de soles anuales.

El núcleo de esta transformación radica en la contratación de un relleno sanitario debidamente certificado y con todas las licencias requeridas, que cumple con la normativa ambiental vigente. Este cambio no solo optimiza los recursos financieros de la ciudad, sino que también aborda las preocupaciones ambientales y de salud pública asociadas con la disposición inadecuada de residuos.

Esta iniciativa de la Municipalidad de Lima es un paso significativo hacia un manejo más eficiente y sostenible de los residuos sólidos, lo que demuestra un compromiso con la mejora continua de los servicios urbanos y con la protección del medio ambiente. Con esta medida, la ciudad no solo espera ahorrar millones de soles al año sino también minimizar su huella ambiental, marcando un precedente importante en la gestión de residuos en el Perú.

¿Qué está pasando ahora?

Se está mencionando que la administración del alcalde López Aliaga pagará el doble por el manejo de residuos sólidos al optar por un relleno privado, a pesar de contar con dos rellenos propios y operativos que podrían cubrir las necesidades de la ciudad. Sin embargo, esta afirmación es falsa, ya que la implementación de un nuevo sistema de gestión de residuos sólidos ha generado un ahorro significativo para la ciudad, reduciendo el costo de disposición de residuos de 63 a 16 soles por tonelada.

Además, se menciona que la Municipalidad de Lima realizó un proceso de adjudicación directa en dos días, sin concurso público y por tres años, para la disposición final de residuos sólidos en un relleno privado, a pesar de que los rellenos de la comuna ofrecen un costo significativamente menor por la misma operación. Sin embargo, el proceso de adjudicación se llevó a cabo en cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y contó con un Comité de Selección independiente.

Por otro lado, no se puede afirmar que la clausura temporal del relleno sanitario El Zapallal se debió a un supuesto mal manejo de residuos sólidos por parte de la empresa Innova Ambiental. En realidad, la decisión se tomó debido a la falta de cumplimiento de normativas ambientales y a la necesidad de utilizar un relleno sanitario certificado que cumpla con la normativa vigente. (PAMA y certificaciones del MINSA, DIGESA y MINAM)

Al cierre de este informe, estaremos atentos al pronunciamiento de la Municipalidad de Lima sobre esta buena pro de vehículos de limpieza que tiene que dar una respuesta clara a los vecinos sobre esta gran problemática que viene perjudicando la salud y sostenibilidad de la comunidad. Problemas que se vienen generando desde las adendas que dieron una vida duradera a Innova Ambiental en la capital, así como también, con el relleno sanitario de “El Zapallal” que generó tantas discusiones y divisiones en Lomas de Carabayllo.

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