Edmundo del Aguila

**Nota de edición: en una primera versión de este informe se dijo que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y la hoy encarcelada María Nina figuraban en las listas de Julio Chávez y Edmundo Del Águila, respectivamente. Los datos consignados fueron erróneos. Lo correcto es lo siguiente: ambas postulan independientemente a otros cargos internos en listas cuyas cabezas dieron apoyo político a Chávez y Del Águila. Ello, sin embargo, no las convierte en parte oficial de las fórmulas de dichos candidatos a secretarios generales. Pedimos disculpas a nuestros lectores.

Julio Chávez Chiong, el alcalde de San Martín de Porres, es uno de los favoritos para ser secretario general nacional de Acción Popular, el partido que hoy preside la Mesa Directiva del Congreso y del cual es militante desde 2004. En las próximas elecciones internas, sin embargo, su candidatura es cuestionada debido a recientes acusaciones de prácticas clientelistas.

La primera fue en 2019, cuando su esposa, la excongresista Leslye Lazo, postulaba como precandidata al Congreso en las elecciones complementarias del 2020. Con 427 votos, fue la segunda más votada en las internas de la lampa.

La cifra llamó la atención de algunos militantes, puesto que era la primera vez que la desconocida Lazo postulaba. Ricardo Torres, accionpopulista desde hace más de 15 años, le encuentra la siguiente explicación: “Tú vas a la municipalidad y vas a encontrar a muchos militantes laborando. Obviamente, cuando hay elecciones internas, él [Julio Chávez] dice ‘voten por mi esposa’. Por ello [Leslye Lazo] tuvo muy buenos resultados”.

Solo entre gerentes y subgerentes de la municipalidad de SMP -puestos de confianza designados por el alcalde-, hay actualmente 11 militantes de AP.

La maquinaria de la lampa en el municipio quedó en evidencia cuando los vecinos de San Martín de Porres denunciaron en redes sociales que una trabajadora de la comuna atendía en la mesa de partes con un polo del partido. Una fuente de alto nivel en la municipalidad confirmó a este medio la veracidad de la acusación. Esa ya era la época en que Leslye Lazo, esposa del alcalde, se postulaba como congresista de la República, cargo que finalmente asumió. Y está prohibido porque vulnera la neutralidad electoral. 

Incluso se creó el grupo de WhatsApp llamado “Santander grupo 5” para coordinar la campaña de la excongresista, según documentos presentados el 23 de enero de 2020 ante el Jurado Electoral Especial (JEE) por el Frente Nacional de Lucha Contra La Corrupción, una asociación de vecinos de SMP. “Les recuerdo amigos, debemos concientizarnos que estamos en etapa de campaña”, se puede leer -por ejemplo- en un mensaje enviado el 13 de octubre de 2019, días previos a las elecciones internas del partido.

En el grupo, según pudo corroborar Sudaca, estaban César Terrones Rojas, funcionario en una oficina de la municipalidad llamada Agencia de la Zona Comercial e Industrial, y Joseph Arriaga Castañeda, asistente de seguridad de la comuna.

Julio Chávez señala que ningún funcionario del municipio hace campañas proselitistas en horario de trabajo, pero “lo que hagan las personas en su tiempo libre es parte de su derecho de participar en política”. Asegura, además, que el JEE nunca le notificó sobre ninguna denuncia, “seguro porque las vio tan absurdas”. Lo cierto es que, a pesar de los chats y las fotos, esta fue archivada por el organismo electoral.

La que sí está abierta es una investigación fiscal contra el alcalde. El 28 de mayo del año pasado, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía y la fiscalía anticorrupción de Lima Norte allanaron la Municipalidad de San Martín de Porres por presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de las canastas de víveres, las cuales debían destinarse a las familias de escasos recursos del distrito.

Las intervención se dio a raíz de la denuncia de Jorge Maturrano Infantas, presidente del ya mencionado Frente Nacional de Lucha Contra La Corrupción. ¿Los motivos? Una presunta sobrevaloración en los precios de los víveres y que las canastas no habrían llegado a todos sus destinatarios.

Julio Chávez dice que aquella intervención fue parte de un show mediático y trae a colación al caído en desgracia Martín Vizcarra: “Siguiendo una consigna de persecución política del vizcarrismo. Lo único que hicieron fue ir a hacer un show mediático […] para distraer la atención de la opinión”.

Chávez echó mano del procurador de la municipalidad, Oscar Siuce Contreras, para salir del apuro. Siuce pidió ese año al Poder Judicial que se declare nulo aquel allanamiento y acusó al fiscal encargado, Marco Antonio Carrasco Campos, de actuar de manera arbitraria. Pero su pedido no prosperó. El caso se sigue investigando en el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte.

Siuce Contreras es, cómo no, militante de AP desde el 2005. En estos últimos comicios nacionales -donde Leslye Lazo fue elegida, esta vez como Parlamentaria Andina-, el procurador aspiró a ocupar una curul en el Congreso por Lima Metropolitana con el N°3. No tuvo la misma suerte que su correligionaria. 

Jorge Quintana, quien apoya abiertamente la campaña del Julio Chávez, lleva entre su lista a Leslye Lazo (esposa de Chávez) y Oscar Siuce (procurador del municipio donde Chávez es alcalde).

Siuce sigue siendo procurador en la comuna y es parte de la Lista N°1 al Comité Ejecutivo Metropolitano de Lima, que lidera el exalcalde de Jesús María, Jorge Quintana. En la misma lista figura Leslye Lazo, para la vicepresidencia general y la actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para el cargo de secretaria de coordinación. Quintana ha brindado su apoyo a la candidatura nacional de Chávez Chiong, aunque pesa sobre él una tacha de parte del Comité Electoral de su propio partido.

 

EDMUNDO DEL ÁGUILA MOROTE

El otro favorito es Edmundo del Águila Morote. Militante con 60 años en el partido, anteriormente ya ocupó ese cargo. El 2019, Del Águila ya postulaba a la secretaría nacional en un proceso que luego fue evacuado por la crisis política que se desató con el cierre del Congreso. Una de las promotoras de su campaña fue la alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Nina Garnica, quien hace menos de un mes fue detenida junto a su pareja. La fiscalía los sindica como líderes de la organización criminal ‘Los elegantes de San Jhon’.

Ese 2019, Nina realizó un viaje a Ica junto a Del Águila Morote. “Nosotros los alcaldes tenemos una gran responsabilidad y es enarbolar esa honestidad y ese trabajo que Fernando Belaúnde Terry nos enseñó. Hoy, en aras de unas siguientes elecciones, estamos acompañando al ingeniero Edmundo del Águila en esta tarea de unidad […] por eso nos hemos sumado a esta candidatura”, dijo la alcaldesa ante la prensa local.

En la investigación fiscal que enfrentan Nina y su pareja -que hoy pasan sus días en prisión preventiva-, se señala que la alcaldesa usó recursos del municipio para apoyar a postulantes al Congreso y precandidatos a la presidencia en las elecciones internas de AP, en noviembre del 2020. Uno de ellos fue Edmundo del Águila Herrera, hijo del ahora postulante a secretario nacional.

Según el expediente fiscal, Nina habría colocado el rostro de Del Águila hijo en la cuponera de los tributos municipales del 2020. En su momento, el aludido negó cualquier irregularidad, pero admitió que recibió apoyo de los militantes de ese distrito. “Efectivamente, ella me apoyó, al igual que muchos otros alcaldes y correligionarios. No se olvide que en las elecciones internas lo que uno trata es buscar el apoyo del mayor número de militantes. Lamentablemente yo perdí las elecciones”, respondió.

Similar apoyo habrían recibido el excongresista por la región San Martín Rolando Ruiz Pinedo y el propio Walter Huamán, esposo de la alcaldesa, quien tentó una curul en las pasadas elecciones. Este último no tuvo mejor idea que entregar a varios trabajadores municipales paquetes de volantes sobre la limpieza de las calles junto con una ficha de inscripción a Acción Popular para ganar seguidores, de acuerdo a información fiscal.

Consultado al respecto, Del Águila Morote no quiso dar ninguna respuesta sobre su vínculo con la alcaldesa. “No voy a opinar porque estoy en pleno proceso electoral y mi campaña es en búsqueda de la unidad, entonces no voy a decir nada que atente contra mi propia política de unidad en el partido”, respondió.

El alcalde de Magdalena, Carlomagno Chacón, ha apoyado abiertamente la candidatura de Edmundo del Águila.

Nina Garnica figura en la lista N°2 al Comité Ejecutivo Metropolitano de Lima. Postula al cargo de secretaria de cooperación popular. Encabeza esta lista Carlomagno Chacón, que a la luz de las fotografías que ha compartido en redes sociales, ha manifestado su apoyo a la candidatura nacional de Del Águila Morote. 

Las elecciones en el partido de la lampa se llevarán a cabo el 25 de septiembre. Además de Chávez y Del Águila, también postulan -aunque con menor expectativa- José Ventosilla Ñáñez, militante desde 2009, y Rafael Vásquez Neyra, anterior secretario nacional durante 2015-2016. Las bases clientelares, como ya parece costumbre en Acción Popular, podrían jugar un papel decisivo.

 

*Fotoportada: Darlen Leonardo / Foto: La República

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Acción Popular, Edmundo del Aguila, Julio Chávez

María Cristina Nina Garnica es alcaldesa de San Juan de Miraflores desde enero del 2019. Llegó al cargo de la mano de Acción Popular y todavía está registrada como militante de ese partido. El 29 de noviembre del año pasado se encontró en el Instituto Gilda Ballivian Rosado con agentes de seguridad y otros funcionarios de la municipalidad de su distrito. La reunión fue clave para la fiscalía anticorrupción. 

De acuerdo a una investigación fiscal, allí se acordó que los funcionarios municipales participaran activamente en las elecciones internas de Acción Popular, que se llevaban a cabo ese día. El objetivo era elegir la lista presidencial y a los candidatos al Congreso que representarían al partido de Nina Garnica en las elecciones generales de abril pasado.

La orden de la alcaldesa habría sido apoyar las precandidaturas de Edmundo del Águila Herrera, quien se postuló para ser el candidato presidencial, y de la docente Melissa Bottger Alor, quien acababa de dejar el cargo de subgerente de la Mujer, Salud y Poblaciones Vulnerables de este municipio y pretendía postular al Congreso.

Además, gracias a escuchas autorizadas por el Poder Judicial, la fiscalía conoció que “en el desarrollo de las elecciones congresales del 26 de enero de 2020, la presunta organización liderada por la alcaldesa apoyó a su partido político Acción Popular con personeros y secretarios, […] encargándoles labores ajenas a su función y en horario de trabajo”. Servidores públicos pagados con los impuestos de los contribuyentes al servicio de un partido político. 

El último viernes la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios detuvo a ocho funcionarios de la municipalidad de San Juan de Miraflores. Los acusa de usar recursos del municipio para fines de partido, además de cobro de cupos a empresas y amenazas a quienes se les ponían al frente. Los investigadores han bautizado a esta presunta organización criminal como “Los elegantes de San Jhon”.

Según la resolución judicial que ordena las detenciones -la cual Sudaca revisó en detalle-, esta organización nació el primero de enero de 2019, apenas María Cristina Nina Garnica se sentó en el sillón municipal. Lo peor: no es el primer caso dentro de un partido en el que el clientelismo descarado ya parece una práctica sistemática. En marzo, este medio reveló las sospechosas movidas al interior de la Municipalidad de Ate del correligionario José Arriola, entonces candidato y hoy flamante congresista de la República por la lampa.

La alcaldesa de SJM María Nina y su pareja Walter Huamán liderarían la presunta organización criminal «Los elegantes de San Jhon».

Redes clientelares

María Nina es sindicada como la principal cabecilla de la organización junto a su pareja Walter Huamán Hidalgo, también militante accionpopulista. De acuerdo a la hipótesis fiscal, “Los elegantes de San Jhon” habrían usado dinero del Estado para apoyar a postulantes al Congreso y a la presidencia en las elecciones internas de noviembre del 2020.

Tanto Nina como Huamán son cercanos a Edmundo del Águila. Esto le habría valido al entonces precandidato para que el subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial de la comuna, Alex Guardia Bayona, ordenase colocar su foto a colores junto a la alcaldesa en la cuponera de los tributos municipales del 2020. Para ello, se efectuaron “gastos de diseño, papel e impresión” con dinero público, apunta la resolución judicial.

Consultado por Sudaca, Del Águila confirmó que conoce a la alcaldesa de SJM y que recibió apoyo de los militantes de ese distrito. “Efectivamente, ella me apoyó, al igual que muchos otros alcaldes y correligionarios. No se olvide que en las elecciones internas lo que uno trata es buscar el apoyo del mayor número de militantes. Lamentablemente yo perdí las elecciones”, responde.

Sobre las cuponeras con su foto, asegura que “no tenía idea de su existencia” pero que es una asociación “un poco rara porque las cuponeras se emiten en enero y las elecciones fueron en noviembre”. 

Según la resolución de la fiscalía, se habría usado dinero de la municipalidad para apoyar candidaturas de accionpopulistas como Edmundo del Águila.

Situación similar habría ocurrido con el excongresista por la región San Martín Rolando Ruiz Pinedo. La hipótesis de la fiscalía es que, con el fin de apoyar su campaña para llegar al Parlamento del 2020, la alcaldesa María Nina le dio un puesto de trabajo a su hija, Diana Angie Ruiz Mesia, como subgerente de Imagen Institucional y Protocolo de San Juan de Miraflores en el 2019.

Para estrechar aún más los lazos, señala la documentación judicial, Ruiz Mesia se alojó en la casa de María Nina a cambio de que Walter Huamán, el esposo de la alcaldesa, fuese contratado como asesor técnico del congresista, cargo que ocupó hasta el último momento. Todo habría quedado entre correligionarios y familiares.

Estos no son los únicos casos. Walter Huamán tentaba una curul en las pasadas elecciones. De acuerdo a la resolución judicial, no tuvo mejor idea que entregar a varios trabajadores municipales paquetes de 200 volantes sobre la limpieza de las calles junto con una ficha de inscripción a Acción Popular para ganar seguidores. Su estrategia, a la luz de los resultados del 11 de abril, no funcionó.

Huamán tenía injerencia en las decisiones que se tomaban en la municipalidad, a pesar de no tener oficialmente ningún cargo. Su única autoridad era ser pareja de Nina, la única mujer que logró una alcaldía en Lima en las últimas elecciones municipales. 

“Walter Huamán junto a la alcaldesa tenían el control sobre todos los funcionarios que designaron al punto que Huamán monitoreaba todo lo que ocurría en la municipalidad, lo que significaba que nadie podía hacer lo contrario a lo que disponía”, sostiene un testigo protegido, citado en la resolución judicial.

El control del esposo de la alcaldesa era tal que los mismos exfuncionarios de la municipalidad denunciaron a través de redes sociales no soportar “las intromisiones en el ejercicio de sus funciones y el manejo de los cargos por parte del cabecilla Walter Huamán”. Algunos ejemplos de estas intromisiones los veremos más adelante.

 

Cobro de cupos

“Los elegantes de San Jhon” no solo habrían aprovechado su poder para apoyar a los candidatos de su partido, sino que también solicitaba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito. Lo recolectado iba a parar a la “bolsa de dinero en favor de la alcaldesa”, de acuerdo a una denuncia hecha por propietarios hoteleros a los que les clausuraron sus negocios por negarse a seguir pagando.

Las escuchas legales permitieron determinar que a aquellos que pagaban los cupos no los clausuraban y los dejaban trabajar tranquilos. «Ya está pagao [sic] y no lo clausuren», se le escucha decir a Carlo Lopez San Martín, exsubgerente de Fiscalización, en un audio transcrito en la resolución judicial. López hacía referencia a un centro comercial del distrito.

La presunta organización criminal cobraba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito para la bolsa de dinero en favor de la alcaldesa María Nina.

Los centros de salud también estaban en la mira de los funcionarios, en medio de la pandemia. La fiscalía descubrió que no se clausuró el Policlínico San Juan de Miraflores a cambio de una dádiva por parte de una trabajadora, pese a que dicho centro había sido denunciado por ofrecer falsos resultados negativos de pruebas Covid-19.

En tanto Huamán, el proactivo esposo de Nina, ordenó no intervenir la empresa informal de mototaxis Danny S.A.C., cuyo dueño había estado en la cárcel y con quien él habría acordado protección a la burgomaestre. 

Pero otros familiares también estaban metidos hasta el cuello en esta trama. La investigación determinó que la cuñada de la alcaldesa, la señora Gina Jesussa Martinez Gutierrez, tramitaba licencias de funcionamiento para distintos establecimientos comerciales a cambio de sumas de dinero. Sin ser funcionaria y con la venia de María Nina.

Por último, la fiscalía halló que se hicieron compras sobrevaloradas de drones e insumos para vehículos municipales. Además, hubo direccionamientos para contratar con empresas “amigas” que tenían el mismo propietario, que incluso compartían un mismo domicilio o que no se dedicaban al rubro requerido. Asimismo, se habría realizado la adquisición ficticia de botas por S/62.820 y se habrían ejecutado órdenes de servicios fantasmas por montos mayores de S/60,000. Esto podría ser apenas la punta del iceberg de las compras estatales en el distrito.

 

“GUERRA AVISADA NO MATA GENTE”

Con el propósito de mantener su poder, la alcaldesa y su pareja no dudaban en apartar a todo aquel que los estorbase. Es el caso del regidor Daniel Castro Segura, opositor de la gestión, a quien intentaron vacar de su puesto.

La resolución judicial sostiene que María Nina, a través de un tercero, captó a Estelita Gutarra Romero, miembro de la Directiva del comedor popular del Asentamiento Humano Nadine Heredia, para que presente un pedido de vacancia contra el regidor Castro. En dicho proceso, la propia alcaldesa votó a favor de la vacancia junto a los regidores que siempre la apoyaban. Sin embargo, el pedido no prosperó.

Esto no fue lo único a lo que tuvo que enfrentarse el regidor. Un grupo de “inteligencia” de la organización criminal le hizo seguimiento, captándolo en escenas amorosas con la regidora Vanessa Cuadros Aquije, fotografías que luego fueron publicadas en la página de Facebook “San Juan New”, donde usualmente se ataca a los opositores de la gestión municipal.

Ni la familia se salvó del amedrentamiento. De acuerdo a la fiscalía, los presuntos actos de corrupción de “Los elegantes de San Jhon” eran de conocimiento del primo de la alcaldesa, Antony Herrera Garnica. Y eso era un peligro. Con la finalidad de quitarle su celular -en donde tendría las evidencias que los comprometían-, los cabecillas de esta organización contrataron, con dinero de la municipalidad, a un grupo de policías para que lo detengan por encontrarse requisitoriado.

Otra forma de mantener a raya a los trabajadores para que no los denuncien, era a través del grupo de WhatsApp “SGFSA-EQUIPO”, cuyas siglas la fiscalía asocia a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas. El grupo era administrado por el entonces subgerente Carlos López Martín. En este se enviaban mensajes con órdenes y amenazas al personal de dicha área “para que no filtren información de actos presuntamente ilícitos”. En uno de esos mensajes, López les recordaba a los empleados que estaban sujetos a contratos CAS y terminaba con la siguiente frase: “Guerra avisada, no mata gente”.

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Acción Popular, Edmundo del Aguila, Fiscalía, San Juan de Miraflores