Como resultado de lo anterior, no se cierran importantes brechas de servicios públicos básicos. Por ejemplo, según el Índice Regional de Gestión Pública Regional 2022 (IRGP 2022) que mide indicadores clave en términos de conectividad, salud, educación e instituciones, reveló que solo dos (Arequipa y Junín) de las 25 regiones analizadas mejoraron en todos estos indicadores entre 2019 y 2021. Esto genera el descontento de la ciudadanía, reflejado en la desaprobación de la gestión de las autoridades. Así, según INEI[5], entre abril y setiembre de 2022, siete de cada 10 personas calificaron la gestión de su gobierno regional y de sus municipalidades como mala o muy mala. Este descontento constituye un insumo que genera un clima de mayor tensión. Solo en enero de 2023, la Defensoría del Pueblo[6] registró 219 conflictos sociales y 1.261 acciones colectivas de protesta a nivel nacional. Esta última cifra es alarmante pues corresponde al máximo histórico de las acciones colectivas de protesta desde que se tiene registro de la variable (2008).
En vista de lo anterior, nos enfrentamos a un desafío fundamental: atraer el mejor talento al sector público y mantenerlos con incentivos. Al respecto, una de las propuestas del Consejo Privado de Competitividad (CPC) consiste en garantizar equipos de trabajo de alto nivel en las unidades ejecutoras de los proyectos, con especial atención en aquellas que ejecutan proyectos priorizados que contribuyen al cierre amplio de brechas, por ejemplo, en el marco del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC). Ello pasa por contratar directivos y servidores públicos en puestos clave mediante mecanismos planteados en la Ley del Servicio Civil (concurso abierto de selección, nombramiento por tres años renovables, evaluación, remuneraciones competitivas, entre otros), aun cuando las entidades no hayan iniciado o culminado el proceso de implementación de dicha ley. Esta medida permitirá contar con los mejores talentos y asegurar su permanencia para la ejecución de los proyectos y políticas en beneficio de la población.
[5] INEI (2023). Perú: Percepción ciudadana sobre gobernabilidad, democracia y confianza en las instituciones – semestre móvil abril-setiembre 2022. Instituto Nacional de Estadística e Informática.
[6] Defensoría del Pueblo (2023). Reporte de conflictos sociales N° 227 – Enero 2023. Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad.
