Presidente del Perú

Hace algunos años se hizo una encuesta en EE.UU. que preguntaba a los ciudadanos si preferirían ser presidentes o pasar cuatro años en la cárcel. La mayoría eligió la cárcel. Los estadounidenses parecen reconocer que ser presidente es un trabajo difícil. 

Estoy de acuerdo en que el trabajo de presidente implica una gran cantidad de estrés, poca apreciación por parte de la ciudadanía, alta probabilidad de juicios y una exigencia continua durante el mandato. Aun así me sorprendió el resultado de la encuesta.

Sin duda es un trabajo difícil y demanda gran responsabilidad, finalmente se trata de manejar los asuntos públicos de una nación, lo cuál incluye manejar un presupuesto muy grande, así como tomar todo tipo de decisiones complicadas en temas diplomáticos, militares, sociales, económicos, culturales, ambientales, empresariales, etc.

La compensación económica que recibe un profesional en una organización ya sea empresarial, académica, científica o de otro tipo, suele ser directamente proporcional a la responsabilidad del cargo que asume, el cuál puede ser medido por el tamaño del presupuesto que maneja, el tamaño de equipo que supervisa y las implicancias de las decisiones que toma. 

Otros factores que afectan la compensación son la oferta y demanda de profesionales con similar experiencia y capacidad así como la compensación que reciben posiciones similares en la misma industria. 

El presidente de Singapur tiene el sueldo más alto del mundo con aproximadamente un millón doscientos mil dólares anuales. El siguiente es el presidente de EE.UU. con cuatrocientos mil dólares anuales seguido del primer ministro de Canadá con doscientos sesenta mil dólares y el canciller de Alemania con doscientos treinta mil dólares anuales aproximadamente.

Creo que dice mucho que Singapur, quizás el país mejor administrado del mundo (que pasó de un PBI per cápita de cuatrocientos dólares en 1965 a sesenta mil dólares en el 2020), sea el que más pague a su presidente. 

Mientras tanto, el presidente del Perú actualmente gana quince mil quinientos soles mensuales, lo que equivale a ciento ochenta y seis mil soles anuales o aproximadamente cuarenta y seis mil dólares anuales.

Algunos entendidos aseguran que el gerente general del BCP tiene una compensación anual de varios millones de dólares. Los ingresos del BCP son de alrededor de quince mil millones de soles anuales mientras que el presupuesto general de la república del Perú en el 2021 fue de ciento ochenta y tres mil millones de soles, o sea más de diez veces mayor. 

Esta comparación nos permite observar que el sueldo del presidente del Perú es bastante bajo para el nivel de responsabilidad y presupuesto que maneja. 

Si como presidente vas a estar mal pagado para la responsabilidad que asumes, vas a tener un tremendo estrés por cinco años, vas a correr el riesgo de irte a la cárcel y que te persigan cincuenta juicios después de tu mandato pero, por otro lado, vas a manejar un presupuesto gigantesco y va a estar a tu disposición emplear a la gente que tu elijas. ¿Qué tipo de personas atrae una propuesta profesional de este tipo? 

El resultado es que los candidatos que se presentan al puesto son personas que tienen poco que perder, bajas calificaciones y que pueden estar más interesadas en beneficiarse del manejo de un presupuesto tan elevado y de decisiones cruciales para diversos sectores empresariales.

Una compensación más elevada permitiría atraer a personas con mucho mayor experiencia y capacidad a las cuales ni se les ocurre postular a la presidencia por ser una fórmula tan poco atractiva para una persona honesta.

Normalmente en altos cargos empresariales la compensación suele estar compuesta por una parte fija y otra variable relacionada a la performance del profesional y/o de la empresa u organización. Esta estructura permite que el profesional tenga un incentivo para esforzarse y asegurarse que su performance le permita obtener la bonificación ofrecida y/o que la empresa logre los objetivos de rentabilidad planificados.

Todos sabemos que si un profesional sabe que va a recibir el mismo sueldo sea que se esfuerce o no, en la mayoría de los casos el resultado es que el profesional no se esforzara más de lo estrictamente necesario.

La compensación del presidente podría tener bonificaciones anuales relacionadas con la mejora de la calidad de los servicios públicos, de la ejecución presupuestal y de otros indicadores de manera que pueda recibir un bono anual en función de la buena performance de su gobierno.

Los ofrecimientos populistas de reducir el sueldo al presidente y a los puestos de responsabilidad en el gobierno, incluidos congresistas, lo único que logran es reducir el nivel profesional y moral de las personas más relevantes para el buen gobierno del país.

Propongo incrementar sustancialmente la compensación del presidente de la república de manera que su sueldo se acerque al de posiciones de responsabilidad con similar complejidad en el sector privado así como estructurar bonificaciones por cumplimiento de objetivos de gobierno que sean cuantificables y relevantes.

 

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Normalmente, las redacciones periodísticas y columnas de opinión, suelen incluir en sus balances de fin de año, la elección de un ciudadano o ciudadana que simboliza lo mejor de esos 365 días y, en esa medida, es elegido como el o la personaje central del periodo mencionado.

Es muy difícil hacerlo en esta oportunidad. Lo normal hubiese sido que, estrenado un nuevo gobierno a mitad de año, el personaje de marras hubiese sido el elegido Presidente de la República, Pedro Castillo. Pero es tal la cantidad de entuertos, gazapos, estropicios y cuchipandas que este señor ha desplegado desde el poder, que su elección, más bien, es negativa. Es el antipersonaje del año. El símbolo perfecto de aquello que nunca debió ocurrir en el año que está a punto de culminar.

Ya sabíamos que era un personaje precario, poco preparado, sin experiencia administrativa alguna, cargado de prejuicios ideológicos radicales -la peor combinación de todas las habidas y por haber-, pero, a la vez, pensábamos, ingenuamente, que la capacidad influyente del ejercicio del poder iba a permitir que el sujeto de marras se imbuyese de la gravedad presidencial, que tuviera un upgrade personal-político, que le permitiera aprender rápidamente, en curso acelerado, cómo administrar el poder palaciego.

Nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, el poder parece haber tenido el efecto perverso de hacerle creer al señor Castillo, que goza de absoluta impunidad. La circulina lo ha mareado. Así, cree que sucesos como los de Sarratea son normales y por eso no da, siquiera, explicaciones a la opinión pública de los estropicios que allí se han perpetrado (por cierto, no solo en Breña, también en Palacio, como ha sido revelado periodísticamente).

Pedro Castillo ha devaluado la investidura presidencial a niveles pocas veces vistos en nuestra República, y eso que hemos tenido personajes impresentables o demenciales ocupando Palacio. No ha sido capaz de armar gabinetes viables, no responde a la prensa, protagoniza conflictos de interés y negociaciones ilícitas sin empacho ni rubor, no toma las riendas del Estado para evitar el colapso minero, ni siquiera conduce -como fue revelado- los mediocres gabinetes ministeriales que ha armado, reacciona con sorprendente y punible lentitud ante los sucesivos escándalos que explotan casi a diario, en suma, un desastre mayúsculo. Es lo peor que nos ha pasado este atribulado año.

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Eduardo Pachas, abogado del Pdte. Castillo, aseguró que en todo momento se le dio facilidades al equipo de fiscales para ingresar a los ambientes de Palacio de Gobierno que necesitaban, pero que el inconveniente surgió cuando quisieron interrogar a los edecanes sin seguir el debido proceso. Además denunció que el fiscal adjunto, Luis Medina, intentó acusarlo de robar piezas del expediente y amenazó con detenerlo.

La defensa del mandatario, también aceptó que Castillo sí se reunió con Karelim López, Samir Abudayeh y el representante de PetroPerú; pero en momentos distintos; y lamentó que haya personas con sesgo político que entran a Palacio con intenciones vacadoras.

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Si se confirma el retorno de Castillo al redil de Cerrón y, por ende, el resurgimiento infeliz de la idea de plantear una Asamblea Constituyente, las cifras económicas van a ser aún peores, corroborando así que estos cinco años -si eso es lo que dura Castillo en el poder- serán años perdidos y que el país se alejará del desarrollo y del crecimiento.

El 76% de peruanos no invertiría en el país, si acaso fuera inversionista, mientras las condiciones políticas y jurídicas no estén claras, señala la última encuesta de Ipsos. El presidente Castillo se podrá desgañitar invitando al empresario a invertir, pero es tal la desconfianza que ello no ocurrirá y veremos cómo se desploma la inversión privada -principal sostén de la economía-, cae el crecimiento del PBI, disminuye el empleo formal y aumenta la pobreza.

Es un desastre, por donde se le mire. Una tragedia si se toma en cuenta que el mundo global se asomaba propicio para un boom de inversiones al estilo de lo sucedido en el segundo gobierno de Alan García, donde -hay que reconocerlo- hubo un crecimiento producto de los mayores precios de los minerales, pero también una estrategia gubernativa de impulso a los empresarios privados para que inviertan.

Las cifras de reducción de la pobreza, que con tanto éxito se habían alcanzado en los últimos años, a pesar de la corrupción y mediocridad de los gobernantes, tan solo por mantener el modelo de sensatez macroeconómica, se irán por la borda, constituyéndose un lustro dilapidado para la economía nacional.

La única manera de que un gobierno de izquierdas, como el que conforma la coalición gobernante, desande el camino del desastre es que anuncie, más temprano que tarde, el abandono de la tesis de la Constituyente y, no bastando ello, que amplíe su alianza de gobierno e incluya voces de centro o, inclusive, de derecha en su equipo ministerial.

Es audaz y requiere enérgica voluntad política, dos características que escapan al perfil de un sindicalista básico, como es el presidente Castillo, pero ello no es óbice para plantearlo, porque es lo que el Perú requeriría para, al menos, salvarnos del colapso que supondrá la marcha de este régimen.

La gestión de Castillo dejará en herencia, de no enmendar rumbos rápidamente, destrucción de la poca institucionalidad estatal que existía, colapso económico, crisis política y convulsión social.

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La supina irresponsabilidad política del presidente Castillo, ciego ante las amenazas de vacancia y sin reacción rápida e inteligente frente a las denuncias que lo rozan, hace que cave su propia tumba política con un esmero que ni su más acerado opositor logra desplegar.

No parece que en esta ocasión vaya a prosperar el proceso de vacancia iniciado por la congresista Patricia Chirinos. En el mejor de los casos, lograrán los votos suficientes para obligar al Presidente (sería doblemente lamentable que el propio Castillo no acuda a dar respuesta a las interrogantes legislativas) a asistir al Congreso.

Pero el próximo año, cuando se desate la tormenta perfecta de crisis: sanitaria (tercera ola), económica (con tasas de crecimiento insuficientes), política (con un gobierno que bordeará el dígito de aprobación) y social (por los conflictos desatados, muchos de ellos por sobreexpectativas respecto de un gobierno fallido), y cuando se avecinen las elecciones municipales y regionales (que harán que los partidos de centro que hoy sostienen al régimen, se alejen por conveniencia electoral), el destino político del Presidente parece escrito en piedra.

Lo más probable es que el 2022 Castillo salga de Palacio, haga lo propio Dina Boluarte (tendría que mostrar una inteligencia política superlativa para sobrevivir a la vorágine vacadora), y quien ocupe entonces la Presidencia del Congreso asumirá y convocará elecciones adelantadas.

La gran pregunta que surge entonces es si la derecha estará en capacidad de ofrecer alternativas potables de recambio, que no hagan que nuevamente surja un candidato radical disruptivo que arruine la fiesta derechista, que debió haber ocurrido, en circunstancias normales, este año, repitiendo la performance del 2016.

¿Qué nombres se perfilan? ¿Nuevamente Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto? ¿Se dividirá el voto derechista y le entregará en bandeja el triunfo a un izquierdista radical o moderado?  ¿O a un centro inerte como el que nos ha gobernado la mayor parte de los últimos 25 años? ¿Crecerán los nombres de Fernando Cillóniz, Roberto Chiabra, Roque Benavides o Ricardo Márquez, potenciales candidatos del sector?

Seis meses se pasan volando y si la derecha no quiere volver a ser derrotada, debe repensar una estrategia política y electoral desde ya. Si su modus operandi se agota en tratar de vacar a Castillo a como dé lugar y organizar cada cierto tiempo mítines monocromáticos en el Campo de Marte, está fregada de antemano.

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Los únicos proyectos de ley que la presidenta del Congreso María del Carmen Alva ha propuesto desde agosto de este año, tuvo que retirarlos porque atentaban contra los derechos laborales peruanos. El mismo día que Alva Prieto los retiró, prometiendo una revisión consensuada con los trabajadores, la congresista fujimorista María Cordero, presentó un proyecto de modificación del código penal sobre el antejuicio político, que otorga al Congreso la potestad de decidir si Fiscalía pudiera investigar o no a funcionarios públicos de alto nivel. Un blindaje a la corrupción sin precedentes. 

La prensa peruana da poca cuenta de la temible labor del Congreso porque está direccionada hacia la vacancia del presidente de la República. La cual, al parecer, ya no es una estrategia para anular los resultados electorales y colocar a Keiko Fujimori. Como la Segunda Sala de Apelaciones Nacional del Poder Judicial declaró infundados los recursos interpuestos por su abogada en el caso Cócteles, su ausencia en la última marcha a favor de la vacancia anuncia que López Aliga o la congresista Patricia Chirinos ahora disputan su lugar, por el que están dispuestos incluso a ponerse de rodillas. 

A quien más parece convenir la vacancia del presidente es a Alva Prieto por alcanzar la presidencia de la República. Pero no parece contar con el número de congresistas necesario para lograrlo. De ahí que esta estrategia tiene que estar muy bien presentada por la prensa de tal manera que aporte las evidencias necesarias como para ganarse a los congresistas que poco a poco se han ido sumando, como los de Perú Libre tras la ruptura de Castillo con Cerrón.

En esa pesquisa, las reuniones presidenciales en la casa de Breña parecen haber dado en el blanco. El Presidente no ha presentado argumentos durante su discurso que justifiquen las detecciones y solo se ha ofrecido a ser investigado. Y sus respuestas deben estar justificadas porque Contraloría le había llamado la atención sobre la falta de transparencia al tener reuniones fuera de Palacio de Gobierno al comenzar su gestión. La prensa se ha centrado en el silencio del presidente respecto de la razón de las visitas de la asesora de una empresa del consorcio que ganó la construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga en San Martín para Provías Descentralizado, después de una serie de reuniones registradas en Palacio de Gobierno, Provías y en la casa del Presidente Castillo. 

Mientras tanto, no sólo le resulta conveniente a Alva Prieto los escándalos que alimentan el pedido de vacancia, sino que es la totalidad de congresistas la que se beneficia enormemente, pues quedan fuera del debate público peligrosos proyectos de ley como el de María Cordero o grandes ausencias, como algún proyecto de ley sobre el enorme crecimiento del narcotráfico destinado a Bolivia y a Brasil. En su lugar, en la comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas congresistas como Patricia Chirinos, reconocida periodista de farándula, presentan proyectos como el que “Incorpora contenidos en el currículo nacional, con la finalidad de combatir el terrorismo y promover la democracia e identidad nacional”. El proyecto se basa en denunciar la “ausencia” de este tema, porque sus autores han observado en el Plan de Estudios de la Educación Básica Regular (que tiene áreas curriculares como Ciudadanía y Cívica o Ciencias Sociales) “no existe ninguna área curricular que abarque el estudio del terrorismo” (p.18). El proyecto de ley se concentra en un par de razones por las cuáles se debe retirar la información actual: una sorprendente historia anticomunista del país y una lista de adjetivos acusatorios contra los principales investigadores sobre los años de una guerra interna que nos hirió profundamente. 

¿Cómo salir de esto? Cada vez más peruanas y peruanos, como lo muestran las encuestas, percibe que el Presidente jamás llegará tomar el control del gobierno y poner fin a este festín de proyectos de ley que atentan contra todo el pueblo peruano. Este lunes fue confirmado cuando nuevamente, como suele responder ante cualquier acusación que recibe, el presidente recurrió a la enumeración de un conjunto de promesas electorales para defenderse (!). Y si pensamos en que la prensa pueda ayudar a organizarnos con información relevante y verdadera, tomando en serio el valor de su trabajo periodístico para salir de este atolladero, la propaganda y el servilismo ante los intereses de los organizadores de la vacancia ni siquiera nos dejan avizorar el horizonte. Es tiempo de reaccionar. 

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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 272: El discurso presidencial generó mayor número de congresistas a favor de la moción de vacancia. TC declara inconstitucional contrataciones CAS y negociación colectiva en el Sector Público.

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Lima – Perú

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