XV Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe: Unidas, Unides, Resistiendo y Avanzando

Por: 23.11.2023

[ENTRE BRUJAS] El movimiento feminista en América Latina y el Caribe es una fuerza transformadora, diversa y vibrante, que articula diversas iniciativas en la región para promover el principio de igualdad y no discriminación en todo el mundo. Sin embargo, esta lucha se enfrenta a numerosos desafíos en la actualidad, especialmente debido al avance de los fundamentalismos y posturas autoritarias que han ganado fuerza en la región, instalando lógicas regresivas que ponen en entredicho los derechos humanos.

Del 22 al 25 de noviembre, cientos de feministas de toda América Latina y el Caribe se están reuniendo en El Salvador en el XV Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe (EFLAC).

Bajo el lema «Unidas, Unides, Resistiendo y Avanzando», este espacio se consolida como uno de los más importantes a nivel global, donde se prioriza el diálogo y la esperanza por un mundo mejor, donde las mujeres y las diversas identidades cuenten con condiciones para el ejercicio real de sus derechos.

Este evento se erige como una experiencia enriquecedora y llena de esperanza en medio de un mundo marcado por el odio y las guerras. Delegaciones de mujeres y diversidades de diferentes países de América Latina y el Caribe se han congregado para reflexionar y repensar estrategias que desafíen al patriarcado y las lógicas de exclusión que precarizan la vida de todas las personas.

El feminismo, en su potencia, va más allá de la problematización de la discriminación hacia las mujeres; aborda todas las lógicas de opresión que se entrecruzan para profundizar la pobreza y la marginalidad de diversas identidades.

Por tal motivo, el EFLAC 2023 levanta la denuncia contra el racismo, la explotación de los recursos naturales y un modelo de vida y economía que empobrece y precariza la calidad de vida de la humanidad.

Reunidas cientos de mujeres diversas, también se respira esperanza y la determinación de seguir resistiendo.

En este contexto, a pocos días de la elección en Argentina de una persona que pretende destruir lógicas de derechos e igualdad, el encuentro se impregna del apoyo solidario a las mujeres argentinas y a las luchas por la memoria y la igualdad.

Muchas serán las consignas que se levanten en estos días, pero que los fundamentalistas sepan que la resistencia está arraigada en América Latina y continuará. El EFLAC 2023 es un faro de esperanza y fortaleza, donde las voces de las mujeres y diversidades se alzan para tejer un futuro más justo para todas, todos y todos.

Impunidad y feminicidio

Por: 9.11.2023

[ENTRE BRUJAS] Según los registros del Ministerio de la Mujer, se han perpetrado 122 feminicidios y 192 tentativas de este crimen en lo que va del año.

Este es un crimen específico que insta al Estado a evaluar el contexto de violencia de género que prevalece en nuestro país.

No se trata de cualquier crimen, como algunos sectores intentan sugerir tendenciosamente para deslegitimar esta lucha. El Feminicidio es el asesinato de una mujer movilizado por un contexto de violencia de género, donde subyacen la afirmación de roles sexistas y el deseo de control de las decisiones, la sexualidad, la autonomía y vida de la víctima.

Este tipo penal fue incorporado en nuestro marco jurídico en 2013 como delito autónomo y ha experimentado varias modificaciones para definir adecuadamente el delito y operacionalizar lo que significa «un contexto de violencia de género.»

Aunque la mayoría de casos en nuestro país son feminicidios íntimos, es decir, donde el agresor es pareja o expareja de la víctima, existen otros tipos de feminicidio en los que el criminal no necesariamente mantiene una relación.

Por ejemplo, los casos de acoso y hostigamiento sexual, incluso perpetrados por desconocidos hacia las víctimas.

Hoy, un Tribunal Simbólico Contra el Feminicidio, organizado por «Familias Unidas por Justicia,» ha dado voz a madres y padres de víctimas; como un mecanismo para dar voz a quienes ya no la tienen.

En este espacio, ha quedado claro que la impunidad es un lamentable denominador común. Los familiares, que según los estándares de derechos humanos también son víctimas, reviven el dolor cuando sienten el olvido y la indiferencia de las autoridade.

Este Tribunal simbólico ha determinado que el feminicidio es un crimen pluriofensivo, ya que no solo vulnera el derecho a la vida, sino que también atenta contra el principio de igualdad y no discriminación.

Además, se ha evidenciado que el Estado no actúa con la debida diligencia reforzada, un estándar fundamental en materia de violencia de género, vinculante y desarrollado en el marco del Sistema Interamericano de derechos humanos.

Esto significa que, en los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con mayor prontitud y celeridad en la atención e investigación, incorporando el análisis de contexto y rechazando la influencia de estereotipos de género en los procesos.

La indiferencia judicial en los casos de violencia hacia las mujeres incrementa el sufrimiento de las víctimas que han logrado sobrevivir a las agresiones y de los familiares que buscan justicia.

Entre 2018 y julio de 2023, el Poder Judicial (PJ) evaluó 808,483 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, enmarcados en la Ley N° 30364. En ese mismo periodo, apenas el 0.044% (354) obtuvo una sentencia

Hoy luego de escuchar a las madres, me quedó con su clamor de justicia y su dolor por la impunidad. Tal como ellas lo señalaron, «Ojalá que esto no fuera solo simbólico» «Queremos justicia”.

Tags:

derechos humanos, Feminicidio, Ministerio de la Mujer, Violencia de género

Basta de indolencia: Las niñas no deben ser madres

Por: 25.10.2023

[ENTRE BRUJAS] En las últimas semanas, se han visibilizado varios casos de niñas menores de 12 años, violentadas sexualmente, que han accedidó a la interrupción del embarazo mediante la aplicación del protocolo del aborto terapéutico; procedimiento que es el legal desde 1924. Estas niñas que están padeciendo embarazo forzados para lograr acceder a este derecho han pasado por una serie de sufrimientos, estigmatización y trámites burocráticos que las ha re victimizado. Sus familias han sido acosadas, hostilizadas y señaladas por quienes dicen defender la vida, sin pensar en la salud, dolor y futuro de estas pequeñas.

En el Perú, cada año miles de niñas son forzadas a ser madres. Las estadísticas señalan que solamente en el 2023, 946 niñas menores de 14 años, tuvieron partos producto de una violación sexual. En los últimos meses, este tema ha sido recurrente en mis columnas, ello debido a la indignación y preocupación por los retrocesos y oposiciones persistentes al ejercicio de los derechos reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres. Al parecer en nuestro país hay que reiterar todos los días que la vida de las niñas importa y que es un inhumano obligarlas a continuar con gestaciones producto de un crimen horrendo.

La violencia sexual es una de las grandes tragedias del país y lamentablemente su abordaje no es un tema priorizado en las políticas públicas. Son miles los casos que quedan en la impunidad. Garantizar la despenalización del aborto en casos de violación sexual es un pendiente que tiene el Estado para evitar que las sobrevivientes de violencia perpetúen su sufrimiento y sean sometidas a tortura. El Comité contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como otros Comités de Derechos Humanos, han señalado que obligar a las niñas a continuar con embarazos forzados es tortura.

Hay quienes señalan que garantizar el derecho al aborto terapéutico no es una solución al problema de fondo. De esta manera, no se reconocen que el Estado tiene una obligación integral en el abordaje de los casos, lo que incluye el deber de protección de la dignidad, salud y vida de las víctimas.

El avance de discursos opuestos a los derechos humanos es una realidad en América Latina. Existen coaliciones políticas que están impulsado narrativas retrogradas y están destruyendo el avance en materia de igualdad que se tuvo en las últimas dos décadas, quienes están padeciendo las consecuencias de estos, son las poblaciones más vulnerables y precarizadas. Entre ellas, las niñas sobrevivientes de violencia sexual.

En el actual contexto nada se le puede pedir al ejecutivo ni al legislativo. Es la ciudadanía organizada e indignada la que tiene que mostrar su rechazo frente a discursos y prácticas que vulneran los derechos y dignidad de las niñas. Ponerse en el lugar de estas pequeñas, sus familias y pensar en su sufrimiento es una obligación ética que deberíamos asumir responsablemente. Por el momento, la interrupción del embarazo en casos de violación sexual está penalizada. Sin embargo, los casos de niñas víctimas de embarazos forzados vienen siendo atendidas en el marco del protocolo del aborto terapéutico ya que está comprobado científicamente que una gestación o un parto en una niña menor de 15 años, es una situación de riesgo extremo. Es decir, puede llevarla a la muerte o dejar secuelas sobre su salud física y mental.

Hace algunas semanas una niña de 13 años en Junín, falleció mientras era sometida a un parto forzado. Y este es solo un ejemplo de la realidad que viven miles de niñas. Frente a la cual muchos permanecen indolentes. Es tiempo de oponerse a estas injusticias, exigiendo que se apliquen adecuadamente las normas vigentes y se despenalice el aborto en casos de violación sexual. ¡Las niñas no deben ser madres!

 

Tags:

Aborto en casos de violación, Políticas de salud, Protección de niñas, violencia sexual

El movimiento feminista peruano, un movimiento transformador, diverso y amplio

Por: 11.10.2023

[ENTRE BRUJAS] Uno de los movimientos sociales más importantes a nivel global y que ha generado profundas transformaciones en el mundo es el movimiento feminista.

En el Perú, tenemos un movimiento profundamente diverso y amplio; cuyas luchas no solo atraviesan la erradicación del patriarcado, sino a la vez de otros sistemas de opresión que profundizan la exclusión de las mujeres, disidencias sexuales y otras poblaciones vulnerables y precarizadas.

Por ello, es que desde un planteamiento interseccional los feminismos levantan una lucha permanente contra el racismo, el clasismo y contra el modelo de explotación económica que precariza la vida de la humanidad.

Los feminismos se rebelan contra pensamientos autoritarios, en la medida que el ejercicio efectivo de derechos no puede darse en contextos dictatoriales -o en donde– se criminaliza la protesta y las luchas por la justicia social.

Los feminismos han hecho de este un mejor mundo.

Las feministas enfrentamos la desigualdad sin armas, construyendo argumentos y develando sentidos. Cuestionamos la violencia y reivindicamos un mensaje de paz. Sin los feminismos y su acción en el último siglo las mujeres y también la población LGBTIQ+ tendría un escenario mucho más hostil para el ejercicio de su ciudadanía. La violencia y la discriminación sería mucho más tolerada.

Por ello, sin temor a equivocarme o a la critica le agradezco profundamente a las feministas que nos antecedieron, y, a quienes seguimos en el camino por una lucha casi utópica, pero de la cual dependen muchas vidas.

En el actual contexto de escalada de los pensamientos retrogradas y autoritarios, el ataque a las luchas feministas y a la defensoras de derechos humanos es parte de la agenda de quienes se han enquistado en el poder con intereses perversos. Por ello, recordar la fuerza de los feminismos en el país es importante. Este es un movimiento vivo y cuyo pensamiento se combina con la acción permanente, en los territorios y a nivel nacional.

El 13, 14 y 15 de octubre se realizará en nuestro país el Encuentro Feminista Nacional, denominado: “Feminismos diversos por el buen vivir: por justicia, dignidad y autonomía contra la dictadura”.  Este histórico momento se logra gracias a los esfuerzos de diversas organizaciones, colectivas y activistas a nivel nacional.

Se espera reflexionar los desafíos del actual contexto y articular acciones para contribuir a la igualdad, a la democracia real, la justicia social, la sostenibilidad de la vida, a la lucha contra los fundamentalismos y contra la violencia estatal.

Este encuentro reunirá a cientos de feministas de todo el país. Además, se realiza como antesala del XV Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en El Salvador a finales del año.

El Encuentro Feminista Nacional, será un evento histórico, el cual con un enfoque transincluyente, reunirá a feministas de diversas vertientes, realidades, territorios y generaciones en un diálogo enriquecedor. Esto evidencia que nuestro movimiento no solo está vivo, sino que además preserva la utopía en el corazón y las ganas de resistir.  Desde ahí la lucha es auténtica y sostenible.

Es el movimiento feminista en su diversidad el único actor que podrá resistir y sostener los cambios, a pesar de los retrocesos.

Finalmente, parte del gran potencial del feminismo es que este favorece el ejercicio ciudadano de toda la sociedad no solo de las mujeres.

¡Feminismos contra los fundamentalismos!

¡Seguiremos resistiendo!

Tags:

feminismo, Igualdad, Lucha interseccional, Opresión

El derecho a decidir de las mujeres, una disputa permanente

Por: 27.09.2023

[ENTRE BRUJAS] Durante siglos el patriarcado (no hay que tener temor a nombrarlo) se ha sostenido y reproducido teniendo como base el control del cuerpo, la sexualidad y la reproducción de las mujeres.

Uno de los mecanismos institucionalizados para sostener dicho control son las leyes que sancionan la posibilidad de autonomía. La penalización del aborto es un ejemplo claro.

Este, es un dispositivo que durante siglos no solo ha sancionado la posibilidad de que las mujeres tomen una decisión sobre su cuerpo y proyectos de vida, sino que a la vez les ha quitado dignidad a través de la criminalización.

Las leyes también saben de clases sociales y de estatus diferenciados. Aunque la penalización afecta a todas, tiene un impacto mayor en las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en condiciones de pobreza o sobrevivientes de violencia.

Es decir, las mujeres que tienen recursos económicos y entornos de apoyo pueden acceder a este procedimiento sin poner en grave riesgo su vida y libertad. Quienes no, suelen quedar expuestas a la clandestinidad abusiva y al aprovechamiento de personas inescrupulosas que lucran con la desesperación.

Por ello se dice que la despenalización del aborto es un asunto de derechos, pero también de justicia social. Son las mujeres y niñas pobres, violentadas y en situación precaria las que sufren el impacto de normas sexistas y abusivas.

La penalización del derecho a decidir de las mujeres es un indicador de sociedades machistas y discriminadoras. Pero, la penalización del aborto aún en casos de violación sexual pone en evidencia sociedades indolentes, en donde la dignidad de las mujeres no vale y se vulnera sistemáticamente. Tal es el caso peruano.

En el Perú, el aborto aún en casos de violación se encuentra criminalizado. Es decir, se obliga a las mujeres y a las niñas a continuar con embarazos producto de un crimen atroz. Las dramáticas cifras dan cuenta de ello:

En el 2022 a nivel nacional 1623 niñas entre los 111 y 14 años fueron obligadas a parir, luego de una violación. Hasta agosto del 2023, corrieron el mismo destino 636 niñas.

Criaturas forzadas a ser madres, impedidas de disfrutar de una infancia plena y con ello destinadas a continuar en un circulo de violencia y exclusión.

Feministas y defensoras de los derechos de las mujeres durante décadas han reclamado que el Estado corrija este error, y, despenalice la interrupción del embarazo en casos de violación. Aunque para avanzar en materia de igualdad es importante que esta figura penal desaparezca y no haya criminalización por ninguna causal; se reconoce que es urgente – al menos- proteger a las sobrevivientes de violencia sexual. Es decir, no condenarlas a la tortura de un embarazo forzado. Un mínimo de dignidad aun negado por el sistema patriarcal.

El reclamos de autonomía, derechos y dignidad vuelven a materializarse este 28 de septiembre, fecha en la que desde la Asamblea Verde (espacio de confluencia feminista) se ha organizado una movilización en el marco del Día internacional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Organizaciones, activistas y colectivas feministas se unen para levantar en las calles y públicamente su voz de protesta frente a un Estado indolente. Se exige así que se deje de criminalizar a las mujeres y se brinden garantías para su autonomía.

Una marcha por el derecho a decidir, una movilización para que el Estado garantice el aborto legal y seguro. Una movilización vestida de verde, con pañuelos,  con historias reales de dolor y desesperación  en donde una vez más se vuelve a disputar la libertad y la dignidad de las mujeres.

Tags:

Aborto, Derechos de las mujeres, feminismo, Penalización del aborto, violencia sexual

20 años de la entrega del Informe de la CVR  

Por: 30.08.2023

[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] La presentación del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú marcó un hito crucial al desvelar la trágica historia que nuestro país vivió entre 1980 y el año 2000. Durante el conflicto armado interno, más de 69,000 vidas se perdieron. A pesar de que han transcurrido dos décadas desde entonces, es preocupante observar que las recomendaciones formuladas por los comisionados aún no han sido implementadas.

A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas junto a sus familias, son pocos los casos que han logrado obtener justicia. En lugar de ver avances en la reconciliación y la construcción de la memoria, el informe y el proceso en sí continúan cargados de un injusto estigma promovido por aquellos que, por motivos políticos, buscan que persista la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas.

Es fundamental destacar que la CVR enfatizó en la condena al terrorismo, señalando a Sendero Luminoso y el MRTA como los principales perpetradores de la violencia y quienes la iniciaron.

Al mismo tiempo, el informe evidencia las numerosas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el marco de la estrategia contraterrorista estatal, las cuales estuvieron motivadas por un profundo racismo. No es casual que la mayoría de las víctimas sean personas quechua hablantes o indígenas amazónicos.

Estos hechos no fueron excesos, sino graves violaciones de derechos que se llevaron a cabo de manera sistemática por miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional, los cuales fueron motivados por un arraigado odio racial y de clase. Estos actos no fueron aislados, sino que formaron parte de una estrategia institucionalizada y tolerada durante los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, principalmente.

Masacres, asesinatos colectivos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y otros tratos crueles y humillantes.

Señalar esto no implica negar el horror del terrorismo, ni eximir de responsabilidad o buscar la absolución para aquellos que decidieron enfrentar el descontento por las profundas desigualdades tomando las armas. Visibilizar y condenar el hecho de que la población tuvo que vivir y sufrir entre dos frentes (el terrorismo y la violencia estatal) tiene como objetivo fomentar una reflexión colectiva, para evitar que este escenario dramático se repita.

El Estado tenía la obligación de proteger a la ciudadanía del terrorismo, por supuesto. No hay duda de que el Estado debía tomar medidas para prevenir la propagación de la violencia y el horror. Sin embargo, lo censurable no es eso, sino que en el marco de dicha estrategia se permitiera y promoviera el odio, la violación, el asesinato y la desaparición de personas racializadas. El Estado no podía combatir el horror con más horror.

Una verdadera democracia no se construye negando el pasado ni fomentando el odio. El país necesita retomar los procesos de memoria y reconciliación incompletos para avanzar hacia una sociedad más respetuosa de los derechos humanos, donde el «terruqueo» no sea la herramienta para resolver diferencias y el racismo sea erradicado. Esta sigue siendo una tarea pendiente.

Tags:

Comisión de la Verdad y Reconciliación, conflicto armado interno, derechos humanos, violaciones a los derechos humanos

El país en donde las niñas no importan

Por: 16.08.2023

[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] Solo en lo que va del 2023 se han registrado 636 casos de niñas entre los 11 y 14 años que han sido obligadas a continuar con embarazos producto de una violación sexual. Todas ellas, no han accedido a un aborto terapéutico, aunque el riesgo grave sobre su salud integral y su vida era evidente.

En el 2022 el panorama también ha sido dramático, 1623 niñas han tenido partos producto de violaciones sexuales. Niñas cuya infancia ha sido arrebata y lastimada por la violencia, pero además desprotegidas por un Estado que no solo las vulnera al no prevenir la violencia sexual adecuadamente, sino que las revictimiza al negarles el derecho a una interrupción de la gestación que pueda salvaguardar su salud física, mental y su dignidad.

Recientemente el caso Mila generó indignación en la ciudadanía y es gracias a la presión de las organizaciones de derechos de las mujeres y de la opinión pública que se logra que el Estado aplique adecuadamente el protocolo de aborto terapéutico, aprobado en el 2014. Esta pequeña, felizmente, encontró una salida.

Sin embargo, existen muchas Milas. Cientos de niñas que sufren la tragedia de una violación sexual, que no acceden a la justicia y que son revictimizadas por las autoridades estatales. Pequeñas que quedan en el anonimato, que no se conocen sus casos, madres que sufren en silencio por sus hijas, que se cansaron de denunciar y solo encontrar impunidad y culpa.

En este país, las niñas importan solo cuando son noticia. Cuando hay una cámara que puede ayudar a subir la popularidad de una autoridad.  Evidencia de esto es que, en la última década se han presentado diversos proyectos legislativos para despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Los intentos desde las organizaciones feministas y de mujeres ha sido constantes en reflejar un drama que azota a la infancia y es tolerado por el Estado.

Todas estas propuestas han sido archivadas. Desde el legislativo la indiferencia con este drama es brutal y se cuenta con la complicidad del Ejecutivo. “Nunca es el momento de abordar estos temas”, son clásicas afirmaciones de autoridades que defienden más su puesto que a las mujeres y a las niñas.

Entre el 2021 y 2023, según el Registro de nacidos vivos, 3684 niñas entre los 11 y 14 años, tuvieron partos. ¿Cuántos casos más?, ¿Qué cifra de horror se necesita para reaccionar?, ¿En qué “momento” las niñas y su derecho a no ser forzadas a un embarazo producto de un crimen, será “prioridad”?

Si el aborto en casos de violación sexual hubiera estado despenalizado en nuestro país, Mila no hubiera tenido que pasar por una larga y tortuosa espera para la aprobación de un procedimiento legal, no hubiera estado expuesta a la discrecionalidad de juntas médicas. No hubiera sido revictimizada una y otra vez.

Como sociedad nos hace falta empatía con el dolor ajeno. ¿Qué pasaría si fuera nuestra hija, hermana, amiga o sobrina?. Es tiempo que la ciudadanía exija un cambio, pues no lo harán las autoridades. Muchas de ellas son presas de sectores antiderechos, ultra conservadores, a quienes apenas se les menciona los derechos de las mujeres y niñas, o, los derechos reproductivos, ponen barreras para alcanzarlos.

Con ellos/as en el poder no se logrará nada. Es tiempo que la ciudadanía exija un cambio efectivo para garantizar la dignidad y salud de las niñas, así como su derecho a no vivir violencia.

La violencia sexual es un drama: Solo en lo que va del 2023 se han registrado más de 17, 500 hechos de violencia sexual, el 70% contra niñas/os y adolescentes, según el Programa Aurora. En cuanto a violaciones sexuales, se cuentan 6, 092 casos según la misma fuente. De estas el 66% son niñas y adolescentes.

Exijamos a las autoridades la prevención de este delito y una ruptura de la impunidad en la que quedan muchos agresores.  A la vez hay que demandar que se proteja a las niñas que son sobrevivientes de un crimen atroz.

Las niñas, son niñas, no madres. Procurar infancias dignas y felices es una obligación estatal y ciudadana.

Tags:

aborto terapéutico, caso Mila, Programa Aurora, violaciones sexuales

Un mensaje sin paz, ni democracia ni igualdad

Por: 2.08.2023

[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] El reciente mensaje presidencial por 28 de julio nos dejó claro que la actual presidenta no tiene ninguna intención de dejar el poder y que la demanda ciudadana por un cambio, reflejada en las protestas y en la mínima aprobación de su gobierno, simplemente le es indiferente.

Boluarte inició con una crítica al gobierno anterior resaltando los altos índices de pobreza y la gran corrupción, olvidándose por completo que fue parte de este como Vicepresidenta y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargos que son asumidos por la confianza y cercanía al gobierno de turno.

Afirmó que su gobierno es democrático, negando de esta manera la crisis social, política y cultural que atraviesa el país y, evidenciando una peligrosa indiferencia por la actual captación de instituciones estatales, lo cual vulnera el principio de separación de poderes y, por ende, socava la gobernabilidad.

La presidenta relevó en su mensaje «la paz social», aunque, paradójicamente, se reprimía y gaseaba a manifestantes en el centro de Lima. La criminalización de la protesta ha continuado en las calles, así como los gestos racistas de parte de las autoridades estatales.

La paz social se construye garantizando justicia y reparación real para las víctimas de violaciones a los DDHH, así como evitando repetir actos hostiles que sigan profundizando la exclusión. La paz no puede ser solo un discurso.

La reconciliación no se construye replicando actos discriminatorios y prácticas que vulneran libertades fundamentales.

El discurso de la presidenta, estuvo plagado de incoherencias (como las mencionadas) y grandes ausencias.

Señaló que cumplirá las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, meses atrás deslindaba de todo vínculo con las fuerzas del orden y sus acciones desproporcionadas violatorias de derechos humanos. La CIDH ha calificado lo sucedido como “masacres” y “ejecuciones extrajudiciales”.

Así mismo, Boluarte le dedicó segundos a abordar la problemática de la violencia contra las mujeres, sin mencionar la obligatoriedad del ejecutivo en la implementación de políticas públicas para su prevención y atención. Una corta alusión a temas punitivos evidenció no solo su indiferencia con este tema sino su alianza con sectores anti derechos que limitan y bloquean el avance en materia de igualdad.

Es vergonzosa la omisión, prácticamente absoluta, de temas vinculados a igualdad de género, derechos de las mujeres/niñas y personas LGBTIQ+. Mucho más triste es saber que esto no es casual, sino que es el resultado de acuerdos y probablemente negociados con sectores ultra conservadores en cuya agenda política se encuentra la erradicación del enfoque de género en el Estado.

Este fue un mensaje que dejó claro el proyecto autoritario del gobierno, así como los acuerdos y alianzas perversas que mantiene y protege. En la mira está la igualdad y toda agenda progresista que pueda llevar a garantizar derechos.

Todos los líderes/lideresas de talante dictatorial hablan de paz y a la vez reprimen, hablan de reconciliación e igualdad, pero a la vez excluyen, criminalizan y evitan avanzar en esta ruta. La estrategia no es nueva, pero el escenario es preocupante, porque el hartazgo de la ciudadanía hace que se toleren prácticas peligrosas que nos están llevando a un túnel en dónde los más corruptos festejan por el botín.

Tags:

alianzas políticas, análisis crítico, derechos humanos, Igualdad, Mensaje presidencial, omisiones

La indignación sin acción no alcanza: un análisis sobre la violencia sexual en el país

Por: 12.07.2023

[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] Hace unos días se conoció el caso de una menor de 10 meses que fue violentada sexualmente por su progenitor y producto de este ataque, falleció. Su madre era una adolescente de 15 años. Es decir, habría salido en estado de gestación cuando tan solo tenía 14 años y no tenía la edad para brindar consentimiento alguno, por lo que se habría cometido una violación sexual en su agravio. Esta noticia ocasionó una gran indignación colectiva.

El agresor -pese a haber sido denunciado- se encontraba en libertad. Aunque la adolescente víctima tenía medidas de protección, estas no fueron cumplidas ni garantizadas por las autoridades peruanas. Tampoco se tuvo acceso al Kit de Emergencia[1] que cuenta con un grupo de medicamentos y pruebas para prevenir un embarazo forzado o Infecciones de Transmisión Sexual. Sucedió lo mismo con el acceso a un aborto terapéutico, legal desde 1924[2] para aquellos casos en donde haya un gran peligro para la vida y/o la salud de la mujer.

La violencia sexual en nuestro país es una de las grandes tragedias que tenemos. Cuando analizamos las cifras, estas son más que dolorosas. Parece inútil repetirlas, pero hoy más que nunca necesitamos la sensibilidad de la ciudadanía para exigir respuestas estatales reales y serias para la atención, sanción, prevención y erradicación de esta problemática. Recordemos que es obligación del estado garantizar una vida digna, lo que va en el marco del derecho que tenemos todas las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

En el 2022 se han registrado 25 909 (94,7%) casos de violencia sexual en agravio de mujeres. Hasta mayo del 2023, se tiene el registro de 11 085 casos de violencia sexual a mujeres, los que representan 94,5% del total de denuncias.

Así también, en el 2022 se registraron 11 080 casos de violaciones sexuales a mujeres y en el 2023, 4776 casos. En este tipo de violencia sexual, los registros visibilizan a las niñas, niños y adolescentes como los/as principales afectados/as, en lo que va del año se han cometido 3 297 violaciones sexuales, representando al 65,9% del total de denuncias.

Este crimen ha sido considerado por las instancias internacionales como una forma de tortura, así como lo es obligar a las mujeres a continuar con un embarazo producto de esta agresión: embarazos forzados. Diferentes Comités de derechos humanos han recomendado al país que se despenalice el aborto en casos de violación sexual, entendiéndolo como el estándar mínimo con el que se debería contar. Esta medida en parte representa una restitución de la dignidad a las víctimas y no perpetuar más su sufrimiento. Esto ha sido recogido en las recomendaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño, el Comité CEDAW, el Comité de los Derechos Humanos y recientemente en las recomendaciones del último Examen Periódico Universal hecho al Perú por otros estados.

En nuestro país vemos con indignación la recurrencia de la violencia sexual, pero es necesario apoyar acciones que realmente se orienten a lograr que este crimen sea erradicado y proteger a las víctimas.

Despenalizar el aborto en casos de violación sexual es una medida urgente, una deuda histórica del Estado con las mujeres y las niñas. Una medida que, al menos, ayudaría a no exponer a las víctimas  a la extensión de su sufrimiento, salvaguardando su vida y salud.

De otro lado, se necesita romper con la impunidad. Cada agresor impune es un peligro para otras niñas y mujeres. La falla de nuestro sistema de justicia para sancionar estos crímenes impacta directamente en el incremento de otras víctimas.

PREVENCIÓN: si bien queremos sanción, este ámbito es sumamente importante para que estos casos no se repitan, que ninguna otra niña/adolescente o mujer adulta se vea expuesta a esta tortura que daña su vida para siempre. Para prevenir este crimen resulta primordial la educación sexual integral en las escuelas, lamentablemente esta ha sido bloqueada por un congreso antiderechos que responde a intereses subalternos.

Estás medidas a largo plazo son impopulares, en la medida que no brindan soluciones inmediatas, pero sino empezamos a abordar el problema de forma seria y responsable seguiremos lamentando casos. La indignación sin acción no alcanza.

[1] De acuerdo a la Directiva Sanitaria N° 083/2019/DGIESP el “Kit para la Atención de Casos de Violencia contra la Mujer – Violencia Sexual” es un grupo de productos preestablecidos que deben ser entregados en la atención de un caso de violencia sexual y que tienen la finalidad de prevenir embarazos forzados.

[2] Artículo 119° del Código Penal: “No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviera, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”

 

*Nota realizada con la colaboración de Cecibel Jiménez

 

Tags:

Aborto, adolescencia, CEDAW, violencia sexual
Página 2 de 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
x