Durante el terremoto del 2007, como en las inundaciones provocadas por el niño costero, se registró un aumento de los casos de violencia de género, especialmente de violencia sexual. Un nuevo escenario de catástrofe como el que vivimos actualmente con el Ciclón Yaku vuelve a generar la alerta. Pero una vez más, nos encuentra sin mecanismos estatales establecidos para la atención de uno de los principales problemas que tiene el país que registra más de 25 000 denuncias por violencia sexual al año en agravio de mujeres, siendo que para el 2022, 11 080 eran de violación sexual y de estas, 7614 en agravio de niñas y adolescentes.

La solidaridad ciudadanía es aplaudida, sobre todo la relacionada con dotación de alimentos para la población afectada. Sin embargo, hay necesidades que son invisibles en estas circunstancias pero que exponen y agreden a las personas más vulnerables y cuya atención es responsabilidad estatal.

Urge un protocolo de actuación específico para estos casos, que involucre la participación ciudadana y contribuya a la lucha contra la violencia y la discriminación.

[1] Artículo 8 del Reglamento de la Ley N°30364 – “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar” que reconoce como una modalidad de violencia a la violencia en conflictos sociales.

[2] Recomendaciones del Comité CEDAW al estado peruano en el marco de su noveno informe periódico, párr. 24, h).

[3] Recomendación General N°37 del Comité CEDAW, párr. 56.

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