No es ninguna novedad que vivimos un debilitamiento absoluto de la democracia. Los actores políticos que se encuentran en el poder son los principales responsables de esta crisis que arrastramos por años. Esto impacta en el ensanchamiento de las brechas de desigualdad y en la calidad de la participación ciudadana.
Actualmente, la categoría “democracia» ha sido vaciada de contenido y se utiliza para fines corruptos y el aumento del poder de determinados sectores contrarios a lógicas de igualdad y de derechos humanos. Una paradoja de la cual debemos salir.
Hace años Pepi Patrón, filósofa de PUPC, escribió un artículo denominado “Democracia y Sociedad Civil”, en dónde destacaba la importancia de la pluralidad de actores en la construcción de una sociedad democrática, así como de la participación de ciudadanía organizada para hacer frente a las desigualdades y la discriminación imperante en el país.
Así, la garantía de una sociedad civil que permita el diálogo abierto y plural, y, promueva el control ciudadano sobre el Estado es fundamental para garantizar un Estado democrático en dónde los derechos de las personas puedan ser respetados y ejercidos.
Sin embargo, en nuestro país un grupo de Congresistas de los partidos Renovación Popular, Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Perú Libre han presentado varios proyectos de ley para limitar, poner barreras y debilitar a las ONGs. Esto como una estrategia como ampliar el espacio de poder que detentan, atemorizar y buscar debilitar la pluralidad y por ende la democracia.
Ante ello diversas organizaciones de derechos humanos, ampliamente conocidas en el país y a nivel internacional, con décadas de trabajo a favor de una sociedad más justa, se han pronunciado. Buscando con ello no solo socializar con la ciudadanía está preocupación, sino alertar a los actores nacionales e internacionales con talante realmente democrático de los riesgos que enfrentamos. El avance de los sectores autoritarios no para y esto representa un grave riesgo para la paz.
A continuación, comparto este comunicado con el afán de que el cansancio no nos gane, y, podamos actuar para defender la pluralidad y el derecho a la participación ciudadana organizada y democrática.
Un Estado democrático requiere una sociedad civil capaz de promover el diálogo, ejercer vigilancia de las políticas estatales, como mecanismo para denunciar el abuso de poder y promover la vigencia de garantías fundamentales como son los derechos humanos.
Graciela y Dayana, son una pareja de mujeres peruanas, que como muchas otras decidieron formalizar su unión y casarse, y de esta manera constituir su familia.
La diferencia es que ellas no pueden hacerlo legalmente en el país, debido a que en el Perú el derecho a contraer matrimonio es exclusivo de las personas heterosexuales.
Por ello, lejos de su familia y sus queridos esta pareja decidió formalizar su unión en Argentina, hace un año. Con pena de no poder compartir su alegría con sus seres queridos, pero en un acto de afirmación de su identidad y derechos. En este país, desde hace varios años, se puede contraer matrimonio independientemente del sexo, orientación sexual o identidad de género de las personas contrayentes.
Más allá del romanticismo, negarles la posibilidad de casarse en su país de origen es un hecho de discriminación directa que se ha mantenido en el tiempo y evidencia que aún estamos en un país profundamente homofóbico, lesbofóbico, bifóbico, transfóbico y machista.
De manera persistente e histórico el movimiento LGBTIQ+ ha levantado como parte de sus demandas el reconocimiento del matrimonio igualitario, así como la necesidad de romper con la discriminación estructural y la violencia que los excluye, atemoriza y violenta cada día. La respuesta ha sido la indiferencia de parte de las autoridades.
El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, en su compromiso con la lucha contra la discriminación ha asumido el litigio de este caso, con la finalidad de lograr la inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero entre dos ciudadanas peruanas mujeres y marcar así un hito histórico para el movimiento feminista y LGTBIQ+.
Este caso emblemático busca el reconocimiento de derechos humanos fundamentales, como el derecho a formar una familia, el derecho a una vida libre de violencia y otros tantos en el marco del principio de igualdad y no discriminación. También se pretende promover que se respete el proyecto de vida de las personas, obligaciones estatales que se alinean con los estándares internacionales de derechos humanos.
Al respecto, se tienen importantes precedentes de pronunciamientos de distintos juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima que, aunque no en última instancia, han amparado la solicitud de reconocimiento del vínculo matrimonial celebrado en el extranjero entre personas del mismo sexo, señalando que con ello se garantizan principios y derechos reconocidos en los tratados internacionales que el estado peruano ha suscrito.
Entre estos están casos emblemáticos como el de Oscar Ugarteche Galarza y Fidel Atoche, Susel Paredes Piqué y Gracia Aljovín de Lozada, Andree Martinot Serván y Diego Urbina Fletcher y, el más reciente de junio del año pasado de Mónica Coronado e Irina Picco. En este último, se reconoció por primera vez que negar la inscripción del matrimonio entre personas del mismo sexo genera una violación masiva de sus derechos fundamentales.
Con el caso de Graciela y Dayanna se abre una nueva oportunidad para lograr una igualdad real y lograr así un país que algún día que respete y garantice los derechos de todos sus ciudadanas y ciudadanos.
Cómo país enfrentamos, hace mucho, una crisis democrática y de gobernabilidad, cuyas consecuencias las seguiremos padeciendo.
La corrupción y la pérdida de institucionalidad es parte de ello. Así también lo es el constante ataque a los derechos humanos, a las defensoras/es y los retrocesos en materia de igualdad.
Nuestra clase política es un desastre. Su falta de convicción, de principios y de coherencia es más que evidente. La gran desaprobación de las principales autoridades deja en claro que el panorama es crítico, un ejemplo de ello es el rechazo de la población al actual Congreso de la República que cuenta con 90% de desaprobación ciudadana. Sobre todo, por qué no se ven opciones, salidas o posibilidades reales frente a un próximo escenario electoral.
Muchos de los actores políticos actuales supuestamente defienden “la democracia” vaciándola de contenido.
¿Puede hablarse de una democracia real sin igualdad?, ¿puede pensarse un horizonte democrático con el racismo estructural fortalecido?, ¿puede un país decirse democrático cuando las autoridades insisten en plantear retrocesos normativos en materia de no discriminación?, ¿puede un país decirse democrático cuándo todo quiere manejarse en función a la acumulación de riqueza y el mercado?, ¿puede hablarse de democracia con amenazas a la libertad de expresión y criminalización de la protesta?
Nuestro país, ese que nunca logró una real transición democrática tras la dictadura fujimontesinista, está siendo secuestrado por corruptos, por mafias, por economías ilegales y por sectores fundamentalistas que se oponen a todo lo que signifique mayor libertad y avance hacia la igualdad.
No es solo el ataque a la institucionalidad democrática y la separación de poderes, sino es la resistencia y destrucción de todo aquello que implique libertad y bienestar con autonomía.
Mantener estructuras patriarcales y racistas es parte del plan. Por ello, seguiremos observando retrocesos, lamentándolos y resistiendo. Seguirán los ataques, la minimización de luchas históricas, la caviarizacion de defensores de derechos, la precarización de la educación.
Solo una real conciencia ciudadana va a lograr el cambio, y, estos sectores poderosos lo saben. Por ello, el ataque a la calidad de la educación.
Son tiempos que retan a la ciudadanía, a las organizaciones y a quienes desde diferentes espacios creen en la pluralidad, el respeto al otro y los derechos fundamentales de todas las personas. La tarea no es nada fácil.
Durante estas semanas hemos asistido a un nuevo escándalo de corrupción y falta de ética.
La presidenta subestima la inteligencia de la ciudadanía. La falta de transparencia y las explicaciones absurdas en torno a los Rolex y las joyas que están en su poder nos pintan un escenario de podredumbre en la política nacional.
No solo quiero criticar las evidentes mentiras y el laberinto de imprecisiones en el que se pierde la presidenta; también quiero llamar la atención sobre la utilización e instrumentalización de las luchas por la igualdad y los derechos de las mujeres.
En repetidas ocasiones, Dina Boluarte ha señalado que existe sexismo, acoso y discriminación contra ella por ser mujer. Trata así de construir una fachada y justificar lo injustificable.
Toda autoridad tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y explicar sus bienes. Que la ciudadanía exija explicaciones reales y mayor transparencia no es una actitud sexista ni racista. Es un reclamo legítimo de quienes queremos un país con autoridades probas.
Por supuesto, muchas mujeres que participan en la política sufren acoso y otras formas de violencia y discriminación. Pero, en este caso, no estamos ante estos hechos, sino frente a un escándalo de corrupción que indigna y cansa.
La violencia contra las mujeres y el acoso político son realidades que afectan a gobernadoras, regidoras, autoridades locales y nacionales; abordar el tema de manera seria es una tarea pendiente del Estado. Usar estos temas para justificarse, para tratar de ocultar posibles delitos, es completamente indignante.
Como defensora de derechos, me preocupa el retroceso en el Estado Peruano en materia de igualdad, así como las resistencias para avanzar en normas y políticas que garanticen buenos servicios de atención a la violencia y la prevención del problema. Si la presidenta está tan preocupada por el sexismo, que garantice, por ejemplo, que la Política de Igualdad de Género y la Estrategia contra la violencia de género se implementen.
Es vergonzoso observar cómo la más alta autoridad del Estado usa un problema tan delicado para justificarse, mientras no hace nada realmente para luchar por los derechos de las mujeres y la igualdad.
Que sepa la presidenta que las defensoras de derechos no le vamos a permitir instrumentalizar una lucha de siglos; sabremos evidenciar el descaro y denunciarlo de inmediato.
La discriminación y la violencia contra las mujeres no son un juego.
Hablar de cuidados es hablar de bienestar. En algún momento de nuestras vidas, todas las personas recibimos cuidados o cuidamos. Así, cuando hablamos de cuidados hablamos de la sostenibilidad de la vida y el buen vivir.
El año pasado, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Oxfam Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizaron una Encuesta sobre Representaciones del Trabajo de Cuidado en el Perú, donde identificaron que el 68% de las personas señalaron que necesitaban algún tipo de cuidados.
Ejercer nuestro derecho al cuidado, entendido en sus tres dimensiones de cuidar, ser cuidado/a y el autocuidado, son parte del derecho a vivir una vida digna. Se trata de garantizar condiciones adecuadas a las personas para que puedan vivir en igualdad y sin discriminación, sin estar expuestos/as al abandono y la precariedad.
Este derecho universal y autónomo debe ser garantizado por el Estado, independientemente de la situación de vulnerabilidad o dependencia de quien lo requiera. Aunque las políticas públicas deben tener en cuenta la situación específica y de riesgo de las diversas poblaciones, este debe ser un derecho garantizado para la ciudadanía en su conjunto.
Volviendo a la encuesta, esta revela que 7 de cada 10 mujeres son las principales responsables del cuidado en sus hogares. Además, el 83% de las personas encuestadas afirmó que a lo largo de su vida ha visto solo a las mujeres dedicarse en mayor medida a las actividades de cuidado.
Los cuidados han sido históricamente asumidos por mujeres o por personas feminizadas. Si queremos alcanzar una sociedad más igualitaria, se tienen que romper con estos roles de género, pues son una barrera para la igualdad.
De hecho, muchos hechos de violencia surgen cuando las mujeres no responden a estas funciones o tareas patriarcalmente asignadas. Por ello, promover la corresponsabilidad paritaria en los cuidados y en el trabajo doméstico es una dimensión a impulsar. Aunque esta no es la única.
Vivir en entornos violentos, cuidando a otras personas del hogar y con poco tiempo para acceder al campo profesional y/o laboral no solo limita el desarrollo personal y profesional de las mujeres, sino que genera barreras para salir de la pobreza.
El 81% de personas considera que el trabajo de cuidados debería remunerarse. Sin embargo, el 51% afirma que debe haber una retribución económica solo si la persona no es parte del entorno familiar. Es decir, el trabajo gratuito en el hogar o cuidando personas dependientes recae en las mujeres.
Lo paradójico es que el trabajo de cuidados significa un aporte fundamental a las economías de la región. Según la CEPAL (2021), equivale al 20,4% del PBI. ¿Realmente existen servicios de calidad en el país para garantizar el derecho al cuidado? La respuesta es no.
Tenemos algunos servicios asistencialistas, precarios y situados fundamentalmente en las zonas urbanas. Lamentablemente la ciudadanía desconfía de estos servicios. El 80% de hogares con menores de 5 años y el 60% de ellos con personas con discapacidad no los utilizan. Dicha ilegitimidad responde a que estos no cumplen con estándares de calidad mínimos.
El derecho al cuidado interpela al Estado a diseñar, implementar y sostener políticas públicas de gran inversión, pero que redundarán en el bienestar de la población.
Es tiempo de avanzar y esta es una dimensión clave para lograrlo.
El 8 de marzo se recuerda en todo el mundo el Día Internacional de las Mujeres. Esta es una fecha emblemática para el movimiento feminista, en la cual se recuerda la lucha histórica de miles de mujeres a nivel global que visibilizaron las condiciones de desigualdad, explotación y violencia en las que “naturalmente” se condenó a las mujeres.
Si hay algo que celebrar es la rebelión más importante de la historia de la humanidad: la de género. Las mujeres en diversas latitudes del mundo, hace más de un siglo, irrumpieron en el espacio público para hacer escuchar sus voces y exigir la dignidad y el respeto que como seres humanos merecemos.
Este día fue reconocido por las Naciones Unidas en 1977. Aunque el origen de esta fecha se remonta a mucho más atrás. De hecho, la lucha de las mujeres está vinculada al movimiento obrero y a las exigencias de condiciones dignas en el ámbito laboral desde inicios del siglo XX.
Pocos saben y muy pocos reconocen que es la lucha de las mujeres lo que ha permitido abrir camino para el reconocimiento de los derechos laborales de todos y todas. Así es que, si algo hay que celebrar es la inconformidad y la fuerza de millones de mujeres en el mundo, que actualmente arriesgan su tranquilidad y sus vidas para cuestionar la naturalización de la discriminación; exigiendo el derecho a tener derechos.
Desde las mujeres vinculadas a los movimientos obreros de inicios del siglo pasado, las sufragistas, las feministas de mediados del XX en adelante, que enfrentaron condiciones difíciles y autoritarias (especialmente) en la región de América Latina, hasta las defensoras de derechos hoy; todas merecen un especial reconocimiento por el trabajo de entrega diario y la convicción que atraviesa y acompaña sus vidas.
El camino de las feministas no es ni ha sido fácil. Siempre se han enfrentado a una serie de resistencias. El poder patriarcal no cede con facilidad los privilegios que detenta y la rabia es una respuesta que se traduce en más violencia contra las mujeres, insultos y estigma constante en todas las latitudes del planeta. Una de las preguntas constantes en esta fecha es: ¿Y por qué no un día del hombre? Esta interrogante, realizada sin lugar a dudas para deslegitimar la lucha de las mujeres, minimizarla o ridiculizarla; muchas veces surge del desconocimiento o la ignorancia (atrevida), pero otras veces nace de la rabia, del odio que permanece hacia las mujeres, una misoginia contra la que seguimos luchando y que lastimó profundamente la vida de miles de mujeres en tiempos no tan lejanos.
El feminismo nunca planteó una guerra entre los sexos, ni quitarles derechos a los hombres. Planteó desde sus inicios derechos y dignidad para la otra mitad del mundo, y, así dio un aporte fundamental para humanizar más nuestras sociedades. Aún ahora, el feminismo tiene la capacidad de vincularse con otras luchas históricas que empobrecen al ser humano como el racismo, el clasismo, la explotación económica y ambiental. Su aporte al mundo es y ha sido fundamental. Por ello, a veces, se le teme tanto.
El 8 de marzo, las mujeres de diversas latitudes del mundo no celebramos con flores, sino con una voz presente y fuerte, que el patriarcado aun con sus múltiples e insistentes intentos no logra apagar. Ni lo logrará.
A veces, hay que desconfiar de quienes dicen “defender la vida”.
¿Por qué?, Infelizmente hace mucho que esta narrativa es utilizada por personas y sectores que con odio arremeten contra las poblaciones más vulnerables.
Lamentablemente, entre quienes se autoproclaman “provida” hay muchos a los que poco les importa el bienestar de la ciudadanía o la vida real de niñas y mujeres. Solo les interesa mantener un modelo de sociedad que perpetúa la desigualdad y la crueldad frente al otro o la otra.
Sus acciones lo evidencian. Los políticos que impregnan sus discursos de una “supuesta defensa de la vida” solo la socavan o intentan hacerlo constantemente. Son opositores a la igualdad de género, a que se proteja la salud de las mujeres, a los derechos humanos y a la preservación del medio ambiente.
Estos personajes, están llegando al poder utilizando (entre otros mecanismos) un discurso aparentemente altruista, pero que esconde tras de sí, intereses perversos y misoginia. En los últimos años esta situación se ha extendido con fuerza en varios país de la región latinoamericana.
Así los mal llamado defensores de la vida, utilizan estos términos a su conveniencia. No defienden la vida, la vulneran. Pero han sabido usar esta retórica para legitimarse y lograr llegar a parte importante de la población.
A estos personajes, muchos de ellos en la política, no les interesa la vida de una niña violada que no puede acceder a una interrupción terapéutica del embarazo. La insensatez llega a tal punto, que pueden justificarlo todo.
A estos actores jamás se les verá promoviendo políticas para la prevención de la violencia de género como un problema extendido y estructural, tampoco promoviendo la paz ni el cuidado del medio ambiente. Se les verá proponiendo la pena de muerte, se les encontrará montando un discurso contrario a los derechos humanos, presentando proyectos para cortar libertades a las mujeres, para ir en contra de la igualdad, para instalar el autoritarismo social y económico y destruir la naturaleza impunemente.
Un ejemplo: el partido de Miley en Argentina ha presentado un proyecto de ley para derogar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.De esta manera con la fachada de “defender la vida” se pone en riesgo la salud y la vida real de millones de mujeres.
El fin es oponerse a todo lo que signifique avance en derechos y libertades. El objetivo es enfrentar y provocar al movimiento feminista y de derechos humanos, desconociendo los logros y la importancia mundial de la “marea vede”.
Esta no es una medida aislada, es parte de un plan de sectores ultraconservadores y fundamentalistas, para arremeter contra las libertades de las mujeres. Es un plan orquestado en contra de la vida digna y del avance en materia de igualdad. Los derechos reproductivos siempre han estado en disputa.
En el Perú el escenario no es menos riesgoso. Somos uno de los países en la región que menos ha avanzado en garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas: solo en el 2023, se han registrado 1353 niñas que fueron forzadas a tener partos, producto de una violación. Todas ellas menores de 14 años.
Estoy segura de que los Miley Fan peruanos, saldrán a defender la propuesta normativa y otras barbaridades que se plantee desde este sector. Eso es más que seguro.
Necesitamos replantear la idea de bienestar, de democracia y de defensa de la vida, la cual siempre debe estar asociada a la dignidad.
Dos hechos concretos y tristes reafirman que estamos en un país donde el acceso a la justicia es un derecho negado permanentemente: (1) el vergonzoso fallo que cambia la sentencia en el caso de Solsiret Rodríguez y (2) la criminalización de los familiares de las víctimas de los asesinatos durante las protestas contra Dina Boluarte.
Sobre el vergonzoso fallo en el caso Solsiret:
Solsiret, una joven desaparecida durante tres años, parte de sus restos fueron encontrados en el 2020. Desde entonces, la familia ya no la busca, pero clama por justicia. Hace poco más de una semana0, la Segunda Sala de Apelaciones Permanente de la CSJ del Callao emitió una sentencia que perpetuó la impunidad. Mediante esta, se cambió el delito de feminicidio por encubrimiento personal y real en el caso de uno de los agresores, Kevin Villanueva, disminuyendo su pena a solo a seis años. Asimismo, se absolvió a los cómplices ordenando su inmediata liberación.
Como es lógico, los familiares, su padre y madre, quienes se han mantenido perseverantes en la búsqueda de la verdad y la justicia, están sumidos en el dolor y la desesperación al ver con impotencia cómo el crimen de su hija queda impune. Justicia a medias no es justicia.
En medio de la desolación, ellos, los principales afectados, han dado una serie de declaraciones en medios de comunicación mostrando su indignación. Apenas con fuerzas para seguir después de tanto, el señor Carlos y la señora Charito le vienen diciendo a las autoridades lo que merecen, al observar tanta negligencia y dejadez.
En el caso de Solsiret, el Estado incumplió su deber de debida diligencia desde el inicio, desde el momento de su desaparición sus familiares recibieron maltratos y revictimización. Este último fallo confirma la irresponsabilidad con la que se abordan los casos de violencia contra las mujeres en el país y la falta de perspectiva de género de nuestras autoridades.
Lejos de mostrar empatía con los familiares, de respetar su dolor, la Sala que dictó la última sentencia emitió un comunicado donde no solo defiende su cuestionada sentencia (como si un fallo fuera infalible) sino que también «rechaza las opiniones y apreciaciones subjetivas» vertidas frente a la misma.
Con este comunicado, al parecer, la CSJ del Callao, cuestiona a quienes han dado declaraciones sobre el caso, mostrando una nula empatía con los familiares. A estos no se les puede pedir que se expresen técnicamente, pues lo hacen desde el dolor y la impotencia que les genera la impunidad. Desde el dolor de perder a una hija que estuvo desaparecida por muchos años y que luego fue encontrada víctima de un terrible feminicidio cometido con gran crueldad. Y están en todo su derecho.
La indolencia de las autoridades desborda el dolor de un padre y una madre cuyo único consuelo es ver sancionados a quienes le arrebataron lo más preciado: su hija. ¿Puede esto ser criticado?
Sobre la criminalización a los familiares de la masacre en Ayacucho:
Hace unos días fuimos testigos del incidente en donde se le jaló el cabello a Dina Boluarte durante su visita a Ayacucho.
Hace poco más de un año, Ruth e Ilaria perdieron a sus seres queridos. Una perdió a su esposo y la otra a su hijo de apenas 15 años, quienes fueron murieron después de ser atacados por agentes estatales durante las protestas y hasta la fecha sus muertes están impunes, no se ha sancionado a nadie por estos hechos.
Ruth e Ilaria, absolutamente desbordadas por la impotencia y la angustia, se dirigieron a gritos a la presidenta exigiendo justicia, y, una de ellas le jaló el cabello. Que esta es una conducta reprochable y que no debe promoverse, lo es. Pero, a la vez, es absolutamente comprensible la indignación de los familiares que vienen clamando por justicia frente a autoridades que no solo niegan la misma, sino que paradójicamente se burlan del dolor lanzando caramelos.
La presidenta, durante los hechos, estaba lanzando dulces a la población. Cual ser poderoso, dando una dádiva a quienes considera inferiores. Burlándose del dolor, pisando sin respeto ni remordimiento la tierra que hace muy poco vio morir a sus hijos.
Definitivamente lanzar caramelos a quienes te gritan «justicia» es una conducta violenta y discriminatoria. La actuación de los familiares puede no ser justificable, pero desde la empatía, se comprende.
La respuesta de los defensores de este gobierno, violador de derechos humanos, ha sido buscar la criminalización de estas mujeres, olvidando que ellas también son víctimas de la violencia estatal y de la impunidad.
Cuanta infamia en quienes no tienen empatía con el otro, en quienes no comprenden el dolor profundo de una pérdida y la impotencia que genera la falta de acceso a la justicia e impunidad.
Ruth e Ilaria no han cometido ningún delito; lo que han sufrido es una pérdida terrible que ha cambiado sus vidas para siempre. La que ha cometido crímenes pendientes de sanción es Dina Boluarte.
En definitiva, la impunidad en este país desborda a quienes la sufren, golpea nuevamente a quienes ya han sufrido lo inimaginable. A veces hay que ponerse en el lugar del otro antes de sacar el manual de buena conducta.
(1) Dos delitos menores que consisten en obstaculizar la justicia ayudando a una persona a ocultarse o encubrirla después de cometer un delito o desapareciendo las huellas o pruebas del delito y sus efectos (Artículos 404° y 405° del Código Penal).
[ENTRE BRUJAS] En el umbral de un nuevo año, reflexionamos sobre los acontecimientos que marcaron el 2023, un periodo plagado de retrocesos y resistencias en materia de derechos humanos e igualdad.
La crisis política que lo definió fue determinante para el auge de actores autoritarios que buscaron socavar toda propuesta en favor de la libertad y la igualdad.
Estos actores usaron la categoría “democracia”, para destruirla. Haciendo uso de métodos como la amenaza, la calumnia, compra de conciencias y medios de prensa; fueron preparando el terreno para asirse del poder.
Con indignación, hemos observado cómo se ha vulnerado la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho a la protesta. En esta misma línea, la igualdad de género y el enfoque de derechos en las políticas públicas han sufrido fuertes ataques. ¿Quiénes son los ganadores del viejo año? La corrupción, la impunidad, la injusticia, la ambición de poder, la violencia de género, la inseguridad ciudadana, la xenofobia y el racismo estructural.
Fotografía: Connie France
El ser humano, presa de sus creencias, necesita pensar que, inaugurado un nuevo año, se pueden dar nuevos comienzos. Aunque la esperanza nunca debe perderse, es difícil pensar en nuevas rutas con los mismos actores políticos y sociales.
Este 2024, quienes defendemos derechos vamos a tener que contribuir a que el miedo cese y exigir un cambio real, siempre siguiendo la legalidad y el Estado de Derecho.
Habrá que iniciar por exigir nuevas elecciones, pero con eso no basta.
La sociedad civil organizada, las feministas, los/as defensores/as de derechos, los gremios, los/as estudiantes, deberán tomar el liderazgo de procesos más largos. Se tendrá que vencer el miedo a protestar y exigir justicia para las masacres. Se tendrá que superar algunas diferencias ideológicas y centrarse en la importancia de defender garantías mínimas para construir una democracia real.
El 2024 es un año de desafíos, en donde tocará seguir resistiendo a posturas autoritarias y narcisistas de las y los políticos. El 2023 ha sido un año intenso, en donde muchos escenarios se definieron. Ahora ya sabemos frente a quiénes estamos y lo que está en riesgo: la paz, la democracia y la justicia.
Que sigan avanzando ya no es una opción. Nuevas elecciones sí, pero necesitamos renovar la clase política también, sino será más de lo mismo. La esperanza de un país mejor no se pierde.
