[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] Cada 28 de junio se celebra el Día del Orgullo LGBTIQ+. Esta es una fecha emblemática que impregna todo el mes de colores, con mensajes de igualdad, justicia, fortaleza, amor y la esperanza de un mundo más humano en donde la libertad de ser, sentir y amar sea reconocida como un derecho.

Esta fecha surge en memoria de los disturbios de Stonewall – Nueva York (1969). Aquel día personas de la diversidad sexual y con una identidad de género diferente a la heteronormativa se manifestaron en contra de la estigmatización, violencia y discriminación, en medio de una redada policial, iniciando así una continua lucha por la defensa de la dignidad y sus derechos humanos.

El día del orgullo se ha convertido en una fecha clave para el movimiento LGBTIQ+ a nivel global, así como para el movimiento feminista y de derechos humanos. Cada vez más personas empatizan con esta lucha, que en realidad es una legítima demanda de dignidad, igualdad y libertad.

La discriminación por orientación sexual e identidad de género no solo lastima, sino mata a miles de personas en el mundo. En nuestro país, la transfobia, la lesbofobia, la bifobia y la homofobia son realidades que no han sido superadas. De hecho, contamos con una legislación completamente restrictiva de los derechos de esta población.

Demandas históricas como la Ley de igualdad de género, el matrimonio igualitario y la adecuada sanción a los crímenes de odio siguen siendo un pendiente. Según la última encuesta del INEI (2017) solo el 40.9% de personas LGBTIQ+ expresan su identidad de género, una inmensa mayoría que llega al 59.1% no lo hace por temor a sufrir una agresión, a perder su familia o a que sus amistades no les brinden apoyo.

Es decir, una gran cantidad de población vive ocultando su verdadero sentir y limitando su derecho a expresarse libremente, vivir sus gustos y afectos.  Según las estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2022) del total de casos de violencia atendidos contra personas LGBTIQ+, 46% fueron agredidxs por un familiar. El Ministerio Público en un estudio (2022), reportó que se han identificado entre el 2011 y 2021, 88 muertes dolosas de personas LGBTIQ+, es decir, crímenes de odio hacia esta población.

Una verdadera democracia tiene que tener como pilares fundamentales la libertad, la igualdad y el respeto a la dignidad de todos los seres humanos. Un verdadero Estado democrático es aquel en el que se respetan los derechos de todas las personas sin ninguna distinción, pero, no solo en las normas sino en la vida cotidiana. Estamos aún lejos de ello.

Este sábado 1ro de julio, se realizará en Lima la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, con la consigna #OrgulloEsDemocracia. La cita es a las 3:00 pm en el Campo de Marte. Muchas personas iremos de colores para reconocer los derechos de una población tradicionalmente excluida, pero también con la convicción de que en la medida que la igualdad y los derechos de las personas LGBTIQ+ sean reconocidos este será un mundo mejor.

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#LGBTIQ+, bifobia, lesbofobia, transfobia

Entonces, ¿el varonicidio existe?, mi respuesta es no.  Este término absurdo ha vuelto a ser colocado por algunos abogados/as que, en mi opinión, ejercen su profesión sin ética, al no promover el principio de igualdad y no discriminación, dimensiones básicas que debe tener en cuenta toda persona que defienda los derechos humanos.

El varonicidio es una invención absurda y misógina. No tiene base para su problematización, ni es una figura jurídica. Este término solo busca enfrentar a los hombres contra las mujeres y seguir reproduciendo sociedades patriarcales.

La violencia de género es un problema estructural, un problema que amerita la lucha común de todas y todos.  Esperemos algún día la cifra de feminicidios llegue a cero.

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Feminicidio, varonicidio, Violencia de género

La Defensoría del Pueblo ha sido, desde su fundación, la única instancia estatal que ha mantenido una alta legitimidad, justamente por su rol y autonomía frente al poder y los sectores políticos. Este espacio ha contribuido a la construcción de la memoria histórica de los hechos de dolor atravesados durante el conflicto armado interno, ha condenado el terrorismo, así como la violencia estatal.

Es gracias a la Defensoría del Pueblo que se ha dado seguimiento a la implementación de leyes orientadas a garantizar derechos de las poblaciones más vulnerables del país. Hoy, esta importante institución no queda a la deriva sino a la merced de un operador político del fujimorismo, gracias a la alianza de este partido con otras agrupaciones como Perú Libre y Acción Popular.

Una evidencia más de que gran parte de clase política está podrida y solo le interesa armar la mesa para gobernar aún sin ganar las elecciones.

Triste escenario que nos toca enfrentar. Sabemos que van por más, el copamiento de las instituciones democráticas es evidente, la finalidad es ponerlas al servicio de un proyecto autoritario que tiene como principal impulsor al Fujimorismo y sus aliados.

Tiempos oscuros han llegado para la única institución que se mantuvo autónoma durante casi tres décadas. La crisis democrática es una realidad.

 

[1] Artículo 93. El Congreso, a través de la Comisión Permanente, designa (…) y con aprobación del Pleno elige al Defensor del Pueblo, observando
las condiciones señaladas en la Constitución Política y las leyes orgánicas de las
respectivas instituciones públicas, así como el procedimiento determinado en los
reglamentos especiales que apruebe el Congreso (…).

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Congreso, Defensoría del Pueblo, derechos humanos, Fuerza Popular, Josué Gutiérrez, Perú Libre

Se afirma que el gobierno se encontraba en una situación muy compleja, a la vez que se condena el uso desproporcionado de la fuerza y de armas letales que terminaron con la vida de decenas de personas. De esta forma la CIDH, insta al Estado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos con enfoque étnico – racial, debido a la participación directa de agentes estatales en los hechos, muchos de estos podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales y masacres.

El informe lo que plantea es que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables, en el marco de la debida diligencia; pero a la vez plantea otras medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática, la lucha contra la impunidad y los derechos humanos.

La oposición que este Informe ha despertado en los sectores más autoritarios de nuestro país no es una sorpresa. Sin embargo, tras todo lo vivido en las últimas décadas, si es preocupante que buena parte de la población conecte con estas narrativas y reproduzca falsas verdades que perpetúan el estigma sobre quienes defienden derechos.

Es claro que uno de los grandes desafíos que tenemos es promover una conciencia de derechos en la población. Nuestra democracia empezará a consolidarse cuando los derechos humanos, principios y libertades fundamentales sean asumidas como ejes para la construcción de un nuevo pacto social.

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CIDH, Democracia, derechos humanos, Gobierno, Informe de la CIDH, movilizaciones, protestas, violencia

Por estos motivos, instamos al Poder Ejecutivo, atendiendo las graves implicancias de la vigencia de una normativa como la recientemente aprobada en la integridad y vida de las niñas, adolescentes y mujeres, en especial las que resultan embarazadas producto de violencia sexual, observe la autógrafa de ley (Proyecto de Ley Nº785).

Además exhortamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a estos intentos del Congreso de desconocer u obstaculizar el acceso a derechos, en especial los relacionados con las autonomías de las mujeres. Exigir y mantenerse vigilante de las instituciones del Estado, quienes tienen la obligación de cumplir la normativa nacional vigente.

Ver pronunciamiento y firmas en el siguiente link: https://bit.ly/3n4prF8

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aborto terapéutico, AbortoLegalPeru, derechos de la mujer, derechos humanos, feminismo, Perú

Quienes se dicen llamar “pro vida”, utilizan el término para empatizar con la población, pero en realidad su bienestar no les importa. A estos actores que diseminan mensajes de odio en todo el país, los llamaría “pro muerte” o “pro discriminación”, son quienes tienen voz cuando se trata de sancionar a las mujeres en su autonomía, cuando se trata de defender un modelo, pero no piensan en el bienestar ni de las mujeres ni de las niñas. A estos sectores, la vida no les interesa, siempre precarizar la misma.

Estas líneas escritas con algo de cansancio, de ver en el cotidiano la insistencia por retroceder, son un llamado a los/las jóvenes, a las mujeres, hombres y a toda persona que quiera el bien, a rechazar a quienes en base al odio promuevan una sociedad violenta y excluyente que nuestros hijos/as no merecen.

Si las normas retroceden, si las autoridades corruptas y cucufatas se apoderan de un país con una débil democracia, que el cambio venga por la ciudadanía y su rechazo a todo aquello que representa discriminación.

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derechos de la mujer, derechos humanos, igualdad de género

Aún en este contexto de agresiones y dolor, los sectores conservadores y antiderechos que han cooptado los espacios de decisión continúan con su agenda basada en odios, siguen desplegando esfuerzos para atacar a las mujeres, la lucha contra la violencia y la igualdad. Ayer, por ejemplo, se aprobó en Comisión de Educación el Proyecto de Ley 3464 que retira el lenguaje inclusivo de los textos escolares, propuesta impulsada por la congresista Milagros Jáuregui.

Es decir, sin importar el contexto violencia y crueldad contra las mujeres, las autoridades insisten con  desaparecernos simbólicamente de los textos escolares, mientras que feminicidas desaparecen nuestros cuerpos.

Ante tanta dejadez, impunidad y crueldad, es la ciudadanía la llamada a insistir y demandar cambios concretos, transformaciones culturales a favor de la paz, la igualdad y una vida sin violencia ni discriminación.

Que la indignación nunca se pierda. #VivasNosQueremos.

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Feminicidio, Perú, Violencia contra la mujer

Durante el terremoto del 2007, como en las inundaciones provocadas por el niño costero, se registró un aumento de los casos de violencia de género, especialmente de violencia sexual. Un nuevo escenario de catástrofe como el que vivimos actualmente con el Ciclón Yaku vuelve a generar la alerta. Pero una vez más, nos encuentra sin mecanismos estatales establecidos para la atención de uno de los principales problemas que tiene el país que registra más de 25 000 denuncias por violencia sexual al año en agravio de mujeres, siendo que para el 2022, 11 080 eran de violación sexual y de estas, 7614 en agravio de niñas y adolescentes.

La solidaridad ciudadanía es aplaudida, sobre todo la relacionada con dotación de alimentos para la población afectada. Sin embargo, hay necesidades que son invisibles en estas circunstancias pero que exponen y agreden a las personas más vulnerables y cuya atención es responsabilidad estatal.

Urge un protocolo de actuación específico para estos casos, que involucre la participación ciudadana y contribuya a la lucha contra la violencia y la discriminación.

 

[1] Artículo 8 del Reglamento de la Ley N°30364 – “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar” que reconoce como una modalidad de violencia a la violencia en conflictos sociales.

[2] Recomendaciones del Comité CEDAW al estado peruano en el marco de su noveno informe periódico, párr. 24, h).

[3] Recomendación General N°37 del Comité CEDAW, párr. 56.

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Ciclón, desastre natural, violencia sexual

Las últimas recomendaciones del Comité CEDAW señala  que permanecen obstáculos sobre todo económicos para el acceso a la AOE, reconociéndola como un servicio esencial.

Nos preocupa que en el actual contexto de retrocesos, oposición y estigma a las organizaciones de derechos humanos y feministas, por cuestiones políticas se atente contra los derechos humanos de las mujeres. Le recordamos a los magistrados que los derechos reproductivos son derechos humanos, y, que atentar contra la distribución gratuita de la AOE es una forma de violencia y discriminación que afectará a las poblaciones más excluidas del país.

Garantizar la AOE es tan urgente como garantizar la prevención de la violencia sexual y la educación sexual integral para que las mujeres, niñas y adolescentes puedan vivir una vida con dignidad.

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Anticoncepción Oral de Emergencia, feminismo, pastilla del día siguiente, Perú
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