[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] El reciente mensaje presidencial por 28 de julio nos dejó claro que la actual presidenta no tiene ninguna intención de dejar el poder y que la demanda ciudadana por un cambio, reflejada en las protestas y en la mínima aprobación de su gobierno, simplemente le es indiferente.
Boluarte inició con una crítica al gobierno anterior resaltando los altos índices de pobreza y la gran corrupción, olvidándose por completo que fue parte de este como Vicepresidenta y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargos que son asumidos por la confianza y cercanía al gobierno de turno.
Afirmó que su gobierno es democrático, negando de esta manera la crisis social, política y cultural que atraviesa el país y, evidenciando una peligrosa indiferencia por la actual captación de instituciones estatales, lo cual vulnera el principio de separación de poderes y, por ende, socava la gobernabilidad.
La presidenta relevó en su mensaje «la paz social», aunque, paradójicamente, se reprimía y gaseaba a manifestantes en el centro de Lima. La criminalización de la protesta ha continuado en las calles, así como los gestos racistas de parte de las autoridades estatales.
La paz social se construye garantizando justicia y reparación real para las víctimas de violaciones a los DDHH, así como evitando repetir actos hostiles que sigan profundizando la exclusión. La paz no puede ser solo un discurso.
La reconciliación no se construye replicando actos discriminatorios y prácticas que vulneran libertades fundamentales.
El discurso de la presidenta, estuvo plagado de incoherencias (como las mencionadas) y grandes ausencias.
Señaló que cumplirá las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, meses atrás deslindaba de todo vínculo con las fuerzas del orden y sus acciones desproporcionadas violatorias de derechos humanos. La CIDH ha calificado lo sucedido como “masacres” y “ejecuciones extrajudiciales”.
Así mismo, Boluarte le dedicó segundos a abordar la problemática de la violencia contra las mujeres, sin mencionar la obligatoriedad del ejecutivo en la implementación de políticas públicas para su prevención y atención. Una corta alusión a temas punitivos evidenció no solo su indiferencia con este tema sino su alianza con sectores anti derechos que limitan y bloquean el avance en materia de igualdad.
Es vergonzosa la omisión, prácticamente absoluta, de temas vinculados a igualdad de género, derechos de las mujeres/niñas y personas LGBTIQ+. Mucho más triste es saber que esto no es casual, sino que es el resultado de acuerdos y probablemente negociados con sectores ultra conservadores en cuya agenda política se encuentra la erradicación del enfoque de género en el Estado.
Este fue un mensaje que dejó claro el proyecto autoritario del gobierno, así como los acuerdos y alianzas perversas que mantiene y protege. En la mira está la igualdad y toda agenda progresista que pueda llevar a garantizar derechos.
Todos los líderes/lideresas de talante dictatorial hablan de paz y a la vez reprimen, hablan de reconciliación e igualdad, pero a la vez excluyen, criminalizan y evitan avanzar en esta ruta. La estrategia no es nueva, pero el escenario es preocupante, porque el hartazgo de la ciudadanía hace que se toleren prácticas peligrosas que nos están llevando a un túnel en dónde los más corruptos festejan por el botín.
