[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] Solo en lo que va del 2023 se han registrado 636 casos de niñas entre los 11 y 14 años que han sido obligadas a continuar con embarazos producto de una violación sexual. Todas ellas, no han accedido a un aborto terapéutico, aunque el riesgo grave sobre su salud integral y su vida era evidente.
En el 2022 el panorama también ha sido dramático, 1623 niñas han tenido partos producto de violaciones sexuales. Niñas cuya infancia ha sido arrebata y lastimada por la violencia, pero además desprotegidas por un Estado que no solo las vulnera al no prevenir la violencia sexual adecuadamente, sino que las revictimiza al negarles el derecho a una interrupción de la gestación que pueda salvaguardar su salud física, mental y su dignidad.
Recientemente el caso Mila generó indignación en la ciudadanía y es gracias a la presión de las organizaciones de derechos de las mujeres y de la opinión pública que se logra que el Estado aplique adecuadamente el protocolo de aborto terapéutico, aprobado en el 2014. Esta pequeña, felizmente, encontró una salida.
Sin embargo, existen muchas Milas. Cientos de niñas que sufren la tragedia de una violación sexual, que no acceden a la justicia y que son revictimizadas por las autoridades estatales. Pequeñas que quedan en el anonimato, que no se conocen sus casos, madres que sufren en silencio por sus hijas, que se cansaron de denunciar y solo encontrar impunidad y culpa.
En este país, las niñas importan solo cuando son noticia. Cuando hay una cámara que puede ayudar a subir la popularidad de una autoridad. Evidencia de esto es que, en la última década se han presentado diversos proyectos legislativos para despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Los intentos desde las organizaciones feministas y de mujeres ha sido constantes en reflejar un drama que azota a la infancia y es tolerado por el Estado.
Todas estas propuestas han sido archivadas. Desde el legislativo la indiferencia con este drama es brutal y se cuenta con la complicidad del Ejecutivo. “Nunca es el momento de abordar estos temas”, son clásicas afirmaciones de autoridades que defienden más su puesto que a las mujeres y a las niñas.
Entre el 2021 y 2023, según el Registro de nacidos vivos, 3684 niñas entre los 11 y 14 años, tuvieron partos. ¿Cuántos casos más?, ¿Qué cifra de horror se necesita para reaccionar?, ¿En qué “momento” las niñas y su derecho a no ser forzadas a un embarazo producto de un crimen, será “prioridad”?
Si el aborto en casos de violación sexual hubiera estado despenalizado en nuestro país, Mila no hubiera tenido que pasar por una larga y tortuosa espera para la aprobación de un procedimiento legal, no hubiera estado expuesta a la discrecionalidad de juntas médicas. No hubiera sido revictimizada una y otra vez.
Como sociedad nos hace falta empatía con el dolor ajeno. ¿Qué pasaría si fuera nuestra hija, hermana, amiga o sobrina?. Es tiempo que la ciudadanía exija un cambio, pues no lo harán las autoridades. Muchas de ellas son presas de sectores antiderechos, ultra conservadores, a quienes apenas se les menciona los derechos de las mujeres y niñas, o, los derechos reproductivos, ponen barreras para alcanzarlos.
Con ellos/as en el poder no se logrará nada. Es tiempo que la ciudadanía exija un cambio efectivo para garantizar la dignidad y salud de las niñas, así como su derecho a no vivir violencia.
La violencia sexual es un drama: Solo en lo que va del 2023 se han registrado más de 17, 500 hechos de violencia sexual, el 70% contra niñas/os y adolescentes, según el Programa Aurora. En cuanto a violaciones sexuales, se cuentan 6, 092 casos según la misma fuente. De estas el 66% son niñas y adolescentes.
Exijamos a las autoridades la prevención de este delito y una ruptura de la impunidad en la que quedan muchos agresores. A la vez hay que demandar que se proteja a las niñas que son sobrevivientes de un crimen atroz.
Las niñas, son niñas, no madres. Procurar infancias dignas y felices es una obligación estatal y ciudadana.
