Fujimorismo

El escenario político peruano siempre ha estado plagado de giros dramáticos, y pocas historias han sido tan tumultuosas como la saga del clan Fujimori. Desde el apogeo del poder del «líder histórico» Alberto Fujimori hasta las sucesivas derrotas en las elecciones presidenciales de su hija Keiko, este linaje ha protagonizado una serie de eventos que podrían competir con las tramas más intrincadas de la literatura política.

Uno de los últimos capítulos más saltantes en esta saga se desarrolló en torno a la libertad de Fujimori, condenado por una serie de delitos. Kenji, su menor hijo, se embarcó en una intensa campaña para lograr el indulto de su padre, utilizando diversos recursos y estrategias. Por lo tanto, no fue sorpresa que finalmente el presidente Pedro Pablo Kuczynski concediera el indulto a cambio de los votos de los congresistas “albertistas”, los cuales evitarían su eventual vacancia. Sin embargo, la alegría efímera de la liberación se convirtió en desilusión cuando el indulto fue declarado nulo, y Fujimori volvió a la cárcel. 

Mientras Kenji luchaba incansablemente por la libertad de su padre, su hermana Keiko permanecía en un segundo plano, sin hacer nada para apoyar la causa de su hermano. Peor aún, su actitud hostil hacia Kenji evidenció las divisiones en el seno político y familiar. Esta falta de apoyo por parte de Keiko hacia Kenji no solo sorprendió a muchos observadores políticos, sino que también generó preguntas sobre las verdaderas dinámicas familiares y políticas dentro del clan Fujimori y del movimiento fujimorista en general.

¿Cuál fue la razón detrás de la decisión de Keiko de mantenerse al margen y confrontar a su hermano? Es difícil precisarlo. No obstante, una razón plausible podría ser la rivalidad política y personal entre los hermanos. Keiko, en calidad de destacada figura del fujimorismo, habría podido percibir la campaña de Kenji como una amenaza a su propia posición de poder y liderazgo. Además, es factible que Keiko haya tenido divergencias estratégicas con la campaña de Kenji. Quizás consideró que la estrategia de Kenji para obtener el indulto de su padre no era la más efectiva o pudo haber expresado preocupaciones respecto a las implicaciones políticas a largo plazo de conceder dicho indulto.

La estrategia de confrontación con Kenji socavó la imagen de unidad y cohesión que el fujimorismo intentaba proyectar, exponiendo públicamente las divisiones internas y rivalidades dentro del clan Fujimori. En lugar de presentar una sola fuerza, la situación puso de manifiesto la existencia de dos sectores claramente definidos: uno liderado por Kenji y otro por Keiko.

La reciente declaración de Alberto Fujimori, en la que apoya sorprendentemente la permanencia de la presidenta Boluarte hasta el 2026, solo sirve para agregar más combustible al fuego de la intriga política. “El gobierno de la presidenta Dina Boluarte va a continuar hasta el 2026. Por lo menos, Fuerza Popular y el fujimorismo así lo han acordado”. La distinción entre Fuerza Popular y el fujimorismo no es gratuita. Esta ratifica la existencia de dos sectores diferenciados en el seno del fujimorismo y anuncia su regreso a la política. En este sentido, señaló que el fujimorismo postulará en las próximas elecciones presidenciales, aunque no confirmó que su hija Keiko fuese la candidata. ¿Cómo puede interpretarse la declaración de Fujimori? Las especulaciones están en pleno apogeo.

En definitiva, ¿cuál será el futuro de Fuerza Popular y del fujimorismo? ¿Podrán superar sus divisiones y las confrontaciones? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: la saga del fujimorismo aún tiene muchos capítulos por escribir, y ninguno de ellos parece estar exento de drama y sorpresas.

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En la historia de la lucha por la justicia, la fraternidad, la solidaridad y el bienestar común, resuenan con fuerza nombres que encarnan la valentía, la determinación y la esperanza. Uno de estos nombres es el de María Elena Moyano, una figura emblemática que dejó un legado imborrable en la lucha por los derechos humanos y la democracia en el Perú.

Desde una edad temprana, Moyano demostró un profundo compromiso con su comunidad y una pasión por la justicia social. Esta pasión la llevó a convertirse en una de las líderes más prominentes de su tiempo, una mujer que creía firmemente en la democracia y en el poder del pueblo para transformar su realidad.

En un contexto marcado por la violencia de Sendero Luminoso y el fujimorismo, Moyano abogó incansablemente por el diálogo y la participación ciudadana. Su visión de la democracia no se limitaba a un sistema político, sino que abrazaba la idea de una democracia integral presente en todas las esferas de la vida de las personas.

Reconocía que la democracia solo puede florecer en un entorno donde se respetan irrestrictamente los derechos humanos fundamentales. Por lo tanto, dedicó gran parte de su vida a la defensa de estos derechos, especialmente los de las mujeres y los más vulnerables de la sociedad. En 1984, fue elegida presidenta de la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador (FEPOMUVES). Su lucha incluyó la promoción de la educación, la salud y el bienestar de las comunidades, así como la denuncia de las atrocidades cometidas por Sendero Luminoso y las violaciones de derechos humanos por parte del Estado.

María Elena Moyano también incursionó en la política, siendo elegida en 1989 como teniente alcaldesa de Villa El Salvador por Izquierda Unida (IU). Se convirtió en una figura destacada no solo en su distrito, sino también en Lima Metropolitana. Su compromiso con la no violencia y la búsqueda de justicia la convirtieron en una figura respetada y admirada. Por eso mismo, desafió valientemente a Sendero Luminoso y a las fuerzas del orden que amenazaban la paz y la seguridad de su comunidad.

Trágicamente, su activismo social y político la convirtió en blanco de aquellos que se oponían a su mensaje de esperanza y cambio en democracia. El 15 de febrero de 1992, a la edad de 33 años, fue brutalmente asesinada por Sendero Luminoso.

Sin embargo, su legado perdura. María Elena Moyano sigue siendo un símbolo de coraje y resistencia, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la justicia nunca se apaga por completo. Su vida y su sacrificio nos inspiran a todos a seguir luchando por un mundo donde la democracia y los derechos humanos sean verdaderamente universales y respetados por todos.

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Lo que está ocurriendo con la Defensoría del Pueblo y con la Sunedu es la mejor demostración de cómo una coalición derechista conservadora es capaz de destruir instituciones, en base a los prejuicios ideológicos que acompañan su arsenal cognitivo.

Si a ello le sumamos el desastroso paso del alcalde Rafael López Aliaga por la Municipalidad de Lima y junto con él, de muchos de sus correligionarios distritales, deberá deducirse que este núcleo del espectro ideológico nacional puede haber alcanzado protagonismo, pero no profesionalismo político.

La derecha conservadora no tiene idea de cómo resolver los graves problemas nacionales que nos aquejan (inseguridad ciudadana, corrupción, crisis económica, reforma del Estado, fortalecimiento de instituciones, etc.). Está signada por un arsenal de frases efectistas, pero a la hora de ejecutar, como se aprecia en la esfera congresal y en la municipal, no da pie con bola.

Lamentablemente, la principal fuerza de la derecha peruana, el fujimorismo, en lugar de haber fortalecido su raigambre liberal, identitaria de lo mejor de los 90, se ha deslizado hacia senderos conservadores, mercantilistas y autoritarios, yendo a contrapelo de sus propios orígenes sociales e ideológicos.

Es casi tan malo que gane la izquierda extrema el 2026 como que lo haga la derecha conservadora. No habría ninguna reforma liberal y muy lejos de ello, el Perú retrocedería en muchas cosas positivas que se lograron, a cuentagotas, en la transición democrática, y nos despediríamos del avance de reformas importantes como las vinculadas a políticas de equidad de género, luchas feministas, respeto a la diversidad cultural, etc.

Si queremos salir del embrollo social, económico y político en el que nos encontramos, es menester que se fortalezcan opciones liberales, que incorporen fuerzas de derecha, de centro e, inclusive, de la centroizquierda que se mantuvo incólume de la tragedia castillista.

Entre la izquierda radical cavernaria y la derecha conservadora troglodita, nos aseguran el retroceso del país y la pauperización brutal de la convivencia política. Es imperativo que las fuerzas liberales y democráticas unan voluntades y le eviten al país ese terrible trance.

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Pareciera que el fujimorismo no ha aprendido la lección del 2016, cuando su infeliz actuación parlamentaria le generó tantos pasivos y anticuerpos que luego Keiko Fujimori no pudo sortear la valla del antifujimorismo y cayó derrotada por el peor candidato presidencial que el Perú ha tenido en las últimas décadas: Pedro Castillo.

Hoy viene desplegando similar irresponsabilidad e impudicia política. Ayer acaba de blindar a la tercera vicepresidenta, Rosselli Amurús, involucrada en escándalos personales y en denuncias de irregularidades en contrataciones bajo su responsabilidad en el Parlamento.

Su propia bancada, Avanza País, había decidido someterla a censura, pero el fujimorismo y Alianza para el Progreso (¿César Acuña quiere arruinar el futuro político de su hijo, Richard?) la blindaron sin pudor ni rubor, rechazando debatir siquiera la moción, poniéndola a salvo de cualquier proceso sancionador que, como correspondía, la expectorara del cargo que desempeña con más desenfado que solvencia.

Lo que causa indignación es el sentimiento de abuso e impunidad con el que actúa la mayoría congresal, digitada por el fujimorismo, que le va a cargar inmensos pasivos a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori el 2026 (o antes, si detonara una crisis política), tal como sucedió el 2021.

Lo que es más grave es que el daño no se lo va a producir tan solo a Keiko Fujimori sino a toda la derecha peruana, con la que el pueblo identifica al Congreso y al Ejecutivo, que compiten denodadamente por ganarse el trofeo a la mayor mediocridad política posible.

Ese 90% que desaprueba al Congreso se va a volcar en las próximas elecciones presidenciales por una candidatura antisistema, radical y disruptiva, y le va a ser casi imposible al discurso derechista competir con aquel estado de ánimo. La indignación popular en el interior del país es abrumadora y, al parecer, refractaria a cualquier campaña electoral prosistema, por más de avanzada y sofisticada que sea.

Solo con que el sur andino vote en la primera vuelta del 2026 como votó en la segunda vuelta del 2021 -como va a ocurrir, salvo que ocurra un milagro-, el candidato antiestablishment tendrá 15% de la votación en su bolsillo. Y mientras estas perspectivas nefastas se abren, el fujimorismo juega frívolamente a hacer política menuda en el recinto legislativo.

 

 

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Resulta cuasi delirante la obsesión de cierto sector de la derecha con los llamados “caviares”, sector de la izquierda moderada, que cree en la democracia, pero que mantiene criterios económicos relativamente intervencionistas.

Es verdad que han aderezado su presencia política con ínfulas ideológicas y morales que los han tornado insoportables y fatuos, y es verdad también que han desarrollado una labor de infiltración de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial que los ha llevado a perseguir a sus adversarios ideológicos (el fujimorismo ha sido su principal objetivo).

Además, se consideran portaestandartes monopólicos de temas como el medio ambiente o los derechos humanos, haciendo mal uso de esa pretendida hegemonía ideológica en temas que son universales y no deberían formar parte de ninguna bandería.

Participaron aisladamente en todos los gobiernos, como los de Toledo, el propio García, Humala, PPK, Vizcarra y Sagasti, pero donde se achicharraron por defección moral fue durante el gobierno de Castillo, donde, a cambio de cuotas de poder, renunciaron a sus principios y se vendieron por migajas de puestos públicos o cargos estatales.

Merecen pues sanción política y ética. Todo su discurso de principismo moral superlativo se fue por el desague por su complacencia ante la terrible ineficiencia y corrupción comprobada del gobierno de Pedro Castillo, al que se sumaron sin ninguna prudencia ni distancia.

Pero de allí a considerarlos el objetivo político principal de destrucción y el enemigo mayor a derrotar, hay un abismo de diferencia que solo la frivolidad ideológica de cierta derecha puede explicar.

El gran peligro en el Perú de hoy no son los caviares sino la izquierda radical, disruptiva y autoritaria que asoma en el horizonte con posibilidades de triunfo electoral, ante la realidad sociológica del descontento popular y la terrible improvisación de los candidatos de derecha que van asomando en el panorama partidario.

Estamos en riesgo de perder el país, en el sentido de ver desaparecidos el modelo de economía de mercado y las formas democráticas. Y ese riesgo no lo comportan los llamados “caviares” sino la izquierda cerronista, leninista, extrema, antaurista, etc., a la que ahora en la derecha aplauden infantilmente porque ataca a los “caviares”, mostrando una absoluta falta de perspectiva y guiarse así por ojerizas ideológicas antes que por sentido de país.

 

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En un solo día, el fujimorismo ha sido capaz de mostrarnos que su rostro político es el mismo que el de hace décadas. Primero aparece una publicación del Fondo Editorial del Congreso -a cargo de Fuerza Popular- en el que se publica un mamotreto casi justificando el golpe de  Estado del 5 de abril del 92. Segundo, aparece el primer vicepresidente del Congreso respaldando al impresentable titular del Legislativo, quien ya hace días debería haber renunciado al cargo o ser censurado por la propia mayoría que lo colocó allí, por un asomo de dignidad política.

El fujimorismo debe ser uno de los pocos movimientos políticos que, lejos de evolucionar, camina al revés, va en retroceso. Similares ejemplos al suyo han sido el franquismo y el pinochetismo. Y en ambos casos, la derecha española y chilena supieron hacer del pasado un pasivo crítico sobre el cual poder empinarse y construir opciones democráticas modernas y tolerantes.

El fujimorismo pudo haber hecho propósito de enmienda, más aún estando ausente su padre fundador, y construir una opción basada en la perspectiva vital de la heredera, Keiko Fujimori. En las tres campañas que ha participado, y ha perdido, dio aparentes muestras de ello, pero luego, su conducta política, sobre todo la congresal, ha terminado por generar la impresión de que sus discursos electorales han sido un sainete y poco o nada ha cambiado del fujimorismo auroral.

Es una lástima, porque tiene arraigo transversal en la sociedad peruana -cosa que ningún partido de derecha alcanza-, pero su ideología conservadora y autoritaria socava sus enormes potencialidades.

Va camino a protagonizar, si Keiko insiste, como parece ser el caso, en postular el 2026, una nueva derrota, que ya para entonces ojalá la convenza de que lo suyo no es la definición electoral y que debe abocarse a otros menesteres profesionales distintos a la política.

Y así, de paso, lo positivo es que le abriría terreno a la posibilidad de que surjan otras derechas populares, que sean capaces de competir con la cada vez más predominante narrativa izquierdista.

El fujimorismo es refractario al cambio y nos pone en entredicho, inclusive, a quienes vimos en Keiko al mal menor de las últimas elecciones. Qué difícil es seguir sosteniendo que a pesar de todo, ella era mejor opción que el nefasto Pedro Castillo. No se pudo dar el caso para demostrarlo, pero en las últimas horas, quien más ha hecho por socavar esa idea, es el propio fujimorismo, con sus destemplanzas y falta de la menor sindéresis política.

 

 

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Una de las escasísimas reformas que se emprendieron durante el largo periodo de la transición democrática (2000-2016), fue la reforma universitaria, y dentro de ella la creación de la Sunedu, una entidad encargada de supervisar la calidad universitaria y exigir cualificación institucional a aquellas entidades que se habían acostumbrado a ser una fábrica de títulos bamba y carreras sin fundamento.

Por ejemplo, se necesitaba autorización expresa de la Sunedu para gestionar y aprobar la creación de facultades, maestrías y cursos de especialización. Con ello, se buscaba desterrar el engaño terrible a los alumnos que esforzadamente dedicaban su tiempo y su dinero a formarse, cuando, en verdad, no lo hacían y los papeles que obtenían no servían luego para nada en el mercado.

Pues bien, ahora, gracias a la labor punible y cómplice del Legislativo y el Ejecutivo, la Sunedu ha sido desmantelada y minimizada en su rol supervisor, cediendo a las presiones de los conglomerados universitarios. Baste decir que ahora se pueden crear facultades y programas de estudio, a sola cuenta de la universidad, solo informando, con posterioridad, a la Sunedu de ello, en un acto meramente administrativo.

Con el pacto aprobado entre el fujimorismo y el cerronismo, se ha permitido el retorno de los dinosaurios, como bien ha titulado un reciente editorial de La República. Los portavoces del antiguo statu quo, fábricas de dinero fácil, logradas en base al engaño de cientos de miles de estudiantes, han vuelto a sentar sus reales aposentos sobre la dignidad de los jóvenes universitarios.

Las consecuencias van a ser dramáticas. Pronto veremos el festival de títulos sin valor, años desperdiciados de jóvenes pagando matrículas para estudiar carreras sin sustento ni estándares mínimos de calidad, millones embolsicados por traficantes de esperanzas juveniles. En suma, capitalismo salvaje en un mercado que, como el educativo, que además confiere títulos a nombre de la nación, debería estar supervisado y regulado.

Y cuando eso ocurra, habrá que recordarle a Keiko Fujimori, de reciente reaparición, que difícilmente puede hablar de querer ser la representante de una derecha liberal y moderna, cuando sus mastines parlamentarios actúan por el contrario y lo vienen haciendo desde que en el gobierno de Kuczynski, se desembalsaron todos los instintos autoritarios soterrados de la opción ideológica que en verdad representa Fuerza Popular.

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Ha salido con todo Keiko Fujimori a zarandear al gobierno de Dina Boluarte. Le ha enrostrado “una actitud triunfalista y con cero autocrítica”. “Después de ver eso, nos debe llevar a nosotros a un cambio de actitud porque si ella y su Gobierno no es capaz (sic) de hacer los cambios que corresponde, debemos nosotros de señalar justamente cambios en el gabinete”.

Así, ha pedido la salida de los ministros de Salud, Energía y Minas, Salud e Interior, nada menos. Y, por cierto, tiene razón. Son ministros que no dan la talla para las urgencias del momento y afectan directamente la viabilidad del régimen, contribuyendo a su permanente nivel de desaprobación ciudadana.

¿Le hará caso la primera mandataria? Es un juego gana-gana el de Keiko. Si le obedecen, reforzará su perfil opositor y de poder. Si desoyen su solicitud, la alineará con mayor distancia respecto de un gobierno con el que la ciudadanía la identificaba. Buen negocio político por donde se le mire.

Esta paulatina lejanía del fujimorismo y del oficialismo, puede traer, sin embargo, más allá del impacto político general referido, consecuencias directas en la gobernabilidad congresal y la anuencia facilista con la que hasta ahora contaba Dina Boluarte.

Una bancada grande como la de Fuerza Popular es el fiel de la balanza en muchas de las decisiones que se toman en el Legislativo y si se encrespa respecto de la voluntad palaciega, le puede ocasionar más de un problema. Baste mencionar la ola de interpelaciones y censuras que podrían venir (como ya ha insinuado la propia Keiko Fujimori).

Alguna vez lo dijimos: Dina Boluarte durará en Palacio, el tiempo que le demore a la derecha darse cuenta de que su permanencia allí afecta sus intereses políticos y particularmente electorales.

No ha llegado aún ese momento de ruptura total, pero es el primer paso de lo que podría ser un distanciamiento que luego sea seguido por otras bancadas de derecha, que sumadas a las de la izquierda resentida, siempre dispuesta al contragolpe, podrían reducir las probabilidades de que Dina Boluarte gobierne sin sobresaltos hasta el 2026.

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Esa es la unidad que se requiere, no un gesto inútil, innecesario, falso, como el que acaba de hacer. La derecha o el centro deben afiatar una candidatura sólida, lejos de los radicalismos ultras y del lastre fujimorista, que encima le resta votos a los candidatos del mismo segmento ideológico y permitiría que pasen a la segunda vuelta los Castillos, Bellidos o Antauros que aparezcan en el firmamento electoral.

 

 

 

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