Keiko Fuimori

Lo único que está logrando Keiko Fujimori -porque imaginamos que es con su anuencia- es que su bancada congresal reactive el viejo lastre de la política peruana, que es el antifujimorismo.

A diferencia de Chile donde el pinochetismo-antipinochetismo solo aflora en las fechas de recordación del golpe militar -como acaba de suceder-, en el Perú define los procesos electorales. Ocurre mucho menos en España, donde el franquismo-antifranquismo se reduce a  cenáculos extrapolíticos.

¿Cómo puede ocurrir ello si Franco y Pinochet marcaron a sangre y fuego las sociedades española y chilena en mucho mayor medida que el fujimorismo en el Perú? La dictadura fujimorista no fue ni lo brutal ni lo sanguinaria de las referidas y, sin embargo, mantiene activos rechazos acendrados en significativos sectores de la población peruana (ni siquiera cabe la hipótesis de que ello se debe a que cambió el modelo económico porque lo mismo hizo Pinochet y no marca la política actual como es el caso del fujimorismo).

Claro, marca una diferencia notable que ni en España ni en Chile haya partidos que se reivindiquen franquistas o pinochetistas, como sí existe acá, que hay un partido que se reivindica fujimorista, pero creemos que la razón principal no estriba allí, sino en la conducta presente de la agrupación que lo representa.

Para no remontarnos a las elecciones del 2011 y el 2016, queda claro que las del 2021, las pierde Keiko Fujimori por el proceder de su bancada parlamentaria respecto del gobierno de PPK. El 2016 era la ocasión dorada para la derecha peruana de construir un país a su medida, implementando reformas estructurales de segunda generación, dejándole el camino servido a la sucesión keikista luego de un gobierno exitoso, pero no, la bancada naranja se dedicó a sabotear desde el primer día a Pedro Pablo Kuczynski, generando una crisis pavorosa que desembocó en cinco presidentes en seis años.

Hoy el fuji-acuñismo-cerronismo hace y deshace en el Congreso, extralimitándose en la naturaleza transitoria de su existencia (el 80% de la población quiere que se vayan) y en ese talante siembra los vientos que luego, en la campaña del 2026, le pasarán nuevamente factura a Keiko Fujimori, si por ventura no aparece ningún candidato de centroderecha potable, y logra pasar a la segunda vuelta a disputar por cuarta vez la jornada definitoria contra un candidato radical de izquierda.

 

 

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Las críticas de Keiko Fujimori al gobierno de Dina Boluarte merecieron de la primera mandataria una respuesta modosa, tangencial, que bien valdría la pena, sin embargo, volver a retomar: la de adelantar elecciones, que el fujimorismo congresal se encargó de abortar.

No parece haber otra salida a la crisis. Algunos pensaban que lo mejor era esperar hasta el 2026, para fijar cierta estabilidad en el movedizo tablero político peruano o para que las fuerzas políticas nuevas tengan chance de inscribirse y expresar mejor el sentir ciudadano, que las actuales agrupaciones partidarias, pero la crisis política ha escalado y no solo no genera claridad respecto de su salida sino que sigue afectando enormemente a la actividad económica privada, que no suelta un dólar de inversión mientras subsista la precariedad política.

Un Ejecutivo inerte y un Congreso desmedido, son la fórmula perfecta para el desastre que hoy apreciamos, con ambos poderes del Estado desaprobados por la ciudadanía de manera abrumadora.

Con un adelanto de elecciones se produciría un “reseteo” político que, es verdad, podría llevarnos nuevamente al abismo castillista, pero también a la resurrección de una opción republicana liberal, de centroderecha, que corrija los entuertos que el Perú viene sufriendo desde el 2016, en materia política, y desde el 2000 en materia de reformas estructurales.

Cuando Martín Vizcarra, mucho antes de ser vacado, le ofreció al Congreso aprofujimorista de entonces que se vayan todos y se adelantasen las elecciones, era, claramente, la mejor opción y nos hubiera evitado todos los problemas posteriores (disolución del Congreso, vacancia de Vizcarra, etc.), pero el Legislativo se emperrechinó en sus curules y hoy vemos las consecuencias de ello.

Para ser sincera, la presidenta Boluarte debería no solo soltar una indirecta sino emprender una campaña política y mediática a favor del adelanto de elecciones generales, poner contra las cuerdas al Congreso (aún con los riesgos que eso implica) y que, con el aval mayoritario de la opinión pública -que en algún momento despertará de su letargo y la va a acompañar en ese propósito- logre obligar al poder de la plaza Bolívar a retomar el tema.

No se ve otra salida. El país no aguanta tres años más en esta zozobra sistémica. Es un error mayúsculo pensar que no hay crisis porque no hay convulsión social. El tejido social se está degradando hasta extremos que, mientras más dure el proceso, mayor será su explosión electoral.

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Una de las escasísimas reformas que se emprendieron durante el largo periodo de la transición democrática (2000-2016), fue la reforma universitaria, y dentro de ella la creación de la Sunedu, una entidad encargada de supervisar la calidad universitaria y exigir cualificación institucional a aquellas entidades que se habían acostumbrado a ser una fábrica de títulos bamba y carreras sin fundamento.

Por ejemplo, se necesitaba autorización expresa de la Sunedu para gestionar y aprobar la creación de facultades, maestrías y cursos de especialización. Con ello, se buscaba desterrar el engaño terrible a los alumnos que esforzadamente dedicaban su tiempo y su dinero a formarse, cuando, en verdad, no lo hacían y los papeles que obtenían no servían luego para nada en el mercado.

Pues bien, ahora, gracias a la labor punible y cómplice del Legislativo y el Ejecutivo, la Sunedu ha sido desmantelada y minimizada en su rol supervisor, cediendo a las presiones de los conglomerados universitarios. Baste decir que ahora se pueden crear facultades y programas de estudio, a sola cuenta de la universidad, solo informando, con posterioridad, a la Sunedu de ello, en un acto meramente administrativo.

Con el pacto aprobado entre el fujimorismo y el cerronismo, se ha permitido el retorno de los dinosaurios, como bien ha titulado un reciente editorial de La República. Los portavoces del antiguo statu quo, fábricas de dinero fácil, logradas en base al engaño de cientos de miles de estudiantes, han vuelto a sentar sus reales aposentos sobre la dignidad de los jóvenes universitarios.

Las consecuencias van a ser dramáticas. Pronto veremos el festival de títulos sin valor, años desperdiciados de jóvenes pagando matrículas para estudiar carreras sin sustento ni estándares mínimos de calidad, millones embolsicados por traficantes de esperanzas juveniles. En suma, capitalismo salvaje en un mercado que, como el educativo, que además confiere títulos a nombre de la nación, debería estar supervisado y regulado.

Y cuando eso ocurra, habrá que recordarle a Keiko Fujimori, de reciente reaparición, que difícilmente puede hablar de querer ser la representante de una derecha liberal y moderna, cuando sus mastines parlamentarios actúan por el contrario y lo vienen haciendo desde que en el gobierno de Kuczynski, se desembalsaron todos los instintos autoritarios soterrados de la opción ideológica que en verdad representa Fuerza Popular.

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La combinación de una situación política que empieza a alterarse a causa de la distancia paulatina que la derecha está anteponiendo respecto del gobierno (habiendo sido las declaraciones de Keiko Fujimori las más impactantes al respecto) y la débil reacción de los indicadores macroeconómicos (todos los especialistas han reducido sus expectativas de crecimiento para este año), puede poner en riesgo la confiada declaración de la presidenta en el sentido de que su mandato culminará el 2026, “ni un día antes ni un día después”.

Eventual crisis política y mayor empobrecimiento de las clases medias (“el desempeño de la actividad económica obligaría no solo a revisar las cifras de junio, sino también las proyecciones para el segundo trimestre. El PBI crecería 1.3%, lejos de la previsión de 2% de marzo, de acuerdo con el Focus Economics Consensus Forecast de junio. Y, para el 2023, los analistas estiman un crecimiento de 1.9%”, señala Semana Económica), son el telón de fondo propicio para que cualquier gobierno democrático se tambalee. Y si tomamos en consideración que, en el caso peruano, el Ejecutivo carece de bases parlamentarias, sufre una tremenda desaprobación, los conflictos sociales están a flor de piel y la desconfianza es generalizada, podemos vislumbrar que el camino político de acá a tres años no está necesariamente allanado.

Dina Boluarte tiene que andar con pies de plomo a la hora de arriesgar políticamente o dar declaraciones presuntuosas, pero ser muy ágil y dinámica en cuanto a la administración de la cosa pública. Y bueno, pues, parece que lo está haciendo al revés. Comete groseros dislates verbales y políticos y, a la vez, víctima de lo que hemos considerado su vizcarrización, ha plantado al Estado, salvo en los sectores en los que la calidad particular de los titulares de los pliegos ministeriales rompe con la inercia a la que el Ejecutivo parece encadenado.

No hay forma de que de persistir ese talante, el gobierno no esté libre de un zamaquón callejero o parlamentario que se lo lleve de encuentro. La política peruana es imprevisible, pero sí se puede prever que un gobierno mediocre tiene pocas posibilidades de durar.

La del estribo: notable la puesta en escena de Nací para quererte, el musical, producido por Denisse Dibós, codirigido por Juan Pablo Lostaunau y Tommy Párraga, con la dramaturgia de Mateo Chiarella, y un gran elenco de actores y actrices, además de bailarines, entre los que destacan Paul Martin, el querido Hugo Salazar, Sandra Muente, etc. Va en el Teatro Municipal y solo quedan cuatro funciones, desde hoy hasta el domingo. Entradas en Teleticket.

 

 

 

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Esta nueva visión es interesante y pertinente, sin embargo, no puede estar aislada de la ansiada reforma política, ya que un cambio tan trascendental debe estar acompañado de otras reformas como la recomposición del congreso (diputados) a mitad del periodo presidencial, el regreso de la bicameralidad, la eliminación del voto de confianza a los nuevos gabinetes, eliminar la posibilidad de disolver el congreso por censuras a gabinetes, pero incluyendo un articulo similar al ecuatoriano que permite la “muerte cruzada” y el incremento a 4/5 del numero legal de miembros para vacar a un presidente.

Estas reformas y otras más como el tener distritos electorales uninominales, deben permitir esta figura de la cohabitación, que podría darse a mitad del periodo presidencial si cambia la composición del congreso.

La posibilidad de tener un nuevo pacto social disminuiría radicalmente esa demanda constante de vacancias, disoluciones y “que se vayan todos”, ya que la ciudadanía sabría que, en un periodo relativamente corto, podrían elegir, a través del voto y no de la violencia, un nuevo rumbo político donde se cambia al premier (jefe de gobierno) pero se mantiene al presidente (jefe de estado).

Vizcarra encargó a Tuesta una reforma política que nos ha complicado más que otra cosa, pero una alternativa ante un congreso tan desprestigiado como el nuestro, sería que la presidenta Boluarte convoque a un nuevo grupo de expertos, liderado por algún constitucionalista de prestigio y de consenso, para que lidere una nueva propuesta de reforma política que quizá, quien sabe, se oriente de una vez, al semi-presidencialismo.

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Si Keiko Fujimori se vuelve a presentar le va a arrebatar un 10% al resto de candidatos de la centroderecha y va a lograr, por efecto indirecto, facilitarle a un candidato radical antisistema como Antauro Humala terciar por entrar a la segunda vuelta con un porcentaje menor, tal como sucedió con Castillo el 2021.

Si Keiko Fujimori tuviese alguna opción de ganar en una futura segunda vuelta no hay quién le pueda negar el derecho a intentarlo por cuarta vez (no sería la primera ni la última candidata en hacerlo en el mundo), pero dadas sus enormes falencias personales en asuntos políticos, lo más probable es que pierda contra quien sea si pasase a la segunda vuelta electoral. Y el Perú ya no puede correrse el riesgo de tomar un nuevo rumbo equivocado, esta vez más antisestablishment que de Castillo. Perderíamos el país, la democracia, el crecimiento económico y el orden social.

De acá a diez años, con mayor madurez a cuestas, con un país más enrumbado, sin riesgos antisistema a la vista, podría volver a intentarlo, pero ni ahora ni el 2026, es su momento.

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Como dijimos ayer, habrá que proceder primero a una limpieza de los congresistas corruptos que se han vendido al gobierno, pero también para ello se necesita afiatar una estrategia, para que no se trunque por nimiedades a veces ridículas (inasistencia de congresistas que prefieren ir a un programa de televisión en lugar de estar en la votación respectiva, por ejemplo). Hecho ello, el camino estaría allanado para que la oposición empiece a hacer política en serio.

La del estribo: conmovedora la puesta en escena de Limpiar la sangre, escrita e interpretada por Nishme Sumar, y codirigida por ella y Steven Buendía. Ella, de origen palestino, viaja a su lugar de origen a recuperar una casa familiar y en el proceso, que muestra al público en video y testimonio, se abren ventanas de su propia vida, pasado y expectativas. Va en el Centro Cultural de la PUCP, los jueves y viernes a las 20.00 horas, hasta el 9 de diciembre. ¡Y ya hay estacionamiento gratuito!

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Es distinto el caso de Ollanta Humala o Susana Villarán, donde el tema pasa por delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones como autoridades del Estado, al haber recibido dinero de las empresas brasileñas y a cambio de ello haberles otorgado beneficios materiales tangibles y constatables.

 

 

 

 

La lucha anticorrupción emprendida en el país no puede pecar, además, de la lentitud pasmosa que ha mostrado en el caso Lava Jato. Se han pasado años sin formular acusación y se ha hecho purgar pena de cárcel a muchos sin siquiera tener un expediente relativamente armado. Vamos a ver si al final de todo este proceso, la justicia peruana demuestra que es capaz, valga la redundancia, de impartir justicia, más allá de inquinas políticas o algunas eventuales simpatías. Mucho está en juego con la culminación cabal del proceso más grande de anticorrupción ocurrido en el Perú en las últimas décadas.

 

 

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