IEP

De por sí es grave que el gobierno esté empeñado en convertir a la parte informativa del canal del Estado, en una sucursal del área de prensa de Palacio de Gobierno, es decir una caja de resonancia y de apoyo mediático a las labores del Ejecutivo y, en particular, de la presidenta de la República.

Lo más preocupante, sin embargo, es que pone de manifiesto un grosero error de interpretación de los orígenes de la crisis política por la que el régimen transita. ¿Cree que con noticias positivas del canal estatal o cobertura amplia de sus actividades mejorará sus niveles de aprobación? ¿Es esa la lógica que anima al entorno de asesores palaciegos, creer que está allí la madre del problema?

Bastaría, según estos “inteligentes” asesores, con asegurarse una mirada positiva y amplia de las actividades del gobierno, y la puesta de soslayo de sus errores, para que poco a poco Dina Boluarte vaya subiendo en las encuestas y mejorando su performance ante la opinión pública.

Ello, lo que revela, es que no están entendiendo nada de la lógica política que lleva a que Boluarte tenga, según la última encuesta del IEP, la mayor desaprobación desde que inició su gobierno, o que la mayoría piense que su gestión es peor que la de Castillo (lo cual no es cierto, pero así lo percibe la ciudadanía).

Mientras el gobierno no tome cartas en el asunto en el tema pendiente de los muertos de diciembre y enero y mientras, a la vez, no emprenda agresivamente políticas públicas reformistas o audaces, la población percibirá que es un gobierno mediocre, pasivo, inerte, además derechizado y traidor de sus orígenes.

Ello pesa infinitamente más que la labor independiente de uno o dos reporteros o editores del canal del Estado, despedidos intempestivamente en las últimas semanas por haberse atrevido a mostrar cierta neutralidad respecto de los andares del gobierno. El Ejecutivo puede tener el canal estatal sometido al ciento por ciento y no va a subir ni una décima en sus tasas de aprobación.

Ensimismado, al parecer, en la guerra ya no tan sorda entre el premier Alberto Otárola y el hermanísimo de la presidenta, este gobierno no da pie con bola a la hora de tener un diagnóstico correcto de las causas de la crisis política que lo agobia.

 

 

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El gobierno ha dado dos pasos significativos en la última semana, que ojalá revelen un cambio de rumbo político y económico. Uno, la declaración del premier Otárola, en el sentido de tomar distancia del Congreso presentando acciones de inconstitucionalidad respecto de un paquete de normas aprobadas en el recinto legislativo. Dos, el anuncio del destrabe del proyecto Chavimochic, un gol económico que podría ser un parteaguas respecto de una política más agresiva pro inversión privada.

Lo primero es esencial al Ejecutivo. Su mímesis con un Legislativo aún más desprestigiado que el gobierno central, no hacía más que agregarle a las propias, antipatías ajenas (según la última encuesta del IEP el Congreso tiene 91% de desaprobación y apenas 6% de aprobación). Es riesgoso tomar distancia crítica, porque la mayoría congresal fácilmente puede retomar aires vacadores si percibe que tiene al frente a un poder adverso, pero si desde Palacio administran con habilidad y muñeca estas eventuales divergencias, la sangre no tendría por qué llegar al río.

Hay una clara vocación de aferrarse al cargo por parte de los congresistas y eso debe ser aprovechado por el Ejecutivo. Va a ser muy extremo que se animen en el Parlamento a vacar a Boluarte, a sabiendas de que una transición congresal provocaría un desmadre social equivalente al que ocasionó el ascenso de Merino y provocó su corta duración. Les conviene que Boluarte se quede y nada se mueva y, en esa medida, el Ejecutivo tiene margen de acción para marcar su propia ruta aun a costa de esporádicos choques con el poder de la plaza Bolívar.

La segunda noticia es más relevante en términos estructurales, porque sacar adelante un megaproyecto como Chavimochic implica una señal positiva al mercado inversor, más allá de la propia dinámica capitalista que el proyecto en sí generará (ojalá nomás no lo terminen destinando tan solo a grandes grupos económicos) y ello, sumado a otros logros que se puedan conseguir pronto (Majes-Siguas, San Gabán, etc.), podría hacer que la inversión privada empiece a recuperar confianza y retorne a la dinámica pre Castillo y se logre así remontar los biafranos niveles de crecimiento que se estiman y que tanto impacto generan en la generación de empleo y en las tasas de pobreza (según estudio de Macroconsult, para este año se prevé que la pobreza aumente a 28.4%; el 2022 fue de 27.5% y el 2021 25.9%).

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Alberto Otárola, Boluarte, Chavimochic, Congreso, IEP, Macroconsult, Majes-Siguas, San Gabán

La jugosa última encuesta del IEP trae consigo una pregunta sobre la Constitución y, aunque de manera indirecta, la mentada Asamblea Constituyente. Preguntada la ciudadanía respecto de qué corresponde hacer frente a la actual Constitución del 93, un mayoritario 47% estima que corresponde hacerle algunos cambios; 34% cambiar a una nueva Constitución (estos serían los que encajarían con la solicitud de una Asamblea); y 14% señala que no se debería cambiar nada.

Pese al inmenso desprestigio del Ejecutivo y del Congreso, percibidos como un pacto derechista, no crece el ánimo antisistema de patear el tablero y tirar la actual Constitución por los suelos, para ingresar a una espiral de refundación social, política y económica.

Datos colaterales interesantes: en el sur, la región más levantisca e izquierdista del país, empatan en 43% quienes quieren algunos cambios y quienes optan por un cambio total. Entre quienes se definen de centro -el conglomerado ideológico mayoritario del país- un significativo 54% opta por hacer algunos cambios y un reducido 29% por cambiar toda la Constitución (entre los izquierdistas, claro está, el 48% pide cambio total y el 39% algunos cambios). Otro dato importante: entre los que desaprueban a Boluarte, la mayoría (46%) opta por solo hacerle algunos cambios y 39% por cambios totales, es decir no se está produciendo un trasvase entre el rechazo al statu quo actual y el espíritu de reforma radical.

Es una buena noticia que la narrativa izquierdista referida a la Asamblea Constituyente, que probablemente llevaría al país, de hacerse efectiva, al despeñadero, no logre predominancia. No son los resultados de esta encuesta, suficiente predictores para considerar que el tema está zanjado y que no retomará bríos definitorios en las elecciones presidenciales venideras, pero de por sí es saludable apreciar que la mayoría del país no se lanza a apoyar propuestas radicales.

Es de esperar que esa masa crítica proestablishment se mantenga y permita que el 2026 (o antes, si se adelantan las elecciones), triunfe una opción de centroderecha, sea liberal o conservadora, que emprenda los cambios que hay que hacer, pero en el sentido correcto que nuestra sociedad requiere y que la historia demanda.

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Según la última encuesta del IEP, la presidenta Dina Boluarte ha alcanzado su mayor nivel de desaprobación desde que inició su mandato, en diciembre del 2022. En su primera medición, la desaprobaba el 71% de la ciudadanía; hoy la desaprueba el 80%.

Llama la atención la respuesta a la pregunta de si gobierna igual, mejor o peor que Pedro Castillo. Un 51% estima que peor y un 27% que igual; solo el 19% considera que gobierna mejor. Adicionalmente, un 31% considera que en sus primeros seis mese ha sido un gobierno muy malo, y un 36% lo califica de malo.

Hay una grosera desinformación y distorsionada percepción de la gente. Claramente, el régimen de Boluarte es mejor y más eficiente que el desastre colectivo que fue el régimen castillista, donde el Estado fue destruido casi en toda instancia pública, pero ello amerita, en lugar de lamentos, reflexionar sobre los alcances y causas de la percepción pública.

Dos son, a mi juicio, las razones que explican la distancia entre la ciudadanía y el régimen. Uno, la hasta ahora ausente respuesta política y judicial a la muerte de varias decenas de ciudadanos que protestaban contra la asunción al mando de Dina Boluarte. Eso pesa en la mochila gubernativa y mientras no halla una suficiente explicación, una política de sanciones y de reparaciones, seguirá taponeando cualquier posibilidad de que se genere mayor empatía entre gobierno y ciudadanía.

Dos, la parálisis reformista del régimen, su acusada “vizcarrización”, es decir una política sistemática de anuncios grandilocuentes y cero efectividad posterior respecto de lo anunciado. La mecida como consigna. Solo se salvan dos o tres ministros que sí parecen haberse tomado sus responsabilidades en serio.

Y lo que cabe hacer en tres años de mandato que, en principio le restan a Boluarte, es mucho e importante. Reformas de segunda generación de mercado y promoción de la inversión privada, reformas de la salud y la educación públicas, desmontaje de la fallida regionalización, política masiva de construcción de infraestructura popular, etc., son algunas de las muchas tareas que le corresponderían a cualquier gobierno en un país golpeado por la crisis económica y política como el Perú.

Apostilla: no se puede soslayar, como factor explicativo adicional, que la cercanía del Ejecutivo con el Congreso contribuya a su desprestigio. El Legislativo, según la misma encuesta del IEP, es desaprobado nada menos que por el 91% de ciudadanos y solo aprobado por el 6%.

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No solo se necesita un shock institucional, también -y quizás más importante por su impacto inmediato- un shock capitalista que movilice las fuerzas vivas de la producción, active el mercado, desamarre la inversión privada, traiga de vuelta los miles de millones de dólares que se han ido por culpa de Castillo, etc.

Si el centro gana y no hace ello, y gobierna como lo ha hecho desde el 2001 hasta la fecha -salvo el periodo del segundo García-, se reeditará la historia y en los comicios siguientes le habremos servido la mesa, esta vez indefinidamente, a un radical antimercado y antidemocracia que estrenará tiempos oscuros en el país por décadas.

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IEP, Ollanta Humala

Debe ocurrir un proceso de maduración ideológica, tanto del centro como de la derecha. Ha quedado demostrado que defender el statu quo es condenarse a la derrota. Hay que pensar y encontrar fórmulas atractivas que le devuelvan a este sector la imagen de cambio del orden establecido, y no permitir que ese activo lo capture la izquierda, que en la práctica es la fuerza política más retardataria porque es el retorno el viejo populismo y autoritarismos que ya hemos transitado en el país y en la región y que fueron receta segura para el fracaso.

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Asamblea Constituyente, IEP

Va a tener que haber mucha capacidad de renunciamiento y sacrificio de expectativas, pero lo real es que si ello no se hace, el riesgo es perderlo todo, perder el país que hemos conocido hasta ahora y correr el albur de ingresar a una espiral de deterioro que podría durar lustros, en medio del populismo y del autoritarismo que ya hemos visto en otros países de la región, que llevan décadas atrapados sin poder librarse de la desgracia que los azota.

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IEP, Pedro Castillo

Hay, adicionalmente, otro factor que las relativiza. Es el arraigado y profundo sentimiento antiestablishment que identifica al Perú desde hace décadas. Pesa más ese estado de ánimo que la eventual autodefinición ideológica en las categorías de izquierda-centro-derecha por las que pregunta la encuesta del IEP referida.

 

 

Y ese sentimiento va a crecer por obra y gracia del malhadado gobierno de Castillo, que, básicamente, por su pésima gestión, va a destruir las pocas islas de excelencia administrativa que existían en el Estado. El aparato público va a deteriorarse profundamente, su ausencia donde no estaba se ahondará y su presencia donde sí la tenía será mediocre e ineficiente. La población, el 2026 (u ojalá antes) votará con el mismo malhumor o mayor que en el 2021. Con mayor insatisfacción del statu quo. La encuesta del IEP no es, en ese sentido, reiteramos, un buen predictor de lo que entonces vaya a suceder. La derecha no se puede confiar ni bajar la guardia.

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Encuesta IEP, IEP
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