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Tampoco levantó sospechas durante su vida pasada, por lo menos hasta el año 2016. De 1976 a 2004 fue profesora de religión en una escuela secundaria de Maguncia (Renania-Palatinado), por encargo de la Iglesia Evangélica de Hessen-Nassau hasta 1992, y de ahí en adelante como funcionaria del estado federado de Renania-Palatinado. Su doctorado lo obtuvo en 1997 en la Universidad de Heidelberg y su habilitación como docente universitaria de Teología Práctica en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, donde dictó dos cursos entre los años 2002 y 2003 pero nunca estuvo de manera oficial en la plana docente de este centro universitario. Durante todo ese tiempo no hubo nada que llamara la atención o que justificara la intervención de las autoridades. Absolutamente nada. Ninguna queja, ningún problema, ninguna conducta llamativa.

Sin embargo, algo debe haber sucedido en su vida ya iniciado el siglo XXI, algo que incubaría la radicalización de esta mujer que se presentaba a sí misma como “párroca, teóloga evangélica, autora, mediadora, directora de estudios” en los libros sobre temas pedagógicos que publicaba. Se sabe que la antigua casa donde vivía en Wiesbaden, de propiedad de la familia, tuvo que ser vendida coactivamente en el año 2005. Al año siguiente, 2006, se jubilaría de manera anticipada. Por esta época debe haberse mudado a Sajonia, y en algún momento pone punto final a su antigua vida y comienza a figurar en el ambiente de los “Ciudadanos del Reich”.

El posterior actuar de Elisabeth Roth no pasa inadvertido para las autoridades, quienes a partir de 2016 comienzan a formarse una imagen negativa de la maestra evangélica. Pues los libros, escritos y “cartas abiertas” que escribe y publica —parte de manera impresa, parte en Internet— presentan contenidos claramente contrarios a la constitución. No se trata de ideas originales, sino de la retórica habitual de los “Ciudadanos del Reich”: defensa agresiva de la subsistencia del Imperio alemán; el término “República Federal de Alemana” designa sólo a una empresa sin legitimidad estatal en un territorio ocupado militarmente; las Naciones Unidas serían una incubadora de saqueos; y junto a todo esto antisemitismo, teorías de la conspiración, insultos y amenazas. A esto se añadiría la pandemia de coronavirus, durante la cual los textos de Elisabeth Roth se vuelven cada vez más extremos, apoyando el activismo antimascarillas y antivacunas.

En octubre de 2018 el estado de Renania-Palatinado abre un proceso administrativo para privar a Elisabeth Roth de su pensión como funcionaria estatal, debido a que la lealtad al Estado de derecho también se mantiene para los jubilados, y en sus libros —donde decía que la República Federal de Alemania simulaba fraudulentamente la legitimidad de leyes y un gobierno a través de elecciones inválidas— se atentaba contra esa lealtad. La anciana teóloga apeló, pero en marzo de 2020 el Tribunal Administrativo de Trieste confirmó la decisión. Había violado su deber de lealtad “bajo la forma de descrédito y difamación del Estado y sus instituciones” y, por lo tanto, debía contentarse con una pensión normal y mucho más modesta.

Si bien Elisabeth Roth no ha participado en acciones violentas —como atentados, por ejemplo—, sus actividades clandestinas podrían ser designadas como terroristas. Pues en Alemania todaactividad política tiene límites, y éstos se hallan en los valores democráticos que defiende su texto constitucional.

A fin de garantizar esto, existe la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (Bundesamt für Verfassungsschutz), un servicio de inteligencia que reúne informaciones sobre actividades de grupos y personas sospechosas de infringir la constitución y atentar contra el orden democrático libre, es decir, contra los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Esa información es suministrada, de ser necesario, a las fuerzas policiales y a las autoridades políticas para que tomen las medidas necesarias, entre ellas, por ejemplo, la detención de sospechosos o la prohibición de una organización o partido. Los “Ciudadanos del Reich” se hallan bajo observación de esta oficina desde el año 2016.

El caso de Elisabeth Roth muestra que ser una persona con formación académica, un currículo inobjetable, una trayectoria profesional impecable, una fe religiosa de orientación cristiana, una ideología derechista, no son obstáculo para terminar comprometiéndose con actividades calificadas de terroristas por atentar contra derechos fundamentales de las personas y contra el orden democrático que garantiza esos derechos.

Hay opciones y decisiones en el campo de la política que una democracia no debe tolerar, pues atentan contra su misma esencia y, a la larga, terminan destruyéndola. Y en el Perú eso no parecen haberlo aprendido aún quienes lideran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, amenazando con llevar de esta manera al país hacia una debacle de la democracia y hacia el caos.

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Alemania, legislativo

Pocas veces en nuestra historia republicana hemos estado en esta tesitura tan devastadora de tener a los dos principales poderes del Estado en plan de autodestrucción y de nimiedad corrosiva. Felizmente, el Ministerio Público y el Poder Judicial parecen estar en buenas manos y permiten cierto aliento respecto del porvenir institucional del país. Pero respecto de la dupla Ejecutivo-Legislativo no parece ya haber esperanza alguna.

Solo nos queda el páramo político y guardar la esperanza -por lo menos desde el centro y la derecha- que surja un candidato capaz de resolver, primero, la fragmentación existente en el sector, y, segundo, que sea capaz de armar una plataforma ideológica y programática lo suficientemente poderosa y disruptiva para hacerle frente a los ánimos antiestablishment y el predominio del rencor que después de cuatro años más de desgobierno absoluto que vamos a tener, van a crecer indudablemente.

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destruccion, Ejecutivo, Estado, legislativo

Ayer se pintó de cuerpo entero el ministro de Educación, Carlos Gallardo. En medio de la controversia surgida por la denuncia propalada en el programa de Milagros Leiva, respecto de la participación de una colaboradora eficaz que denunció que una congresista oficialista, de la mano de la hija del ministro, habían sido los autores del filtrado de la prueba docente, en lugar de aclarar las dudas sobre el tema, se dedicó a zaherir gratuitamente al gremio mayoritario del magisterio, el Sutep, en claro afán distractor.

Totalmente descaminado, sin perspectiva de gestion, guiado por sus odios personales o respondiendo a encargaturas presidenciales, sin ningún desvelo por los problemas principales del sector, así es el titular de Educación que nos ha tocado en suerte.

La moción de censura, presentada el 17 de diciembre, cuestiona precisamente la idoneidad de Gallardo para el cargo; su evidente vinculación con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), gremio promovido por el presidente Pedro Castillo y vinculado al Movadef; su presunta participación en eventos con miembros del citado movimiento filosenderista; su rol en la contrarreforma magisterial; su falta de compromiso con el reinicio de las clases escolares presenciales; las cuestionables designaciones en su sector; y las mencionadas irregularidades en el desarrollo de la prueba única nacional del concurso de nombramiento docente del 2021, respecto de la difusión o filtración de preguntas y el cuestionario.

Un rosario de dislates y barbaridades cometidas en el portafolio de Educación que, al parecer, el presidente Castillo está dispuesto a tolerar, sin ningún empacho por la falta de probidad intelectual, ideológica o moral del citado ministro. Dado ese escenario, le corresponde al Congreso, en ejercicio de sus facultades, proceder a su fiscalización y, en caso extremo, como aparenta serlo el de Carlos Gallardo, censurarlo y sacarlo del gabinete ministerial.

Es un tema de dignidad institucional el que le corresponde zanjar al Legislativo. Si no es capaz de censurar a un ministro absolutamente incompetente, que está destruyendo el sector Educación -uno de los sectores esenciales en la marcha del Estado peruano-, sería un baldón que desprestigiaría aún más al Parlamento. Si consigue los votos y lo saca del poder, en cambio, dignificaría su propia institucionalidad.

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