Son diversos derechos, principios y reglas del propio reglamento que se han violentado, y aunque quiera hacerse pasar por un proceso limpio, objetivo y meritocrático, es una simulación que apunta a la peor de las etapas del TC y, con él, de nuestra frágil democracia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un mensaje urgente de preocupación, indicando que hay estándares supranacionales que atender en la selección de un tribunal tan importante. Estos involucran a toda autoridad pública y a todo ciudadano, lo que incluye a un juez o una jueza que pueda tener en sus manos una necesaria demanda de amparo que, esperemos, no se demore en llegar. Mientras tanto, es la inconstitucionalidad y la violación de estándares supranacionales lo que prevalece en esta elección.

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Tribunal Constitucional

La denuncia del 2014 ya echa una sombra razonable sobre la intachabilidad de Fernández. Conocer qué pasó con esa denuncia por completo ayudará a desvirtuar o a reforzar esa sombra. De ser lo segundo, la incuestionabilidad se rompe. ¿Es esa la garantía, la apariencia de intachabilidad que debe existir en el primer Jefe de la ANCMP, por ejemplo, para la lucha contra la corrupción? El impacto puede ser letal sobre los y las fiscales que, a contracorriente, están haciendo bien su trabajo en casos de crimen organizado, corrupción, lavado de activos y otros serios delitos: ya el Relator de Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia ha evidenciado que las amenazas para el trabajo de los fiscales bien pueden venir de la misma institución vía el sistema de control. Y en efecto, lo vimos en “La Centralita”; lo vimos en “Cuellos Blancos”.

Además de la carpeta y expediente de control interno fiscal que se generó ante la denuncia del 2014, lo que hay que analizar son los diversos elementos del escenario de esa investigación; más aún cuando lo denunciado fue un presunto (y grave) hecho de corrupción. Así lo plantea el Informe Corrupción y Derechos Humanos del 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y elementos de ese escenario acentúan las alertas. El caso habría pasado por las gestiones de los siguientes fiscales supremos de control interno: Nora Miraval (quien se jubiló a los pocos meses de asumir el cargo), Pedro Chávarry y Víctor Raúl Rodríguez Monteza. Chávarry y Rodríguez han sido destituidos por la propia JNJ por “Cuellos Blancos”. Y una de las tesis fiscales de este megacaso es que se buscaba acaparar el sistema de justicia desde dentro para promover impunidad. Otro elemento del escenario: el fiscal que archivó parte de la investigación en Amazonas (como lo informó Latina), es el fiscal Ñope Cosco, también destituido por la JNJ (por acoso sexual). Estos elementos exigen que la denuncia del 2014 sea escudriñada al milímetro, pues las autoridades fiscales que participaron no dan la garantía de haber hecho un buen trabajo.

Así estos dos casos, la denuncia del 2014 y la representación en el 2021 del juez Polo Huamán, pueden cambiar la historia de la elección de Fernández Jerí. Se debe saber todo lo que pasó. Hemos sido testigos de casos así, en los que nombramientos han sido suspendidos o se han caído: el nombramiento del ex consejero Alfredo Quispe Pariona, la juramentación del ex consejero Iván Noguera. Una historia que la propia JNJ al parecer no ha obviado al momento de elaborar su normatividad: el artículo 66 del reglamento de selección de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público plantea la posibilidad de excluir a un postulante por “ocultar información relevante que el/la postulante debió poner en conocimiento de la Junta y que determine su falta de probidad o idoneidad para su nombramiento. Se considera de especial relevancia la información sobre su conducta ética”; e incluso, la posibilidad de la nulidad del nombramiento.

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, de ser asignada a quien no cumple con un perfil incuestionable o no dé las garantías necesarias, nos regresará al punto inicial del largo camino que con mucho esfuerzo la sociedad ha transitado en las calles por un sistema de justicia absolutamente diferente. La JNJ ha avanzando mucho y con mucho esfuerzo, y debe procurar no retroceder en esta nueva etapa que ha abierto para el país. 

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Gobierno, JNJ

Además, en julio de 2018, los periodistas no tenían otra herramienta legal que el proceso de amparo para defenderse (el CNM estaba cooptado, el Congreso buscaba la impunidad). Una herramienta que ha demorado casi 3 años y medio en darles una primera respuesta. El Poder Judicial se la debe no solo a los periodistas, sino a todos los ciudadanos que salieron a las calles en defensa de su derecho a informarse. Esta es la expectativa, además, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en audiencia del 1 de octubre del 2018 saludó el rol que IDL-Reporteros y Justicia Viva tuvieron en la publicación de la red de los CNMaudios, y preguntó al Estado sobre el resultado de las medidas efectivas de protección para los periodistas (el amparo ya había sido presentado). Así, la audiencia única en que se verá este amparo, programada para las 3.30pm del lunes 21 de marzo, tiene todas las razones para ser pública. Y si no lo fuera, esperamos, al menos, que haya justicia para la no repetición en los ataques a los periodistas en medio de la lucha contra la corrupción.

 

 

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Gobierno, IDL

 

Enrique Montenegro ha mostrado en el programa de Milagros Leiva cómo hoy, sin necesidad de ser abogado, y por 170 soles, se puede conseguir un certificado trucho de diplomado de LIBREJUR con el Colegio de Abogados del Callao. Esto nos lleva, primero, a un horror conocido: los certificados bamba de diplomados. Sin embargo, ¿podemos afirmar desde ya que todos los certificados son falsos? Es muy ligero afirmar eso. Veamos.

LIBREJUR otorga certificados junto con el nombre del Colegio de Abogados del Callao desde hace muchos años, y además, en 2017 firmó un convenio con el Colegio de Abogados de Lima para cuestiones académicas. El 4 de octubre de 2021 ofreció un diplomado que incluye a un juez supremo (José Neyra, sobre derecho penal general y el Nuevo Código Procesal Penal), y antes, en otro diplomado, aparecía Alcides Chinchay, fiscal supremo en lo penal. El 21 de enero de 2022 ha ofrecido diplomados virtuales “válido para concursos de jueces y fiscales de la JNJ”, “Acreditados para el Ilustre Colegio de Abogados del Callao”. Su actividad no es reciente y se registran eventos desde el año 2009 al menos.

El nombre de Jaime Wilfredo Guillén Guillén aparece también como parte del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Estudios Forenses. ¿Es el mismo LIBREJUR que ha caído en la venta de sus certificados sin llevar los cursos? ¿O siempre dio certificados bamba? ¿Esos abogados del 2009 no llevaron realmente los diplomados? ¿Cuántos abogados más han sido certificados por LIBREJUR? ¿O es que sí brinda cursos pero a veces también vende los certificados como se lo vendieron a Montenegro? ¿La JNJ tomará en cuenta a LIBREJUR para acreditaciones en los concursos en marcha?

Todas estas preguntas son necesarias y requieren una investigación. Como se ve, el problema es profundo. Por eso, llama la atención que el programa de Leiva se haya focalizado solo en la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien por cierto también debe explicar cómo fueron esas capacitaciones. Otro tema a dilucidar, sin aspavientos ni ojerizas, es la preservación por parte de un particular de documentos de hace 12 y 14 años (los cinco certificados en la mira son de esos años), no solo de una persona, sino de todos los que tienen certificados de esa época. Dicho sea de paso, de la calificación 67.50 puntos que se le dio a la fiscal Ávalos en su postulación a la suprema, el puntaje que recibió por cursos de capacitación presenciales fuera de la AMAG fue de 2.00 (“0.75 por cada uno”). Los certificados de LIBREJUR con el Colegio de Abogados Callao (con firma del decano en ese entonces Jorge Guizado Salcedo) que presentó para el concurso dicen que se realizaron en el Teatro “Felipe Pardo y Aliaga”, el auditorio de la UTP y el auditorio del Sindicato de Telefónica. De ser certificados truchos, ¿cómo así el exCNM no los detectó, o es que no eran truchos? Ojo, no era el CNM de Aguila del 2015.

Qué duda cabe que hay que mirar las denuncias sobre nombramientos de supremos del exCNM. Pero esas investigaciones deben hacerse sin prejuicios. Los cuestionamientos sobre el nombramiento de Ávalos se basan, al menos hasta donde se sabe, en dichos de personas investigadas por Cuellos Blanco. Se necesita investigar con profundidad e independencia. ¿Por qué no se dice que el congresista al mando de la investigación es José Ventura de Fuerza Popular, partido que tiene una acusación fiscal por crimen organizado? ¿Por qué en este escenario se le entrevista al ex fiscal de la Nación José Peláez, quien es cuestionado por las infructuosas investigaciones fiscales a Alan García? Dicho sea de paso, no podemos perder de vista otros procesos mientras todo esto pasa, como la elección de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, donde uno de los dos candidatos es el abogado Juan Antonio Fernández Jerí, muy cercano a Peláez Bardales.

Que se investigue objetivamente, y que intereses subalternos no saquen provecho de todo esto.

 

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CAL