Enrique Montenegro ha mostrado en el programa de Milagros Leiva cómo hoy, sin necesidad de ser abogado, y por 170 soles, se puede conseguir un certificado trucho de diplomado de LIBREJUR con el Colegio de Abogados del Callao. Esto nos lleva, primero, a un horror conocido: los certificados bamba de diplomados. Sin embargo, ¿podemos afirmar desde ya que todos los certificados son falsos? Es muy ligero afirmar eso. Veamos.
LIBREJUR otorga certificados junto con el nombre del Colegio de Abogados del Callao desde hace muchos años, y además, en 2017 firmó un convenio con el Colegio de Abogados de Lima para cuestiones académicas. El 4 de octubre de 2021 ofreció un diplomado que incluye a un juez supremo (José Neyra, sobre derecho penal general y el Nuevo Código Procesal Penal), y antes, en otro diplomado, aparecía Alcides Chinchay, fiscal supremo en lo penal. El 21 de enero de 2022 ha ofrecido diplomados virtuales “válido para concursos de jueces y fiscales de la JNJ”, “Acreditados para el Ilustre Colegio de Abogados del Callao”. Su actividad no es reciente y se registran eventos desde el año 2009 al menos.
El nombre de Jaime Wilfredo Guillén Guillén aparece también como parte del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Estudios Forenses. ¿Es el mismo LIBREJUR que ha caído en la venta de sus certificados sin llevar los cursos? ¿O siempre dio certificados bamba? ¿Esos abogados del 2009 no llevaron realmente los diplomados? ¿Cuántos abogados más han sido certificados por LIBREJUR? ¿O es que sí brinda cursos pero a veces también vende los certificados como se lo vendieron a Montenegro? ¿La JNJ tomará en cuenta a LIBREJUR para acreditaciones en los concursos en marcha?
Todas estas preguntas son necesarias y requieren una investigación. Como se ve, el problema es profundo. Por eso, llama la atención que el programa de Leiva se haya focalizado solo en la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien por cierto también debe explicar cómo fueron esas capacitaciones. Otro tema a dilucidar, sin aspavientos ni ojerizas, es la preservación por parte de un particular de documentos de hace 12 y 14 años (los cinco certificados en la mira son de esos años), no solo de una persona, sino de todos los que tienen certificados de esa época. Dicho sea de paso, de la calificación 67.50 puntos que se le dio a la fiscal Ávalos en su postulación a la suprema, el puntaje que recibió por cursos de capacitación presenciales fuera de la AMAG fue de 2.00 (“0.75 por cada uno”). Los certificados de LIBREJUR con el Colegio de Abogados Callao (con firma del decano en ese entonces Jorge Guizado Salcedo) que presentó para el concurso dicen que se realizaron en el Teatro “Felipe Pardo y Aliaga”, el auditorio de la UTP y el auditorio del Sindicato de Telefónica. De ser certificados truchos, ¿cómo así el exCNM no los detectó, o es que no eran truchos? Ojo, no era el CNM de Aguila del 2015.
Qué duda cabe que hay que mirar las denuncias sobre nombramientos de supremos del exCNM. Pero esas investigaciones deben hacerse sin prejuicios. Los cuestionamientos sobre el nombramiento de Ávalos se basan, al menos hasta donde se sabe, en dichos de personas investigadas por Cuellos Blanco. Se necesita investigar con profundidad e independencia. ¿Por qué no se dice que el congresista al mando de la investigación es José Ventura de Fuerza Popular, partido que tiene una acusación fiscal por crimen organizado? ¿Por qué en este escenario se le entrevista al ex fiscal de la Nación José Peláez, quien es cuestionado por las infructuosas investigaciones fiscales a Alan García? Dicho sea de paso, no podemos perder de vista otros procesos mientras todo esto pasa, como la elección de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, donde uno de los dos candidatos es el abogado Juan Antonio Fernández Jerí, muy cercano a Peláez Bardales.
Que se investigue objetivamente, y que intereses subalternos no saquen provecho de todo esto.
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