Todo salió mal en la elección de los nuevos y nueva integrante del Tribunal Constitucional. A continuación mencionaremos solo algunos graves errores de esta elección: desde el inicio no se daban garantías para una evaluación seria y objetiva (Balcázar Zelada tenía serios cuestionamientos en su Colegio de Abogados y Montoya sigue sin reconocer una elección presidencial legal y legítima); el reglamento de selección viola el derecho de la crítica a sentencias (de postulantes otrora magistrados); la evaluación del CV fue finalmente dejada al criterio personal de cada uno de los congresistas de la Comisión Especial (tornando en arbitraria la ejecución del reglamento); no evaluaron debidamente las situaciones que comprometían objetivamente el requisito de ser y parecer independiente e imparcial; hubo conflictos de interés aún impunes entre evaluadores y candidatos (como el caso del congresista Montoya con los postulantes Mesía y Gutiérrez, hoy nuevo juez del TC); no hubo una metodología común de los congresistas para las entrevistas, en las entrevistas no se preguntó sobre los cuestionamientos públicos, además, publicaron tardíamente (o nunca lo hicieron) los documentos que la sociedad civil podría haber evaluado o escrutado (como las actas de las sesiones, los documentos preparatorios); nunca publicaron los informes de la Contraloría de forma completa; no hubo debate sobre méritos y cuestionamientos de los y la candidatas para que pudieran votar con debido conocimiento los congresistas del Pleno que no estuvieron en la Comisión Especial, la juramentación fue contraviniendo un acuerdo según la exjueza Marianella Ledesma… Y, por si fuera poco, tres de los seis elegidos como nuevos magistrados y magistrada del TC, violan directamente el artículo 7 del Reglamento de selección: garantizar independencia e imparcialidad, tener una conducta personal intachable y compromiso con los derechos fundamentales.
A pesar de todo esto, se ha presentado en una ceremonia a los nuevos integrantes. No podemos resignarnos. El Congreso no es un poder sin control, y el TC no es un tribunal donde cualquiera puede entrar.
Ya el año pasado una jueza mediante una medida cautelar y una sentencia de fondo indicó que el Congreso debía proceder con respeto a la transparencia y motivando debidamente sus decisiones. En este momento, todos y todas las ciudadanas estamos obligadas a no permitir que el TC inicie cinco años de cooptación política, antiderechos e impunidad. El fiscal José Domingo Pérez ya ha alertado sobre Gustavo Gutiérrez Ticse: «Este nuevo colegiado del TC ha emitido algunas apreciaciones en redes sociales de esta investigación (sobre lavado de activos respecto a Keiko Fujimori y Fuerza Popular) que se sigue en curso, y entiendo que llegado su momento tendrá que inhibirse por decoro o los demás magistrados del TC así lo tendrían que solicitar”. Además de Gutiérrez, Morales y Pacheco representan el antiperfil del TC.
Son diversos derechos, principios y reglas del propio reglamento que se han violentado, y aunque quiera hacerse pasar por un proceso limpio, objetivo y meritocrático, es una simulación que apunta a la peor de las etapas del TC y, con él, de nuestra frágil democracia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un mensaje urgente de preocupación, indicando que hay estándares supranacionales que atender en la selección de un tribunal tan importante. Estos involucran a toda autoridad pública y a todo ciudadano, lo que incluye a un juez o una jueza que pueda tener en sus manos una necesaria demanda de amparo que, esperemos, no se demore en llegar. Mientras tanto, es la inconstitucionalidad y la violación de estándares supranacionales lo que prevalece en esta elección.
