JNJ

Impunidad y corrupción. El congreso peruano defendiendo sus intereses

Por: 12.03.2024

La inconstitucional inhabilitación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso peruano ha desatado una intensa ola de indignación y preocupación en la sociedad civil nacional e internacional. Esta acción, impulsada por una alianza tácita entre Fuerza Popular y Perú Libre y otros partidos, no solo representa un ataque frontal a la democracia peruana, sino que también pone en peligro la autonomía e independencia del sistema judicial y electoral.  

Es evidente que el objetivo de esta destitución inconstitucional es evitar que la JNJ investigue y sancione a fiscales y jueces corruptos, muchos de ellos con estrechos vínculos con el Congreso. La impunidad con la que operan estos personajes es una amenaza para el estado de derecho y para la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.

La figura de Patricia Benavides, fiscal de la Nación suspendida en sus funciones, se encuentra en el centro de este escándalo. La fiscal que la investiga ha presentado indicios razonables que la señalan como responsable de negociar impunidad a cambio de votos para desmantelar la JNJ e inhabilitar a Zoraida Ávalos por cinco años para el ejercicio de la función pública. Estos hechos son un claro ejemplo de la cooptación de decenas de congresistas por Benavides. 

La actitud prepotente y el desprecio por las normas democráticas que imperan en la mayoría de las bancadas del Congreso nos retrotraen a los oscuros días del fujimorismo. Ebrios de poder, los congresistas, en un flagrante caso de conflicto de intereses, se han arrogado el derecho de destituir a miembros de la JNJ sin siquiera considerar las graves consecuencias de su accionar.

La alianza entre Fuerza Popular y Perú Libre, dos fuerzas políticas que aparentan ser antagónicas, es un factor que agrava aún más la crisis política. Esta unión, motivada por la búsqueda desesperada de impunidad para sus líderes, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón, no solo representa un peligro real para la supervivencia de la democracia, sino que también revela la profunda crisis moral que atraviesa el país. La alianza entre ambos partidos transmite el mensaje que los intereses personales y de grupo están por encima del bienestar común, y que la ética y la transparencia no son valores importantes en la gestión pública y el quehacer político. 

La grave crisis política que vive nuestro país exige un esfuerzo conjunto sin precedentes de diversos sectores para defender la democracia, la justicia, los derechos humanos y el estado de derecho. Si no actuamos ahora, las consecuencias serán graves: el estado de derecho se debilitará aún más, con graves consecuencias para la seguridad y la estabilidad del país; la corrupción seguirá siendo un problema generalizado, impidiendo el desarrollo económico y social; la calidad de la democracia se deteriorará, poniendo en riesgo la libertad y el bienestar de todos los peruanos; y el riesgo de una deriva autoritaria se acrecentará, amenazando las bases mismas de nuestro sistema político.

No existe una solución mágica ni un único responsable, sino una responsabilidad compartida que nos interpela a todos. Es hora de hacer política, una política democrática que priorice el bien común por encima de los intereses particulares, que fomente el diálogo y el consenso entre todos los sectores sociales y fuerzas políticas. Los partidos políticos democráticos, especialmente sus líderes, tienen la responsabilidad histórica de estar a la altura de las circunstancias tan delicadas que enfrenta el país y actuar en consecuencia. No podemos permitir que la indiferencia o la resignación nos arrebaten la esperanza. Es tiempo de actuar con firmeza y determinación para construir un presente y un futuro mejor para el país.

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Democracia, dictadura congresal, Fuerza Popular, JNJ, Perú Libre

Entrevista con Juan Sheput

Por: 10.12.2023

[ENTREVISTAS]  El 5 de abril de 1993, a un año exacto del auto golpe de Alberto Fujimori, un grupo importante de políticos “jubilados” antes de tiempo por el régimen autocrático y jóvenes contestatarios formaron el llamado Foro Democrático del Perú, que le dio batalla política e ideológica durante el resto de la década al fujimorato. Entre los jóvenes integrantes del colectivo estuvo desde 1996 el ingeniero Juan Sheput Moore, quien posteriormente fue consejero presidencial de Alejandro Toledo y ministro de Trabajo del gobierno de este último. Invitado permanente a paneles de radio y televisión, columnista en diarios y semanarios, Sheput nos dice aquí cómo ve al país en estas horas difíciles.

Ingeniero Sheput, usted siempre ha estado pendiente de los zigzagueos del poder, de sus idas y venidas, ¿por qué cree que el poder político nacido hace un año es puramente reactivo, no acierta una, no la achunta, como dicen los chilenos?

Porque hay tres componentes fundamentales. En primer lugar, ha asumido protagonismo nacional una generación que está más preocupada por sus seguidores en las redes que de los problemas del país; en segundo lugar, es gente sin experiencia, independientemente de la edad que tiene y que ha encontrado en la política una vocación tardía, me refiero precisamente a los generales y almirantes que no tienen la menor idea de lo que es la política; y, en tercer lugar, el grave error de algunos políticos de bajar a ligas inferiores, como Rafael López Aliaga y César Acuña, dejando al país sin oposición, por lo tanto sin liderazgo en el antagonismo que siempre se necesita en política.

Usted que es un viajero constante a Colombia, un país de enorme potencial económico y con varios polos de desarrollo además de Bogotá, ¿por qué cree que sus ciudadanos eligieron a Gustavo Petro, un marxista de ideas trasnochadas?

Bueno, porque simplemente ahí hay una fuerte institucionalidad; eso me recuerda a un chiste británico que dice: “¿qué pasaría si una manada de monos toma la totalidad de los ministerios, y, obviamente, uno de ellos asume la responsabilidad de ser Primer Ministro?”. Y los británicos contestaron: “¡nada!”. “¿Por qué?, les repreguntan”. “Pues porque hay instituciones, y eso es independiente de las personas”. En el caso colombiano hay una serie de posiciones, algunas muy fuertes en el ámbito ecológico, en la igualdad de género, en respeto a las minorías, y, sobre todo, a las etnias, a las más vulnerables, que han calado muy fuerte en la juventud; y en ese sentido, la izquierda, independientemente de las ideas trasnochadas que puede tener en materia económica, tiene mucha llegada con la juventud que es mayoritaria en el país, y de ahí es que cada cierto tiempo, sobre todo en Bogotá, ganen la alcaldía y otros puestos de elección popular personas muy vinculadas a la izquierda. No nos olvidemos que el propio Petro fue alcalde de Bogotá, la capital colombiana. En esa ciudad de características muy especiales, en los últimos 23 años ha habido un predominio de alcaldes de izquierda, entonces eso irradia al resto de la República. Es más, la presidencia de Gustavo Petro está controlada por un Senado opositor, por los representantes -que es como llaman a los diputados- y por la Corte Suprema. Hay oposición, una muy fuerte oposición, y, sobre todo, una institución presidencial compuesta por los expresidentes que son la conciencia crítica del mandatario y todos han sido formados en las mejores escuelas de gobierno de Estados Unidos y Europa. Acá no, acá todos nuestros expresidentes están presos, han pasado una temporada en la cárcel o esperan sentencia para ingresar a una celda. Entonces no hay un alter ego, no hay una conciencia crítica. En ese sentido, Colombia es muy diferente al Perú.

¿Cuál es su opinión sobre la excarcelación del expresidente Fujimori, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sentado una posición contraria sobre ello, pareciera que no le perdonan al expresidente haber casi erradicado el terrorismo de nuestro país?

Yo creo que acá uno de los grandes errores del Perú es que el debate se ha vuelto casi totalmente jurídico y no político, vemos en diversas instancias que los que pelean en los medios de comunicación son los abogados y no los políticos como corresponde. Los abogados creen que la realidad se puede cambiar a punta de leyes, y si no está en la ley no se puede cambiar; los políticos muchas veces tienen que actuar en favor de su responsabilidad y en un marco legal mucho más amplio y se olvidan por eso que acá la institución del indulto es política, es una decisión del presidente de la República indultar a alguien, es una institución ciento por ciento política y por lo tanto en ese contexto se tiene que ver sí Pedro Pablo lo otorgó y el Tribunal Constitucional lo ratificó no tiene que haber pedidos ni de disculpas, ni resarciones económicas porque eso es mirar el reglamento y la ley y no mirar el contexto político que acompañó la decisión de Kuczynski.  Y además como bien se ha señalado y siguiendo en lo político hay decisiones en otros países de gente que ha preferido la gobernabilidad antes que la sugerencia o mandato de la Corte, un caso específico es Chile con el presidente Lagos que cuando le exigían que metiera presos a los militares incluyendo Pinochet, él dijo: “Primero está la gobernabilidad de Chile”, y no les hizo caso esas son decisiones políticas otra cosa que acá en el Perú no haya temperamento político ni calidad en los políticos  ni convicción para poder hacer eso.

¿Y sobre la posición de la Corte IDH, respecto a la excarcelación del expresidente Fujimori que abre una polémica con el Perú?

Las discusiones a nivel de la Corte IDH son discusiones de Estado, vale decir, el individuo no es la persona sino la entidad jurídica llamada Estado, es decir allí el individuo, no es la persona sino la entidad jurídica llamada Estado, por lo tanto, nuestro representante fundamental es el canciller en este caso el señor Javier Gonzáles Olaechea que es el que debe dar las explicaciones de la decisión del gobierno peruano ante la Corte, inclusive se ha solicitado un informe que tiene que elaborar el Ministerio de Justicia que se ha canalizado a través de la cancillería, un elemento que podría utilizar el señor canciller es el de complementar la posición peruana con representante de la sociedad civil o de partidos políticos, es una decisión que él podrá tomar, pues así, como los sectores opuestos al indulto viajan permanentemente a Washington para hablar de su incomodidad respecto a esa posibilidad ahora ya ejecutada, igualmente podría ir la parte peruana o la parte interesada a justificar  el indulto de Alberto Fujimori, es una cuestión de cómo se enfrenta y creo yo que tiene que ser colectivamente.

¿Con ese tema pendiente con la Corte IDH, existe la probabilidad de que el expresidente Fujimori regrese a la cárcel?

Siempre existe esa posibilidad, no solamente con la CIDH sino lo que pueda dictaminar la Corte Suprema, por eso yo no creo en elementos victoriosos, la lucha recién empieza, por eso señalaba que el problema no es tanto el indulto sino el día después, ya el 18 de diciembre el presidente tiene que acudir a un juicio oral en el cual se va a ver el caso Pativilca, entonces la situación de tensión permanece, por eso vuelvo a indicar, el tema es estrictamente político no es un tema jurídico y de la forma cómo se comporte el Gobierno y el fujimorismo y aquellos aliados o personas que han complementado el trabajo del fujimorismo en este proceso de indulto de eso dependerá la libertad de Alberto Fujimori, es evidente que la víctimas las ONGs y los partidos de izquierda van hacer lo imposible para que se revierte la situación de Alberto Fujimori.

¿De presentarse Keiko Fujimori a las próximas elecciones, cree usted que tenga alguna posibilidad de ganar?

Sí, yo mantengo mi posición que en política no hay imposibles y también creo que la cantidad de veces que alguien postula no dice absolutamente nada en relación a un eventual triunfo electoral, si no habría que preguntarle a Lula o a Pepe Mujica cómo a pesar de sus debacles políticas obtuvieron finalmente sus triunfos electorales. Todo depende básicamente del contexto, la decisión de postular no se da 2 años antes sino en el momento y dependiendo del contexto, yo no estoy dentro de aquellos que dicen que ya Keiko se tiene que mantener al margen de cualquier proceso electoral yo no creo en eso con ningún actor político, para mí no existen muertos ni jubilados en política. En estos momentos el fujimorismo es la fuerza más ordenada y disciplinada de este Parlamento de eso no hay ninguna duda, y además abona en favor de Keiko Fujimori el declive de César Acuña y de Rafael López Aliaga, ambos decidieron jugar en líneas menores, en lugar de constituirse en líderes de la oposición se convirtieron en toca puertas de la Presidenta para terminar pidiendo presupuesto. La historia dice que ningún alcalde se convierte en presidente y Rafael López Aliaga lo sabía porque como alcalde se convierte en subordinado del presupuesto nacional, no se puede pelear con el presidente no puedes y ahora vemos que ni siquiera puede conformar un buen equipo, entonces no solamente hay limitaciones políticas sino también limitaciones en la gestión; no es lo mismo ser un gran empresario o un buen empresario que un gestor público son lógicas distintas, así de simple.

¿Como entiende usted lo que está pasando en la Junta Nacional de Justicia (JNJ); estamos hablando quizá de una lucha de posiciones ideológicas a través de unas instituciones tambaleantes?

Es un poder en declive que esta enquistado en la Junta Nacional de Justicia que se niega a perder el poco poder que le queda, ellos saben perfectamente que no tienen la fuerza que antes tenían que venía básicamente del apoyo que le daba el sector progresista y obviamente lo que hay ahí es una guerra por permanecer en esa hegemonía, y como es un tema complejo detrás de ellos hay ONGs, estudios de abogados, sectores políticos, sindicatos, que no sólo están en la JNJ, sino en otros estamentos como el Poder Judicial por ejemplo, es una forma de consolidar posiciones, de tener poder de tener influencia de lograr fallos a favor, entonces definitivamente están perdiendo esa hegemonía y eso los obliga a hacer este tipo de ataques para permanecer ahí y sacar a quienes le sean incómodos.

Sobre la suspensión de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides

En el caso de la Fiscal de la Nación ya no me asombra el doble estándar de la Junta Nacional de Justicia quienes se indignan si el Parlamento empieza una investigación sumaria contra ellos o contra la señora Zoraida Ávalos, por la cual inclusive salieron al frente y, por otro lado, empiezan un proceso sumarísimo súbito contra la fiscal Patricia Benavides, es por eso que no tienen credibilidad, por la forma distinta cómo se comportan ante hechos similares. En el caso de Zoraida Ávalos, avalan y asumen su defensa, en el caso de Patricia Benavides la condenan de antemano en el caso de ellos mismos argumentan que el Congreso no los puede investigar que no pueden avalar un proceso sumario y en el caso de Patricia Benavides empiezan un proceso sumarísimo y en 72 horas sobre la base de unos pantallazos suspenden a toda una Fiscal de la Nación, es por eso que creo yo que se tiene que reorganizar la Junta Nacional de Justicia y el Congreso por otro lados está demostrando su ingenuidad una vez más, en política la debilidad nunca termina de pagarse, el Congreso pone la otra mejilla en el caso de la Junta Nacional de Justicia y esta les responde suspendiendo a Patricia Benavides, es parte de la ingenuidad que reina que habita en los parlamentarios actuales.

Podría reflexionar sobre el porqué de la salida de Pedro Castillo antes de cumplir año y medio en el poder, si tenía 44 votos que impedían su destitución en el Congreso y contaba con una altísima aprobación en el sur del país.

En el caso de Pedro castillo lo que sucede es que empezó a cometer actos de corrupción en un contexto de deterioro económico que los convertía en un personaje insalvable. La corrupción hace que la persona piense más en su supervivencia que en los problemas de la gente. La corrupción, por ejemplo, desatada en el año 2000 era la que impulsaba al régimen fujimorista a ir por una re-reelección, la corrupción es la que obligaba a Vizcarra a mantenerse en el cargo y hacer un golpe interno, y en este caso la corrupción de este señor el temor de que su familia empiece a ir presa, lo llevó hacer un golpe que lo convirtió en indefendible, y, por otro lado, como los 44 parlamentarios de Pedro Castillo más la diferencia tienen como objetivo fundamental sobrevivir al año 2026, entonces la lealtad era a su curul  y a su quincena más que a Pedro castillo, es la más volátil de las lealtades, entonces cuando vieron peligrar su remuneración  y su beneficio entonces no dudaron en traicionarlo.

Como ve las próximas semanas y meses en nuestra política nacional, ¿cree que Dina Boluarte podrá llegar por lo menos en cuidados intensivos al relevo constitucional de 2026?

No, Dina Boluarte es tan poca cosa en política, que no se da cuenta que su principal escollo es el señor Alberto Otárola su principal lastre, yo nunca he visto tanta inexperiencia política como la que encarna Dina Boluarte, creer que una persona que tiene menos popularidad que ella le va a servir de soporte hasta el año 2026 es realmente algo ingenuo. El señor Otárola no tiene dimensión ni respeto político, y él es el que debería abrir esta oportunidad para el Gobierno, cada vez que declara el señor Otárola su declaración sale en la página 10 del periódico en una pequeña esquina, esa es su dimensión política inclusive la presidenta de la República puede dar un mensaje a la nación hoy y mañana no tiene ninguna importancia y no le mueve un dedo a la gente, la señora Boluarte no se da cuenta que la única manera de reflotar es poniendo un gabinete de primer nivel y si ella quiere que se vaya dos años de viaje y que deje al gabinete que conduzca los problemas del país hasta el año 2026, pero como no piensa hacer eso sus posibilidades de sobrevivencia van a ser mínimas, el Congreso no la va a sacar, ella va a tener que renunciar porque el Perú en un contexto de crisis institucional, económica y delictiva pues simplemente se va a convertir en inmanejable, dos años y medio es demasiado para seguir con el mismo orden de cosas.

¿Esta crisis institucional de la que me habla cree usted que genere en la próxima campaña electoral un fenómeno Milei como el que vimos en Argentina?

No, no creo yo que la derecha se convierte en opción porque la gran mayoría de peruanos cree que la derecha está gobernando, y eso es un error de la derecha torpe que en estos momentos está en el Parlamento. Yo tengo oportunidad de conversar con muchos medios de provincias en forma diaria y el sentimiento en el interior del país en buena parte inclusive del sector limeño cree que gobierna la derecha, porque la derecha es la que soporta a Dina Boluarte, la derecha es la que tolera gente como Otárola o el Ministro de Defensa que es otro incompetente y la derecha es la que sale en su defensa, basta con ver las declaraciones de Rafael López Aliaga para ver cómo blinda permanente tanto a Otárola como a la señora Boluarte, entonces en el péndulo electoral mayores posibilidades va a tener la izquierda sin ninguna duda y va a venir acompañada esa opción de izquierda con la convocatoria a Asamblea Constituyente, ese es el gran error histórico que está cometiendo la derecha en estos momento por su poca capacidad intelectual y política.

Usted ha sido congresista, ¿cuál es su opinión sobre el Congreso actual?

Yo no podría catalogarlo como el peor Congreso porque esa etiqueta se les da a todos los congresos y eso es mundial, pero yo sí creo que es el Congreso más despreciado, tanto se le desprecia que a la gente le ha dejado de importar, actúan con una desfachatez impresionante priorizando beneficios económicos por encima de los intereses de la patria y se han convertido no en transformadores de la realidad que le corresponde a un Parlamento, es un Congreso formado por 130 opinólogos que no tienen ninguna fuerza política para transformar el rumbo de los acontecimientos. No será el peor Congreso porque eso se les atribuye a todos, pero si será el más despreciado sin ninguna duda de este siglo.

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El Congreso también es de transición

Por: 13.09.2023

Lo que causa rechazo es que el proceso de exterminio ideológico de la izquierda “caviar” en la que se halla empeñado el Congreso de la República, en base a la mayoría espúrea conseguida por la alianza entre el fujimorismo y el cerronismo, es que sucede por la puerta falsa.

Es equivalente a lo que se quiso hacer con el gabinete Flórez Araóz durante el cortísimo mandato de Manuel Merino. De la noche, a la mañana, la inmensa mayoría de la población que endosaba su respaldo a Martín Vizcarra se encontró con otro gobierno, de cariz distinto, queriendo hacer y deshacer.

En el caso actual sucede lo mismo. La población votó mayoritariamente por Castillo y ahora ve con sorpresa que desde un Congreso envalentonado se quiere hacer tabla rasa de uno de los sectores que facilitó el triunfo del maestro chotano.

Si alguien quiere emprender una restauración conservadora, como la ha bautizado Rosa María Palacios, o, mejor aún, una conversión del Estado peruano en uno derechista liberal y despejar las habitaciones de resabios izquierdistas, hasta bienvenido sería, pero debe hacerse con la legitimidad precedente de haber conquistado el poder por las urnas.

Como bien señala Michael Reid, exdirector senior de The Economist, “el desafío que enfrenta el Perú es sobre todo político. Es volver a construir organizaciones políticas que tengan credibilidad con los ciudadanos y que puedan agregar intereses e implementar políticas buenas. Ahí está el desafío en liderazgo y comunicación política”.

El Congreso, con este intento de tirarse abajo a toda la Junta Nacional de Justicia por causas injustificadas, está yendo más allá de la legitimidad que posee e, inclusive, de la legalidad de la propia medida que quiere implementar. Así no se construye una república derechista ni mucho menos. A trompicones, con leguleyadas y trastiendas jurídicas lo único que se logra es reacciones adversas y efectos contrarios al buscado.

Si la derecha quiere efectuar una poda ideológica en el Estado peruano, tiene el derecho político de hacerlo si es que, previamente, ganase las elecciones y obtuviese mayoría congresal, y además gozase de un alto grado de aprobación, pero no lo puede hacer un Parlamento hechizo, armado con componendas truchas, y con una desaprobación que bordea casi el absoluto rechazo ciudadano. Y encima con trampas jurídicas ostensibles y groseras, como las que apreciamos en el caso de la JNJ, la que, dicho sea de paso, tampoco ha puesto de su parte con un comportamiento ejemplar.

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Los clásicos versus los “caviares”

Por: 9.09.2023

Si la izquierda congresal no se sumase a los afanes autoritarios de la derecha parlamentaria, ésta no podría obtener los votos suficientes como cometer sus tropelías. ¿Por qué la izquierda en el Parlamento comete el suicidio político de prestarse al juego de la derecha?

Hay una inquina interna en la izquierda peruana entre los sectores históricos tradicionales y clásicos, frente a lo que ellos llaman la “izquierda caviar”, usando la misma terminología de la derecha. En ese afán, ven con placer la defenestración de cuadros técnicos importantes de la Defensoría del Pueblo, la batalla interna que va ganando la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la que también se viene librando en el Poder Judicial, ya consiguieron cooptar el Tribunal Constitucional, y ahora avanzan tras la Junta Nacional de Justicia, y los organismos electorales.

Bajo el propósito de derrotar a los “caviares” no se detienen en mientes de sumarse a la agenda particular de la derecha, se mimetizan con ella, y se suman al desprestigio enorme y abrumador del poder Legislativo, abonando en contra suya, que, de otra manera, tendrían la mesa servida el 2026, donde no van a pelear contra la “izquierda caviar” sino contra la derecha con la que hoy se alían, el acceso al poder.

No se entiende este “odio jarocho” de la izquierda tradicional hacia la que, en verdad, es la izquierda moderna, liberal, actualizada. Hay desprecios internos que dejan honda huella y la izquierda clásica resiente el copamiento de diversas instituciones del Estado por parte de la “caviarada” sin que hayan compartido la torta presupuestal alcanzada, pero ni aún eso justifica que hoy se alíen con la derecha más rancia con el objetivo de hacer una política de tierra arrasada con los “caviares” poniendo en lugar suyo a impresentables como el actual Defensor del Pueblo.

Ni siquiera parece existir detrás el propósito de controlar instituciones para hacerlo a su vez con el país democrático (son palabras políticas mayores que escapan a las seseras de los actores involucrados en la trama), sino simplemente cobrarse revancha de un sector de la propia izquierda del que abominan. Haría bien, sin embargo, esta izquierda “clásica” en sentarse a pensar si en ese propósito no le están sirviendo la mesa a sus verdaderos enemigos, que hoy solo los ven como un bolsón de votos en el Congreso y nunca les darán cabida real en las cuotas de poder que están conquistando.

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La Junta Nacional de Justicia y el blindaje a Zoraida Avalos

Por: 3.09.2023

El “chalequeo express” de la JNJ a Zoraida Ávalos

Uno de los aspectos de más ingrato recuerdo en la historia judicial reciente del país es el trato especial y la protección legal que la Junta Nacional de Justicia ha brindado en los últimos años a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, algo que no tiene antecedentes en la historia judicial del país.

Hay hechos que considerados en conjunto y en contexto revisten gravedad y que no pueden ser pasados por alto.

En primer lugar, resalta el hecho de que en la entrevista del 3 de noviembre del 2022 para ser ratificada o no en el cargo de Fiscal Suprema los miembros de la Junta Nacional de Justicia no hicieron una sola pregunta a Zoraida Ávalos acerca de los certificados falsos que habría utilizado para acceder al cargo de Fiscal Suprema en el año 2013, pese a que ella tocó el tema. Ningún miembro de la JNJ siquiera se molestó en realizar una pregunta tangencial, de refilón o para salvar la vergüenza sobre un asunto tan delicado, serio y que revestía extrema gravedad a lo largo de los 65 minutos que duró la entrevista.

Para los miembros de la JNJ no había nada de interés público y de relevancia en el hecho de que se afirmara que una Fiscal de la Nación habría utilizado documentos falsos para participar y pasar con las justas el examen curricular cuando postuló al cargo de Fiscal Supremo y salió nombrada. El hecho es sumamente extraño y revelador debido a que diversos medios de comunicación se habían ocupado del tema con evidencias fílmicas contundentes acerca de la fábrica de documentos falsos a la que habría acudido Zoraida Ávalos y otros magistrados para tratar de mejorar su curriculum.

La total inercia, ni siquiera pasividad, de los miembros de la Junta Nacional de Justicia para tratar el cuestionamiento más grave que tenía Zoraida Ávalos alrededor de los certificados falsos de LIBREJUR es verdaderamente aleccionador en lo jurídico y en lo ético tanto para todos los jueces y fiscales como para todos los estudiantes de derecho del Perú, pues nos enseña que se puede acusar a una persona de haber matado, robado o violado y se puede llegar a absolverla, frente a la gravedad de los cargos y el peso de la evidencia, sin preguntarle al sospechoso si efectivamente mató, robó o violó.

Incluso, un miembro de la JNJ, en el colmo de su simpatía y apoyo a Zoraida Ávalos en la entrevista le preguntó acerca de las “expectativas a futuro en lo personal e institucional” en el Ministerio Público, sellando por anticipado lo que se veía cantado: su segura ratificación por unanimidad. No se le preguntó sobre los hechos pasados extremadamente graves que se la atribuía, sino sobre su cómodo futuro en la Fiscalía que ya tenía asegurado con una pregunta de regalo. Otro miembro de la JNJ en la entrevista resaltó el “coraje” de Zoraida Ávalos, además, de enaltecer la figura personal de la entrevistada como si el acto de ratificación fuera una reunión de amigos o una charla de café.

Para los incrédulos acerca de la entrevista de Zoraida Ávalos por la Junta Nacional de Justicia se puede ver el enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=ApCeGuDV4BA

En segundo lugar, la JNJ, el 23 de mayo del 2023 emitió un comunicado público en la que mostraba su total respaldo a Zoraida Ávalos en el trámite de la acusación constitucional que se vería al día siguiente en el Congreso de la República. Tal fue el grado de apoyo de la JNJ que se permitió “invocar respetuosamente, a las señoras y señores representantes en el Congreso de la República, la mayor reflexión en torno de la acusación constitucional que se tramita contra la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos”.

La JNJ de la manera más descarada hizo suyo el principal argumento de defensa de Zoraida Ávalos y lo dejó en claro en su comunicado que no se puede pretender sancionar a un fiscal por “el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal, como expresión de su propia independencia”. Se debe resaltar que la JNJ en ningún otro caso distinto al de Zoraida Ávalos emitió un comunicado o pronunciamiento a favor de la defensa de un magistrado (del Poder Judicial o del Ministerio Público) cuya independencia o autonomía se podía ver amenazada como puede ser, por ejemplo, el caso de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Vargas, que son objeto de campañas mediáticas de demolición.

La JNJ dejó sentado en su comunicado que lo importante para sus miembros no era tanto la preservación de la independencia de los jueces y fiscales, sino garantizar que Zoraida Ávalos no sea removida de su cargo como Fiscal Suprema titular por el Congreso de la República. ¿En los cuatro años que viene funcionando la JNJ el único caso en el que se amenazaba la independencia de un Fiscal era el de Zoraida Ávalos? Para la JNJ vivimos en un país de ensueños en cuanto al sistema de justicia, ya que en el único caso que se consideró que se amenazaba la independencia de un Fiscal era en la investigación que se seguía en el Congreso contra Zoraida Ávalos.

En tercer lugar, una de las muestras de mayor protección e incondicionalidad de la JNJ con Zoraida Ávalos es su absoluta indiferencia y total desconexión con la realidad respecto a los hechos relatados en las publicaciones de Sudaca que se han presentado contra Zoraida Ávalos y que han generado cero investigaciones de oficio por parte de la JNJ, pese a la gravedad de las publicaciones, lo que difiere de otros casos en los que por hechos menos graves se abrió investigación inmediatamente a jueces y fiscales supremos.

Una sanción con sabor a impunidad

Algunos defensores de Zoraida Ávalos advertirán que ella fue sancionada por la JNJ con un mes de suspensión del cargo por el indebido nombramiento como Fiscal Superior adjunta de la hija de su comadre María Zavala Valladares (Carla Estefanía Bourdieu Zavala), miembro de la JNJ, en el distrito Judicial de Piura y que, por tanto, no se puede hablar de que ella fue favorecida indebidamente o recibió un trato especial.

Sin embargo, basta revisar la resolución de la JNJ para advertir que se dio por probado “el vínculo de amistad y comadrazgo entre la investigada y la madre de Bourdieu Zavala” al considerar que “María Zavala Valladares y Zoraida Ávalos Rivera han coincidido en señalar que tienen una relación de amistad desde que estudiaron la carrera de derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, relación que se ha mantenido en el tiempo, incluso la investigada es madrina de la hija menor de aquella; así consta en la declaración testimonial de esta última obrante a fs. 1855, y en las declaraciones de Zoraida Ávalos Rivera de fs. 1003 y 1201”.

Zoraida Ávalos, inclusive, en sus descargos, lejos de reconocer su falta llegó a sostener que: “no existe ningún impedimento legal que configure tal relación de amistad para la aludida designación”, es decir, admitió expresamente que podía manejar al Ministerio Público como si fuera su empresa privada, o algo suyo, y que podía nombrar a los hijos de sus amigos, de sus compadres y comadres como fiscales sin ningún problema.

La gravedad del caso es que Zoraida Ávalos con su puño y letra llegó a firmar la resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 2929-2019-MP-FN del 21 de octubre de 2019 en la que designaba como Fiscal adjunta superior de Piura a: Carla Estefanía Bourdieu Zavala, hija de su comadre y amiga íntima, miembro de la JNJ: María Zavala Valladares.

Se ha consultado a especialistas en temas penales y administrativos sobre el tema y formulan dos observaciones a la decisión de la JNJ de solo imponer la sanción de 30 días de suspensión en el ejercicio del cargo. Un primer cuestionamiento reside en la proporcionalidad de la sanción, ya que en un caso semejante de nombramiento de una juez supernumeraria de la Corte del Callao, la JNJ impuso la sanción de destitución al juez supremo Aldo Figueroa Navarro, pese a que se acreditó que él solo recomendó a que se nombrara como juez a una persona que ya había ocupado cargos semejantes en la Corte de Justicia de Lima y tenía un mejor currículum que la hija de María Zavala; mientras que Zoraida Ávalos nombró directamente, sin rubor y abusando de su cargo, a la hija de su comadre. No es que Ávalos pidió que un tercero la nombrara en el cargo de Fiscal superior adjunta, sino que ella misma firmó la resolución.

Un segundo cuestionamiento, es que la JNJ no deriva ni remite copias al Congreso de la República o a la Fiscalía de la Nación para que se investigue penalmente a Zoraida Ávalos por la comisión del delito de aprovechamiento indebido del cargo y por el delito de patrocinio ilegal, dado el manifiesto conflicto de intereses en los que había incurrido, lo que, según los entendidos, supone cometer el delito de omisión de deberes funcionales.

Resulta grave que la JNJ luego de dar por probada la relación de amistad íntima, de comadrazgo entre Zoraida Ávalos y María Zavala como el claro conflicto de intereses no haya derivado el caso a las autoridades competentes por la probable comisión de por los menos dos delitos.

La Junta Nacional de Justicia no cancela el título de Fiscal Suprema a Zoraida Ávalos

La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos fue inhabilita por el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa del Congreso número 024-2022-2023-CR que fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de junio del 2023 y en el que se ordena “INHABILITAR por cinco años para el ejercicio de la función pública a la señora Zoraida Ávalos Rivera”.

Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia, pese a la decisión del poder Legislativo de ordenar la inhabilitación de Zoraida Ávalos por cinco años no ha cumplido, luego de más de 70 días, con cancelar el título profesional de Fiscal Suprema, tal como lo ordena el artículo 2 inciso h de la Ley N.º 30916 que regula la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

En la elaboración de esta nota se ha consultado a dos destacados constitucionalistas quienes al tiempo que pedían reserva de su nombre nos señalaban que la consecuencia inmediata de la inhabilitación efectuada por el Congreso de la República lleva consigo que cualquier funcionario público no solo no pueda seguir ejerciendo la función pública, sino que en el caso de funcionarios nombrados en la administración pública, especialmente, en el caso de fiscales y jueces, se les debe cancelar su título profesional.

Los especialistas consultados nos hicieron ver que el artículo 4 inciso 2 de la ley de la carrera fiscal establece como un requisito general para el ingreso y permanencia en el cargo de Fiscal de cualquier nivel el “Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles”, situación que se pierde de manera irremediable al ser alguien inhabilitado “para el ejercicio de la función pública”. La inhabilitación implica que a persona se le suspende el ejercicio de poder ingresar o permanecer en el ejercicio de cualquier actividad de la función pública, entre los que se cuenta el cargo de Fiscal Supremo.

Se nos hizo ver que el Tribunal Constitucional peruano tiene zanjada la cuestión en la sentencia del EXP. N° 3760-2004-AA/TC del 18 de febrero del 2005 que tiene efectos jurídicos vinculantes para todos los poderes y organismos públicos. En dicha sentencia se señaló que del artículo 100° de la Constitución como del artículo 89° del Reglamento del Congreso se infiere que el Congreso de la República puede imponer, luego de realizado el procedimiento de acusación constitucional, sanciones políticas que pueden manifestarse de tres formas: 1) la suspensión, 2) la inhabilitación o 3) la destitución del funcionario público. Y que la inhabilitación política es una sanción política discrecional y que es distinta a una inhabilitación administrativa y a la inhabilitación penal. Ella es una sanción política que impone el Congreso de la República a los más altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 99º de la Constitución por infracción a la Constitución y por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, los mismos que sólo comportan una restricción en el ejercicio de los derechos políticos del funcionario que sea sancionado.

Por su parte, SERVIR (la Autoridad Nacional del Servicio Civil) en el Informe Técnico N° -2022-SERVIR-GPGSC ha señalado, sobre la inhabilitación política, que “tiene como efecto la restricción al derecho de acceso a los cargos públicos derivados de elección, acceso mediante concurso público o de designación; por lo que, el sujeto infractor queda inhabilitado para postular, concursar, ejercer y/o acceder a cualquier cargo o realizar función pública durante el período en que se encuentra vigente la mencionada inhabilitación”.

Los constitucionalistas consultados nos refieren que el funcionario público inhabilitado que no puede ejercer cargo público alguno, ya sea de elección popular o de otro orden, se distingue del caso en que el funcionario recibe una sanción política de suspensión en el ejercicio del cargo en la que luego de cumplida la sanción puede regresar sin problemas a ejercer su cargo anterior. El funcionario público inhabilitado políticamente debe salir, o ser retirado de la función pública, y puede postular a cualquier cargo de la función pública, luego de cumplido su tiempo de inhabilitación.

La Junta Nacional de Justicia parece haber entendido que Zoraida Ávalos ha sido suspendida (y no inhabilitada) en el ejercicio del cargo, ya que solo así se puede explicar su decisión de mantenerla en el Ministerio Público a cualquier costo cuando la decisión correcta es proceder a cancelar su título como Fiscal Suprema.

En relación a la inhabilitación impuesta por el Congreso en la historia política y judicial se tiene el caso de las ex congresistas Luz Salgado y Martha Chávez quienes recibieron una sanción política de inhabilitación de cinco años (tiempo semejante por la que se inhabilitó a la ex Fiscal de la Nación) y que generó que el Congreso de la República mediante la Resolución Legislativa Nº 051-2001-P/CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 2001, se declaró la vacancia del cargo de Congresistas de la República. Dicha inhabilitación se discutió en la justicia constitucional y el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda presentada en el EXP. N.° 3593-2006-AA/TC del 4 de diciembre del 2006.

En un blindaje reiterado y escandaloso con Zoraida Ávalos, la JNJ ha decidido hacerse de la vista gorda y mirar a otro lado para no remover y sacar del Ministerio Público a la exfiscal de la Nación. Según los especialistas consultados se ha incurrido en el delito de omisión de funciones.

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Acusación Constitucional, Certificados Falsos, Fiscalía de la Nación, JNJ, Justicia Peruana, Zoraida Ávalos

DURMIENDO CON EL ENEMIGO

Por: 12.03.2023

Otro de los protagonistas es Pedro Grández Castro el esposo de la Fiscal Fanny Quispe, abogado y dueño de Palestra Editores, quien no solo edita los libros de Víctor Cubas, quien fue la voz pública de la denuncia de las llamadas telefónicas de Patricia Benavides con Antonio Camayo, sino que se los remunera jugosamente, además, de tener una relación comercial y personal de más de 30 años. Pedro Grández el 26 de febrero del 2023 publica en sus redes sociales (facebook), Dos días antes de que la Junta Nacional de Justicia anunciara su decisión de investigar a la Fiscal de la Nación, un mensaje premonitorio de lo que le iba a ocurrir a Patricia Benavides trayendo a colación un artículo periodístico de más de 20 años atrás del diario la República en el que se afirmaba que se designa a Fiscal sin concurso, escribiendo en su post “hay quienes hacen toda una vida en los intersticios de la ley”. Aparentemente, no había una razón de peso para que se haga arqueología periodística y se consiguiera un artículo impreso que nadie recuerda. Grández desentierra de los archivos periodísticos un artículo que no tenía sentido actualizar. Era la camita de lo que sabía iba ocurrir con la decisión de la JNJ de abrir investigación a Patricia Benavides.

Para que se identifique y mida el peso de Pedro Grández en esta trama contra la Fiscal de la Nación debe tomarse en cuenta que trabaja en la Junta Nacional de Justicia. Así lo refirió SUDACA en el artículo “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” del 2 de noviembre del 2022 en el que se señalaba: “Uno de los hechos más extraños que ha ocurrido en la Junta Nacional de Justicia es que hace algunos meses contrató como uno de los encargados de evaluar el examen del caso en los concursos de nombramiento para jueces y fiscales del Perú al abogado Pedro Grández Castro, esposo de la fiscal Fanny Quispe Farfán. Pedro Grández es uno de los encargados de la evaluación de conocimientos que la Junta Nacional de Justicia realizó, por ejemplo, en la CONVOCATORIA 003-2021-SN/JNJ para el CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES/JUEZAS SUPREMOS(AS) – ACCESO ABIERTO”.

También se dijo “lo que resulta particularmente relevante y que denota un aparente conflicto de intereses que no ha sido declarado a la Junta Nacional de Justicia es que el abogado formal y debidamente apersonado de Zoraida Ávalos Rivera es el abogado Pedro Grández Castro quien defendió a la exfiscal de la Nación en un procedimiento que se llevó a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la décimo octava sesión extraordinaria del lunes 1 de agosto del 2022, por la denuncia que presentó en su contra el exfiscal supremo Luis Arce Córdova. Pedro Grández asistió a la audiencia y se identificó con su número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima número 29019. Incluso, personas cercanas al sistema de Justicia y al Ministerio Público han señalado a Sudaca que Pedro Grández viene asesorando a la exfiscal de la Nación en acciones legales que se están presentando en contra de la Junta Nacional de Justicia por el proceso de ratificación que ha sido convocada Zoraida Ávalos para el día 3 de noviembre del 2022”.

 

Todos juegan para Zoraida Ávalos

Los protagonistas de esta historia tienen un denominador común: han tenido o tienen una relación con la Fiscal Zoraida Ávalos, quien los designó en cargos de confianza (Cabrera Zegovia, Cubas Villanueva), les dotó de mayor poder (Quispe Farfán) o se desempeñan como su abogado defensor (Grández Castro).

Se recuerda que la JNJ actuó con guantes de senda contra la Fiscal Zoraida Ávalos a quien la ratificó en el cargo de Fiscal Suprema pasando por alto el hecho de que el 2013 accedió a ese cargo presentado cinco certificados falsos al Consejo Nacional de la Magistratura. En el artículo titulado “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” dijimos “los cinco certificados bamba (falsos) que había utilizado Zoraida Ávalos en el 2013 para pasar raspando la etapa de la evaluación curricular dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura en el concurso de nombramiento para Fiscal Supremo. El puntaje obtenido por la postulante Ávalos Rivera en la fase curricular fue de 67.50 puntos sobre un mínimo de 66 como nota aprobatoria y la puntuación asignada a los 05 certificados falsos expedidos por el Instituto Librejur fue de 02 puntos; de tal forma que sin la calificación de los documentos bamba solo hubiera logrado una puntuación de 65.50 y le hubiera faltado 0.50 para alcanzar la nota mínima aprobatoria, es decir, sin la valoración positiva, milagrosa, providencial y matemáticamente exacta  de los cinco certificados falsos no hubiera logrado aprobar la etapa de la evaluación curricular del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y hubiera dejado automáticamente el concurso para ser nombrada como fiscal suprema, ya que se trataba de fases eliminatorias si es que no se obtenía un puntaje mínimo”.

Es llamativo que la JNJ que califica y considera los criterios morales y éticos de los magistrados (Jueces y fiscales) de manera muy alta, tanto para designarlos, destituirlos o ratificarlos en el cargo haya pasado por alto hechos tan graves como los cometidos por la exfiscal de la Nación y en su entrevista de ratificación ni siquiera le haya formulado una sola pregunta al respecto, haciendo gala de una inexplicable impunidad y fijando un nefasto precedente del sistema de Justicia. El mensaje que se deja a los magistrados del Perú es siniestro: se puede acceder a lo más alto de la función pública y, concretamente, del Ministerio Público con la presentación de certificados falsos sin ninguna consecuencia y sin que la JNJ haga algo al respecto.

Si se quiere establecer el tamaño del escándalo, vean el video de su proceso de ratificación cuya votación fue ratificar a Ávalos Rivera por unanimidad como Fiscal Suprema.

https://www.youtube.com/watch?v=ApCeGuDV4BA

Sin embargo, la prueba de que la JNJ trata con un doble rasero a los fiscales supremos es que a la actual Fiscal de la Nación se le abre investigación por tener comunicaciones con Antonio Camayo, que el 2018 era considerado un empresario emergente; pero no hace lo mismo con Zoraida Ávalos pese a tener llamadas con César Hinostroza Pariachi.

Muchos medios de comunicación han señalado que existe el “registro de una llamada saliente realizada por el entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi al teléfono institucional (asignado oficialmente por la Fiscalía) de Zoraida Avalos, el día 4 de febrero de 2016, a las 22:12 horas”.

 

Se ve la paja y las llamadas en el otro, pero no las llamadas telefónicas de un miembro de la JNJ

Uno de los temas más graves de la investigación que se le abrió a la Fiscal de la Nación por parte de la JNJ es que se olvida que uno de los miembros natos de dicha institución tiene no una, sino varias llamadas con varios de los presuntos miembros de la Organización Criminal de los Cuellos Blancos del Puerto, lo cual fue reflejado también en un Informe de la Diviac.

En efecto, en el Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC de fecha 7 de enero del 2020, la Diviac le informa al fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón del registro de llamadas del celular de María Zavala Valladares N° 985570544 con las personas involucradas en la red de corrupción de los Cuellos Blancos y los resultados son sorprendentes.

María Zavala Valladares de su celular N° 985570544 registra siete llamadas con Cesar Hinostroza supuesto líder de dicha Organización Criminal, entre los años 2015 a 2018; también registra cuatro llamadas con Iván Noguera Ramos el año 2017, cuenta con tres llamadas telefónicas el año 2018 con Daniel Peyrano Sánchez y una llamada el año 2018 con Luis Arce Córdova.

Pese a la existencia del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que aquí publicamos como primicia no hubo problema para que la Comisión especial encargada de nombrar a los miembros de la JNJ haya designado sin algún rubor a María Zavala Valladares como parte de los siete miembros del pleno de esta institución del Estado. Quizás la única explicación es que se haya considerado que los registros de las llamadas entre dos personas poseen un valor inocuo, irrelevante y neutral desde el punto de vista del derecho.

Pese a que el contenido del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC registra varias comunicaciones con más de una persona involucrada en el caso los Cuellos Blancos, en el caso del Informe N° 317-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que comprende las supuestas llamadas de la Fiscal de la Nación solo hay comunicaciones con una persona en un periodo reducido de tiempo: dos meses.

¿Por qué la JNJ monta un escándalo de abrir investigación a la Fiscal de la Nación por tener llamadas telefónicas con terceros, sin que exista audios o conversaciones grabadas, y no investiga o manda investigar a quien forma parte del pleno? Se presentan los mismos hechos, o hechos más graves, pero se tiene un distinto rasero. Así es la justicia de nuestro querido Perú.

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Fiscal de la Nación, JNJ, Patricia Benavides, Zoraida Ávalos

Preguntas urgentes sobre el ¿futuro? Jefe, Fernández Jerí

Por: 21.04.2022

La denuncia del 2014 ya echa una sombra razonable sobre la intachabilidad de Fernández. Conocer qué pasó con esa denuncia por completo ayudará a desvirtuar o a reforzar esa sombra. De ser lo segundo, la incuestionabilidad se rompe. ¿Es esa la garantía, la apariencia de intachabilidad que debe existir en el primer Jefe de la ANCMP, por ejemplo, para la lucha contra la corrupción? El impacto puede ser letal sobre los y las fiscales que, a contracorriente, están haciendo bien su trabajo en casos de crimen organizado, corrupción, lavado de activos y otros serios delitos: ya el Relator de Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia ha evidenciado que las amenazas para el trabajo de los fiscales bien pueden venir de la misma institución vía el sistema de control. Y en efecto, lo vimos en “La Centralita”; lo vimos en “Cuellos Blancos”.

Además de la carpeta y expediente de control interno fiscal que se generó ante la denuncia del 2014, lo que hay que analizar son los diversos elementos del escenario de esa investigación; más aún cuando lo denunciado fue un presunto (y grave) hecho de corrupción. Así lo plantea el Informe Corrupción y Derechos Humanos del 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y elementos de ese escenario acentúan las alertas. El caso habría pasado por las gestiones de los siguientes fiscales supremos de control interno: Nora Miraval (quien se jubiló a los pocos meses de asumir el cargo), Pedro Chávarry y Víctor Raúl Rodríguez Monteza. Chávarry y Rodríguez han sido destituidos por la propia JNJ por “Cuellos Blancos”. Y una de las tesis fiscales de este megacaso es que se buscaba acaparar el sistema de justicia desde dentro para promover impunidad. Otro elemento del escenario: el fiscal que archivó parte de la investigación en Amazonas (como lo informó Latina), es el fiscal Ñope Cosco, también destituido por la JNJ (por acoso sexual). Estos elementos exigen que la denuncia del 2014 sea escudriñada al milímetro, pues las autoridades fiscales que participaron no dan la garantía de haber hecho un buen trabajo.

Así estos dos casos, la denuncia del 2014 y la representación en el 2021 del juez Polo Huamán, pueden cambiar la historia de la elección de Fernández Jerí. Se debe saber todo lo que pasó. Hemos sido testigos de casos así, en los que nombramientos han sido suspendidos o se han caído: el nombramiento del ex consejero Alfredo Quispe Pariona, la juramentación del ex consejero Iván Noguera. Una historia que la propia JNJ al parecer no ha obviado al momento de elaborar su normatividad: el artículo 66 del reglamento de selección de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público plantea la posibilidad de excluir a un postulante por “ocultar información relevante que el/la postulante debió poner en conocimiento de la Junta y que determine su falta de probidad o idoneidad para su nombramiento. Se considera de especial relevancia la información sobre su conducta ética”; e incluso, la posibilidad de la nulidad del nombramiento.

La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, de ser asignada a quien no cumple con un perfil incuestionable o no dé las garantías necesarias, nos regresará al punto inicial del largo camino que con mucho esfuerzo la sociedad ha transitado en las calles por un sistema de justicia absolutamente diferente. La JNJ ha avanzando mucho y con mucho esfuerzo, y debe procurar no retroceder en esta nueva etapa que ha abierto para el país. 

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Gobierno, JNJ
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