El 24 de junio de 1969, cientos de campesinos de la costa y de la sierra peruanas tomaron los caminos y las carreteras del país para acompañar al jefe del gobierno militar y hacerle saber que, a partir de ese día, “el patrón ya no comería más de su pobreza”.
Con esa frase absolutamente demagógica, los propietarios de tierras carentes de valor, como las pampas desérticas de Cerro Prieto, en Lambayeque, se acostaron esa noche tan pobres como lo habían hecho durante varias generaciones.
Y siguieron viviendo en condiciones precarias hasta que alguien decidió invertir en la irrigación de esas tierras eriazas, dándoles valor, capacidad hipotecaria y todo lo que se puede conseguir cuando se tiene dinero.
Conversamos con María Roca, asesora legal de Agrícola Cerro Prieto.
“En el año 2000, nosotros compramos en licitación pública internacional unas tierras eriazas en el sur de Lambayeque, cerca a la frontera con La Libertad. Firmamos un compromiso de compra-venta, estipulado en un contrato que, además, tiene las características de un contrato-ley. Pagamos por esas tierras y por derechos de agua superficiales y subterráneas. Todas esas tierras eran propiedad del Estado y estaban inscritas en Registros Públicos a nombre del Estado. Antes de esa inscripción no había nada. Absolutamente nada. Entonces invertimos, construimos todo un sistema de conducción de agua, que no es un canal del punto A al punto Z; que está compuesto por canales de derivación, por bombas de inducción, por filtrados, por mangueras, por 14 Ítems que componen el sistema de conducción de agua.
El agua viene de la represa Gallito Ciego, baja por el canal, punto denominado TP6, para recibir el agua en el TP6. Yo construí toda esa infraestructura hidráulica, que, como les dije, es un canal que lleva el agua hasta mis tierras; pero no solamente un canal, son una serie de elementos que componen un sistema de conducción hidráulica. Bombas de derivación, canales secundarios, mangueras, una serie de cosas, entonces, eso era de nosotros y nosotros empezamos a trabajar y a sembrar y a exportar.
En el año 2009, de repente, nos encontramos que se habían borrado los asientos regístrales de dominio de Agrícola Cerro Prieto y todo le pertenecía a una empresa que se llamaba Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. Nos encontramos dueños de nada, a pesar de haber comprado, como les repito, en licitación pública internacional, al Estado peruano. No se lo compré a Pedro, se lo compré al Estado peruano, al amparo de la fe registral. Todo estaba registrado a nombre del Estado en los registros públicos. Nos encontramos en 2009 que no éramos dueños de nada y habíamos invertido más o menos entre 200 y 300 millones de dólares en toda la infraestructura hidráulica, oficinas, siembra, ya le digo, exportábamos. Entonces, esta empresa, Aspillaga Anderson Hermanos, que quiero dejar clarísimo, era una empresa que fue declarada en quiebra en el año 1969, mediante el aviso judicial de quiebra que se publica en está en El Peruano, el juez del segundo juzgado civil de lima convoca a los acreedores y ordena la liquidación de la empresa esta empresa, al 2003, estamos hablando de 34 años de absoluta inmovilidad, no tenía empleados, nada, no pagaba impuestos, nada, lo que prueba que había sido liquidada.
Entonces, los hermanos Aspíllaga en 2003 inicia un juicio al Estado pidiendo que le devuelvan las tierras expropiadas en 1989 y no pagadas. El Estado no movió un dedo. ¿Usted cree que el Estado dijo que Agrícola Cerro Prieto era parte, que le había vendido en licitación pública internacional 5.000 hectáreas de terreno? Mudos, en todos los idiomas de la tierra. Y Aspillaga tampoco dice que había con derechos registrales desde el 2000. Entonces, le devuelven a Aspillaga 29 000 hectáreas supuestamente expropiadas en 1989.
Y no le expropia 29 mil y pico de hectáreas porque dice que revierten al Estado, precisamente por ser eriazas. Claro, no había nada. Cuando nosotros hemos comprado, eso un arenal, un desierto absoluto. Ellos en 2003 se dan cuenta de lo que habíamos hecho. No sé cómo se borren los asientos registrales del Estado y los nuestros, a pesar de estar protegidos por el artículo 2014 del Código Civil, logran que se borren. No me pregunte cómo hicieron, porque la verdad es que no me queda, sino que hablar de corrupción. En 2011 logramos la primera sentencia del Tribunal Constitucional que me devolvía las tierras agrícolas.
El tribunal dice que a Aspillaga Anderson procedieron en mala fe, que le ocultó información, que se le presentó partidas registrales incompletas, entonces la primera sentencia que tiene Cerro Pietro en 2012 ordena que se les devolviera esa tierra.
Aspillaga hizo todo lo posible para impedir que eso quedara a nuestro favor. Regresamos, al Tribunal Constitucional cinco veces esta es la sexta. Porque ellos han hecho siempre lo posible para quedarse con todo. Por último, ya un día dijeron, no puedo recuperar mi tierra. Entonces, ¿qué hago? Le quito el agua. Que, para una agrícola, quitarle el agua es arruinarlo. Dicen que yo construí el canal en tierras de ellos. No, cuando yo construí el canal, eso no era su tierra. Eso era de Pejeza del Estado. Y a mí, en mi contrato, me permiten construir ese sistema. Toda esa infraestructura de riego que hoy día tengo, 13 reservorios construidos ahí. Con todo se quieren quedar, porque al mismo tiempo que le quitaron sus tierras de Cerro Prieto, recuperaron, acuérdense, 29.000 hectáreas que estaban dentro de esas, las tierras de Cerro Prieto, luego nos devuelven las 6 000 hectáreas. Y después las 2 000 que están en discusión, a los Aspíllaga le quedan 21 000 hectáreas de terreno ¿Usted cree que han hecho algo? No han sembrado ni un guarango, siguen siendo tan eriazas como era en el año 1969 que revirtieron al Estado.
Hoy día si usted entra al registro público, dice partida cerrada, quiere visualizarla. No tienen un solo empleado, no pagan impuestos, son un cascarón. Ellos han revivido solo para quedarse con las tierras de Agrícola Cerro Prieto. Esa es la verdad. O sea, solamente quieren el agua. Hoy día Cerro Prieto vale 500 millones de dólares. Entonces no pudieron quedarse con la tierra. Y dijeron, bueno, te quito el agua. Porque quitarte el agua es matarte.
Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, una dictada en 2014 y otra en 2021. La del 2021 ratifica la del 2014.
Cuadro comparativo de las sentencias del caso Cerro Prieto y como recogen todas el “área adyacente “
Fueron dos tribunales, dos plenos del Tribunal Constitucional conformados por distintas personas. Y le dan la razón a Cerro Prieto. Y esta vez, ¿por qué está eso ahí? Para que el tribunal respete la cosa juzgada. Aspíllaga ya tienen la indemnización, solamente que el Estado no se la paga porque ellos quieren que se la pague a valor de terreno agrícola, cuando ellos no han sembrado nada ahí. Las diferencias son 120 millones de soles entre una y otra. Y siguen insistiendo. Y uno de sus pedidos al tribunal fue ese, que le ordenara al ministerio que le pagara valor de terreno agrícola. Y el tribunal le contestó que esa no era su misión, que su misión era restitutoria y no resarcitoria. Entonces, por eso, cuando dice, no me han pagado un centavo, claro, porque el Estado dice, no, yo te pago valor de terreno, porque ahí, tú no has sembrado nada.
Y esa controversia se refiere simplemente, el tribunal, en dos oportunidades se has pronunciado ordenando que se indemnice a día por el valor de la tierra que comprende el contrato de establecimiento de servidumbre, el terreno eriazo adyacente entre el canal y la propiedad agrícola Cerro Prieto. ¿Por qué? Porque ahí en ese terreno está toda la infraestructura hidráulica de Cerro Prieto. Reservorios, mangueras, bombas de inducción, todo, todo está en ese terreno. Yo compré en licitación pública internacional, el señor Azpillaga ha dicho el otro día, licitación con trampa. ¿Qué trampa? Si creen que es con trampa, reclámale al Estado.
Ellos quieren volver a ser ricos con el trabajo de Cerro Prieto. Y otra cosa terrible, es que se está poniendo en riesgo la estabilidad jurídica del país. Entonces, no solo es eso, sino que ahora, ¿quién va a venir a invertir? Si sabe que cualquiera va al tribunal y dice, ah, no, es que esto era de mi tatarabuelo, y yo ahora tengo derecho a él, dámelo. Es decir, la estabilidad jurídica se terminó en el país. Las sentencias ya no pasan en calidad de cosas juzgadas, ya no son cosas decididas si el tribunal cambia su decisión. Y yo le digo, el Tribunal Constitucional en su sentencia del 2014, llama la atención de los abogados de Aspillaga por su inconducta profesional y su desacato a las sentencias expedidas por el tribunal. El tribunal se lo dice. Pocas veces el tribunal llama la atención. Esta vez lo ha hecho”.
La tierra es de quien la trabaja
Desde que los hombres de ahora éramos niños, y los demagogos crecían como las sombras cuando cae la noche, hemos escuchado decir a los Benavides Correa, Breña Pantoja, Hugo Blanco y Genaro Ledesma que la tierra era de quien la trabajaba, nada de compartirla, de hipotecarla, de venderla, de prendarla o de canjearla. No, de ninguna manera.
Con esa negativa, la tierra no solamente se convierte en un título sin valor alguno, sino que es un lastre para quien la ocupa: más tierra tengo, más obligaciones me agobian.
Por tales razones, la llamada revolución verde es el mayor aporte conceptual al viejo problema de la tierra.
