Tribunal Constitucional

EL PODCAST DIARIO DE OPINIÓN DE JUAN CARLOS TAFUR.

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Asamble Constituyente, Tribunal Constitucional, Vladimir Cerrón

El régimen va a insistir con la Asamblea Constituyente. Si no es por angas será por mangas. Ya lo ha dicho el factótum partidario del gobierno, Vladimir Cerrón: se intentará, primero, por el Congreso, mediante una propuesta de reforma del artículo 206; si no prospera, Perú Libre ya junta firmas con la pretensión de que el Ejecutivo convoque directamente a un referéndum que instale la Asamblea referida.

Lo cierto es que el segundo camino es inviable. La inmensa mayoría de constitucionalistas señala que el artículo 206 es taxativo y que “toda” reforma constitucional requiere dos legislaturas de 87 votos o una de 66 que dé pase luego a un referéndum validatorio. Así se junten diez millones de firmas. No hay otra. Y si Castillo, estimulado por Cerrón, se atreve a convocar de facto un referéndum sin pasar por el Congreso lo más probable es que, previo recurso, el Tribunal Constitucional lo rechace, o que, por ese acto, se abra el camino de la vacancia por incapacidad moral.

El gran problema, sin embargo, es que en medio ya de una situación de incertidumbre de la inversión privada -motor de la economía nacional, de la generación de empleo y la disminución de la pobreza-, ésta se hallará ahora en mayor suspenso a la espera de ver qué rumbo político-legal tomará el gobierno.

Una posibilidad que se abría es de que conviviera una fraseología populista radical con un gobierno económicamente tecnocrático (Francke-Velarde) que, mal que bien, asegurase estabilidad macroeconómica y algún resquicio para animarse a relanzar proyectos de inversión de toda magnitud. Sería un gobierno mediocre, por la medianía del aspecto político, pero siquiera albergaría la posibilidad de seguir manteniendo en movimiento esa espiral virtuosa de la inversión privada.

Pero la advertencia política de Cerrón, de querer llevar a cabo a toda costa la Constituyente (no hacerlo sería, en sus palabras humalizar o caviarizar a Castillo), penderá como una espada de Damocles sobre la sociedad inversora conformada por millones de micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Peor aun si se tiene en cuenta la naturaleza corporativista de la Asamblea que Castillo y Cerrón pretenden instalar, conformada solo en parte por el voto directo de la ciudadanía (lo que de por sí también ameritaría un recurso de inconstitucionalidad).

En mala hora el país votó por quienes aseguran una mezcla explosiva de impericia e improvisación, con rigidez ideológica y prejuicios políticos. En el mejor de los casos, nos esperan cinco años de zozobra política, parálisis económica y probable convulsión social.

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Asamblea Constituyente, Tribunal Constitucional, Vladimir Cerrón

Luego de una cruzada infructuosa en la que no lograron los 87 votos necesarios para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), el Congreso puso en agenda la destitución e inhabilitación por 10 años contra el actual magistrado Eloy Espinosa-Saldaña por el supuesto delito de prevaricato cometido cuatro años atrás.

En la orden del día de la Comisión Permanente del pasado 9 de julio, revelada por el diario La República, también se pedía acusar por infracción constitucional y suspender por 30 días a Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda. Y aunque hasta el momento no hay convocatoria oficial para ver qué se hace con este pedido, esta no es la primera vez que intentan deshacerse de estos cuatro magistrados a los que ven como enemigos de los intereses parlamentarios.

El caso data del 2017, cuando un grupo de exmarinos denunció constitucionalmente a los cuatro miembros del TC por emitir una resolución en la que supuestamente cambiaban el sentido del voto de un exmagistrado del TC, Juan Vergara Gotelli. ¿Dónde? En una sentencia de 2013 que consideraba los hechos ocurrido en “El Frontón” como delitos de lesa humanidad.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida en esos años por la fujimorista Karina Beteta, aprobó el informe que recomendaba la destitución e inhabilitación por diez años de Eloy Espinosa-Saldaña y la suspensión por 30 días de los otros tres magistrados.

“Los congresistas se dieron cuenta de que era un escándalo pedir que los cuatro magistrados sean sancionados con la destitución. Lo que les interesaba era deshacerse de Eloy Espinosa-Saldaña, a quien veían como el responsable de tomar la iniciativa de la decisión, pero esta diferencia no se justifica de ningún modo, porque, si los cuatro cometieron la misma supuesta falta, entonces no pueden sancionarlos de distinta manera”, explica Walter Albán, director ejecutivo de Proética y abogado que asumió la defensa de Espinosa-Saldaña en este caso.

Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó archivar la acusación constitucional, Luis Galarreta, quien presidía el Congreso, envió una carta al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski rechazando la disposición. El caso nunca fue archivado, pero desistieron de la denuncia.

Luego de que el intento del fujimorismo y el APRA por destituir a los magistrados fracasara en aquella época, Espinosa-Saldaña fue denunciado por su colega en el TC, el magistrado José Luis Sardón, por supuestamente haber mentido y arrogarse el título de “doctor” en su CV al momento de postular al cargo en 2014.

Sin embargo, en la denuncia de Sardón no se tomó en cuenta que Espinosa-Saldaña ya había hecho la rectificación de su título el 13 de mayo del 2014, incluso antes de ser elegido formalmente. Al final, el pleno del TC no pudo destituirlo, porque no se alcanzaron los cuatro votos necesarios.

Con una eventual destitución de Espinosa-Saldaña -uno de los magistrados que considera irregular el proceso que lleva a cabo el Congreso para elegir a sus reemplazos-, lo que se pretendía era cambiar la correlación de fuerzas y votos en el TC.

El magistrado Eloy Espinosa-Saldaña es incómodo a ciertos intereses políticos.

Todo indica que la artillería congresal ahora lo volvió a poner en la mira. El orden en el que los magistrados deben ser cambiados depende de quién es el más antiguo. Como los seis con mandato vencido fueron elegidos y juramentaron el mismo día, lo que corresponde, según la Ley Orgánica del TC, es cambiar primero al que tenga la colegiatura más antigua. Bajo ese criterio, los últimos en ser cambiados serían Espinosa-Saldaña y Marianella Ledesma.

Pero en los pasillos del Congreso se empezó a esbozar la intención de alterar el orden. Como explicó el periodista Juan Rosales: definir la antigüedad de acuerdo a la hora en la que fueron elegidos por el Congreso el 21 de mayo del 2014, siendo Espinosa-Saldaña, luego de Ernesto Blume, el segundo en irse. La decisión alteraría el bloque de los cuatro magistrados que resolvió que la disolución del Congreso fue constitucional. El Parlamento perdería un magistrado como Blume, afín a sus posiciones, pero podría reemplazarlo por otro cortado con la misma tijera.

“El orden tiene que ser por la antigüedad en la incorporación. Estos 6 fueron incorporados el mismo día, no hay ninguno que sea más antiguo que el otro, pero por ahí quieren llevar adelante la peregrina tesis de que el orden lo determina el número de resolución, eso es una tontería”, dice Walter Albán.

Una fuente del Tribunal Constitucional apunta a un grupo de empresarios, políticos y abogados de derecha, como autores intelectuales de esta interpretación auténtica que habría influenciado a varios congresistas: la Coordinadora Republicana. “El sector de la Coordinadora Republicana quería meter un orden distinto, no tuvo mucho predicamento y, cuando no se lograron los votos [en la elección de magistrados del TC], finalmente esto quedó como una anécdota, pero la intención de ellos era muy clara. Había intereses de este grupo de variar el orden fundamentalmente para impedir que Eloy Espinosa-Saldaña sea el último en ser cambiado”, asegura.

La Coordinadora Republicana, en palabras del exministro Albán, está conformada por abogados “que aparecen como académicos para sustentar todo lo que ocurre políticamente del lado que a ellos les interesa, sobre todo del Congreso”.

El sábado 10, por ejemplo, el congresista Luis Valdez (APP) convocó una sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución para hablar sobre las elecciones de los nuevos magistrados del TC. La reunión contaba con “constitucionalistas de mayor trayectoria y reconocimiento académico”, como los presentó Valdez. Ahí estaban  los abogados que han firmado varios de los comunicados de la Coordinadora Republicana: Aníbal Quiroga León, Gerardo Eto Cruz y Domingo García Belaúnde.

Cuando el congresista Lenin Checco, de Frente Amplio, pidió explicaciones de por qué no se invitó a más abogados con posturas distintas, Luis Valdez no dudó en interrumpirlo y cortar su intervención. De otro modo trató a Martha Chavez (FP) y Rosario Paredes (AP), quienes se tomaron casi 10 minutos, cada una, para plantear sus preguntas.

El abogado Gerardo Eto no dudó en despacharse contra algunos de los actuales magistrados arguyendo que “cuatro tienen una postura ideológica y deben ser cambiados […] con los actuales miembros no hay garantía de independencia política e ideológica”. No es muy difícil saber a quiénes se refería. Así mismo, recomendó a los parlamentarios llegar a consensos para seguir adelante con las elecciones.

 

“Caseritos del TC”

Walter Albán también califica a los abogados de la Coordinadora Republicana como “caseritos” del Tribunal Constitucional. De hecho, Ernesto Blume, quien fue presidente del TC entre marzo de 2018 y enero de 2020, es cercano al abogado Domingo García Belaúnde, integrante del equipo legal de Fuerza Popular que buscó desconocer los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y miembro de la mentada coordinadora.

“En el estudio Flores-Araoz está García Belaúnde y tiene una relación de mucha cercanía con Ernesto Blume, tanto así que en el TC hay un baño que usan exclusivamente los magistrados, pero Domingo es la única persona que cuando visita el Tribunal usa ese baño. Es ridículo, pero te lo pongo como ejemplo de la cercanía”, cuenta una fuente que trabajó en el TC. 

Otro de los vínculos entre ambos abogados es la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, donde Blume es presidente y García Belaúnde es fundador y presidente honorario.

Según Albán, hay diferentes casos que llegan al TC en donde los abogados relacionados a la ‘Coordinadora Republicana’ tienen participación y encuentran votaciones favorables de parte de Blume. «Yo he tenido casos en el TC. Y eso no es delito, es el derecho a la legítima defensa», responde García Belaúnde consultado por Sudaca.

Al preguntar por sus conexiones con Blume, el abogado aseguró que “ningún abogado del TC se reúne con nosotros [la Coordinadora Republicana]” y que lo unía una amistad de años no solo con él, sino con Sardón, Ferrero y hasta con Carlos Ramos y Manuel Miranda.

Por su parte, el magistrado Augusto Ferrero Costa, el único de los siete que no será cambiado, tiene lazos con el congresista fujimorista Carlos Mesía, pues su asesora, Milushka Carrasco Gallardo, es la exesposa de este último. “Cuando Mesía sale, ella también sale y luego Ferrero la contrata como su asesora”, explica una fuente con conocimiento de los vínculos.

Milushka Carrasco, exesposa del congresista fujimorista Carlos Mesía, es asesora del actual magistrado Augusto Ferrero.

Carlos Mesía, quien fue abogado del frustrado tribuno Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo de Pedro Olaechea, fue uno de los congresistas que más defendió el proceso de elecciones de los magistrados. Tanto que no le importó desacatar la medida cautelar dictada por el Poder Judicial, emitida el martes pasado, que mandaba suspender las elecciones. “Eso no es democrático, eso es antidemocrático. Y si quieren llevarnos presos, aquí estamos, pero hoy día se vota”, fueron las palabras del ahora congresista naranja. 

Consultado por su relación con el fujimorismo, Ferrero respondió que no tiene vínculo alguno y que, en cambio, apoyó “vivamente a Vargas Llosa en el primer proceso y a Pérez de Cuellar en el segundo”. Y sobre la contratación de Carrasco, solo apuntó: «A Milushka la conocí hace más de ocho años y tuve ocasión entonces de presentar un libro suyo en el Tribunal Constitucional cuando yo no pertenecía a él. Ahora la veo con su nueva pareja que es un inversionista francés con gran cultura, propietario de un hotel en Tahití».

 

Convencer al Frepap

El último miércoles, zurrándose en la cautelar, los congresistas intentaron elegir a los magistrados del TC. Sorpresivamente el Frepap decidió no participar del proceso. 

“En el transcurso de la noche [del martes], hasta la mañana del día siguiente, estuvimos evaluando [qué hacer], porque se debe admitir también que la medida cautelar no nos llegó a cada uno de los congresistas, nos hemos enterado por los medios. Pedimos información a nuestros asesores y evaluamos. Al día siguiente, tomamos la decisión con los nueve congresistas de la bancada que estuvieron presentes de no ratificar que se prosiga con la agenda, sino acatar y respetar esa medida cautelar, que de todas maneras era algo irregular”, cuenta la congresista de la bancada del pescado, María Cristina Retamozo, quien integró la Comisión Especial encargada de elegir a los mejores candidatos para conformar el TC.

Pero no todos estuvieron alineados. La vocera del partido, María Teresa Céspedes, fue la única que sí emitió un voto: lo hizo a favor del candidato Carlos Hakansson.

Aunque la mayoría retiró su apoyo, en el Frepap siguen sosteniendo que el proceso sí fue transparente y solo se cometió un error al no hacer pública las motivaciones de los puntajes de las entrevistas personales.

Luego de quitar su respaldo al proceso y que los tres primeros candidatos no lograran los 87 votos, se pidieron cuartos intermedios para buscar consensos. Retamozo cuenta que durante estos recesos, algunos congresistas, aunque no quiso precisar nombres ni partidos, se acercaron a ellos para intentar convencerlos “respetuosamente” de prestar nuevamente su apoyo. 

Franco Salinas, vocero de Acción Popular, admite que algunos de sus colegas de bancada fueron los que trataron de explicar a los del Frepap que “los congresistas no estamos condicionados y no nos pueden procesar por seguir una sesión plenaria”. Pero la bancada del ‘pescadito’ no dio marcha atrás.

Al interior de AP, tres parlamentarios se bajaron a tiempo del coche: Hans Troyes, Jorge Vasquez y Rolando Campos. Al día siguiente de las votaciones fallidas, al último le mandaron un documento donde le indicaron que lo separaban de la bancada, aunque luego recularon y le enviaron otra comunicación donde le avisaban que ya no lo separaban, pero le llamaban la atención por su postura.

Para el aún congresista accionpopulista, el “incidente parece que ha sido superado”; sin embargo, Franco Salinas asegura que Campos afronta un proceso disciplinario y que podría ser retirado de la bancada.

Las votaciones ahora se encuentran congeladas porque aún no se tienen los votos necesarios. “Todo depende de cómo pasen los días esta semana y que el Frepap [cambie de decisión]. Mientras no apoyen, no hay votos; si no hay votos, no se va a continuar con la sesión”, dice Salinas. Y luego añade, como un retando a la justicia: “Nosotros tenemos legitimidad para elegir hasta el último día. Si el último día se puede elegir, lo vamos a hacer”.

*Fotoportada por Leyla López

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Congreso, Eloy Espinosa-Saldaña, Tribunal Constitucional

¿En qué momento decidió solicitar la medida cautelar?

Yo estaba viendo cómo se desarrollaba el proceso. Lo último que supe es que en noviembre del 2020 los mismos grupos políticos hicieron un mea culpa. pidieron desactivar esta comisión y dijeron que sea el nuevo Parlamento el que elija el nuevo Tribunal Constitucional (TC). Pero de un momento a otro, de manera sospechosa, continuaron con el concurso. Luego veo que no publican los fundamentos del puntaje y, esto sí es algo subjetivo, me puse a analizar: ¿por qué tanta desesperación en una cuarta legislatura que para mí es ilegal? Yo tengo una tesis: estos señores han querido capturar el TC para buscar la impunidad de sus líderes políticos. No olvidemos que toda detención se puede librar con un habeas corpus y en última instancia resuelve el TC. No olvide el peligro de que un Congreso sea cerrado y un presidente sea vacado. Entonces dije: de repente quieren capturar el TC para que las leyes que emita el nuevo gobierno sean obstruidas por acciones de inconstitucionalidad en el Parlamento. Y vienen preguntas que eran sospechosas: por ejemplo, un congresista le pregunta a un candidato qué pensaba sobre la disolución del Congreso. 

¿Piensa entonces que hay un plan desde el Congreso para blindarse de un gobierno de Castillo y, más bien, mellar sus poderes?

Yo lo que pensé es una tesis, no estoy afirmando: que quisieron capturar el TC para convertirlo en un caballo de Troya y destruir la democracia en el Perú. Uno: buscar impunidad para sus líderes políticos; y dos: que en caso de que un presidente llegue al poder, presentar acciones de inconstitucionalidad sobre leyes o una vacancia por incapacidad moral. El TC es un bastión que pudo haber tomado el fujimorismo con sus aliados políticos. No olvidemos que en un momento el Consejo Nacional de la Magistratura fue tomado; que el Ministerio Público, con Pedro Chávarry, fue tomado; que el Poder Judicial, con César Hinostroza, fue tomado; y que en el Parlamento había 73 congresistas de Fuerza Popular. También estuvo tomado. Y me animo a decir que el propio Colegio de Abogados de Lima (CAL) también estuvo vinculado a Fuerza Popular. No se olvide que, cuando yo quería sacar la medida cautelar [se refiere a un recurso administrativo del CAL] para suspender a Pedro Chávarry, decían que no choque con Fuerza Popular. Y parece mentira que tenía la razón, porque me dijo que me iban a perseguir. Y ahora hay medios de comunicación que me están difamando, que tratan de dañar mi imagen.

Es cierto que no es la primera vez que usted interpone esta medida. La obtuvo para detener las elecciones del CAL y también emitió una medida cautelar para suspender a Pedro Chávarry.

Yo fui presidente del consejo de ética [del Colegio de Abogados de Lima], y en el consejo de ética vemos la conducta de los abogados. Si un abogado no respeta el código de ética, siendo autoridad, siendo juez o fiscal, incurre en una falta. En ese momento abrí una investigación de oficio contra los miembros del CNM, contra Pedro Chávarry, y muchos más agremiados, muchos árbitros vinculados a Odebrecht. Entonces, tuve muchas personas que querían impedir mi labor, pero puse mano dura y suspendí colegiaturas. Le suspendí la colegiatura a Guido Aguila, Iván Noguera, Julio Gustavo Pebe, Rodolfo Orellana, César Hinostroza y Pedro Chávarry. Y justo por haberle quitado la colegiatura a Chávarry, este deja de ser Fiscal de la Nación, porque él estaba enquistado y nadie lo podía sacar.

Hay congresistas que creen que no terminarán procesados por haber desacatado la orden judicial que suspende la elección de magistrados del TC. ¿Usted cree que sí es posible [que los procesen]? ¿Qué tiene que pasar para que esto ocurra?

La medida cautelar dice que se suspendan las elecciones programadas para el 7 y 8 de julio hasta que termine el proceso de amparo, bajo apercibimiento de aplicarse las medidas coercitivas, de acuerdo a los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional. Como ellos no han acatado la orden, han entrado en rebeldía, entonces se tiene que hacer efectivo ese apercibimiento. Ya no recomendarles. Lo que estoy pidiendo es que se aplique la medida menos gravosa, que sería la multa. Hoy he presentado un escrito en el que pongo de conocimiento a la jueza que primero tiene que multarles. Una multa de 10 URP (unidad de referencia procesal), que son más de S/4.000 a cada congresista. Y como se mantienen en la posición de continuar con la elección, he pedido que hagan un apercibimiento nuevo que diga que, si continúan sesionando, va a destituir a cada congresista. Un juez tiene la potestad de destituir a un funcionario público así haya sido elegido por voluntad popular.

¿La multa sería un paso previo a un proceso por desacato o van por vías distintas?

No. Sin perjuicio de la multa, estoy pidiendo que se manden copias al Ministerio Público, porque el delito ya se cometió. Así paguen sus multas, así sean destituidos. Se tiene que abrir una investigación para determinar que se cometió el presunto delito. Y quien tiene que determinar eso es un juez.

¿Los candidatos al TC que no renuncian a su candidatura también estarían en problemas?

Yo pienso que sí, porque se están prestando al juego. Y la tipología penal establece cómplices primarios, secundarios. Ya el Ministerio Público tiene que ver en qué supuesto están calzando estos candidatos. Pero pienso que los postulantes que se han sometido a un proceso que al comienzo era irregular y que ahora es ilegal se encuentran descalificados para ser miembros del TC. Para mí, con esto han sepultado su carrera hacia el TC. Si se vuelven a presentar, ya han demostrado que se someten a un proceso irregular, que se someten a preguntas donde hay conflicto de intereses. ¿Con qué confianza pensaríamos que estos señores van a estar administrando justicia en el más alto tribunal del Perú?

El problema es que el nuevo Congreso no va a ser mejor y tendrá la facultad de elegirlos.

Justamente ahí puede intervenir la sociedad civil, así como ahora hemos intervenidos nosotros. Ahora la sociedad civil ya sabe quiénes son los que se han sometido a este proceso irregular.

Para usted, ¿cuál sería el mejor mecanismo de selección de nuevos magistrados?

No olvidemos que los líderes de los grupos políticos que representan al pueblo en el Congreso están cuestionados o procesados por corrupción: José Luna, César Acuña, Keiko Fujimori, este señor vinculado a Antauro Humala [José Vega]. Algunos incluso han estado con detención [preventiva]. Con esta calidad de políticos, no tenemos un filtro para escoger gente que pueda elegir a los miembros del TC sin cálculo político a futuro. Lo mejor sería que la Junta Nacional de Justicia u otro organismo que no esté vinculado al Congreso [los elija], porque vemos que los parlamentarios no tienen cultura jurídica y sus líderes están vinculados a casos de corrupción.

Finalmente [después de varios días] se publicaron los argumentos que sustentan las votaciones de los congresistas. ¿Qué opina de lo que ha podido leer?

Ni un estudiante de Derecho de primer año… No hay motivación, han copiado y pegado, otros están vacíos. Yo he sido juez, he trabajado en el Poder Judicial cerca de 20 años, y cuando uno hace una sentencia, motiva. Usted leerá mis resoluciones y se fundamentan en un análisis lógico, jurídico. Si ellos no están en la capacidad de hacerlo, al menos que consulten con sus asesores. Pero ni siquiera eso han hecho. Un alumno de la facultad de Derecho, de primer año, argumenta mejor.

¿No hay una valla que impida que se sustenten así las elecciones? Si no, cualquiera puede poner tres palabras y cumplir con el requisito de la transparencia.

Si usted revisa en Internet, el Tribunal Constitucional ya ha establecido qué es una motivación: tiene que argumentarse cuáles son las fundamentaciones, el razonamiento con el cual uno llega a una conclusión. No es solamente decir: ‘bueno, por su trayectoria le pongo 11’. No han dicho nada.

Entonces, ¿las motivaciones que han presentado los congresistas son inválidas? ¿Cómo las calificamos?

No ha habido motivación. En algunos casos han puesto frases que no constituyen una motivación. La demanda y la acción de amparo tuvieron tres fundamentos, pero lo irregular es que la misma comisión [de selección de magistrados] hace un reglamento y no cumplen con eso. No cumplieron con motivar su decisión ni con publicar esta motivación. Ha habido falta de transparencia porque la sociedad civil no pudo conocer cuáles han sido los fundamentos para ponerle las notas. Como consecuencia de la no publicación, la sociedad civil no ha podido participar.

El congresista César Combina dice que detrás de esta movida están los amigos de Cerrón, de Castillo o Vizcarra. ¿Usted es amigo de alguno de ellos?

No, no soy amigo de nadie. Al señor Vizcarra lo conozco por la televisión, al señor Cerrón tampoco lo conozco. Al único que conozco es al señor Castillo, porque me llamó, quizá enterado de mi trayectoria en el tema anticorrupción, para aclararme que el señor no quiere convertir al Perú en un país comunista. Le pregunté qué pensaba del señor Bermejo que tuvo frases infelices y de ahí me retiré. Ahora se me está vinculando diciendo que soy su alfil, que soy amigo del señor Palacín, a quien sí conozco porque él también fue postulante para decano al CAL. Pero nada más.

¿Esa comunicación con Castillo ocurrió para que sea parte del equipo técnico?

Sí. Él en ese momento me pidió que lo apoye a su equipo técnico, pero no he tenido participación. Fue después de la segunda vuelta. Pero no hubo más comunicación.

 

Foto: IDL.

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Congreso, Tribunal Constitucional, walter ayala

La crisis política que llevó a la disolución del Congreso en el 2019 fue a causa de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. En esa oportunidad, se quiso hacer una elección que sirviera a los intereses de la mayoría fujimorista. Hoy la historia se repite, no como tragedia sino como una comedia bufa de un Congreso que es un remedo de sí mismo.

Con la única intención de constituir un Tribunal Constitucional a su medida y que sirva como obstáculo a toda iniciativa de reforma o cambio que quiera implementar el próximo gobierno, quieren tener por la vía de la leguleyada, el poder que les fue negado en las urnas. Este es un problema tanto de legitimidad como de legalidad.

Nadie discute que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional es una facultad constitucional del Congreso, pero a veinte días de vencer su mandato, los congresistas peruanos quieren conformar, entre gallos y medianoche, un Tribunal Constitucional que carecerá de toda legitimidad por lo turbio de su origen. Los parlamentarios, muchos de ellos de nivel precámbrico, no se dan cuenta que si llegan a perpetrar su despropósito generarán una enorme crisis política de consecuencias desconocidas.

En un alarde de su necedad y poco respeto a la institucionalidad han decidido ir en contra de un mandato judicial con tal de salirse con la suya. Esto hará, además de ilegítima, ilegal la elección de los magistrados, que si tuvieran un poco de vergüenza y modales democráticos, renunciarían a una elección espuria. Como la ignorancia es siempre atrevida, los sectores mayoritarios del Congreso, han llegado al colmo de sacar un comunicado en el que señalan que no acatarán la orden de un juez, porque a su parecer no tiene la debida motivación y es transgresora de la separación de poderes.

Parece que no se percatan que quienes están transgrediendo la separación de poderes son ellos y no la juez que declaró fundada una medida cautelar para que no se produzca esta elección. Al Poder legislativo no le compete pronunciarse sobre la debida o indebida motivación de una resolución judicial. Lo democrático y legal es que si no están de acuerdo con una resolución judicial pueden apelar, pero no desconocerla porque creen o consideran que no está bien motivada. De lo contrario, cualquiera que crea que una resolución judicial que no le da la razón podría ser desconocida sólo porque le parece que no está debidamente motivada, sin necesidad de recurrir a la instancia superior. Sería el estado de la barbarie de la que parece que muchos congresistas aún no han salido.

Cuando Montesquieu propuso la separación de poderes como base de un sistema republicano de gobierno, lo hizo porque sabía que “para prevenir el abuso, es necesario, por la naturaleza misma de las cosas, que el poder límite al poder” (Espíritu de las Leyes, Libro XI). Pues bien, lo que ha hecho el Poder Judicial es limitar el poder abusivo de un Congreso que no ha sido capaz de cumplir con su propio reglamento de selección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Hablando precisamente de la falta de motivación, la resolución judicial que otorga la medida cautelar lo hace, entre otras cosas, porque el Congreso no ha cumplido con el artículo 35 de su propio reglamento de selección de magistrados al Tribunal Constitucional que exige la motivación respecto a la calificación de los postulantes. Motivación que no ha sido realizada ni publicada en ningún lugar, como manda dicho reglamento. Entonces, no es que el Poder Judicial haya transgredido la separación de poderes, sino que ha cumplido con su trabajo de mantener el equilibrio entre ellos evitando la ilegalidad y el abuso.

El equilibrio de poderes busca precisamente que cada uno, dentro de sus funciones y prerrogativas, contenga los ímpetus de abuso del otro. En este caso, el desconocimiento de la resolución judicial acarrearía la ilegalidad de la elección de los magistrados si es que el Congreso continúa con su despropósito.

Esto nos lleva a un punto más de fondo que se deberá discutir con calma y a profundidad. El origen político y la necesidad de un Tribunal Constitucional. Con un Congreso unicameral el Tribunal Constitucional se vuelve una especie de senado integrado por siete miembros que el pueblo no ha elegido, pero además se convierte en una cuarta instancia en toda materia, desde impuestos hasta libertades, en la que sólo siete personas pueden enmendar la plana a tres instancias del Poder Judicial. Por eso se vuelve la pepita de oro de todos los políticos, porque el control sobre el Tribunal Constitucional supone el control sobre toda decisión relevante en el país.

Este será uno de los tantos temas que aún quedan pendientes para una reforma de fondo sobre la estructura de nuestro estado. Pero mientras no se dé, lo democrático es cumplir con la institucionalidad, legalidad y legitimidad de un Tribunal Constitucional que no sea el resultado de componendas y negociados que quieran desconocer la voluntad popular al intentar frenar las reformas que el pueblo ha pedido con la elección de un gobierno que ha prometido un nuevo pacto social. Esa ha sido la opción ganadora y la que todos debemos respetar.

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Congreso, Tribunal Constitucional

El pasado 21 de junio el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 641/2021, la cual abre la puerta para traer abajo una de las instituciones patriarcales más naturalizadas que tenemos: la obligatoriedad de poner el apellido paterno en primer lugar.

La máxima instancia judicial del país, a través del análisis de un caso concreto, establece que, cuando el artículo 20 del Código Civil señala “que al hijo le corresponde el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre”, no puede interpretarse una jerarquía, por lo tanto, no debe obligarse a las personas a usar como primer apellido el paterno.

Es interesante notar como el TC, en su argumentación, reconoce que existe un contexto histórico de discriminación hacia las mujeres; por lo que la práctica de generar un orden de prelación entre los apellidos responde a lógicas de exclusión que el Estado debe enfrentar para garantizar el derecho a la igualdad en el ámbito familiar y el derecho a la identidad.

En concreto, el TC señala que los padres y las madres deben ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos, por lo que exhorta al Congreso a modificar el artículo 20 del Código Civil, estableciendo los mecanismos para la resolución de discrepancias entre los progenitores.

Con estas definiciones se abre una gran oportunidad para que las y los congresistas se comprometan con la igualdad y recuperen los proyectos legislativos que se encuentran en el Congreso – desde el 2017-  sobre esta materia.

Recordemos que, la primera legisladora que plantea esta iniciativa fue la ex congresista Marisa Glave, quién advirtió lo discriminatorio de la norma y su impacto sobre la vida de miles de personas. A su proyecto de ley le siguieron otros que acumulados lograron un dictamen aprobado en la Comisión de la Mujer y opiniones favorables de diversos sectores.  A la luz de la actual sentencia del TC se requiere exonerar de dictamen en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que la propuesta sea priorizada y pase directamente al pleno, sea debatida y – esperemos-  aprobada; garantizando que el contenido y los mecanismos para la solución de discrepancias entre las partes, respondan a criterios de no discriminación.

A pocos días del bicentenario este Congreso tiene una última pero gran oportunidad para contribuir con la igualdad, modificando una norma patriarcal y que ha perpetuado relaciones desiguales en las familias, así como limitado el derecho a la identidad. Muchas madres, padres, hijos e hijas, lo agradecerán.

Es tiempo de garantizar  #ApellidosEnIgualdad.

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Apellidos, familia, Tribunal Constitucional

Por Alessandro Azurín y Alba Ñaupas

«El feminismo surge de un enfoque patológico de la sociedad, de quienes creen que pueden ser dueños de las vidas de su pareja o de la mujer», respondió la candidata María del Pilar Tello a una de las preguntas de la Comisión Especial encargada de escoger a los mejores exponentes para conformar el Tribunal Constitucional (TC). Tello, aunque usted no lo crea, es la séptima en el orden de mérito de la lista final.

Su peculiar respuesta fue una de las frases memorables que dejaron las jornadas de entrevistas personales en el Legislativo. En esta etapa, previa a la votación final en el Pleno, hubo de todo. Desde alusiones al aborto y el divorcio, hasta menciones a iniciativas de este Congreso como el retiro de los fondos privados de pensiones.

La carrera pública de Tello, que obtuvo uno de los más altos puntajes de la etapa de entrevistas, ha estado vinculada al APRA. No solo postuló con ellos al Congreso en el 2001, sino que también fue funcionaria del segundo gobierno alanista como presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y de Editora Perú en el 2006. Renunció luego de que una denuncia periodística revelara que percibía doble sueldo del Estado: trabajaba en Editora Perú y la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Como ella, otros actuales candidatos también tienen relación con parte de la variada fauna política peruana. Y podrían convertirse, gracias a estas elecciones retomadas hace solo tres meses, en uno de los seis nuevos tribunos.

María del Pilar Tello, la candidata al TC con corazón aprista. Foto: Andina.

La prisa no sorprende. Detrás de estas elecciones express -que buscan designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional antes del 28 de julio- hay más de un motivo económico y político. “La situación del TC es clave para muchas cosas. Se va a elegir para los próximos cinco años y no es dable que un Congreso con estas características proceda ahora a elegir a seis de los siete magistrados”, dice Walter Albán, exdefensor del Pueblo y miembro del directorio del Consejo Directivo de Proética. 

Y luego añade: “En esta elección se suman varios intereses, pero ahora probablemente el interés más predominante es poner gente para tener un TC que convalide cualquier barbaridad de las que ya están postulando algunas de las actuales bancadas”.

Por ejemplo, en los 38 meses en los que estuvo activo el Congreso disuelto, tres de sus leyes fueron declaradas inconstitucionales. En menos tiempo, este Congreso complementario ya alcanzó a su predecesor. Y queda una larga lista de acciones de inconstitucionalidad presentadas por el Ejecutivo contra las leyes aprobadas por este Parlamento que serán atendidas por el TC, como aquella que elimina el régimen CAS o la que establece la formalización de los taxis colectivos.

La lista aún puede crecer. Durante la cuarta legislatura aprobada por este Congreso se han aprobado varias normas express que, según la abogada Úrsula Indacochea, el Tribunal podría declarar inconstitucionales. La más importante es el dictamen sobre la interpretación de la cuestión de confianza. “Por más vicios o irregularidades que tenga [este dictamen], un TC controlado políticamente no lo declarará inconstitucional. Claro que va a afectar a un posible gobierno de Castillo”, explica.

Albán coincide: “Si están tratando de aprobar esta norma sobre la cuestión de confianza, obviamente es para impedir que Castillo pueda tener ese recurso a la mano de llegar a necesitarlo y el nuevo TC probablemente va a confirmar la constitucionalidad de esa norma sin mayores empachos, a pesar de que sea abiertamente inconstitucional”, sostiene el exministro.

Para tener una mayoría en el TC, basta con que este Congreso logre cambiar a solo uno de los magistrados: Manuel Miranda Canales, a quien le correspondería salir primero si es que se opta por la opción de reemplazar primero al magistrado que tiene la colegiatura más antigua. Miranda ha sido un actor impredecible y no siempre ha votado a favor de los intereses de los grupos de poder. Por ejemplo, cuando votó -junto a Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña y Carlos Ramos- para declarar infundada la intentona para que prescriban más de S/9 mil millones de deudas tributarias (en litigio) de grandes empresas.

El plan para limitar los poderes de Pedro Castillo ya está en marcha y el TC podría entrar a tallar más temprano que tarde. El sábado 26 de este mes, el Poder Judicial declaró improcedente el pedido de acción de amparo de Javier Villa Stein para anular la segunda vuelta presidencial, en donde resultó ganador Pedro Castillo. Contrario a lo que pueda parecer, esta rápida respuesta del PJ deja la vía libre para que Villa Stein y compañía apelen en una de las Salas Civiles de la Corte Superior. Si otra vez el pedido es rechazado, la acción de amparo llegaría al Tribunal Constitucional.

“Rechazar rápidamente estos casos, aunque es lo que corresponde, acelera que los casos lleguen al TC. Esto es peligroso si en los siguientes días se nombran personas no independientes para ocupar los cargos en el Tribunal”, explica la abogada Úrsula Indacochea. Lo mismo opina Walter Álban, que fue integrante de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia: “Lo que le conviene a Villa Stein es llevar esto al Tribunal, donde tendría un resultado favorable de ser elegidos los nuevos magistrados a medida”, apunta.

 

Los intereses de las bancadas

Los más interesados en reanudar el proceso para elegir a los nuevos magistrados, según Walter Albán -que ha seguido de cerca el proceso- y una fuente cercana al TC, fueron los parlamentarios de la bancada de Acción Popular (AP). Esto, dado que es la que “está más cerca de la influencia del señor Raúl Diez Canseco”, asegura Albán.

Uno de los que promovió estas elecciones porque considera que es su “deber como congresista” y no puede “darle la espalda a sus obligaciones”, es el accionpopulista Luis Roel Alva, vicepresidente del Parlamento. Según fuentes del partido de la lampa, Roel es afín a la facción de Raúl Diez Canseco, dueño de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Esta universidad cuenta con dos demandas de amparo en el TC por asuntos tributarios que superan los S/10 millones, de acuerdo a un reciente informe de ‘Hildebrandt en sus trece’. Sudaca buscó al equipo de prensa de Diez Canseco y respondieron que no comentarían al respecto.

Pero esto no es lo único que hace levantar la ceja a más de uno. David Velasco Pérez, otro candidato al TC, es actualmente militante del partido de la lampa. Ha ocupado cargos dentro de la organización política e incluso postuló dos veces con este partido: en 2002 para ser regidor distrital y en el 2020 para ocupar una curul en el Congreso. No ganó en ninguna oportunidad y ahora parece tentar suerte en el máximo órgano constitucional del país.

“Creo que en esta oportunidad la bancada debería abstenerse de presentar algún militante porque al final se podría ver como una repartija. Lamento que hayan militantes que estén mezclando sus intereses personales […] Públicamente deslindo responsabilidades de mi partido”, asegura el presidente de Acción Popular, Mesías Guevara.

Consultado por los intereses que moverían a su bancada, el congresista Luis Roel Alva respondió que, al menos de su parte, “no hay ningún interés debajo de la mesa” y que, por ello, no votará por su correligionario Velasco Pérez, quien obtuvo uno de los puntajes más altos en la etapa de las entrevistas personales.

Otra bancada involucrada es Podemos Perú, el partido de José Luna Gálvez, quien actualmente cumple arresto domiciliario por presuntamente liderar una red criminal que pagó coimas para influir en la elección del entonces jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, en el 2017. Su hijo, José Luna Morales, es titular de esta comisión.

“Nosotros nos quejamos porque dijimos: ‘¿cómo un señor que está investigado por hechos tan graves va a poder representar a su partido dentro de la comisión que va a escoger al TC?’. Eso no puede ser porque seguramente sus casos van a llegar ahí también. Hay un claro conflicto de interés”, explica el parlamentario del Partido Morado Gino Costa, exmiembro de esta comisión. 

El caso de Luna Gálvez podría terminar en el TC como el de tantos otros políticos. Por el tribunal, solicitando un hábeas corpus que puede anular las prisiones preventivas, han pasado ya Ollanta Humala, Nadine Heredia, Alan García, la misma Keiko Fujimori y su padre.

Otra bancada interesada en renovar el TC es la bancada de Unión Por el Perú (UPP). José Vega, su representante en el grupo parlamentario, es vicepresidente de la comisión. Sus pretensiones por influir en decisiones trascendentales como estas se verán disminuidas en el nuevo Parlamento porque no tendrá escaños. 

Vega ha renegado en varias ocasiones sobre la labor del actual TC. Cuando el tribunal declaró inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes durante la emergencia sanitaria el año pasado –la primera de las leyes declaradas así por este Parlamento– el congresista aseguró a Canal N que “el Gobierno les está poniendo la agenda”. 

En febrero, cuando el TC declaró inconstitucional la ley que devolvía los fondos de la ONP, Vega trató de hilar una oración atacando a los actuales magistrados: “Hoy día, era la sospecha nuestra, que podría ser pasible de manipulación o interferencia, y hoy el TC ha fallado en contra. Una resolución infame”.

Los favoritos

Lo más preocupante, para los entrevistados por Sudaca, es que los candidatos que pasaron por la ronda de entrevistas no cumplen con el perfil idóneo para atender tareas complejas como las que hemos mencionado en las líneas precedentes. Además, claro, de haber adelantado opiniones, en su mayoría conservadoras, sobre temas ideológicos. 

El constitucionalista Carlos Hakansson Nieto, tercero en la lista de méritos, ya ha postulado al TC en 2014 y 2019. La última vez fue propuesto por la congresista Marisol Espinoza, en representación de la bancada de Alianza para el Progreso. Años atrás Hakansson afirmó que era conveniente plantear una ley para establecer razones que justificaran un arresto domiciliario en casos como el de Alberto Fujimori.

De acuerdo a El Comercio, precisamente Alianza para el Progreso y Fuerza Popular serían las bancadas que lo apoyarían. Su postura conservadora en determinados temas podría ser la razón. “¿Usted está de acuerdo con el aborto?”, le preguntó el congresista Jorge Pérez (SP), a lo que Hakansson respondió: “No concibo un constitucionalista que esté a favor del aborto… perdonen que sea así de radical”.

Fernando Calle Hayen, por su parte, sería el candidato respaldado por Acción Popular. Exmiembro del TC entre 2007 y 2014, se afilió y desafilió del APRA el mismo día: el 3 de marzo de 2009, mientras ejercía funciones como magistrado. Anteriormente, en 2001, ya había postulado con el mismo partido para ser congresista por Junín sin éxito. Con un puntaje de 91.45, ocupa el primer lugar en el cuadro de méritos.

Fernando Calle Hayen, quien sería el favorito de Acción Popular, encabeza el cuadro de méritos. Foto: Andina.

Otro aspirante es Vicente Walde Jáuregui, quien fue jefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). En el 2018 se reveló un audio que tenía con el exjuez Cesar Hinostroza, presunto cabecilla de los ‘Cuellos Blancos del Puerto’, donde hablaban sobre la contratación de una relatora. En noviembre pasado fue cesado por la Corte Suprema por haber excedido el límite de edad como juez titular.

Walde es un candidato con un pasado cuestionable. En el 2005 fue destituido de su cargo de vocal supremo por haber anulado su propia sentencia y dictar otra, en la misma instancia, en el caso de un juicio de la Sunat con la empresa Becom. En la ronda de entrevistas fue cuestionado por una discusión que tuvo con un policía en el 2018, cuando le gritó a dos efectivos que le reclamaron por estacionar su vehículo en la vereda.

“Varias de estas personas que están como finalistas tienen cosas que explicar, que los hacen muy fáciles de presionar. Entonces, lo que quieren [los actuales congresistas] es poner a gente que sientan que le deben el puesto a ellos […] que entre ellos se esté eligiendo a los seis magistrados me parece terrible. Y en estas condiciones, todavía peor”, dice Albán.

“De méritos no tiene nada”

Con el cuadro de méritos publicado, falta poco para conocer a los nuevos seis magistrados. La comisión especial presentará, como máximo el día de mañana miércoles 30 de junio, el informe final a la Mesa Directiva del Congreso. Luego de eso, la votación del Pleno se daría en los primeros 10 días de julio.

La votación será individual por cada candidato. Para ser escogidos necesitan 87 votos, aunque el congresista Diethell Columbus, representante fujimorista en la comisión seleccionadora, dice que “nadie tiene asegurado” el respaldo mínimo porque “este Congreso es impredecible”. Parte de esa falta de acuerdo es gracias a los cuestionamientos al proceso.

De hecho, Gino Costa, exmiembro de la comisión por el Partido Morado, adelanta a Sudaca que su agrupación no respaldará a ninguno de ellos. “No votaremos por ninguno de los 15 porque cuestionamos el proceso en conjunto. Y, por lo tanto, no formaremos parte de esa elección. Esa será la posición de la bancada morada”, afirma.

De las 11 bancadas que conforman el Congreso actual, los morados y el Frente Amplio son las únicas que decidieron mantenerse al margen por los cuestionamientos al proceso. “Es una elección que tiene como propósito elegir a un Tribunal Constitucional que sea afín a una mayoría que claramente ha vulnerado sistemáticamente la Constitución”, denuncia el legislador morado recordando las leyes del Legislativo que ya han sido declaradas inconstitucionales. 

El TC es motivo de discordia desde hace años. Basta recordar noviembre del 2019, cuando Vizcarra disolvió el Congreso, para entenderlo. El conflictivo desenlace hace olvidar que la cuestión de confianza que presentó el expresidente –que luego interpretaría como denegada tácitamente– se dio, justamente, por su intención de modificar la Ley Orgánica de Elección del TC. 

Con ese precedente, el nuevo Parlamento decidió completar esa misión y aprobó la modificación. “Cuando se da la disolución y se dan las elecciones para el Congreso complementario, la mayoría en campaña, incluido yo, propusimos que no se podía elegir a los candidatos por ‘dedocracia’, porque eso generaba repartija. La reforma eliminaba la elección de magistrados por invitación y establecimos que el único medio era un concurso público basado en la meritocracia. Logramos ese cometido”, explica Luis Roel Alva, segundo vicepresidente del Parlamento. 

Sin embargo, tuvieron que pausar sus pretensiones por la crisis política provocada por Merino y su banda (presidencial). Una semana antes, en la Comisión Especial empezaron a pasar cosas turbias, como reveló Perú21 el 6 de noviembre del año pasado.

Rolando Ruíz, presidente accionpopulista del grupo parlamentario, había anunciado que 32 de 65 candidatos continuaban en competencia, pero luego redujo la selección a 30. A su vez, otros que no tenían observaciones iniciales, fueron retirados. 

Los abogados Héctor Chávez Vallejos y Luis Carrasco García, este último excandidato de UPP por Piura en las últimas elecciones congresales, habían sido descartados porque “las copias que acreditan su experiencia profesional no están fedateadas ni legalizadas por notario”, pero en la lista actualizada de Ruíz fueron reincorporados sin falta alguna. Hoy ninguno forma parte de los 15 finalistas.

Esto motivó la renuncia de las bancadas de Somos Perú, Alianza Para el Progreso, Frente Amplio y Partido Morado al grupo parlamentario por la irregularidad del recorte en la lista de candidatos. El último 20 de abril, días después de la primera vuelta, la Comisión Especial fue reactivada. Volvieron todos, menos el Frente Amplio.

El Partido Morado se retiró al día siguiente. Carolina Lizárraga, quien había entrado en reemplazo de Gino Costa, asistió a la primera sesión para exigir que el proceso vuelva a punto cero para corregir los cuestionamientos. No le hicieron caso. 

“Ella fue a la comisión a plantear que la única manera de elegir a los magistrados era comenzando el proceso por el principio, con una nueva comisión especial. No con la misma integrada por Luna Morales y Vega Antonio, entre otros”, explica Costa. 

El miembro de la comisión seleccionadora, Diethell Columbus, cuestiona que los morados hayan apoyado la reforma de la ley del TC, pero no formen parte del proceso. “Yo discrepo con muchas cosas que se puedan decir en la comisión, pero yo no tengo un doble discurso: no apoyo una reforma legal para que exista una ‘elección meritocrática’ y de repente saco cuerpo”, critica.

Columbus rechaza que otros miembros de la comisión hayan preguntado por leyes recientemente aprobadas en las jornadas de entrevistas de la última semana. Al legislador le parece rochoso que se pregunte “sobre el tema de la AFP o proyectos de ley que están en curso con posible inconstitucionalidad ante el TC que posiblemente [los candidatos] integren”.

Para Luis Roel, segundo vicepresidente del Parlamento, en cambio, era importante conocer la opinión de los candidatos sobre la “eutanasia, el aborto y la interpretación de la cuestión de confianza” porque son temas que podrían llegar al tribunal. “Nos deja ver las posiciones de los posibles magistrados para que luego no se contradigan o nos sorprendan con sus posturas”, afirma. 

Aún así, Columbus admite que, si eligen a alguien, no será, necesariamente, por su puntaje. “De méritos no tiene nada. Finalmente la comisión puede hacer todo el esfuerzo por evaluar, plantear preguntas pertinentes y otras impertinentes a los candidatos, pero lo real es que quien va a ser elegido magistrado es quien tenga los [87] votos”, asegura.

Por números y afinidades conservadoras. Así podría resolverse este lío que tiene cola desde hace más de dos años.

(*) Fotocomposición de portada e infografías: Leyla López

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La abogada constitucionalista Fabiana Orihuela explica en detalle el fallo en el que el TC decidió no pronunciarse, en un análisis de fondo, sobre la figura de vacancia presidencial’ . Critica que el Tribunal se haya “escudado en un formalismo”, pero no excusa a Vizcarra por su inacción.

Por María Isabel Álvarez

Ni a favor ni en contra. Nada. Cuatro de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC) votaron para que se declare improcedente la demanda competencial, presentada por el Ejecutivo, por el uso inadecuado del término “incapacidad moral permanente” para tramitar una vacancia presidencial. Ernesto Blume, José Luis Sardón, Augusto Ferrero y Manuel Miranda consideraron que lo mejor era no analizar el fondo de la demanda, porque los hechos que la habían suscitado ya desaparecieron. La excusa: que la primera moción de vacancia (la que motivó el pedido) no se concretó. Recordemos que a Martín Vizcarra se le vacó en el segundo proceso, y no en el primero. Así, los magistrados alegaron “sustracción de la materia”. Fabiana Orihuela, abogada del grupo Perspectiva Constitucional, analiza el fallo y sus consecuencias.

Para entender la importancia del fallo del TC, ¿qué significa y cuál es la consecuencia más grande que traerá esta decisión?

La improcedencia quiere decir que no se están pronunciando sobre el fondo. No están validando ni la primera vacancia ni la segunda, que sí se concretó. Mucha gente piensa que esto quiere decir que se declaró bien la vacancia de Vizcarra. Eso es falso. Lo que han decidido es que no van a delimitar los alcances del artículo 113 numeral 2 de la Constitución. Es decir, que todavía está sujeta a los intérpretes, que en este caso serían los miembros del Congreso, hasta que el TC en un caso futuro pueda pronunciarse. No han puesto parámetros, pero eso no necesariamente quiere decir que dejan en desprotección a los siguientes presidentes.

Fabiana Orihuela, de Perspectiva Constitucional

Entonces, ¿el TC puede volver a pronunciarse si se presenta otra demanda similar?

Aún tenemos esperanzas de que un futuro Tribunal pueda cerrar [la figura de la incapacidad moral] con parámetros, para evitar arbitrariedades. El Tribunal sí se podría pronunciar, sea conociendo en última instancia un proceso de amparo contra la vacancia o si se presenta otra demanda competencial por el segundo proceso. Como no se han pronunciado sobre el fondo ahora, tampoco ha cerrado la posibilidad a que se interponga una nueva demanda.

 

Los cuatro magistrados que votaron para evitar pronunciarse, ¿abdicaron de sus funciones como miembros del TC? En teoría ellos deben dirimir para evitar futuras controversias.

Efectivamente, se han escudado en un formalismo. La sustracción de la materia [figura que apela a la desaparición de aquello que motivó la demanda] no es simplemente un tecnicismo. Es algo que supone que no hay conflicto. La sustracción de la materia es solo sobre el primer intento de vacancia, y no sobre el artículo 113. El TC tendría que dar una interpretación constitucional de cierre precisamente cuando hay incertidumbre.

Como el TC no se ha pronunciado sobre el fondo, ¿no vamos a saber si la vacancia de Martin Vizcarra fue válida, ni tampoco qué implica la ‘incapacidad moral permanente’?

Lo podemos saber en el sentido de que cada uno puede interpretarlo como quiera, pero no hay una decisión final que elija una interpretación sobre las demás. Ahora mismo estamos a merced de lo que cada uno considera, porque no hay una interpretación oficial de cierre y tampoco hubo un pronunciamiento sobre si Vizcarra estuvo bien o mal vacado.

 

¿Cómo se explican las declaraciones del magistrado Ernesto Blume, que dijo que la ‘incapacidad moral permanente’ es un concepto que “no debe estar claro”?

Hay algunas concepciones del constitucionalismo antiguo que suponen que hay ámbitos que son meramente políticos y que permiten una discrecionalidad casi absoluta. Sin embargo, en el constitucionalismo actual eso está descartado. No hay ámbitos exentos de control de constitucionalidad y no hay ámbitos que permitan arbitrariedades, ni siquiera los discrecionales. Puedes tener una facultad discrecional, pero tienes que basarla en parámetros constitucionales. Su concepción obedece más a un entendimiento clásico antiguo del constitucionalismo.

 

¿El TC le ha dado carta libre al Congreso para seguir vacando presidentes?

No creo que le haya dado carta libre. Como ni siquiera se ha pronunciado diciendo que el alcance [de la ‘incapacidad moral permanente’] es amplio, si el Congreso lo usa de la misma forma de nuevo y el caso llega al TC, este sí puede decir que está mal usado. Entonces, no es verdad que tiene carta libre, tampoco. Nos ha dejado en la incertidumbre y la vacancia podría ser mal usada otra vez, pero el Congreso debiera actuar con prudencia porque el TC todavía puede invalidar sus futuras decisiones.

 

¿Martín Vizcarra tiene responsabilidad en esto? No presentó ningún recurso ante la segunda vacancia. 

Sí tiene [responsabilidad]. Él ahora declara como si el TC hubiera renunciado a su funciones cuando él se las dificultó. Si hubiera planteado una demanda competencial nueva, hubiera tenido que verse el nuevo caso. No necesariamente se repondría a Vizcarra, pero se podría decir que estuvo mal vacado. Repito: no reponerlo, sino para que haya un pronunciamiento sobre el fondo. Al no presentar demanda en su momento, Vizcarra ató de manos al Tribunal y le dio argumentos para excusarse de pronunciarse.

 

¿La salida a todo esto sería un cambio de Constitución?

Es completamente posible hacerlo. Se pueden cambiar las partes que nos ocasionan estas crisis, hacer una reforma integral o pensar en una nueva Constitución. Si hablamos de la causal de incapacidad moral, en este caso no sería necesario una reforma. Posible es, pero puede modificarse el reglamento del Congreso. Creo que igual es necesario modificar el artículo 117 [que dispone los supuestos por los que un presidente puede ser acusado] para hacer una mejor interpretación con el 113, y así evitar impunidad.

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Debate: episodio 6

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En el sexto episodio: los nuevos ministros y la decisión del TC sobre la vacancia.

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