Sobre el segundo punto, es necesario que el Estado cumpla un rol efectivo en la prevención de conflictos sociales. A manera de ejemplo, este debería analizar ex ante las condiciones socioeconómicas de los distritos y comunidades en donde se pretende desarrollar un proyecto minero. Luego de ello, priorizar la reducción de las necesidades básicas insatisfechas de la población, estableciendo una cimentación base, sobre la cual puedan construirse y mejorarse otros servicios. De esta manera, cuando la población beneficiada perciba un ingreso extraordinario (como los recursos del canon y las regalías), la ejecución eficiente de dichos recursos permitirá mejorar la calidad de los servicios, potenciando el desarrollo del territorio.
Actualmente, según información del Ministerio de Energía y Minas, existe una cartera de 63 proyectos de exploración minera por USD 586 millones y de 43 proyectos de construcción minera por USD 53 mil millones. Esta última cartera está centrada principalmente en Cajamarca y Apurímac, con cinco proyectos por USD 18 mil millones y siete proyectos por USD 10 mil millones, respectivamente. Es imprescindible acelerar la ejecución de los proyectos de inversión para el cierre de brechas y mitigar la probabilidad de nuevos conflictos sociales, especialmente en dichas zonas, que aún registran altos niveles de pobreza y bajos niveles de acceso a servicios. Así, mientras Cajamarca es la cuarta región con mayor nivel de pobreza a nivel nacional (cuatro de cada 10 personas en Cajamarca son pobres), Apurímac es la región con menor porcentaje de infraestructura departamental y vecinal pavimentada a nivel nacional (0,3%).
Actuar de manera anticipada a los conflictos permitirá facilitar la ejecución de la cartera de proyectos mineros, dando un mayor impulso a las inversiones, que registran perspectivas negativas para los próximos años. Finalmente, todo ello se traducirá en un mayor dinamismo de la economía y en un mayor desarrollo en favor de todos los ciudadanos.
[1] Consejo Privado de Competitividad (2022). Índice Regional de Gestión Pública 2022.
[2] Defensoría del Pueblo (2022). Reporte de conflictos sociales N° 221. Julio 2022.
[3] BCRP. (2022). Reporte de inflación de marzo de 2022.
[4] BCRP. (2022). Reporte de inflación de junio de 2022.
Tags:
gestión pública,
Gobierno,
gobierno regional
