gestión pública

El Instituto Peruano de Gestión – IPG, es una asociación civil sin fines de lucro, que fue constituida el 2024, con el propósito de proponer soluciones a los principales problemas de gestión pública del Perú, difundir las propuestas, contribuir a que estas soluciones se ejecuten y así intentar resolver problemas prioritarios del país. 

Sin embargo, también se tiene un objetivo más ambicioso, el poder convertirse en una plataforma de colaboración multidisciplinaria para especialistas con capacidad y experiencia, de todos los ámbitos y orientaciones políticas, que deseen contribuir en mejorar la gestión pública en el Perú.

En resumidas cuentas, se trata de un esfuerzo pragmático por buscar soluciones a los problemas del Peru, sin necesidad de adoptar posiciones políticas o partidarias, uniendo a todos los peruanos interesados en mejorar a su país.

El IPG ya empezó a trabajar y el primer tema que se ha abordado es el de la gestión municipal, por considerar que el gobierno local es el que está más cercano a la ciudadanía y que existen claras señales de que hay mucho por corregir y mejorar. 

Para esto, el IPG realizó su primer conversatorio sobre gestión municipal, el 26 de junio del 2024 en Lima, con la presencia de Aldo Facho, arquitecto urbanista especializado en planificación y gestión de ciudades, Saul Barrera, experto en gestión municipal con larga experiencia en posiciones públicas y Jose Tisoc, actual regidor de la Municipalidad de Lima. El moderador del conversatorio fue quien escribe, Rafael Letts.

Las preguntas que se abordaron fueron las siguientes: 

Primera: ¿Cuál es la situación de las principales áreas de responsabilidad municipal en el Perú? 

Segunda: ¿Como medir la calidad de la gestión municipal en el Perú? ¿Qué metodologías o criterios se pueden usar para evaluar la gestión municipal? ¿Cómo se diferencia la evaluación rural versus la urbana?

Tercera: ¿Qué factores afectan la gestión municipal? 

Cuarta: ¿Cuáles son las propuestas de solución?

Las respuestas que se obtuvieron a estas preguntas están lejos de ser completas y definitivas, pero podemos adelantar algunas líneas generales de respuesta a la primera pregunta.

La gestión municipal en el Peru está en una situación muy grave, un reflejo de esto son las encuestas que muestran altos niveles de desaprobación ciudadana respecto a los servicios municipales que reciben. 

En los últimos 10 años los gobiernos locales han pasado de manejar alrededor de 20 mil millones de soles anuales a manejar el doble de esa cifra, sin embargo, es preocupante que este incremento no se haya traducido en una mejora de la prestación de los servicios.

El transito es caótico. Las áreas comunes que se generan están lejos de ser suficientes. El estado de las vías empeora. Se ejecutan obras no prioritarias. La ejecución de los presupuestos es deficiente.

La planificación urbana brilla por su ausencia. Estudios recientes de GRADE muestran que el 93% del área urbana que se ha añadido en los últimos 20 años es informal. La huella urbana de Arequipa se ha duplicado desde fines de los noventa y ese crecimiento ha sido 95% informal. Mientras que en Lima el crecimiento informal ha sido cercano al 60%.

Las municipalidades no han desarrollado la capacidad para planificar y gestionar el territorio. La gestión del suelo es considerada como el principal problema de las municipalidades del Perú por muchos urbanistas.

En conclusión, la gestión municipal está en crisis y se necesitan plantear soluciones. 

El espacio de este articulo no permite delinear las respuestas a todas las preguntas planteadas en el conversatorio, pero ofrezco hacerlo en siguientes entregas.

Solo les dejo una reflexión: es indispensable poder medir la gestión municipal para poder administrarla debidamente. En este momento no existe ningún sistema apropiado que permita medir la gestión municipal y así poder comparar la gestión de distintos distritos y provincias, poder identificar cuáles son los aspectos en los que se necesita incidir prioritariamente, informar a la ciudadanía sobre la gestión de sus autoridades locales y permitir que así puedan elegir mejor.

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Sobre el segundo punto, es necesario que el Estado cumpla un rol efectivo en la prevención de conflictos sociales. A manera de ejemplo, este debería analizar ex ante las condiciones socioeconómicas de los distritos y comunidades en donde se pretende desarrollar un proyecto minero. Luego de ello, priorizar la reducción de las necesidades básicas insatisfechas de la población, estableciendo una cimentación base, sobre la cual puedan construirse y mejorarse otros servicios. De esta manera, cuando la población beneficiada perciba un ingreso extraordinario (como los recursos del canon y las regalías), la ejecución eficiente de dichos recursos permitirá mejorar la calidad de los servicios, potenciando el desarrollo del territorio.

Actualmente, según información del Ministerio de Energía y Minas, existe una cartera de 63 proyectos de exploración minera por USD 586 millones y de 43 proyectos de construcción minera por USD 53 mil millones. Esta última cartera está centrada principalmente en Cajamarca y Apurímac, con cinco proyectos por USD 18 mil millones y siete proyectos por USD 10 mil millones, respectivamente. Es imprescindible acelerar la ejecución de los proyectos de inversión para el cierre de brechas y mitigar la probabilidad de nuevos conflictos sociales, especialmente en dichas zonas, que aún registran altos niveles de pobreza y bajos niveles de acceso a servicios. Así, mientras Cajamarca es la cuarta región con mayor nivel de pobreza a nivel nacional (cuatro de cada 10 personas en Cajamarca son pobres), Apurímac es la región con menor porcentaje de infraestructura departamental y vecinal pavimentada a nivel nacional (0,3%).

Actuar de manera anticipada a los conflictos permitirá facilitar la ejecución de la cartera de proyectos mineros, dando un mayor impulso a las inversiones, que registran perspectivas negativas para los próximos años. Finalmente, todo ello se traducirá en un mayor dinamismo de la economía y en un mayor desarrollo en favor de todos los ciudadanos.


[1] Consejo Privado de Competitividad (2022). Índice Regional de Gestión Pública 2022.

[2] Defensoría del Pueblo (2022). Reporte de conflictos sociales N° 221. Julio 2022.

[3] BCRP. (2022). Reporte de inflación de marzo de 2022.

[4] BCRP. (2022). Reporte de inflación de junio de 2022.

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La segunda norma, es la Ley 31457 publicada en abril de 2022, que modifica e incorpora diversos artículos a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con la finalidad de establecer procedimientos para el nombramiento de ministros y viceministros. Según esta norma, el Ejecutivo debe incluir como anexo a las resoluciones supremas de nombramientos de ministros y viceministros, la declaración jurada del nombrado, consignando que cumple con los requisitos para el cargo, así como las investigaciones fiscales, judiciales y administrativas en los cuales está o estuvo incurso en calidad de imputado o cómplice, el estado en que se encuentre, así como la decisión de las sentencias o resoluciones administrativas, si el proceso hubiera concluido. La finalidad de esta exigencia es transparentar el perfil básico de quien ha sido seleccionado para ejercer como ministro o viceministro de Estado, garantizando con ello que, en caso de incumplimiento de las exigencias para el cargo, se generen responsabilidades en el premier, quien es el encargado de verificar el contenido de la declaración jurada. Es decir, se trata de una norma que busca garantizar la designación de personas idóneas para ejercer como ministros y viceministros y con ello reducir el riesgo de un mal desempeño en el cargo.

En materia de gestión de recursos humanos en el sector público no existe una solución perfecta, sin embargo, las normas en mención constituyen un buen paso; por lo que, es fundamental fiscalizar su cumplimiento, a fin de contar con un Estado eficiente que preste servicios de calidad y trabaje por el bienestar de los ciudadanos.


  1. El Comercio. (2022). Gobierno de Pedro Castillo acumula 122 funcionarios cuestionados en menos de 10 meses. Publicado el 14-05-2022. Disponible en: https://elcomercio.pe/politica/gobierno/gobierno-de-pedro-castillo-acumula-122-funcionarios-cuestionados-en-menos-de-10-meses-peru-libre-ecdata-noticia/
  2. DS 053-2022-PCM

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Querida Manuela,

Tu no sabes lo que son micros, ómnibus, combis, custers; el Metropolitano y tren eléctrico; los colectivos, taxis, taxis por aplicativos, mototaxis, taximotos, bicicletas, scooters. Todos, estimada Manuela, son medios de transporte que tenemos los limeños para desplazarnos por la ciudad de Lima. La de los Reyes, como tú la conocías, que se ha expandido hasta el Callao por el oeste, al norte hasta Ancón, al sur hasta Pachacamac y al este pasando Amancaes hasta Chosica. Es una ciudad inmensa, con más de 13 millones de habitantes.

Puedes creer que no tenemos un sistema de transporte integral que nos lleve de manera cómoda por la ciudad. Somos la capital de la República y nuestros ciudadanos no pueden transitar de manera cómoda, eficiente, segura y limpia. Son grandes negocios que no quieren invertir en mejorar. El transporte es un servicio público, pero aquí lo manejan los privados y por ello vivimos secuestrados por sus gremios. Por cierto, la semana pasada, el ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas en una reunión con transportistas informales, ofreció la cabeza de las jefas de las instituciones reguladoras y fiscalizadoras que están llevando acabo la reforma del transporte en el país: la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU). En el primer caso, Patricia Cama fue retirada de su puesto sin previa notificación mediante Resolución Suprema 010-2021-MTC.

Es una practica bastante común que las resoluciones ministeriales o supremas de cese de cargo de alto nivel no sean previamente comunicadas y que uno se entere por El Peruano, que es el diario oficial del país. He sido testigo del hecho de primera mano. Es una pésima práctica, no solo por la falta de consideración hacia el o la alta funcionaria del Estado, sino porque se pierde la continuidad del trabajo y de las metas de avance. Imagínate, cada dos o tres meses cambiar de titulares del sector y sus directores. No hay gestión que pueda soportar eso y peor si se trata de la reforma de un servicio público tan importante como el transporte. Es por este tipo de maltratos y accionares que hace 20 años se trata de reformar la Policía Nacional del Perú y no se logra. El último intento fallido fue hace un años luego de las muerte de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado en las manifestaciones contra el golpista Manuel Merino. Parece que las prioridades de gestión del Gobierno no somos ni los ciudadanos ni su bienestar.

Estas altas funcionarias forman parte del 47% de los servidores públicos mujeres y, cabe resaltar, que solo cuatro de cada 10 funcionarios o directivos del Estado son mujeres. El Estado es una fuente de trabajo para las mujeres, como te he mencionado previamente en una de mis cartas, pero no tienen puestos de alto nivel en el escalafón público. Los trabajos en los que se desempeñan, sobre todo, son en carreras especiales, como enfermería o docencia inicial o primaria. Estos datos son de marzo de este año publicados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) en el documento La Mujer en el Servicio Civil Peruano 2021. 

Este estudio también resaltó que la mayoría de las mujeres que trabajan en el Estado tiene entre 45 y 65 años de edad ( 42%) y que ha hubo una reducción de la participación de servidoras menores de 44 años. Bueno, Manuela, tu conoces bien el comportamiento masculino en el poder, no es complicado deducir el porqué de esa data. 

El 25 de noviembre es el Día de la No Violencia Hacia la Mujer, falta poco y este tipo de comportamientos califica como violencia. Qué clase de Gobierno tenemos donde los y las altos funcionarios no tienen claro cuál es su rol y no conocen la realidad de la mujer. El 25 de noviembre nos debe llevar a analizar las diferencias y desventajas, así como los retos de las mujeres en la política y en la gestión pública. La Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand, debe informarse y entender que la violencia no es solo física, sino que nace por la desigualdad latente que existe y los paradigmas de género.

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