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El 1 de enero del 2018, seis internos armados del penal de Huacariz, en Cajamarca, intentaron fugar a bordo de una camioneta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Aunque lograron burlar la seguridad interna del penal, fueron intervenidos por personal policial que se encontraba en el exterior. Entonces se produjo un enfrentamiento a balazos, y un policía y un interno resultaron heridos. 

¿Cómo es que los reclusos obtuvieron armas dentro del penal y se hicieron con una camioneta? “No se descartaba la complicidad de algún agente del INPE”, decía proféticamente uno de los tantos periodistas que presentó la noticia en aquella oportunidad. Los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior se preguntaron lo mismo y empezaron a investigar.

Sus detectives determinaron que Luis Álvarez Rojas, Edwin Ortiz Marreros, César Carrasco Montoya y Hugo Blas Leyva, entre otros -todos agentes del INPE-, fueron los que planificaron y coordinaron el intento de fuga. Pero esa revelación era apenas la punta del iceberg.

El fiscal provincial de Cajamarca, Marco Terán Arribasplata, a cargo de las pesquisas, encontró que en este penal funcionaba una organización criminal integrada por directivos y trabajadores del INPE. La bautizó como “Los Piaras de Huacariz”. Las autoridades no solo exigían cupos a los presos a cambio de una variedad de servicios. Increíblemente, también los coaccionaban para que -a través de celulares brindados por los mismos agentes- realicen extorsiones a los ciudadanos de Cajamarca. Parte del dinero recaudado iba a los bolsillos de estos malos funcionarios públicos.

“Les cobraban por todo a los presos: por usar los teléfonos celulares que ellos mismos metían, por traficar con drogas, incluso hasta para utilizar los baños les cobraban. Todo tenía precio en este penal. Era muy corrupto. Es decir, los presos [también] estaban siendo extorsionados por funcionarios del INPE”, asegura el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado Jorge Chávez Cotrina. Él participó del megaoperativo que se realizó el martes pasado, para arrestar a 21 miembros de esta presunta organización criminal. Solo 13 de ellos cayeron en aquella redada, de acuerdo a Chávez.

 

Hablan los testigos

La corrupción en [el penal de] Cajamarca es total, todos los alcaides [jefes de seguridad del penal] y supervisores entran a cobrar por la tenencia de celulares […] Ellos pasan y no sucede nada [no confiscan los celulares], pues todo ya está arreglado”, contó un testigo protegido a la Fiscalía sobre los cupos en el penal de Huacariz. Su relato está consignado en la resolución judicial que ordena las detenciones y a la que Sudaca tuvo acceso.

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Declaración de testigo protegido sobre los cupos en el penal de Huacariz

Pero esta organización no solo estaba integrada por supervisores, alcaides o agentes de seguridad en general, como menciona el testigo, sino que todo ocurría con la venia de los mismos directores y subdirectores del penal, quienes obtenían una buena tajada de las coimas. 

“Para que un interno tenga equipo celular, al Supervisor se le pagaba S/5 [diarios], el Alcaide recibía S/10 por cada servicio, el Jefe de Seguridad recibía S/1.000 semanales, al igual que el Subdirector y el Director de dicho recinto penitenciario”, detalló otro testigo protegido.

La resolución también señala que los funcionarios usaban “medios coactivos, intimidatorios o violentos” para exigir a los internos que cometan “actos de extorsión [y estafa] en agravio de la ciudadanía”, y así obtener dinero para pagar los cupos a sus custodios. “Tú ponte las pilas, ya cómprate tu huaco [se refiere al celular], aquí tienes que pagar diario y semanal”, les decían los agentes del INPE a los internos, de acuerdo a la documentación judicial.

Según la tesis del fiscal Marco Terán, esta organización operaba al menos desde 2016, cuando Ismael Montenegro Álvarez ostentaba el cargo de director del penal de Huacariz. Luego lo sucedieron en el cargo Pedro Fernando Lazo Moreno y Percy Hugo Blas Leyva, quienes continuaron con el mecanismo delictivo. En el 2019, Edwin Ortiz Marreros, alias ‘Marrano’ según la Policía, asumió la dirección del penal y siguió cobrando las coimas. Para todos ellos se ordenó la detención preliminar.

De derecha a izquierda, los directores del penal entre 2016-2020: Ismael Montenegro Álvarez, Pedro Lazo Moreno, Hugo Blas Leyva y Edwin Ortiz Marreros. El último es sindicado como el líder según la Fiscalía.

La fiscalía descubrió, además, que esto no era nuevo para ‘Marrano’, sino que lo venía haciendo desde hace años, cuando fue subdirector del centro penitenciario entre 2016 y 2018. De acuerdo a la resolución que ordenó su captura, en esos mismos años también era el encargado de vender droga, la cual ingresaba al penal a través de ambulancias para luego comercializarla al interior de la cárcel.

Según la documentación, Ortiz cobraba en una semana normal S/100 a cada preso por la posesión de celulares, pero en Fiestas Patrias o Navidad, cobraba con ‘aguinaldo’ incluido y recibía unos S/500. 

Los testigos protegidos cuentan que, aprovechándose de su poder, una noche ingresó mareado al pabellón de mujeres para seguir tomando con las internas, a quienes acostumbraba tocarle las nalgas y hacerles propuestas indecentes o actos de connotación sexual.

 

Cobros crueles

Los agentes del INPE eran muy duros con quienes se negaban a pagar los cupos. A quienes no lo hacían, los agentes les “caían” de sorpresa mientras usaban los equipos celulares e informaban a la Fiscalía para que sean procesados por posesión indebida. Otra forma de intimidarlos era amenazarlos con llevarlos a las zonas de castigo -una de ellas conocida como “El Hueco”- o con sanciones injustificadas.

Los que sí accedían a pagar los cupos, en cambio, podían hacer “lo que les venga en gana, como estafar, extorsionar, etc.”.

En el Establecimiento Penitenciario Huacariz también se podían comprar celdas. Elegir una podía costar entre S/400 y S/1.000. El 2018, por ejemplo, la encargada de cobrar ese dinero para el director Hugo Blas Leyva, de acuerdo a la resolución judicial, era la Dra. Carmen Esther Guzmán Torres, jefa del Órgano Técnico de Tratamiento.

También se pagaba por el uso de sus derechos recreacionales, como poder participar de las festividades por el Día del Interno o Día de la Canción Criolla, o por vender comestibles en dichas festividades. Así mismo, por mantener ‘economatos’ (puestos de ventas), “Los Piaras de Huacariz” cobraban la “módica” suma de S/600 o S/700 mensuales. Y por abrir uno de estos puestos, S/7.000.

Para tener acceso a la visita de su familia y otras personas en días que no les correspondía, los agentes también pedían cupos. Y lo más cruel, sin dudas, era cobrarles a los reclusos por permitirles el acceso al tópico, por atenciones médicas o por ser evacuados al hospital.

Edgar Burgos Bobadilla, el ‘llavero’ del penal, era quien cobraba entre S/5 o S/10 soles “por llevarte al tópico, a la panadería, a la juguería». «Cobraba de acuerdo a como le caías”, señala la resolución. Según declaraciones de los testigos, lo llamaban ‘fumón’ porque se drogaba dentro del centro penitenciario.

El martes 20 de junio se detuvo a 13 de los 21 presuntos miembros de «Los Piaras de Huacariz» en el megaoperativo desarrollado en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, Trujillo y Yurimaguas.

“Con el pasar del tiempo, estos malos funcionarios del INPE han sido cambiados, rotados, a diferentes penales del país, pero la investigación continuaba. Entonces hemos tenido que ir a buscarlos a donde estaban trabajando. Afortunadamente, esta organización llegó a su fin con la intervención [del martes 20]”, sentenció el fiscal superior Chávez Cotrina. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva contra esta mafia. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura.

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Cajamarca, corrupción, Fiscalía, INPE