El 6 de junio del 2022 el INPE emitió otra resolución directoral sobre el reo Humala. Esta vez, se quedaba en la cárcel nuevamente por una cuestión numérica. Sumada su reclusión efectiva más su pena redimida llegaba a los 18 años, 10 meses y 18 días. Por lo tanto, no pudo ser liberado.
Finalmente, el 8 de julio, Humala lo volvió a intentar y esta vez sí se salió con la suya. “Ya era una situación que el transcurrir del tiempo haría que se llegara a ese objetivo. Es decir, a que se le contabilice su carcelería efectiva más su reducción efectiva. Es por eso que, en la siguiente resolución directoral del 17 de agosto del 2022, el establecimiento penitenciario de Ancón II le otorga la libertad”, manifestó Omar Méndez ante la Comisión de Justicia del Congreso.
Esas fueron algunas de las arduas tareas que permitieron a Humala Tasso salir libre el último 20 de agosto. Un camino con paradas culinarias, épocas festivas y dibujos animados japoneses. El tiempo dirá a qué se dedicará Antauro ahora que ya está en libertad, y si esas “capacidades logradas” le sirvieron para algo.
Nos comunicamos con su área de prensa para conocer qué medidas se habían tomado, pero, al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.
La lista de liberados entregada por el INPE en marzo pasado.
EL PROBLEMA: NO HAY PLATA
Cuando un preso quiere pasar sus últimos años de condena en libertad es un juzgado el que le otorga o no dicho beneficio. Luego, son los reos los que tienen que rendir cuentas a la Dirección de Medio Libre: mensualmente, un sentenciado asiste al centro de esta dirección más cercano a su domicilio, firma un registro y pasa por un psicólogo y una asistencia social para su evaluación. También tiene que asistir a distintos talleres grupales organizados por el INPE. Eventualmente, los funcionarios penitenciarios visitan su domicilio para asegurarse de que cumplan con no salir de la ciudad.
La ley señala, sin embargo, que el INPE no es el único que debería hacer el seguimiento. También es función del Ministerio Público. El problema es que la norma no especifica cómo. La consecuencia de esta falta de control sería la revocatoria de la libertad para los condenados.
Los ejemplos que hemos visto sugieren un grave problema de cara a la resocialización. ¿Son suficientes nuestras políticas penitenciarias nacionales?, ¿está preparado el INPE para asumir el reto?
Para Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, el problema para la resocialización fuera de la cárcel es que no es la prioridad. La principal preocupación de las autoridades que manejan el sistema penitenciario es el hacinamiento. “Cuando vas al MEF y dices que necesitas más personal y aumentarles el sueldo, te dicen que no hay dinero. Entonces, todo el presupuesto se va tratando de controlar el hacinamiento y la dirección de Medios Libres recibe una mínima partida. El problema del hacinamiento es tan grande y de tantas décadas que no les permite ir abordando lo otro”, apunta.
Andía, que ha trabajo en el Ministerio de Justicia desde el 2013 hasta hace solo unos meses, dice que hay pocas oficinas de Medio Libre. “Son oficinas con poco personal, con instalaciones precarias y ya sabemos cuáles son los sueldos también. No estoy queriendo justificar, pero es un problema estructural”, comenta.
Por su lado, César Orozco, expresidente del sindicato del INPE, coincide en que la falta de recursos es un factor importante. “Una persona que accede al beneficio dice a Medio Libre: ‘voy a ir a trabajar con la persona tal, a estudiar tal’. Pero, a la larga, escapa a ese control y, al final, o lo vemos delinquiendo o justificando el control con algunos documentos que solo son para seguir con el beneficio. Hay un trabajo de supervisión que falla porque depende de los recursos”, dice.
Para Orozco hay un abuso del beneficio penitenciario en favor de los reos que pisan por primera vez una prisión. “Yo creo que debería ser al revés, que la ejecución penal debería ser más dura con los nuevos”. Andía, sin embargo, señala que la situación podría ser resuelta, en cierta medida, con la reincorporación de juzgados de ejecución penal.
“Los juzgados de ejecución penal existen en casi todos los sistemas penales de Europa y Latinoamérica y su función no es otra que hacer que la sentencia se cumpla de manera cabal. Eso estaba entre las recomendaciones de la reforma de justicia”, apunta el abogado. Una reforma que avanza a paso de tortuga en el país.
Omar Méndez Irigoyen, jefe del INPE, debe enmendar esta situación.
El 1 de enero del 2018, seis internos armados del penal de Huacariz, en Cajamarca, intentaron fugar a bordo de una camioneta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Aunque lograron burlar la seguridad interna del penal, fueron intervenidos por personal policial que se encontraba en el exterior. Entonces se produjo un enfrentamiento a balazos, y un policía y un interno resultaron heridos.
¿Cómo es que los reclusos obtuvieron armas dentro del penal y se hicieron con una camioneta? “No se descartaba la complicidad de algún agente del INPE”, decía proféticamente uno de los tantos periodistas que presentó la noticia en aquella oportunidad. Los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior se preguntaron lo mismo y empezaron a investigar.
Sus detectives determinaron que Luis Álvarez Rojas, Edwin Ortiz Marreros, César Carrasco Montoya y Hugo Blas Leyva, entre otros -todos agentes del INPE-, fueron los que planificaron y coordinaron el intento de fuga. Pero esa revelación era apenas la punta del iceberg.
El fiscal provincial de Cajamarca, Marco Terán Arribasplata, a cargo de las pesquisas, encontró que en este penal funcionaba una organización criminal integrada por directivos y trabajadores del INPE. La bautizó como “Los Piaras de Huacariz”. Las autoridades no solo exigían cupos a los presos a cambio de una variedad de servicios. Increíblemente, también los coaccionaban para que -a través de celulares brindados por los mismos agentes- realicen extorsiones a los ciudadanos de Cajamarca. Parte del dinero recaudado iba a los bolsillos de estos malos funcionarios públicos.
“Les cobraban por todo a los presos: por usar los teléfonos celulares que ellos mismos metían, por traficar con drogas, incluso hasta para utilizar los baños les cobraban. Todo tenía precio en este penal. Era muy corrupto. Es decir, los presos [también] estaban siendo extorsionados por funcionarios del INPE”, asegura el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado Jorge Chávez Cotrina. Él participó del megaoperativo que se realizó el martes pasado, para arrestar a 21 miembros de esta presunta organización criminal. Solo 13 de ellos cayeron en aquella redada, de acuerdo a Chávez.
Hablan los testigos
“La corrupción en [el penal de] Cajamarca es total, todos los alcaides [jefes de seguridad del penal] y supervisores entran a cobrar por la tenencia de celulares […] Ellos pasan y no sucede nada [no confiscan los celulares], pues todo ya está arreglado”, contó un testigo protegido a la Fiscalía sobre los cupos en el penal de Huacariz. Su relato está consignado en la resolución judicial que ordena las detenciones y a la que Sudaca tuvo acceso.
Declaración de testigo protegido sobre los cupos en el penal de Huacariz
Pero esta organización no solo estaba integrada por supervisores, alcaides o agentes de seguridad en general, como menciona el testigo, sino que todo ocurría con la venia de los mismos directores y subdirectores del penal, quienes obtenían una buena tajada de las coimas.
“Para que un interno tenga equipo celular, al Supervisor se le pagaba S/5 [diarios], el Alcaide recibía S/10 por cada servicio, el Jefe de Seguridad recibía S/1.000 semanales, al igual que el Subdirector y el Director de dicho recinto penitenciario”, detalló otro testigo protegido.
La resolución también señala que los funcionarios usaban “medios coactivos, intimidatorios o violentos” para exigir a los internos que cometan “actos de extorsión [y estafa] en agravio de la ciudadanía”, y así obtener dinero para pagar los cupos a sus custodios. “Tú ponte las pilas, ya cómprate tu huaco [se refiere al celular], aquí tienes que pagar diario y semanal”, les decían los agentes del INPE a los internos, de acuerdo a la documentación judicial.
Según la tesis del fiscal Marco Terán, esta organización operaba al menos desde 2016, cuando Ismael Montenegro Álvarez ostentaba el cargo de director del penal de Huacariz. Luego lo sucedieron en el cargo Pedro Fernando Lazo Moreno y Percy Hugo Blas Leyva, quienes continuaron con el mecanismo delictivo. En el 2019, Edwin Ortiz Marreros, alias ‘Marrano’ según la Policía, asumió la dirección del penal y siguió cobrando las coimas. Para todos ellos se ordenó la detención preliminar.
De derecha a izquierda, los directores del penal entre 2016-2020: Ismael Montenegro Álvarez, Pedro Lazo Moreno, Hugo Blas Leyva y Edwin Ortiz Marreros. El último es sindicado como el líder según la Fiscalía.
La fiscalía descubrió, además, que esto no era nuevo para ‘Marrano’, sino que lo venía haciendo desde hace años, cuando fue subdirector del centro penitenciario entre 2016 y 2018. De acuerdo a la resolución que ordenó su captura, en esos mismos años también era el encargado de vender droga, la cual ingresaba al penal a través de ambulancias para luego comercializarla al interior de la cárcel.
Según la documentación, Ortiz cobraba en una semana normal S/100 a cada preso por la posesión de celulares, pero en Fiestas Patrias o Navidad, cobraba con ‘aguinaldo’ incluido y recibía unos S/500.
Los testigos protegidos cuentan que, aprovechándose de su poder, una noche ingresó mareado al pabellón de mujeres para seguir tomando con las internas, a quienes acostumbraba tocarle las nalgas y hacerles propuestas indecentes o actos de connotación sexual.
Cobros crueles
Los agentes del INPE eran muy duros con quienes se negaban a pagar los cupos. A quienes no lo hacían, los agentes les “caían” de sorpresa mientras usaban los equipos celulares e informaban a la Fiscalía para que sean procesados por posesión indebida. Otra forma de intimidarlos era amenazarlos con llevarlos a las zonas de castigo -una de ellas conocida como “El Hueco”- o con sanciones injustificadas.
Los que sí accedían a pagar los cupos, en cambio, podían hacer “lo que les venga en gana, como estafar, extorsionar, etc.”.
En el Establecimiento Penitenciario Huacariz también se podían comprar celdas. Elegir una podía costar entre S/400 y S/1.000. El 2018, por ejemplo, la encargada de cobrar ese dinero para el director Hugo Blas Leyva, de acuerdo a la resolución judicial, era la Dra. Carmen Esther Guzmán Torres, jefa del Órgano Técnico de Tratamiento.
También se pagaba por el uso de sus derechos recreacionales, como poder participar de las festividades por el Día del Interno o Día de la Canción Criolla, o por vender comestibles en dichas festividades. Así mismo, por mantener ‘economatos’ (puestos de ventas), “Los Piaras de Huacariz” cobraban la “módica” suma de S/600 o S/700 mensuales. Y por abrir uno de estos puestos, S/7.000.
Para tener acceso a la visita de su familia y otras personas en días que no les correspondía, los agentes también pedían cupos. Y lo más cruel, sin dudas, era cobrarles a los reclusos por permitirles el acceso al tópico, por atenciones médicas o por ser evacuados al hospital.
Edgar Burgos Bobadilla, el ‘llavero’ del penal, era quien cobraba entre S/5 o S/10 soles “por llevarte al tópico, a la panadería, a la juguería». «Cobraba de acuerdo a como le caías”, señala la resolución. Según declaraciones de los testigos, lo llamaban ‘fumón’ porque se drogaba dentro del centro penitenciario.
El martes 20 de junio se detuvo a 13 de los 21 presuntos miembros de «Los Piaras de Huacariz» en el megaoperativo desarrollado en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, Trujillo y Yurimaguas.
“Con el pasar del tiempo, estos malos funcionarios del INPE han sido cambiados, rotados, a diferentes penales del país, pero la investigación continuaba. Entonces hemos tenido que ir a buscarlos a donde estaban trabajando. Afortunadamente, esta organización llegó a su fin con la intervención [del martes 20]”, sentenció el fiscal superior Chávez Cotrina. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva contra esta mafia. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura.
