Elmer Marín Tarrillo (44) está a punto de cumplir su condena por haber usurpado con violencia un terreno ubicado a la altura del kilómetro 14 de la carretera Lima-Cieneguilla. Durante la ocupación ilegal –dice la acusación del Ministerio Público–, uno de los moradores de la zona fue llevado a “un descampado para asesinarlo utilizando armas de fuego”. El sujeto se salvó de morir gracias al aviso que dieron algunos niños que se encontraban cerca. La Corte Superior de Justicia de Lima –y luego la Corte Suprema– responsabilizó a Marín de estos hechos en una resolución del 2016, y lo condenó a seis años de cárcel.
No es el único delito que ha enfrentado este probado traficante de terrenos; también fue denunciado por usurpación y tenencia ilegal de armas, según una nota del diario El Comercio del 2010. Sin embargo, el 19 de septiembre del 2019, dos años antes de cumplir su condena, salió del penal Castro Castro gracias al beneficio de “semi libertad”, que se concede a aquellos reos que egresan para trabajar o estudiar, siempre que hayan cumplido ciertas normas de conducta, no deban la reparación civil respectiva y no tengan otros casos procesos pendientes con mandato de detención.
Según el sistema de denuncias policiales al que accedió Sudaca, sin embargo, Marín fue intervenido en noviembre del 2019 cuando transitaba por el Cercado de Lima. Es decir, dos meses después de haber recibido su libertad. Según consta en un acta policial, para esa fecha aún contaba con una requisitoria por homicidio calificado. Al día de hoy, ya no cuenta con medidas en contra.
Ya liberado, Marín no ha cumplido con su proceso de rehabilitación. Y es que la “semi libertad” otorgada no significa que haya cumplido su condena. Este debe seguir un programa de resocialización hasta que se acabe la pena que le impusieron, es decir, hasta julio de este año. Debería, por tanto, participar de talleres y terapias, dedicarse a algún trabajo o empezar a estudiar y firmar mensualmente un cuaderno de registro del INPE. La autoridad penitenciaria tiene la obligación de supervisar todo esto, pero en el caso de Marín no ha ocurrido, como veremos más adelante.
Otro que goza de «semi libertad» es César Gallosa Rasmussen (39), quien en 2011 fue condenado a 13 años de cárcel. Lo acusaron de pertenecer a una banda criminal de nombre ‘Los Boticarios’, dedicada a asaltar farmacias del Callao. Gallosa cayó con armas de corto alcance y drogas. Pasó los últimos años en el penal Castro Castro. Salió de ahí en diciembre del 2019, pero su pena vence aún el 13 de noviembre del 2024.
El INPE tampoco lo tiene registrado en sus programas de resocialización y es seguro que no se han enterado de los nuevos líos en los que se ha metido. Gallosa –según información policial– fue intervenido hace una semana conduciendo una camioneta en sentido contrario por la avenida Colonial, en el Callao. Cuando los agentes le pidieron sus documentos, advirtieron que tenía la licencia de conducir cancelada.
Otro reo que no tiene ningún tipo de control de las autoridades penitenciarias y que ya está en la calles es Nelson Esteban Borja (53). A él se le concedió la libertad condicional el 29 de enero del 2020, pero su condena termina aún en septiembre de este año. Borja fue sentenciado a 20 años de prisión por el secuestro de un empresario maderero en Villa El Salvador. Antes de ser capturado –según se lee en una nota del diario La República– estuvo prófugo ocho meses.
Esteban Borja salió libre a pesar de que en febrero del 2018 una mujer que fue a visitarlo al penal lo denunció por violencia sexual. Los hechos constan en un acta policial a la que este medio accedió: “Cuando entró a la celda donde él se encontraba, le echó alcohol gel en el cuello, deslizó sus manos hacia sus senos, después le subió la blusa y el brasier…”, se lee en el documento. El abuso terminó cuando la denunciante empujó al reo y logró “salir corriendo”.
Entre los beneficiarios también figura Wilson Ricse Roque (42), quien fue sentenciado a 10 años de cárcel el 2015. El delito: “actos contra el pudor”. Una mujer lo denunció por haber abusado sexualmente de su hija de solo 4 años. También anda libre antes de cumplir su sentencia Benji Figueroa Cárdenas, un expolicía corrupto sentenciado a seis años de cárcel luego de soltar a un detenido a cambio de S/2,000. Figueroa fue capturado in fraganti y estuvo en el penal de Lurigancho hasta septiembre del 2019. Su condena vence aún en abril de 2023.
Todos ellos están incluidos en una lista de 13 reos enviada por el INPE a la Contraloría General de la República en marzo pasado. El órgano de control del Estado indagaba si se había cumplido con el registro y control de quienes fueron liberados gracias a los distintos beneficios penitenciarios.
Este control está a cargo de la Dirección de Medio Libre del INPE, que, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones, “organiza y conduce las actividades de asistencia post-penitenciaria y de ejecución de penas limitativas de derechos”.
Fue así que el 23 de junio pasado, la Contraloría advirtió en un informe enviado al jefe del INPE, Omar Méndez Irigoyen, de “la existencia de liberados que egresaron de dichos establecimientos penitenciarios, cuyas sentencias se encuentran vigentes y que no se encuentran registrados en ningún establecimiento de Medio Libre a nivel nacional”. Es decir, no han continuado con el tratamiento penitenciario y no se sabe qué están haciendo. El mandamás del instituto penitenciario tenía cinco días para responder la misiva.
Nos comunicamos con su área de prensa para conocer qué medidas se habían tomado, pero, al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta.
EL PROBLEMA: NO HAY PLATA
Cuando un preso quiere pasar sus últimos años de condena en libertad es un juzgado el que le otorga o no dicho beneficio. Luego, son los reos los que tienen que rendir cuentas a la Dirección de Medio Libre: mensualmente, un sentenciado asiste al centro de esta dirección más cercano a su domicilio, firma un registro y pasa por un psicólogo y una asistencia social para su evaluación. También tiene que asistir a distintos talleres grupales organizados por el INPE. Eventualmente, los funcionarios penitenciarios visitan su domicilio para asegurarse de que cumplan con no salir de la ciudad.
La ley señala, sin embargo, que el INPE no es el único que debería hacer el seguimiento. También es función del Ministerio Público. El problema es que la norma no especifica cómo. La consecuencia de esta falta de control sería la revocatoria de la libertad para los condenados.
Los ejemplos que hemos visto sugieren un grave problema de cara a la resocialización. ¿Son suficientes nuestras políticas penitenciarias nacionales?, ¿está preparado el INPE para asumir el reto?
Para Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, el problema para la resocialización fuera de la cárcel es que no es la prioridad. La principal preocupación de las autoridades que manejan el sistema penitenciario es el hacinamiento. “Cuando vas al MEF y dices que necesitas más personal y aumentarles el sueldo, te dicen que no hay dinero. Entonces, todo el presupuesto se va tratando de controlar el hacinamiento y la dirección de Medios Libres recibe una mínima partida. El problema del hacinamiento es tan grande y de tantas décadas que no les permite ir abordando lo otro”, apunta.
Andía, que ha trabajo en el Ministerio de Justicia desde el 2013 hasta hace solo unos meses, dice que hay pocas oficinas de Medio Libre. “Son oficinas con poco personal, con instalaciones precarias y ya sabemos cuáles son los sueldos también. No estoy queriendo justificar, pero es un problema estructural”, comenta.
Por su lado, César Orozco, expresidente del sindicato del INPE, coincide en que la falta de recursos es un factor importante. “Una persona que accede al beneficio dice a Medio Libre: ‘voy a ir a trabajar con la persona tal, a estudiar tal’. Pero, a la larga, escapa a ese control y, al final, o lo vemos delinquiendo o justificando el control con algunos documentos que solo son para seguir con el beneficio. Hay un trabajo de supervisión que falla porque depende de los recursos”, dice.
Para Orozco hay un abuso del beneficio penitenciario en favor de los reos que pisan por primera vez una prisión. “Yo creo que debería ser al revés, que la ejecución penal debería ser más dura con los nuevos”. Andía, sin embargo, señala que la situación podría ser resuelta, en cierta medida, con la reincorporación de juzgados de ejecución penal.
“Los juzgados de ejecución penal existen en casi todos los sistemas penales de Europa y Latinoamérica y su función no es otra que hacer que la sentencia se cumpla de manera cabal. Eso estaba entre las recomendaciones de la reforma de justicia”, apunta el abogado. Una reforma que avanza a paso de tortuga en el país.
