violencia

[CIUDADANO DE A PIE ] El infierno como lugar de desesperanza y perdición ha sido comparado en ocasiones con la política peruana (Lynch, Paredes Castro, Sosa) ¿Quién podría hoy negarlo a vistas de los niveles de degradación que ha alcanzado? Sorprendentemente, un teólogo católico, Hans von Balthasar, llegó a especular con la idea de que el infierno podría ser un lugar vacío, y fue precisamente esa noción la que nos llevó a reflexionar sobre un reciente artículo de Alberto Vergara publicado en La República, en el cual señala que intentar hablar de política en el Perú, es “una mezcla de despropósito y delirio”, un “escribir sobre lo extinto”, un “medir los signos vitales de los habitantes de una catacumba”. Es bastante comprensible que un politólogo como Vergara se exprese de esa manera pues, en efecto, nuestra escena pública nacional ha dejado paulatinamente de ser materia propia de reflexión de la politología, para caer de lleno en el ámbito de investigación de la criminología, la ciencia que estudia las causas y circunstancias de los delitos, la personalidad de los delincuentes y su impacto social. Adentrándonos en ese enfoque prometedor, nos referiremos hoy a un fenómeno delictivo conocido como “crimilegalidad”: el entrelazamiento deliberado que se establece entre actividades criminales y legales y que se convierte en el eje organizador social, económico y político de una comunidad nacional. Retomando la comparación inicial, la crimilegalidad es lo más cercano al infierno que puede estar la política de un país… y todo parece indicar que hacia allí nos dirigimos.

El país en que vivimos: alta criminalidad y gobernanza criminal

El Perú se encuentra inmerso en lo que sociólogo argentino Marcelo Berman denomina un “equilibrio de alta criminalidad” (EAC). En un EAC, el Estado se muestra absolutamente incapaz de combatir las acciones de grupos criminales organizados, poderosos económicamente y que cuentan con eficientes redes de complicidades al interior de las fuerzas del orden, la justicia y el poder político. A las tradicionales actividades ilícitas como el narcotráfico, se suman otras más violentas como la trata de personas, la extorsión y el sicariato. Violencia, corrupción, impunidad, con apoyos políticos y una tasa creciente de asesinatos como la que venimos presenciando horrorizados los peruanos, caracterizan los EAC. A este entorno de alta criminalidad viene agregándose el establecimiento de “gobernanzas criminales” en diferentes partes del territorio nacional, esto es, el dominio o poder que ciertas organizaciones criminales ejercen sobre la población de una determinada área geográfica, con la finalidad de maximizar el aprovechamiento ilícito de los recursos allí presentes. Este poder o dominio que caracteriza a la gobernanza criminal—o “territorialización” mafiosa, como prefiere denominarla César Azabache—no solo se obtiene mediante el uso de la violencia, sino gracias también a una legitimación, resultante entre otras cosas, de los innegables beneficios económicos que perciben las poblaciones involucradas—siendo la minería ilegal en Pataz un claro ejemplo de esta situación—y al involucramiento en redes delictivas de funcionarios, autoridades y fuerzas del orden nacionales y subnacionales. Pero tanto la alta criminalidad como la gobernanza criminal, siendo gravísimos problemas, no son sino el telón de fondo de un peligro aún mayor: la crimilegalidad.

Crimilegalidad y poder político

La narrativa predominante, cuando nos referimos al “mundo del crimen organizado”, ha sido siempre considerarlo como una infame entidad, ajena y extraña al “mundo legítimo y legal” de la sociedad y la política, cuando la realidad en el Perú de hoy—y en otros países de la región— es que la línea que los separa es cada vez más imperceptible. Markus Schultze-Kraft, un científico social alemán con vasto conocimiento de la situación latinoamericana, aplicó en 2016 el término “crimilegalidad” al ámbito de las relaciones en contra de la ley, que se establecen entre el Estado y los actores legales e ilegales de la sociedad, y de cómo estas relaciones remodelan el ordenamiento político y social de un país. Ya no se trata simplemente de sobornos a las “manzanas podridas” presentes en los espacios públicos y privados, sino más bien de la integración del crimen organizado en las instancias legales, económicas y gubernativas de un país, con lo que se crea un orden “crimilegal” que involucra no solo a capos del crimen sino a funcionarios públicos, policías, políticos, jueces, fiscales y banqueros, entre otros. En la crimilegalidad, el crimen organizado alcanza el apogeo de su poder político, pues los gobiernos no solo no reprimen las actividades ilegales, sino que las promueven, torciendo las leyes y manipulando las Constituciones, al tiempo que se intenta guardar una apariencia de legitimidad con elecciones e instituciones manipuladas. Como bien señala el exprocurador y expresidente de Transparencia, José Ugaz, refiriéndose al caso peruano, no se trata de hechos episódicos consecuencia de la llegada al gobierno de malos grupos políticos o de personas corruptas, sino de la existencia de un plan concertado y organizado para entregar los espacios del país al crimen organizado, dictando leyes pro-crimen y desmantelando las instancias policiales competentes. 

Las consecuencias

La crimilegalidad acarrea graves consecuencias sociales que socavan la democracia, la convivencia pacífica y el logro del bien común, entre las cuales podemos mencionar: 

  • El declive del acatamiento de las normas sociales: cuando el delito campea impune en los altos niveles del poder, la corrupción y el crimen terminan por normalizarse entre el resto de la sociedad.
  • El fomento de una cultura del oportunismo (el “todo vale para subir”) con la consiguiente y paulatina desaparición de los principios y valores colectivos.
  • El debilitamiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones al percibirlas corruptas y en complicidad con la criminalidad: la inmensa mayoría de peruanos, según todos los estudios demoscópicos, desconfían del Poder Ejecutivo, del Congreso, del Poder Judicial, la Policía Nacional, las municipalidades y los gobiernos regionales, instituciones justamente establecidas para representarlos y protegerlos en un ordenamiento democrático saludable.
  • La supresión de las libertades de expresión y protesta, acompañadas de medidas intimidatorias y represivas contra periodistas, activistas sociales y ciudadanos comunes que osan criticar a las autoridades o desvelar la corrupción.
  • El vaciamiento del debate público y de la representación política en manos de personas impreparadas, cuando no prontuariadas, que alcanzan posiciones de poder gracias a la ingente inyección de fondos provenientes de las economías ilegales.
  • El exponencial aumento de la violencia, como consecuencia directa de las actividades depredadoras de las organizaciones criminales y de las luchas entre sus facciones rivales por el control y el poder, conjuntamente con la inacción de las fuerzas del orden, sea por complicidad o inoperancia. 

¿Suena conocido? 

Abandonen toda esperanza…

En el canto tercero de la “Divina Comedia”, Dante nos relata que pudo ver escritas sobre las puertas del infierno la siguiente advertencia: “Abandonen toda esperanza, quienes entren aquí”. Nuestro bicentenario camino, cargado con más penas que glorias, nos ha conducido hasta las puertas que nos adentran en el infierno de la crimilegalidad ¿existe aún alguna esperanza de escapar a ese miserable destino? En todo caso, es bueno recordar que a poco de enunciar la terrible advertencia, el gran escritor italiano agregó: “Conviene abandonar aquí todo temor; conviene que aquí termine toda cobardía.” ¿Seguiremos el consejo? 

   

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[CIUDADANO DE A PIE] Un problema regional

América Latina es hoy por hoy la región más violenta del mundo, en la que se producen algo menos del 40% del total de asesinatos registrados a nivel internacional, a pesar de representar únicamente el 13% de la población mundial. Los hechos ocurridos en Ecuador la semana pasada no hacen sino confirmar esta realidad. Presentamos aquí algunos importantes hallazgos de las investigaciones que, sobre el fenómeno delictivo en Latinoamérica, ha publicado el reconocido especialista Marcelo Bergman en su libro “El negocio del crimen: El crecimiento del delito, los mercados ilegales y la violencia en América Latina.”

La tesis “disruptiva” de Bergman, como él mismo la califica, trasciende las tradicionales explicaciones legales (códigos penales inadecuados) y sociológicas (pobreza, marginación, desempleo) sobre el delito y su expansión. Según el autor, básicamente vivimos las consecuencias de la expansión de un “negocio rentable”, que encontró un hábitat ideal en los tiempos de fuerte crecimiento económico de la región, y cuya rentabilidad es, en última instancia, el resultado de una demanda sostenida de bienes de origen ilícito, acompañada del incumplimiento sistemático de las leyes y de la impunidad resultante de los delincuentes.

Cuestión de equilibrios

Uno de los planteamientos más interesantes del libro, es el análisis la delincuencia sirviéndose de lo que se denomina un “modelo de equilibrio general”, esto es, un conjunto de interacciones entre factores que incentivan, y otros que imponen límites a las actividades criminales. De acuerdo con este modelo, la actividad delictiva en un determinado tiempo y país, alcanzará uno de dos tipos de equilibrio:  el equilibrio de baja criminalidad (EBC), o el equilibrio de alta criminalidad (EAC), aunque siempre es posible el pasaje entre uno y otro.

Un país con EBC se caracteriza por la existencia extendida de mercados secundarios, abastecidos por redes de contrabando y robo, como consecuencia directa de la demanda ciudadana constante de una variedad de productos ilícitos (drogas, autopartes, celulares etc.). Las actividades de estos mercados se realizan prácticamente sin ningún tipo de interferencia por parte de las autoridades. Esta tolerancia se explica generalmente por la recepción de sobornos, aunque también existen razones políticas, tales como asegurar un cierto nivel de satisfacción consumista a sectores sociales, cuyos escasos recursos, no les permitirían adquirir estos bienes por la vía legal. En todo caso, la actividad criminal permanece controlada, restringida y subordinada a los poderes públicos, siempre capaces de ejercer, según las circunstancias y conveniencias, una disuasión efectiva mediante la aplicación de leyes y sanciones. En lo que respecta a la violencia en países EBC (Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina) Bergman señala: “cuando la policía y otras agencias controlan el crimen para su propio beneficio, los niveles de violencia permanecen relativamente bajos.”, y esto debido a que el Estado es capaz de evitar la aparición de poderosos grupos criminales susceptibles de entrar en conflicto entre sí.

En un país con EAC, en cambio, el Estado se presenta como totalmente incapaz de regular y sancionar el negocio criminal, debido a la existencia de bandas con altos niveles de organización y concentración de poder, que cuentan además con eficientes redes de complicidad al interior de las fuerzas del orden, entidades estatales, empresas y la política -sustentadas en el pago de sobornos, financiación de campañas, amenazas y coerción-, o mediante la infiltración directa de sus miembros en estas instancias. Estas bandas no solo se dedican a los lucrativos negocios del contrabando y el narcotráfico, sino que han diversificado sus actividades hacia otros ámbitos más depredadores, como el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro, la tala y minería ilegales, los mismos que, dada su altísima rentabilidad, son la causa de constantes luchas por el poder entre bandas rivales. Violencia, corrupción e impunidad caracterizan estos EAC en países tales como México, Colombia, Honduras, Guatemala y ciertas regiones del Brasil, los cuales exhiben, como parámetro distintivo, tasas de homicidios superiores a 20 asesinatos por cada cien mil habitantes.

La inestabilidad delictiva

En ciertas condiciones, que Bergman ha denominado de “inestabilidad delictiva”, es posible una ruptura de estos equilibrios, y el pasaje resultante de un EBC hacia un EAC y viceversa. Un ejemplo de esta última situación es El Salvador, país que ha pasado de ostentar la tasa de asesinatos más elevada del planeta en 2015 (106 por 100 000 habitantes), a la más baja de su historia en 2023 (2.4 por 100 000 habitantes), como resultado de una serie de duras medidas adoptadas -algunas de ellas bastante controversiales- por el gobierno de Nayib Bukele. El paso contrario (de un EBC a un EAC) lo está viviendo dramáticamente Ecuador, que después de haber sido considerado, bajo el gobierno de Rafael Correa, como el segundo país más seguro de Latinoamérica, con una tasa de homicidios de 6.7 por 100 mil habitantes, se ha convertido en el país más violento de la región, con una tasa de asesinatos siete veces superior. La explicación de este fenómeno es doble: por una parte, el desmantelamiento de los entes públicos encargados de la lucha contra el crimen y la rehabilitación de los delincuentes -llevado a cabo por los presidentes Moreno y Lasso-, y por otra, los cambios que han tenido lugar en las organizaciones criminales y los circuitos del tráfico mundial de la cocaína, como consecuencia de las acciones represivas de otros países, que han convertido a Ecuador en un territorio estratégico para el narcotráfico (efecto globo).

¿Y el Perú?                                                      

La afirmación de que en el Perú se encuentran presentes todos los elementos característicos de una situación de alta criminalidad (con la excepción, por el momento, de una mayor tasa de asesinatos), resulta de una experiencia social tan omnipresente, que solo genera una abrumadora sensación colectiva de estar atrapados sin salida, en un país que, como señala Juan Carlos Tafur, se está convirtiendo en el mejor destino de las mafias. Un día sí, y otro también, los medios de comunicación y las redes sociales, nos inundan de noticias de corrupción en todos los niveles de la sociedad, de una delincuencia depredadora con apoyos políticos, y de una desvergonzada impunidad. Todas las últimas encuestas, nacionales y regionales, arrojan resultados similares: la mayoría de peruanos identifica la delincuencia como el problema que más les afecta, y señalan como responsables de esta situación al gobierno central, el sistema de justicia, los congresistas y la Policía Nacional, autoridades que, por otra parte, son identificadas como las más corruptas del país. El evidente fracaso gubernamental de un supuesto “Plan Boluarte por la seguridad ciudadana”, cuya existencia misma ha sido luego desmentida por la propia supuesta autora, no hacen sino incrementar el enojo y la desazón de una ciudadanía cada vez más propensa a demandar “soluciones radicales”, de la mano de algún “Bukele” local. Incluso un personaje de derechas tan sopesado como Jaime de Althaus, reflexionando sobre el tipo de outsider que convendría al Perú, llegaba a la conclusión de que “un Bukele más que un Milei” sería el apropiado. ¿Es realmente esto así? Aunque la situación salvadoreña es muy distinta a la nuestra, el Perú podría sufrir pronto de un “efecto globo”, similar al ocurrido en Ecuador (Farid Kahhat), lo que podría llevarnos a niveles de violencia asesina característicos de los países con EAC. Si esto no ha sido así hasta ahora, y en ello concordamos con Augusto Álvarez Rodrich, es porque “los políticos se llevan bien con las mafias. No hay campañas fuertes contra el crimen organizado y varios congresistas están a su servicio. Ningún político se ha comprado el pleito. Cuando eso ocurra, recién todo cambiará.” ¿Ocurrirá alguna vez?

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[CARTAS A MANUELA SÁENZ] Querida Manuela,

¡Te tengo que contar! No sé si sabías que en 2010 la gobernadora del Distrito Capital de Venezuela llevó dos cofres fúnebres con tierra peruana del puerto piurano de Paita, si donde viviste tu exilio y donde falleciste en 1856, que fueron honrados durante varios días por los venezolanos y una de las urnas se colocó para siempre al lado del sepulcro de Bolívar, en el Panteón Nacional de Caracas. Esto me contó una amiga muy cercana que estuvo por Caracas y sabe de nuestra correspondencia y mi interés en saber de ti. Finalmente, luego de décadas, fuiste reconocida como te mereces. Tu rol en la independencia fue más que romántico, fue también militar. ¡Que honor! Libertadora del Libertador.

Hace unos días, el 6 de agosto, se cumplieron los 199 años de la Batalla de Junín. Tu participaste activamente en contienda por la emancipación peruana debido que Antonio José de Sucre te nombró coronela por tu rol en la Batalla de Pichincha que liberó Ecuador. Así que en Junín, por tu destacada actuación, te dieron el título de Capitán de Húsares. Simón Bolívar decidió aprovechar el momento y subir a encontrar a Canterac, ya que tenía un ejército compuesto por guachos del Río de la Plata, huasos chilenos, llaneros de Nueva Granada y nuestros morochucos. Las armas fueron los sables, lanzas y la caballería. La batalla fue sangrienta, difícil para los patriotas, pero finalmente los húsares nos llevaron al triunfo. Hace tres años, cuando por trabajo me fui por tierra a Huánuco, pasé por pampas de color dorado rodeadas de montañas y sol ardiente. Me acerqué al Obelisco de Chacamarca para honrar la vida de todos los patriotas que lucharon por la independencia nacional contra los españoles. Con esta batalla se sella la independencia del América del Sur de la Corona Española.

Por estas acciones valerosas, en 2007, fuiste ascendida a generala por decreto del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Como sabes, las historias de nuestros países sudamericanos están íntimamente ligadas. Tanto del pasado como del presente. Actualmente en la región tenemos un problema social que nos aqueja a todos, la inseguridad ciudadana. Ayer, saliendo de un colegio al norte de Quito, con escolta y resguardo oficial, un sicario disparó tres veces a Fernando Villavicencio, candidato presidencial y segundo en las encuestas. Murió en la calle, a plena luz del día.

La respuesta del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, es estar «indignado y consternado» por el crimen, por ello declaró Estado de Emergencia nacional por 60 días y convocó a una reunión de seguridad de urgencia para abordar el hecho. Prometió identificar a los asesinos. Ecuador vive una ola de violencia e inseguridad en las calles y en las cárceles. El mes pasado el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, uno de los más populares, fue abatido a tiros mientras visitaba una obra donde también murió Ariana Estefanía Chancay, una deportista que se había acercado al funcionario para pedirle una ayuda. Así mismo, Rinder Sánchez, candidato a diputado por la provincia de Esmeraldas, fue baleado cuando cuatro sujetos supuestamente pretendieron robarle su auto y en febrero, dos aspirantes a alcalde murieron en atentados. Julio, con la muerte del alcalde Intriago, coincidió con un nuevo brote de violencia en las cárceles ecuatorianas. Esta se relaciona con la que vivimos aquí en Perú y sabiendo que la región es un solo bloque, debemos preocuparnos por nuestra seguridad interna de manera urgente y eficiente. No basta la preocupación de las autoridades, se necesitan acciones.

No se combate la violencia con más violencia, llevando armas a las calles. Creo que es una lección aprendida desde la década de 1980, ya que ahí primó la inteligencia policial. Ahora hay que sumar la inteligencia y el uso de la tecnología. El crimen organizado siempre va a tener más recursos que el Estado, por eso, tenemos que actuar hoy con los recursos que tenemos para evitar que mueran más inocentes, jóvenes como Ariana Estefanía Chancay, por estar en el lugar equivocado el día equivocado. No podemos permitir que las calles se vuelvan las batallas del siglo XXI y la destrucción del Estado.

 

 

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Se afirma que el gobierno se encontraba en una situación muy compleja, a la vez que se condena el uso desproporcionado de la fuerza y de armas letales que terminaron con la vida de decenas de personas. De esta forma la CIDH, insta al Estado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos con enfoque étnico – racial, debido a la participación directa de agentes estatales en los hechos, muchos de estos podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales y masacres.

El informe lo que plantea es que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables, en el marco de la debida diligencia; pero a la vez plantea otras medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática, la lucha contra la impunidad y los derechos humanos.

La oposición que este Informe ha despertado en los sectores más autoritarios de nuestro país no es una sorpresa. Sin embargo, tras todo lo vivido en las últimas décadas, si es preocupante que buena parte de la población conecte con estas narrativas y reproduzca falsas verdades que perpetúan el estigma sobre quienes defienden derechos.

Es claro que uno de los grandes desafíos que tenemos es promover una conciencia de derechos en la población. Nuestra democracia empezará a consolidarse cuando los derechos humanos, principios y libertades fundamentales sean asumidas como ejes para la construcción de un nuevo pacto social.

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Lo que corresponde es inteligencia policial y fiscal, determinación contra la violencia, pero bajo cánones democráticos, en medio de lo cual debe primar la búsqueda del diálogo, instancia que hoy parece guardada en un cajón del despacho del Premier, Alberto Otárola, el principal mentor de la mano dura y el recurso autoritario.

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Como se ve, se trata de trabajos serios sobre la obra de fundamentales autores y artistas desde México hasta Argentina, siempre manteniendo un rico marco interdisciplinario que despierta nuevas y audaces reflexiones.

Como dice la estudiosa peruana Rocío Quispe-Agnoli en la contratapa, «De la misma manera en que los autores y actores de las obras referidas en este volumen buscan la reacción de sus interlocutores, nuestra labor como críticos literarios, artísticos, sociales y humanísticos se somete inevitablemente al escrutinio de ese espacio que se crea entre lo que decimos y lo que aspiramos lograr. Y es en este punto en que las acciones de los intelectuales –como las de los creadores, escritores y artistas– se intersecan con el activismo social y político del presente y el porvenir».

Editora Nómada ha tenido la generosidad de ofrecer el libro en formato PDF para que el público interesado pueda acceder a él. Puede verse en este enlace: https://editoranomada.com/index.php/en/catalog/book/parterahistoria

 Anímese a leerlo.

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Casos como el de Solsiret Rodríguez,cuyos agresores al pagar la caución saldrán en libertad; o como el de Marcela que es sancionada por defender a víctimas de acoso, son solo un ejemplo. 

Los agresores se apoyan en el orden de género, una estructura de poder que los sostiene y se resiste a ceder.  Cada caso que queda impune, es un mensaje claro de permisividad y es un triunfo del patriarcado, que le dice a las mujeres:  si te atreves a cuestionarme, te destruyo. Hasta cuándo?.

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La muerte de Solsiret devino en un caso emblemático. Gracias al trabajo de mujeres como Kathe Soto, la muerte de su compañera fue el aliciente para incorporar la desaparición de mujeres en las Alertas de Emergencia de la Policía Nacional del Perú y su reconocimiento como forma de violencia de género en el reglamento de la Ley N° 30364. A pesar de todos estos antecedentes, el juez Roberto Sucno Jara no ha sido hasta la fecha capaz de resolver el caso, al punto que ayer, martes 17 de mayo, ha liberado a Kevin Villanueva y a Andrea Aguirre por “exceso de carcelería”. Bastará que paguen 60,000 soles y ya, continuarán desde sus casas viendo como al juez le interesa muy poco un feminicidio y todo el impacto que ha tenido en el sistema estatal y en la legislación nacional para proteger a las mujeres. Si el juez fuera consciente del lugar que ocupa al haber dejado libres a los asesinos, si hubiese recibido una capacitación con el enfoque de género para comprender el caso de Solsiret, no estaríamos con esta indignación en el pecho que nos provoca su indiferencia e irresponsabilidad ante un caso que le duele a todo el país. Que el congresista Muñante y sus aliados quieran retirar una capacitación urgente ya sabemos qué clase de consecuencias tendrá.

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Justamente como  Directora Ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar durante la pandemia, vi que el enfoque a la respuesta de este problema social se encuentra centralizado en la pena al delincuente. Las leyes penales han sido modificadas así como la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar-Ley 30364 desde un enfoque punitivo contra el agresor. Claro que debemos sancionar, claro que sí estamos de acuerdo pero creo que actualmente debemos centrarnos en lo esencial para el futuro de nuestra sociedad: las víctimas. ¿Como vamos con la prevención para los más pequeños? ¿Como vamos con  la atención a las pequeñas víctimas? ¿Como vamos con los servicios de salud especializados en la zonas de alta casuística? ¿Que proyecto tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que proponer?

Más bien porque no nos concentramos en nuestro futuro, en darles seguridad a nuestros niñas, niños y adolescentes mediante la real aplicación de la Ley 30364 y el  Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y sus 4 instrumentos y mecanismos de articulación: El Protocolo Base de Actuación Conjunta, el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras, el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, y el Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Porque no se trabaja en las escuelas, barrios, clubes, la prevención de la violencia. 

Manuela, hace un año que nos escribimos, la republica sufre porque su futuro esta cada día en riesgo, sin cuidados ni prevención. Vamos castrando los sueños de nuestros niños y niñas.

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