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[CARTAS A MANUELA SÁENZ] Querida Manuela,

¡Te tengo que contar! No sé si sabías que en 2010 la gobernadora del Distrito Capital de Venezuela llevó dos cofres fúnebres con tierra peruana del puerto piurano de Paita, si donde viviste tu exilio y donde falleciste en 1856, que fueron honrados durante varios días por los venezolanos y una de las urnas se colocó para siempre al lado del sepulcro de Bolívar, en el Panteón Nacional de Caracas. Esto me contó una amiga muy cercana que estuvo por Caracas y sabe de nuestra correspondencia y mi interés en saber de ti. Finalmente, luego de décadas, fuiste reconocida como te mereces. Tu rol en la independencia fue más que romántico, fue también militar. ¡Que honor! Libertadora del Libertador.

Hace unos días, el 6 de agosto, se cumplieron los 199 años de la Batalla de Junín. Tu participaste activamente en contienda por la emancipación peruana debido que Antonio José de Sucre te nombró coronela por tu rol en la Batalla de Pichincha que liberó Ecuador. Así que en Junín, por tu destacada actuación, te dieron el título de Capitán de Húsares. Simón Bolívar decidió aprovechar el momento y subir a encontrar a Canterac, ya que tenía un ejército compuesto por guachos del Río de la Plata, huasos chilenos, llaneros de Nueva Granada y nuestros morochucos. Las armas fueron los sables, lanzas y la caballería. La batalla fue sangrienta, difícil para los patriotas, pero finalmente los húsares nos llevaron al triunfo. Hace tres años, cuando por trabajo me fui por tierra a Huánuco, pasé por pampas de color dorado rodeadas de montañas y sol ardiente. Me acerqué al Obelisco de Chacamarca para honrar la vida de todos los patriotas que lucharon por la independencia nacional contra los españoles. Con esta batalla se sella la independencia del América del Sur de la Corona Española.

Por estas acciones valerosas, en 2007, fuiste ascendida a generala por decreto del presidente ecuatoriano Rafael Correa. Como sabes, las historias de nuestros países sudamericanos están íntimamente ligadas. Tanto del pasado como del presente. Actualmente en la región tenemos un problema social que nos aqueja a todos, la inseguridad ciudadana. Ayer, saliendo de un colegio al norte de Quito, con escolta y resguardo oficial, un sicario disparó tres veces a Fernando Villavicencio, candidato presidencial y segundo en las encuestas. Murió en la calle, a plena luz del día.

La respuesta del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, es estar «indignado y consternado» por el crimen, por ello declaró Estado de Emergencia nacional por 60 días y convocó a una reunión de seguridad de urgencia para abordar el hecho. Prometió identificar a los asesinos. Ecuador vive una ola de violencia e inseguridad en las calles y en las cárceles. El mes pasado el alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, uno de los más populares, fue abatido a tiros mientras visitaba una obra donde también murió Ariana Estefanía Chancay, una deportista que se había acercado al funcionario para pedirle una ayuda. Así mismo, Rinder Sánchez, candidato a diputado por la provincia de Esmeraldas, fue baleado cuando cuatro sujetos supuestamente pretendieron robarle su auto y en febrero, dos aspirantes a alcalde murieron en atentados. Julio, con la muerte del alcalde Intriago, coincidió con un nuevo brote de violencia en las cárceles ecuatorianas. Esta se relaciona con la que vivimos aquí en Perú y sabiendo que la región es un solo bloque, debemos preocuparnos por nuestra seguridad interna de manera urgente y eficiente. No basta la preocupación de las autoridades, se necesitan acciones.

No se combate la violencia con más violencia, llevando armas a las calles. Creo que es una lección aprendida desde la década de 1980, ya que ahí primó la inteligencia policial. Ahora hay que sumar la inteligencia y el uso de la tecnología. El crimen organizado siempre va a tener más recursos que el Estado, por eso, tenemos que actuar hoy con los recursos que tenemos para evitar que mueran más inocentes, jóvenes como Ariana Estefanía Chancay, por estar en el lugar equivocado el día equivocado. No podemos permitir que las calles se vuelvan las batallas del siglo XXI y la destrucción del Estado.

 

 

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Se afirma que el gobierno se encontraba en una situación muy compleja, a la vez que se condena el uso desproporcionado de la fuerza y de armas letales que terminaron con la vida de decenas de personas. De esta forma la CIDH, insta al Estado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos con enfoque étnico – racial, debido a la participación directa de agentes estatales en los hechos, muchos de estos podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales y masacres.

El informe lo que plantea es que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables, en el marco de la debida diligencia; pero a la vez plantea otras medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática, la lucha contra la impunidad y los derechos humanos.

La oposición que este Informe ha despertado en los sectores más autoritarios de nuestro país no es una sorpresa. Sin embargo, tras todo lo vivido en las últimas décadas, si es preocupante que buena parte de la población conecte con estas narrativas y reproduzca falsas verdades que perpetúan el estigma sobre quienes defienden derechos.

Es claro que uno de los grandes desafíos que tenemos es promover una conciencia de derechos en la población. Nuestra democracia empezará a consolidarse cuando los derechos humanos, principios y libertades fundamentales sean asumidas como ejes para la construcción de un nuevo pacto social.

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CIDH, Democracia, derechos humanos, Gobierno, Informe de la CIDH, movilizaciones, protestas, violencia

Lo que corresponde es inteligencia policial y fiscal, determinación contra la violencia, pero bajo cánones democráticos, en medio de lo cual debe primar la búsqueda del diálogo, instancia que hoy parece guardada en un cajón del despacho del Premier, Alberto Otárola, el principal mentor de la mano dura y el recurso autoritario.

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Como se ve, se trata de trabajos serios sobre la obra de fundamentales autores y artistas desde México hasta Argentina, siempre manteniendo un rico marco interdisciplinario que despierta nuevas y audaces reflexiones.

Como dice la estudiosa peruana Rocío Quispe-Agnoli en la contratapa, «De la misma manera en que los autores y actores de las obras referidas en este volumen buscan la reacción de sus interlocutores, nuestra labor como críticos literarios, artísticos, sociales y humanísticos se somete inevitablemente al escrutinio de ese espacio que se crea entre lo que decimos y lo que aspiramos lograr. Y es en este punto en que las acciones de los intelectuales –como las de los creadores, escritores y artistas– se intersecan con el activismo social y político del presente y el porvenir».

Editora Nómada ha tenido la generosidad de ofrecer el libro en formato PDF para que el público interesado pueda acceder a él. Puede verse en este enlace: https://editoranomada.com/index.php/en/catalog/book/parterahistoria

 Anímese a leerlo.

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Casos como el de Solsiret Rodríguez,cuyos agresores al pagar la caución saldrán en libertad; o como el de Marcela que es sancionada por defender a víctimas de acoso, son solo un ejemplo. 

Los agresores se apoyan en el orden de género, una estructura de poder que los sostiene y se resiste a ceder.  Cada caso que queda impune, es un mensaje claro de permisividad y es un triunfo del patriarcado, que le dice a las mujeres:  si te atreves a cuestionarme, te destruyo. Hasta cuándo?.

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La muerte de Solsiret devino en un caso emblemático. Gracias al trabajo de mujeres como Kathe Soto, la muerte de su compañera fue el aliciente para incorporar la desaparición de mujeres en las Alertas de Emergencia de la Policía Nacional del Perú y su reconocimiento como forma de violencia de género en el reglamento de la Ley N° 30364. A pesar de todos estos antecedentes, el juez Roberto Sucno Jara no ha sido hasta la fecha capaz de resolver el caso, al punto que ayer, martes 17 de mayo, ha liberado a Kevin Villanueva y a Andrea Aguirre por “exceso de carcelería”. Bastará que paguen 60,000 soles y ya, continuarán desde sus casas viendo como al juez le interesa muy poco un feminicidio y todo el impacto que ha tenido en el sistema estatal y en la legislación nacional para proteger a las mujeres. Si el juez fuera consciente del lugar que ocupa al haber dejado libres a los asesinos, si hubiese recibido una capacitación con el enfoque de género para comprender el caso de Solsiret, no estaríamos con esta indignación en el pecho que nos provoca su indiferencia e irresponsabilidad ante un caso que le duele a todo el país. Que el congresista Muñante y sus aliados quieran retirar una capacitación urgente ya sabemos qué clase de consecuencias tendrá.

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Enfoque de género, hombres, jueces, violencia

Justamente como  Directora Ejecutiva del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar durante la pandemia, vi que el enfoque a la respuesta de este problema social se encuentra centralizado en la pena al delincuente. Las leyes penales han sido modificadas así como la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar-Ley 30364 desde un enfoque punitivo contra el agresor. Claro que debemos sancionar, claro que sí estamos de acuerdo pero creo que actualmente debemos centrarnos en lo esencial para el futuro de nuestra sociedad: las víctimas. ¿Como vamos con la prevención para los más pequeños? ¿Como vamos con  la atención a las pequeñas víctimas? ¿Como vamos con los servicios de salud especializados en la zonas de alta casuística? ¿Que proyecto tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que proponer?

Más bien porque no nos concentramos en nuestro futuro, en darles seguridad a nuestros niñas, niños y adolescentes mediante la real aplicación de la Ley 30364 y el  Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar y sus 4 instrumentos y mecanismos de articulación: El Protocolo Base de Actuación Conjunta, el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras, el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, y el Centro de Altos Estudios contra la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. Porque no se trabaja en las escuelas, barrios, clubes, la prevención de la violencia. 

Manuela, hace un año que nos escribimos, la republica sufre porque su futuro esta cada día en riesgo, sin cuidados ni prevención. Vamos castrando los sueños de nuestros niños y niñas.

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sociedad, violencia

Son muchas las veces que se llama la atención sobre la violencia contra las mujeres, es claro que este es uno de los principales problemas que tiene el país. Un drama que a pesar de los esfuerzos no logra erosionarse y que semana tras semana nos hace horrorizarnos con nuevos casos. 

Entre enero y octubre del 2021, el Ministerio de la Mujer ha registrado 114 casos de feminicidios, más de un centenar de mujeres que fueron asesinadas, muchos niños y niñas que quedaron sin madre; y una sociedad que se daña y se deshumaniza como consecuencia de la violencia de género. 

El feminicidio como crimen no es un hecho aislado es producto de la permanencia de otras formas de violencia, de la minimización que se hace de otros hechos de agresión, de la falta de atención a las denuncias, de medidas de protección inoperantes y de la impunidad. Muchas mujeres antes de ser asesinadas sufrieron otras formas de agresión como el acoso, la violencia psicológica, física y/o sexual. Muchas expresaron sus miedos, alertaron a sus entornos, a las autoridades, muchas buscaron ayuda y encontraron la indiferencia, muchas intentaron huir.

El feminicidio es un crimen que puede evitarse, porque la violencia contra las mujeres puede y debe prevenirse. De hecho, la obligación de prevención es parte de la debida diligencia que debe cumplir el Estado en materia de violencia contra las mujeres.  

En este escenario tan doloroso y trágico, el Congreso de la República blindó a un agresor, al congresista Luis Cordero Join Tay denunciado por acoso, violencia física y sexual por parte de su expareja. 

El martes 6 de diciembre del 2021, debemos recordarlo como el día en que la Comisión de ética del Congreso de la República protegió – con argumentos absurdos- a un agresor; convirtiéndose en un canal de impunidad y enviando – a su vez – un mensaje de permisividad y tolerancia frente a la violencia hacia las mujeres. Nada más vergonzoso. 

Luego de este proceder y de las declaraciones públicas de la presidenta de la Comisión Karol Paredes (Acción Popular) quién justificó la decisión y mandó a investigar a los medios de comunicación; es claro que el espacio se conduce sin ética, en un marco de extraños y pobres valores que ningún favor le hacen al país. 

La lucha contra la violencia hacia las mujeres es un asunto de derechos humanos y por lo tanto debe ser una prioridad ética. Al parecer, en el actual Congreso, no lo entienden así. Quedó claro que este grave problema social solo se utiliza con fines políticos, pero no existe un auténtico interés por abonar a su erradicación. Lamentable. 

Gracias a la insistencia de la Congresista Ruth Luque, una de las pocas que voto a favor de la investigación en la Comisión, se han logrado los votos para que la nefasta decisión pueda ser reconsiderada en una nueva sesión a desarrollarse este jueves 9 de diciembre, esperemos que sea oportunidad para enmendar el terrible error, aunque el daño ya está hecho. 

 

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Ocurrió este año en Francia. El 5 de octubre la Comisión Independiente de Abusos Sexuales en la Iglesia, encargada por el episcopado francés en noviembre 2018 de investigar la pederastia clerical en el país galo, publicó un devastador informe. Desde 1950 han actuado en la Iglesia católica francesa entre 2,900 y 3,200 pederastas, y el número de víctimas de sacerdotes y religiosos asciende a por lo menos 216,000. Si se incluyen también a los abusadores laicos que trabajaban para la Iglesia, el número asciende a por lo menos a 330,000 víctimas.

Aún así, la gran mayoría de los autoridades de la Iglesia siguen sin ver que las raíces del problema están en el sistema eclesiástico mismo. Y si bien el celibato obligatorio para presbíteros ordenados en la Iglesia católica romana no explicaría todo el problema, sí sería parte importante de él. Como decía el cardenal italiano Carlo María Martini SJ (1027-2012): «Tal vez, no todos los hombres que estén llamados al sacerdocio tengan ese carisma [del celibato]». Y claro, si se ven obligados a guardar esta norma, la tragedia está servida. Y se manifiesta generalmente en una sexualidad vivida en los subterráneos de la existencia. Una sexualidad reprimida que puede eclosionar de la peor manera cuando se aprovecha la condición de guía espiritual para seducir a personas que están bajo su responsabilidad, entre ellas menores de edad.

Quienes hemos vivido bajo la obligación de celibato en las comunidades sodálites sabemos lo frágil que es la promesa de mantenerse alejado de la expresión de una sexualidad activa, por más vida espiritual y ascetismo que se practique. Como se dice en el lenguaje católico, uno siempre termina “cayendo” de una u otra manera. Lo más grave es que esto va unido a una falta de percepción del terrible daño que se puede causar, si la caída ha involucrado a otra persona a la que se ha manipulado psicológicamente para que realice ciertos actos, sin que haya habido un auténtico libre consentimiento de su parte.

En un voluminoso libro de espiritualidad que leíamos a diario en las comunidades sodálites, el “Ejercicio de perfección y virtudes cristianas” del P. Alonso Rodríguez SJ (1526-1616), teólogo jesuita del Siglo de Oro español, se cuenta lo siguiente en la parte que trata “De la virtud de la castidad”:

«¿A quién no espantará aquel ejemplo que cuenta Lipomano de Jacobo, ermitaño, que después de haber servido al Señor más de cuarenta años con grandísimo rigor y penitencia, siendo ya de edad de sesenta años e ilustre en milagros y en echar demonios, le llevaron una doncella para que le sacase un demonio, y después de echado, no osaron los que la trajeron llevarla consigo, porque el demonio no se le atreviese, y él permitió que se quedase con él. Y porque se fio y presumió de sí, permitió Dios que cayese; y porque un pecado llama a otro, hecho el mal recaudo, con miedo de ser descubierto, la mató y echó en un río; y por remate de todo, desesperado de la misericordia de Dios, se determinó de volver al siglo a entregarse del todo a los vicios y pecados que tan tarde había comenzado. Aunque después no le faltó la misericordia de Dios, que le volvió a sí; y hecha rigurosísima penitencia de diez años, volvió a cobrar la santidad primera, y fue santo canonizado».

El relato chirría por todas partes, comenzando por el hecho de que la víctima es el ermitaño que cayó en la tentación, mientras que la joven violada y asesinada es una anécdota más. El abuso sexual que aquí se narra es tratado solamente como una falta contra la castidad. No interesan para nada ni la víctima ni sus eventuales familiares. El final feliz consiste en que el ermitaño, que debería haber sido juzgado por los crímenes que cometió, después de dedicarse durante un tiempo a la dolce vita, hace penitencia y termina convirtiéndose en un santo.

Ni qué decir, un ejemplo así sólo refleja la conciencia que la Iglesia católica ha tenido del abuso sexual y que no parece haber evolucionado ni cambiado en la actualidad. Como ocurre en el caso del Sodalicio, donde las víctimas han sido tratadas como meras anécdotas, mientras se espera que el “castigo” con propósito de enmienda que supuestamente está cumpliendo Luis Fernando Figari en su retiro romano ayude a que se redima de sus “pecados” y le permita alcanzar la santidad que tanto proclamaba en sus escritos.

El tema de los abusos sexuales eclesiásticos es complejo y la eliminación del celibato obligatorio para los clérigos no lo solucionaría del todo, pero probablemente ayude a mitigarlo —pues una relación sexual madura forma parte del desarrollo humano de una persona— y contribuiría a disminuir el número de curas psicológicamente inmaduros. Por ejemplo, un estudio comisionado por los obispos estadounidenses a fines de los años 60 al P. Eugene C. Kennedy y a Víctor Heckler (“The Catholic Priest in the United States: Psychological Investigations”) y enviado a los obispos en 1971 llegaba a la conclusión de que sólo el 7% de los clérigos estaban emocionalmente desarrollados, otro 18% estaba en proceso, 66% estaba emocionalmente subdesarrollado y un 8% presentaba un desarrollo emocional torcido. Por supuesto, el episcopado no discutió estos resultados e ignoró el informe.

No niego que el celibato también puede ser una opción madura, siempre y cuando la persona tenga vocación para ese estado de vida y lo elija libremente, sin que se vea obligada por las funciones que se quiere desempeñar. Sin embargo, existe una obsesión patológica entre las autoridades eclesiásticas por mantener una práctica que ni siquiera es tan antigua como se nos quiere hacer creer.

El historiador eclesiástico alemán Hubert Wolf describe la evolución del celibato como sigue. En el cristianismo de los orígenes, tal como está reflejado en los escritos del Nuevo Testamento, lo más común era que los sacerdotes estuvieran casados, con la única restricción de que, en caso de enviudar, no les estaría permitido volver a casarse. Los mismos doce apóstoles de Jesús habrían tenido mujer, como era común en el judaísmo de esa época. A partir del siglo IV se les habría exigido a los sacerdotes la abstinencia sexual temporal dentro del matrimonio, pero sólo cuando debían dedicarse al servicio del altar —una Misa, por ejemplo—. A partir de los siglo VI y VII se les pide a los curas en Occidente abstenerse de relaciones sexuales con su mujer, es decir, vivir con ella como si fueran hermanos —lo cual en la práctica difícilmente se cumplía—.

A partir del siglo X, debido a la influencia de algunos Papas que provenían de comunidades monacales que practicaban el celibato y que condenaban las relaciones sexuales como “impureza” y “suciedad”, se les exige a los curas separarse de sus mujeres, a las cuales ya no se llamó “esposas” sino “concubinas”. Y concubina era cualquier mujer que compartiera cama con un cura, ya sea que estuviera casada legítimamente con él o no. Esto generó una amplia resistencia de parte del estrato clerical, y muchas veces se tuvo que imponer esa norma que venía de lo alto con violencia, a sangre y fuego. Por ejemplo, a mediados del siglo XI el Papa León IX convirtió en esclavas de su palacio a todas las mujeres de Roma que convivieran con clérigos. Otro ejemplo fue lo ocurrido en Milán, donde el obispo ofrecía resistencia a los mandatos de Roma. En 1063 el Papa Alejandro II dio la señal para el inicio de una suerte de guerra civil que duraría hasta 1075, donde turbas guiadas por monjes expulsaban a los curas de sus parroquias, o los mataban delante del altar junto con sus mujeres y sus hijos. Y durante su pontificado el Sínodo de Girona de 1068 determinó que todo clérigo que tenga mujer o concubina dejará de ser clérigo, perderá sus prebendas y deberá estar en la Iglesia entre los laicos. Si desobedeciera, ningún cristiano deberá saludarlo, ninguno comer y beber con él, ninguno rezar junto con él en la Iglesia; si se enferma, nadie deberá visitarlo y, en la medida en que muera sin penitencia y comunión, no deberá ser enterrado.

En 1139 se declara por primera vez que la ordenación sacerdotal hace inválido cualquier matrimonio que un clérigo atente con una mujer. Y recién en el Código de Derecho Canónico de 1917 se establece que el matrimonio es impedimento para ser ordenado sacerdote. Por supuesto, hay excepciones, como en las Iglesias orientales, donde hombres casados pueden ser ordenados sacerdotes, o en el caso de sacerdotes casados de la Iglesia anglicana que hayan decidido pasarse a la Iglesia católica.

Pero una cosa son las normas y otra, la vida real. Sería ilusorio creer que, por el solo hecho de existir el precepto del celibato obligatorio para los curas, éstos se convierten en seres angelicales para los cuales la sexualidad no existe. La vida sexual de los clérigos es un hecho, según lo demuestran incontables testimonios históricos. Como reza un dicho popular: «El cura es aquella persona a la que todos llaman padre, menos sus hijos, que lo llaman tío». La convivencia con una mujer ha asumido diversos disfraces y la compañera sentimental del clérigo con frecuencia ha ocupado el puesto de ama de llaves o de cocinera de la casa parroquial.

Lo cierto es que no existe ningún argumento de peso para mantener el celibato obligatorio de los curas, los cuales también tienen derechos, entre ellos el que señala la declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su artículo 16: «Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia…»

El celibato impuesto es un acto de violencia. Y como acto violento, también tiene consecuencias violentas. La historia de abusos de la Iglesia católica así lo demuestra.

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