inseguridad

[La columna deca(n)dente] En El día de la bestia (1995), extraordinaria película española de Álex de la Iglesia, el padre Ángel, un sacerdote convencido de que debe salvar al mundo del Anticristo, toma una decisión chocante: robar la billetera de un moribundo. El acto, en su absurda lógica, forma parte de su misión: hacer el mal para infiltrarse en las fuerzas oscuras. Aunque grotesca, la escena es una sátira que nos invita a reflexionar sobre los límites de la moral y la ética.

Sin embargo, cuando la ficción se encuentra con la realidad, el impacto deja de ser reflexivo y se convierte en una herida abierta. En un caso reciente, dos policías, encargados de proteger la vida y la seguridad, robaron el dinero y el celular de un colega que yacía gravemente herido tras haber recibido un disparo en el rostro. La tragedia no reside solo en el acto, sino en lo que revela: un sistema profundamente descompuesto y carente de humanidad.

Mientras que el acto del sacerdote en la película está envuelto en el absurdo y justificado por una causa extrema, lo que hicieron estos policías no tiene más lógica que el egoísmo puro. Es una traición a los principios más básicos de solidaridad y decencia, un recordatorio brutal de cómo las instituciones, cuando fallan, pueden generar no solo incompetencia, sino también perversión moral.

Estos actos evocan la inquietante idea de la «banalidad del mal» de Hannah Arendt: el mal no siempre se manifiesta en grandes gestos de destrucción, sino en la rutina de pequeños actos egoístas, cometidos por personas comunes que renuncian a pensar en las consecuencias de sus acciones. En este caso, el robo no es solo un crimen, sino también un reflejo de cómo se ha normalizado la deshumanización, incluso en el ámbito de quienes deberían protegernos.

En la película, el robo del sacerdote es un recurso narrativo para desatar la reflexión. Nos muestra cómo, bajo circunstancias extremas, las nociones de bien y mal pueden distorsionarse hasta el absurdo. En la vida real, estos actos extremos no buscan provocar pensamiento crítico: son la evidencia de un sistema que no enseña ni refuerza los valores éticos necesarios para sostener una sociedad.

Este caso nos enfrenta a nuestra propia «bestia», no como una entidad sobrenatural, sino como un espejo de lo que hemos permitido que ocurra en nuestras instituciones y en nuestra sociedad. Cada acto de este tipo es un recordatorio de que la lucha contra la corrupción y la impunidad no es una cruzada idealista: es una necesidad urgente para evitar que el tejido ético que nos une siga desmoronándose.

Porque, al final, no se trata de un sacerdote enfrentándose al Anticristo. Se trata de nosotros, como sociedad, enfrentándonos a nuestra incapacidad de mantenernos humanos frente al caos y la miseria moral. 

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[La columna deca(n)dente] En una de las entrevistas más desafortunadas de este año, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha demostrado que la desconexión con la realidad nacional parece haberse convertido en el sello distintivo del gobierno de Dina Boluarte. Sus declaraciones sobre las protestas de transportistas y otros ciudadanos a nivel nacional, coincidentes con la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), no solo minimizaron un problema alarmante, sino que reflejaron la insistencia del Ejecutivo en negar la gravedad de la crisis que enfrenta el país.

Para contextualizar, los transportistas alzaron su voz en medio de una ola de criminalidad que cobra vidas de choferes y trabajadores. Sin embargo, lejos de priorizar este grave problema, Pérez Reyes se mostró más preocupado por el momento elegido para protestar, calificándolo de inoportuno por coincidir con la “fiesta” de la APEC.

Lo que resulta realmente preocupante es su intento de deslegitimar las demandas. En respuesta al periodista Martín Riepl, quien le recordó que el Perú no está precisamente de fiesta sino enfrentando una crisis de inseguridad y violencia creciente, el ministro lanzó una pregunta indignante: “¿A quiénes están matando?”. En un país donde el sicariato y la extorsión son noticias cotidianas, esta pregunta no solo es brutalmente insensible, sino que también busca minimizar los hechos.

Para el ministro, las pancartas que claman “nos están matando” son simples herramientas de una “agenda política”. Vincular reclamos legítimos con la “izquierda radical” o con fines electorales es una estrategia conocida del gobierno de Boluarte: descalificar la protesta para evitar atender sus causas. Este tipo de discurso refuerza la percepción ciudadana de que el gobierno no tiene interés en escuchar las demandas ni resolverlas.

En este contexto, el rol de la APEC merece especial atención. Este evento internacional era, para el Ejecutivo, una oportunidad de oro para proyectar al Perú como un país estable y seguro. Sin embargo, al minimizar las protestas y calificar de politizados a quienes las impulsan, el ministro Pérez deja entrever un problema mayor: la prioridad del gobierno no es resolver las crisis internas, sino proyectar una fachada de normalidad hacia el exterior.

Este intento por “normalizar” la situación interna se alinea con un patrón observado desde diciembre de 2022, cuando la represión gubernamental dejó 49 muertos en el contexto de las manifestaciones. Las voces que exigen justicia para las víctimas han sido etiquetadas como oportunistas e interesadas, perpetuando un discurso que intenta invisibilizar tales crímenes. Es evidente que el Ejecutivo busca mantener un discurso donde el orden se impone frente al caos, pero lo hace a un costo altísimo: la erosión de la confianza y el respaldo ciudadano.

En política, las palabras importan, y las del ministro Pérez Reyes no han hecho más que ahondar el malestar general. Su metáfora de la “fiesta” trivializa el descontento social. Su pregunta sobre las víctimas no solo constituye una falta de respeto, sino también una negación de la realidad que viven miles de compatriotas. Y su insistencia en deslegitimar las protestas evidencia un gobierno que interpreta las críticas como una amenaza.

El país no necesita ministros que minimicen los problemas ni discursos que maquillen la realidad. Necesita que el gobierno de Boluarte escuche, actúe y priorice la vida de sus ciudadanos por encima de todo. Porque, a diferencia de lo que piensa el ministro, el Perú no está en una fiesta. Está de duelo.

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APEC, crímenes, Dina Boluarte, inseguridad, MInistro de transporte

[La columna deca(n)dente] Hoy nos enfrentamos a una de las más graves amenazas contra la vida, la seguridad y el derecho al trabajo: el crimen organizado. Los transportistas se han visto obligados a paralizar sus labores, no por capricho, sino como un acto desesperado en defensa de sus vidas. Este paro es un grito de auxilio ante la extorsión, la violencia y el terror que imponen las mafias criminales.

Estas organizaciones, fortalecidas por leyes que favorecen sus acciones gracias al Congreso y por la colosal inacción del gobierno, han llegado al extremo de disparar contra las unidades de transporte, lanzar granadas, quemar vehículos y asesinar a conductores que no pagan los llamados “cupos”. Ante esta brutalidad, los transportistas han decidido suspender sus actividades como única forma de exigir protección y justicia. Hoy, más que nunca, el gobierno y el Congreso tienen el ineludible deber de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y su derecho a trabajar en libertad, sin temor a perder la vida.

Un Estado que no puede proteger a su población se convierte en un Estado fallido. Las leyes, en lugar de combatir la criminalidad, han otorgado a estas organizaciones criminales una mayor capacidad de acción. Esas leyes, lejos de frenar el avance del crimen, han empoderado a las mafias, exacerbando su violencia y control sobre sectores como el transporte y los pequeños negocios.

La negativa del Congreso a derogar las leyes que claramente han fortalecido al crimen organizado es, cuando menos, preocupante. ¿Cómo se explica que congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos, entre otros, cuya principal responsabilidad es velar por el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos, insistan en mantener normas que benefician a las mafias? Esta pasividad, que raya en complicidad, genera sospechas de intereses comunes con las organizaciones criminales para garantizar su impunidad. La inacción del Congreso no solo perpetúa la violencia, sino que lo convierte en un actor clave en la crisis que enfrenta el país. El silencio legislativo, frente a la creciente evidencia de que estas leyes alimentan el caos y la inseguridad, es una traición directa a los ciudadanos. La falta de voluntad política para revertir estas normativas plantea una dolorosa pregunta: ¿quiénes se benefician realmente de esta protección legal a las organizaciones criminales?

Finalmente, exigimos al gobierno, al Congreso y a todas las autoridades competentes que tomen medidas urgentes y efectivas para desmantelar estas organizaciones. No podemos permitir que el país se hunda en el caos, donde la vida y la seguridad de los ciudadanos se vuelven negociables. Es momento de actuar con firmeza: derogar las leyes que favorecen al crimen organizado y restaurar la confianza en las instituciones. El país necesita un gobierno que proteja a sus ciudadanos, defienda la vida y recupere el control de la seguridad. La vida es el valor más sagrado y está en juego. ¡No más inacción, no más impunidad, no más leyes que favorecen la criminalidad!

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complicidad, Congreso, Gobierno, inseguridad, leyes pro-crimen

En las últimas semanas, los ciudadanos peruanos hemos estado esperando el anuncio presidencial de cuáles serían los ministerios a fusionarse olvidándonos un poco de los verdaderos problemas del país.

Si bien una reforma del ejecutivo es un tema altamente deseable, para un gobierno que se enfila a los últimos meses de su mandato, ésta no pareciera que debería ser una de sus prioridades.

Un reciente estudio de la FAO indica que el 51.7% de los peruanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada. Por otro lado, los niveles de anemia ascienden a 42.8% para la población menor a 36 meses de edad, según el propio MINSA. La primera prioridad de cualquier gobierno debe ser que ningún peruano pase hambre, estar subalimentado o sufrir de anemia.

El país continúa con niveles de inseguridad sin precedentes. Quizá lo más cercano para que los que pintamos algunas canas es la violencia terrorista que se vivió a fines de los 80’s y principios de los 90’s, pero era otro tipo de inseguridad. Estábamos bajo un ataque armado de subversivos que atentaban, sin miramientos y sin escrúpulos, la vida de pacíficos ciudadanos. 

Ahora, son los empresarios, grandes y pequeños, y el ciudadano común, los que son objeto constante de amenazas de bandas de extorsionadores, amenazas que se concretan a través de sicarios, terminando con la vida de quienes, con su sudor, dan empleo a muchos peruanos. La lucha contra la inseguridad ciudadana es otra prioridad, la segunda de la lista.

Sacar una cita para atenderse en algún hospital del estado es casi un imposible y si por mala suerte tienes un accidente, como una rotura de cadera que muchas mujeres adultas mayores sufren con frecuencia, te expones a esperar sentada por horas una cama, sí, sentada con fractura de cadera, y una vez en la cama de emergencia, rogar a que se libere una cama de cuarto, lo cual puede durar varios días. Tercera prioridad.

En marzo pasado, la Contraloría, luego de realizar inspecciones, alertó que en las instituciones educativas públicas (IIEE) existen “deficiencias de infraestructura, carencia de servicios básicos y necesidad de docentes lo que pone en riesgo la salud integridad de los estudiantes y la prestación del servicio educativo” . Si queremos elevar la calidad de la educación de forma integral, esta debería ser la cuarta prioridad.

Una manera de atacar sin piedad la subalimentación y la anemia es contando con un programa que podría llamarse Combo 365 donde a todo niño y niña en edad escolar se le ofrezca desayuno y almuerzo en sus locales escolares TODOS los días del año, incluyendo fines de semana y feriados. Esto implicaría que en paralelo el gobierno se concentre en mejorar de inmediato la infraestructura básica de los colegios.

Tenemos que ser implacables contra la extorsión y el sicariato dotando a la PNP de unidades motorizadas, personal y tecnología de punta, y decidir en conjunto, la mejor estrategia para que los delincuentes, una vez detenidos, no puedan ser fácilmente liberados. Queremos ver un Ministerio del Interior, Poder Judicial Fiscalía y PNP unidos y no en disputas que solo benefician a los malhechores. 

La reforma del nivel de atención de la salud pública lleva años dándole la espalda a los ciudadanos con evidente desidia y desinterés. Es prioritario que se implementen al 100% todos los centros y hospitales a la par que se profesionaliza la administración de los centros de salud para que los médicos se dediquen enteramente a su profesión.

Por último, si bien es plausible el énfasis en desarrollar colegios emblemáticos como las Escuelas Bicentenario, es urgente que TODOS nuestros escolares cuenten con baños con agua limpia, con desagües que encuentren al menos silos bien hechos y mantenidos, con todas las carpetas sillas e implementos para estudiar, y con un local noble donde nuestros escolares puedan soñar con un mañana mejor y tener las herramientas para lograr esos sueños.

Si el gobierno de la presidenta Boluarte se enfoca en estas 4 prioridades, asumiendo que los sectores productivos generadores de ingresos dinamizan la interacción con los respectivos ministerios, podríamos estar viendo no solamente resultados tangibles en cada una de ellas al final de este mandato presidencial, sino también, una mejora en el índice de pobreza multidimensional que toma en cuenta estos factores.

Faltan 23 meses para el cambio de gobierno y menos de 18 meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2026. Siempre se puede repensar en las prioridades y actuar en consecuencia.

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Le pregunto al verlo, “por qué hizo eso”, el de enfrentarse al “choro”, y me responde: “¿Te imaginas si hubieran muerto por mi despedida? ¿La carga que hubiera tenido que sobrellevar? Como la persona que soy, no podía permitirlo”. Escribo esta columna al terminar de oír su desafortunada experiencia, contándome también casos similares que se sufren a diario en Perú –me contó también lo que le había contado el encargado del hotel, los casos que se ven todos los días como muertes-. Si seguimos por ese derrotero, las personas comenzarán a hacer justicia a mansalva con sus propias manos, como ya se ve en muchos vídeos virales. Él pudo haber sido un número más de aquella trágica y larga lista de fallecidos por la demencial delincuencia que impera y campea Lima. Esta casita cartón cierra con tristeza e impotencia su columna, pero no sin antes invitar a los peruanos residentes en la “Ciudad de la Furia”, a presenciar de la Feria del Libro de Buenos Aires, en la Rural, donde tendré la dicha de presentar mi libro este viernes 5 a las 20 horas, en el stand 1712, Pabellón Amarillo. Y con la presentación de Pancho Casas, el mítico integrante de aquel movimiento artístico que revolucionara las calles de Santiago de Chile en plena dictadura de Pinochet, con el eternamente recordado, Pedro Lemebel, “Las Yeguas del Apocalipsis”, quien llegara recientemente del MoMA (Museo de Arte moderno de New York) donde fue condecorado. Hasta ese día.

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La seguridad ciudadana es fundamental para la democracia ya que permite a los ciudadanos ejercer sus derechos y libertades de manera efectiva y pacífica. La prevención del delito y la violencia garantiza la estabilidad social, el respeto al Estado de derecho y la confianza en las instituciones democráticas.

Súmele uno pésima salud pública, mediocre educación estatal y corrupción generalizada a un estado absoluto de inseguridad y entenderá por qué los gobiernos en el Perú son rápidamente desaprobados.

La del estribo: imprescindible el enjundioso último libro de Fernando Tuesta Soldevilla, La reforma política, ideas y debates para un mejor gobierno, que publica la editorial Debate. Incluye reflexiones sobre la reforma política del último quinquenio, el sistema de partidos, el sistema electoral, el de gobierno, el Parlamento, el financiamiento de la política y los mecanismos de democracia directa.

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Con respecto a los problemas sociales, el alcalde debe resolverlos, pues tienen gerencias sociales que velan por el bienestar de los vecinos. Prohibir la mendicidad o el trabajo ambulatorio no va a cambiar en nada la necesidad de mendigar de aquellos que no tienen hogar o de vender lo que pueden o de limpiar parabrisas o bailar bajo semáforos. Ellos y ellas son vecinos y vecinas que necesitan incluirse con servicios de calidad; si son jóvenes, buscarles estudios o trabajo y, si son personas con adicción, buscarles centros de salud. Prohibiendo su existencia no resuelve el gran problema de inseguridad de la ciudad ni los temas de fondo que la alimentan. 

Las grandes ciudades hoy tienen problemas parecidos de inseguridad, retos que avanzar, pero la óptica es desde una mejor calidad de vida para los vecinos y no con engaños o ideas poco sostenibles. Los limpiaparabrisas no son trabajadores ni emprendedores, sino vecinos que carecen de oportunidades y terminan en esa situación. La inseguridad no es solo un tema policial y judicial, tiene que ver con factores sociales que ponen en riesgo la calidad de vida de los ciudadanos. Las ciudades modernas llevan a retos constantes. En el caso de Austin y las personas en situación de calle se optó por agruparlas en un parque, llevarles comida y abrigo, pero eso afectó el barrio y bajaron los precios de los inmuebles. Las decisiones de nuestras autoridades deben pensar en el bien común, tanto del limpiaparabrisas como el de restos de ciudadanos. 

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Casos como el de Solsiret Rodríguez,cuyos agresores al pagar la caución saldrán en libertad; o como el de Marcela que es sancionada por defender a víctimas de acoso, son solo un ejemplo. 

Los agresores se apoyan en el orden de género, una estructura de poder que los sostiene y se resiste a ceder.  Cada caso que queda impune, es un mensaje claro de permisividad y es un triunfo del patriarcado, que le dice a las mujeres:  si te atreves a cuestionarme, te destruyo. Hasta cuándo?.

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En un contexto de crisis, desastre natural o incertidumbre, es natural que se reaccione con inseguridad o nerviosismo, pero estar en permanente estado de miedo o desconfianza, sí representa un problema para la toma de decisiones.

En un artículo de EAE Business School, la escuela de negocios indica que, carecer de confianza en nuestras capacidades es un claro obstáculo cuando se trata de desarrollar proyectos, generar nuevas ideas, tener un alto grado de autonomía y desarrollar las funciones delegadas.

Para resolverlo recomiendan mantener la mente activa y abierta a los cambios, lo que permitirá que los cambios sean menos difíciles de afrontar, enfrentar los miedos y desterrar la idea de la perfección, porque está bien tener expectativas, pero tampoco tomarlo tan en serio.

También aconsejan disminuir las necesidades. “Una buena parte de lo que necesitamos no es prioritario. Empiece por identificar aquellas cosas que no son relevantes y ocúpese de las que sí lo son. A veces la inseguridad se fundamenta en no poder dar respuesta a necesidades de segundo o tercer grado”, indican.

Ir al origen de las inseguridades

A través de su columna “The Mindful Self-Express” (la autoexpresión consciente) en Psychology Today, la psicóloga y coach Melanie Greenberg, considera que la inseguridad puede tener varias causas. Cuando el nerviosismo proviene de algún evento traumático como un fallecimiento o alguna ruptura amorosa, recomienda darse un tiempo para recuperarse, comunicarse con familiares y amigos, y estar dispuesto a probar nuevas estrategias.

En cambio, cuando se ha vuelto una sensación constante ante situaciones sociales, señala que es bueno prepararse con anticipación y para las reuniones, pensar en las cosas de las que se puede hablar en el encuentro. Si la inseguridad esconde un afán de perfeccionismo, sugirió pensar en qué tan diferente sería si su trabajo si llegara a lo que aspira o si valdría la pena el tiempo y la energía gastados.

“Los perfeccionistas a menudo tienen una autoestima condicional: se gustan a sí mismos cuando están en la cima y no se gustan cuando las cosas no salen como quieren”, refiere.

Otra forma de ver el tema es desde el punto de vista social. Svenja Weber y Gianpiero Petriglieri, profesores de comportamiento organizacional, precisan en un artículo para Harvard Business Review, que antes que un problema psicológico, es un problema social.

“La investigación sobre mujeres y minorías en entornos profesionales, por ejemplo, ha dejado en claro que la inseguridad es mucho más un problema social que psicológico. Si bien las mujeres son constitucionalmente tan seguras como los hombres, un cóctel de mensajes contradictorios y retroalimentación personal teñida de prejuicios (sea auténtico, pero menos emocional) las coloca en circunstancias que harían que cualquiera dudara”, explican.

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