En las últimas semanas, los ciudadanos peruanos hemos estado esperando el anuncio presidencial de cuáles serían los ministerios a fusionarse olvidándonos un poco de los verdaderos problemas del país.
Si bien una reforma del ejecutivo es un tema altamente deseable, para un gobierno que se enfila a los últimos meses de su mandato, ésta no pareciera que debería ser una de sus prioridades.
Un reciente estudio de la FAO indica que el 51.7% de los peruanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada. Por otro lado, los niveles de anemia ascienden a 42.8% para la población menor a 36 meses de edad, según el propio MINSA. La primera prioridad de cualquier gobierno debe ser que ningún peruano pase hambre, estar subalimentado o sufrir de anemia.
El país continúa con niveles de inseguridad sin precedentes. Quizá lo más cercano para que los que pintamos algunas canas es la violencia terrorista que se vivió a fines de los 80’s y principios de los 90’s, pero era otro tipo de inseguridad. Estábamos bajo un ataque armado de subversivos que atentaban, sin miramientos y sin escrúpulos, la vida de pacíficos ciudadanos.
Ahora, son los empresarios, grandes y pequeños, y el ciudadano común, los que son objeto constante de amenazas de bandas de extorsionadores, amenazas que se concretan a través de sicarios, terminando con la vida de quienes, con su sudor, dan empleo a muchos peruanos. La lucha contra la inseguridad ciudadana es otra prioridad, la segunda de la lista.
Sacar una cita para atenderse en algún hospital del estado es casi un imposible y si por mala suerte tienes un accidente, como una rotura de cadera que muchas mujeres adultas mayores sufren con frecuencia, te expones a esperar sentada por horas una cama, sí, sentada con fractura de cadera, y una vez en la cama de emergencia, rogar a que se libere una cama de cuarto, lo cual puede durar varios días. Tercera prioridad.
En marzo pasado, la Contraloría, luego de realizar inspecciones, alertó que en las instituciones educativas públicas (IIEE) existen “deficiencias de infraestructura, carencia de servicios básicos y necesidad de docentes lo que pone en riesgo la salud integridad de los estudiantes y la prestación del servicio educativo” . Si queremos elevar la calidad de la educación de forma integral, esta debería ser la cuarta prioridad.
Una manera de atacar sin piedad la subalimentación y la anemia es contando con un programa que podría llamarse Combo 365 donde a todo niño y niña en edad escolar se le ofrezca desayuno y almuerzo en sus locales escolares TODOS los días del año, incluyendo fines de semana y feriados. Esto implicaría que en paralelo el gobierno se concentre en mejorar de inmediato la infraestructura básica de los colegios.
Tenemos que ser implacables contra la extorsión y el sicariato dotando a la PNP de unidades motorizadas, personal y tecnología de punta, y decidir en conjunto, la mejor estrategia para que los delincuentes, una vez detenidos, no puedan ser fácilmente liberados. Queremos ver un Ministerio del Interior, Poder Judicial Fiscalía y PNP unidos y no en disputas que solo benefician a los malhechores.
La reforma del nivel de atención de la salud pública lleva años dándole la espalda a los ciudadanos con evidente desidia y desinterés. Es prioritario que se implementen al 100% todos los centros y hospitales a la par que se profesionaliza la administración de los centros de salud para que los médicos se dediquen enteramente a su profesión.
Por último, si bien es plausible el énfasis en desarrollar colegios emblemáticos como las Escuelas Bicentenario, es urgente que TODOS nuestros escolares cuenten con baños con agua limpia, con desagües que encuentren al menos silos bien hechos y mantenidos, con todas las carpetas sillas e implementos para estudiar, y con un local noble donde nuestros escolares puedan soñar con un mañana mejor y tener las herramientas para lograr esos sueños.
Si el gobierno de la presidenta Boluarte se enfoca en estas 4 prioridades, asumiendo que los sectores productivos generadores de ingresos dinamizan la interacción con los respectivos ministerios, podríamos estar viendo no solamente resultados tangibles en cada una de ellas al final de este mandato presidencial, sino también, una mejora en el índice de pobreza multidimensional que toma en cuenta estos factores.
Faltan 23 meses para el cambio de gobierno y menos de 18 meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2026. Siempre se puede repensar en las prioridades y actuar en consecuencia.
