recesión

[CIUDADANO DE A PIE] ¡La economía, estúpido! es una expresión que se hizo famosa durante la carrera por la Presidencia de los Estados Unidos en 1992 y que, tergiversada, es hoy comúnmente utilizada por los grupos de poder y sus voceros para convencernos que la economía capitalista neoliberal, a pesar de sus cada vez más sonados fracasos, es la única sensata y posible en el mundo. Permítasenos aquí parafrasear dicha expresión, aunque con un sentido radicalmente diferente.

Desde la publicación de nuestra última nota (https://sudaca.pe/noticia/opinion/jorge-velasquez-pomar-crisis-desigualdad-pobreza-y-convulsion-social/) el descalabro de nuestra economía se ha hecho aún más evidente y ya nadie duda que acarreará consecuencias sociales dolorosas, principalmente para los hogares más humildes de nuestro país. Sacando de la sombría ecuación los conflictivos internacionales y los fenómenos climáticos ¿Existen     causas netamente nacionales que puedan explicar esta crisis? Diversas personalidades ya han señalado algunas, desde las más complejas hasta las más pueriles: El alza de la tasa de interés de referencia por parte del BCR (Kurt Burneo), la inestabilidad jurídica (Rosa María Palacios), el acaparamiento/especulación (Mirko Lauer), las protestas sociales (Julio Velarde), Pedro Castillo (Augusto Álvarez-Rodrich), entre otras. Cada una de ellas requeriría un análisis crítico para determinar qué papel desempeña en la actual situación, pero en todo caso, no podríamos estar más de acuerdo con lo expresado por Diego Macera del IPE, cuando afirma que sufrimos las consecuencias de “problemas estructurales que vienen de más atrás”, de un proceso de “naturaleza perniciosamente sigilosa” y que, finalmente, “de una recesión se puede salir al año, pero del proceso de desaceleración estructural que estamos viviendo, no.” Allí terminan con toda probabilidad las coincidencias, pues nuestras élites neoliberales atribuyen estos “problemas estructurales” a que nuestro país no ha ido lo suficientemente lejos en el empequeñecimiento del Estado, la desregulación de la actividad económica, la privatización de los servicios y empresas públicas, la supresión de las ayudas sociales como mecanismo de redistribución de la riqueza y la reducción de los costos laborales (eliminación de la seguridad social, las CTS y las pensiones), medidas todas ellas que forman parte de lo que el politólogo Steven Levitsky denominó el “Consenso de Lima”, que no es otra cosa que un recetario económico y social aún más radical que el “Consenso de Washington” de 1989, que llevó a la implantación del neoliberalismo en Latinoamérica.

La verdad monda y lironda, es que nuestra economía se ha venido desacelerando paulatinamente desde el 2013, año en que finalizó el boom de precios de nuestros minerales de exportación, el que hasta entonces y durante una década, permitió al país gozar de tasas de crecimiento adecuadas, además de una significativa protección contra los vaivenes del capitalismo mundial y sus efectos sociales. A partir de entonces y ya con un “doping” minero menguado, nuestro modelo económico ha venido mostrando sus limitaciones. Modelo, que Alberto Vergara ha descrito como un “capitalismo incompetente” caracterizado por la ausencia de una verdadera competencia de los actores económicos en el mercado, la falta de innovación científica y tecnológica, la pobre generación de empleos de calidad y los sobreprecios de los productos que llegan al consumidor.

A pesar del bombardeo mediático constante sobre las bondades del “libre mercado y la libre concurrencia”, tal cosa brilla por su ausencia en nuestro medio, pues los diferentes grupos económicos -gracias a sus nexos con funcionarios y políticos corruptos- obtienen los contratos más jugosos mediante prebendas y sobornos. El celebérrimo “Club de la Construcción” es un magnífico ejemplo de ello. Pero aún hay más, nuestros mercados internos están dominados por monopolios y oligopolios, hecho que no ha pasado desapercibido a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha señalado en un informe reciente que “muchos mercados de Perú están dominados por unos pocos grupos empresariales de gran tamaño, y ello se traduce en una elevada concentración y una baja percepción de competencia, lo que se constata especialmente en algunos sectores y productos próximos al consumidor final.” ¿Y qué consecuencias económicas y sociales pueden resultar de tal situación? Pues, como bien ha señalado Germán Alarco, una estructura productiva en pocas manos promueve precios más elevados, afectando el poder de compra de los ciudadanos, reduce los alicientes para la innovación y la difusión tecnológica, limita las posibilidades de desarrollo de otros agentes económicos, frenando el capitalismo popular y afectando la eficiencia económica.

En términos simples, nadie se esfuerza en investigar e innovar, ni mejorar la competitividad, ni la calidad de sus productos, si sus ganancias están aseguradas… y vaya que lo están: La rentabilidad de las principales empresas peruanas, ha llegado a ser porcentualmente superior a la obtenida por las empresas norteamericanas del Forbes 500. Estos impresionantes márgenes de ganancia son posibles, en gran medida, debido a los sobreprecios de bienes y servicios que los oligopolios y monopolios nos imponen, aunados a una política de bajos salarios, evidenciada en la menor participación de las remuneraciones en nuestro PBI, comparada con aquella observada en los años sesenta y setenta del siglo pasado, años en que la Remuneración Mínima Vital tenía tres veces mayor poder adquisitivo que en la actualidad.

El mencionado informe de la OCDE, señala también que el Perú debería promover la diversificación de sus exportaciones con mayor valor agregado. Causa perdida, pues nuestras élites neoliberales han decidido que el motor principal de nuestra economía son las actividades extractivas en manos privadas, principalmente la minería, aunque esta, con toda la importancia que tiene, no representa un porcentaje mayor de los ingresos del Estado vía impuestos, ni genera una importante creación de empleos directos (alrededor del 2% del total de asalariados del país) ni indirectos (efecto multiplicador estándar de 1.5 – 2.5).

Rosa María Palacios ha hecho una exhortación al gobierno para que, haciendo uso de medidas imaginativas, promueva que el capital privado nacional apueste por el Perú. Esto suena casi como el grito ¡La imaginación al poder! de los estudiantes franceses de mayo del 68 o el pedido similar que hizo Fernando Belaúnde al equipo económico de su segundo gobierno, para enfrentar la deficiente situación económica de entonces. Por desgracia, en ambos casos, la imaginación no se hizo presente y dudamos que lo haga ahora, a no ser que la radicalización del “maldito modelo” (Abusada dixit), pueda ser tomada como tal. ¿Una apuesta del capital privado por el Perú? No seamos ni ingenuos ni cínicos. Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo, lo ha expresado claramente: La única responsabilidad social de los negocios es incrementar sus ganancias. La doctora Palacios puede estar segura de que nuestro incompetente capitalismo neoliberal, acostumbrado como está a sus desmesuradas ganancias, apostará sin dudar un instante por… el lucro, en los modos y tiempos que más le convengan. Queda por ver si eso bastará para sacarnos del hoyo en el que nos encontramos.

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Dina Boluarte y su ministro de Economía le van a regalar el país a la izquierda el 2026. La recesión, que por fin se admitió que transitamos, genera más pobres, más malestar, más indignación con el statu quo, abono para los antisistema, cuya expresión ya notamos en todas las encuestas que se realizan y que reflejan la voluntad masiva de que se vayan todos.

La coalición derechista del Congreso nunca debió permitir que aborte el adelanto de elecciones que ya había sido aprobado en primera instancia y que, luego, por puro interés crematístico, se dejó diluirse y hoy, por ello, nos vemos obligados a soportar un gobierno mediocre, sin brújula y sin idea de lo que se tiene que hacer para salir de la crisis económica, política y social que nos signa.

Los electores van a castigar duramente a los voceros del establishment y eso va a afectar más a la derecha que a la izquierda, porque ésta última, en su versión radical, ha sabido mantener distancia del régimen, mientras que la derecha, en el fondo de su corazoncito, agradece que Boluarte haya proporcionado, así sea a costa de casi 300 muertos, paz social relativa. Y por ello callan en siete idiomas cuando se trata de acogotar políticamente a una administración que no merece, por su fallida gestión, el menor aval.

La recesión económica golpea a los más necesitados, destruye la generación de empleo formal, disminuye los ingresos, saca de la clase media y torna pobres a millones de peruanos, aumenta la desigualdad social. Pero el incompetente ministro de Economía parece creer que es solo un problema de definiciones teóricas.

Mientras los nuevos líderes del centro y de la derecha -y junto con ellos, los silentes y acomedidos líderes empresariales- no se despercudan de sus escrúpulos formalistas y no agiten el avispero, como corresponde, frente al desastre que este gobierno nos ofrece, las perspectivas electorales de este sector del espectro ideológico no son nada halagüeñas.

La cama está tendida para los Antauro, los Bellido o cualquier otro radical izquierdista que surja en los poco más de dos años que restan para que los peruanos vayamos nuevamente a las urnas a elegir quién nos gobernará del 2026 al 2031.

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[CIUDADANO DE A PIE] La reciente quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande, que algunos analistas han comparado a la de Lehman Brothers en 2008, constituye un golpe no desdeñable a la poderosa economía de China -nuestro principalísimo socio comercial- que, como consecuencia, recortará previsiblemente en lo inmediato sus inversiones y adquisiciones globales. Para el Perú, esta mala noticia es llover sobre mojado, pues se suma a las secuelas de la crisis del Covid 19, la presión inflacionaria mundial del conflicto ruso-ucraniano, las pérdidas económicas ocasionadas por el ciclón Yaku, el fenómeno del Niño costero y los primeros embates del Niño Global. En suma, una tormenta perfecta que repercutirá, sin lugar a dudas, sobre nuestros dos grandes flagelos nacionales: la desigualdad y la pobreza.

Desigualdad

La idea tan promocionada por los grupos de poder de que nuestro modelo neoliberal nos llevará de la mano a convertirnos en un país próspero con una mejor y más justa distribución de la riqueza nacional, es una enorme falacia que ya tiene una antigüedad de tres décadas. Baste mencionar que nuestra Remuneración Mínima Vital tiene hoy tres veces menos poder adquisitivo que en los años 70 del siglo pasado. Solo países antaño pobres como China, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, que consiguieron convertirse en exportadores de productos manufacturados, han logrado dar verdaderos saltos cualitativos en lo económico y social. En países como el nuestro, que participan en el mercado global casi exclusivamente vendiendo materias primas, solo los grandes capitales y las grandes propiedades se benefician con el aumento de la demanda y los precios internacionales y por tanto se encuentran mayormente protegidos de vaivenes económicos como el actual. El estudio de Germán Alarco Tosoni (Universidad del Pacífico) sobre la riqueza y la desigualdad en el Perú, que data del 2019 es taxativo: en nuestro país dos personas poseían por entonces el 15% de la riqueza nacional y cuatro mil quinientas el 40% de la misma. Hay quienes afirman que las desigualdades económicas son inevitables en toda sociedad. No se puede negar la relativa veracidad de esta afirmación, pero como John Rawls señala, estas desigualdades tendrían que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertas a todos, en condiciones de una igualdad equitativa de oportunidades y deberían redundar en un mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad. Evidentemente nos encontramos muy lejos de ese ideal.

Pobreza

Nuestros índices actuales de pobreza son preocupantes. En el 2022, de 33 millones y medio de peruanos, nueve millones se encontraban sumidos en la pobreza y casi 11 millones en riesgo inminente de caer en ella; como consecuencia directa, 12 millones de compatriotas presentaban un déficit de calorías en su alimentación o sencillamente pasaban hambre y 700 000 niños menores de tres años sufrían de anemia. Gustavo Yamada y Pablo Lavado (Universidad del Pacífico) han observado que únicamente han existido procesos sostenidos de reducción de pobreza monetaria en nuestro país, cuando estos han sido precedidos por períodos de crecimiento económico por encima del 3% en por lo menos dos años previos. Si esto no ocurre, como ellos mismos afirman “cada año que pase será materia de una mayor frustración colectiva y un incesante descontento social en el país.” La recesión que el país viene atravesando actualmente, está determinada por una importante contracción del crecimiento económico (– 0,6% en promedio) aunada a la inflación más importante de los últimos 20 años, con principal incidencia en el precio de los alimentos. Esta situación podría complicarse en el 2024, como consecuencia del más bajo rendimiento de nuestra agricultura en 30 años y el peligro de un Niño Global de fuerte intensidad. Por otra parte, las tasas de crecimiento proyectadas para el país en los próximos años, son iguales o inferiores al 3%, insuficientes por tanto para tener un impacto positivo en la reducción de la pobreza nacional.

Convulsión social

¿Qué consecuencias sociales podría generar esta situación de crisis actual y futura en nuestro país? Según Mirko Lauer, absolutamente ninguna pues “la penuria económica no moviliza, sino paraliza. Figura en el manual de todo dictador latinoamericano: los pueblos hambrientos no tienen tiempo ni fuerza para rebelarse. Esto a pesar de que, si hemos escuchado bien, todo se hace en su nombre.” Curiosa conclusión de alguien como él que tiene acumuladas tantas millas en el análisis político y que más bien parecería un mensaje dirigido a tranquilizar a ciertas élites amigas y/o a desanimar a potenciales líderes revoltosos. De hecho, según Harold James, historiador de la Universidad de Princeton, son precisamente las alzas importantes de los precios de los alimentos, la causa determinante que se encuentra en el origen de revoluciones sociales a lo largo de la historia. Ya en 2014 José Antonio Cuesta, economista experto del Banco Mundial, señalaba el número importante de manifestaciones violentas en el mundo, incluida Latinoamérica, como consecuencia del alto precio o escasez de los alimentos, y llamaba la atención sobre el riesgo de futuras convulsiones sociales difíciles de manejar, si los gobiernos regionales no invertían lo necesario en seguridad social y alimentaria en beneficio de los más pobres y vulnerables. ¿El Perú, con su modelo económico neoliberal ha hecho la tarea?

Además de los factores de orden internacional y climáticos al origen de la crisis, sobre los que evidentemente no ejercemos ninguna influencia ¿existen responsabilidades locales que debieran ser analizadas? Creemos que es el caso y lo expondremos en nuestra próxima nota.  Por el momento valdría preguntarse si la segunda de las condiciones enunciadas por Lenin como necesarias para el estallido de una revolución social -y que expusimos en nuestra nota anterior (https://x.com/SudacaPeru/status/1706760933287067810?s=20) – se estaría cumpliendo o podría cumplirse próximamente en nuestro país.

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Inclusive, existe consenso que la economía mundial se encuentra en recesión cuando el crecimiento se ubica por debajo de 2% anual; las proyecciones actuales aluden a 2.5%, por lo que se encontraría ceca, de acuerdo con esa definición. Lo que pasa es que estamos frente a una combinación de inflación con lento crecimiento, denominada estanflación; la última ocurrió en los años setenta del siglo anterior. El agravante hoy es que podríamos estar ante una crisis alimentaria. ¿Está el mundo preparado para soportar una recesión, casi en paralelo con los últimos aletazos de la pandemia?

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