Crisis política

Durante una entrevista, Dina Boluarte reconoció que algunos integrantes de su gobierno fueron designados porque se los recomendaron, ¿quiénes cree que aconsejan a la presidenta?

No sé si le aconsejan, pero creo en las responsabilidades políticas individuales. Eso de quién le aconseja termina siendo una excusa para no hablar de manera directa de quién tiene la responsabilidad. No veo en la señora Dina Boluarte una persona incapaz de razonar y reflexionar políticamente. Ella es la presidenta de la república y tiene una directa responsabilidad política por las vulneraciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo. Boluarte es la principal responsable de la crisis política actual.

¿El Congreso citará a integrantes del gabinete para responder por los fallecidos durante las protestas?

Se han presentado pedidos, pero no son puestos en agenda. No es prioridad para la Mesa Directiva que, debemos señalar, está en armonía con la señora Boluarte. Hemos presentado cinco mociones para conformar una comisión investigadora para los heridos y fallecidos. Recuerde cómo durante el gobierno de Pedro Castillo volaban las interpelaciones a la mínima critica que la prensa sacaba. Hoy, pese a tantas muertes, no existe ninguna voluntad política y eso demuestra un desprecio hacia un sector de la población.

¿Coincide con el sector de la izquierda que ve a Pedro Castillo como un perseguido político?

El señor Castillo es expresidente y la justicia ha actuado rápidamente. Se ha formado una comisión especial a cargo de la señora Benavides. No tengo más para decir salvo que haya un debido proceso como con cualquier persona. Creo que deberíamos preocuparnos por el gobierno de Dina Boluarte.

¿Por qué voto en contra del adelanto de elecciones?

Yo he planteado que sea en 2023 y lo que se estaba votando era un adelanto para el 2024. Además, hay un conjunto de reformas que van en la línea con lo que un grupo de fuerzas políticas quiere hacer que es imponer la bicameralidad, reelección y sus reformas. Incluso no quieren que se implemente de manera clara las elecciones primarias. 

Algunos de sus colegas están exigiendo que los titulares de ONPE, RENIEC y JNE abandonen sus cargos, ¿lo considera un ataque a la democracia?

Una bancada presentó ese pedido y lo hemos rechazado. Hay una actitud hostil al sistema electoral porque siguen partiendo de una lógica de fraude. Quieren copar las instituciones del sistema electoral y eso sería un grave atentado. Es peligroso y no lo debemos permitir.

¿Ve alguna figura con posibilidades de ser presidenciable para este adelanto de elecciones?

Ahorita no. Sí creo que hay un proceso político complejo y los movimientos de izquierda tendrán que dialogar para ver cómo afrontar el escenario..

Algunas versiones señalaron que Dina Boluarte se reunió con algunas bancadas antes de la vacancia de Pedro Castillo, ¿su bancada estuvo fue una de ellas?

Jamás participé en reuniones previas ni tuve ningún nivel de comunicación. Desconozco si se realizó o no.

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Hay masa crítica propicia para mensajes de centro y de derecha. Inclusive, en regiones tradicionalmente afines a la izquierda. Un centro y una derecha radicalmente antiestablishment entrarían a la cancha con ventaja apreciable respecto de una izquierda que va a ser capturada por el discurso extremo de Antauro Humala, que la alejará de toda posibilidad de cosechar votos centristas.

Pero el esfuerzo político de coordinación y generación de consensos, y ajustes programáticos, debe empezar ya, no esperar a un año antes del proceso electoral, más aún si se tiene en cuenta que sigue siendo una posibilidad abierta que el presidente Castillo no culmine su mandato y se produzcan elecciones adelantadas. Si esa circunstancia coge al centro y la derecha en su actual situación, el camino de la derrota es más que seguro.

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El camino parece ser el siguiente. Vacado Castillo entre setiembre y octubre de este año, asumiría la presidencia Dina Boluarte, que, aunque tiene también serios cuestionamientos, pareciera contar con el blindaje de al menos 44 congresistas y también con una parte de la clase política y medios de comunicación, en la medida que sea solamente la presidente de transición.

Faltaría entonces la reforma constitucional y sus disposiciones transitorias, que con el voto de 87 congresistas en dos legislaturas ordinarias consecutivas (la actual de 2022 y la primera del 2023 que habría que adelantarla para enero), permitiría elecciones generales con primera vuelta a fines de mayo y la segunda a fines de junio. Dentro de las reformas constitucionales para este efecto, es imprescindible permitir la reelección de congresistas, así como un acuerdo político sobre los plazos y para tener nuevas autoridades en el JNE y la ONPE para que no haya dudas de la transparencia de este nuevo proceso electoral.

Esta propuesta no va a contentar a todos, pero toma diversas inquietudes de la ciudadanía que la clase política y los medios deben asimilar para buscar los consensos que nos lleven a una transición democrática. De no hacerlo, será el fin del estado de derecho, la continuidad de la corrupción que solo traerá más miseria y nuestras libertades serán, solamente, un nostálgico recuerdo o una triste canción.

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Debe salir de Palacio lo antes posible. La oposición de derecha y de centro tienen una oportunidad dorada si logran convencer a los disidentes cerronistas de que Castillo no asegura ni siquiera la aplicación de un renglón del plan de gobierno original de Perú Libre. ¿Qué sentido político tiene que el exgobernador de Junín siga prestándole sus 16 votos al inquilino precario palaciego?

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Crisis política, Gobierno, Pedro Castillo

4.-Automatiza tus tarjetas: La tecnología permite mecanizar los cargos y/o pagos, no solo de préstamos y depósitos, sino también servicios públicos, colegios, universidades, clubes, etc. Asimismo, la banca digital permite efectuar operaciones financieras de todo tipo en tiempo real, sin tener que hacerlas presencialmente en una agencia. Dicho proceso es efectivo debido a que así no se te olvidará pagar tus obligaciones y se evitarán cargos extras, como, por ejemplo, intereses moratorios y penalidades.

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Esta semana ha revelado una total falta de institucionalidad y respeto mínimo a las reglas y normas que deberían imperar en un Estado de Derecho. El gobierno parece no darle tregua a cualquier mínimo intento de estabilidad. Tras la tensión desatada entre el presidente y su premier por el mantenimiento del defenestrado e impresentable ministro Barranzuela, le siguió la publicación de los audios del ministro de transportes cediendo la reforma del mismo a la improvisación de las kombis que tantas muertes han traído. Pero, por si no fuera suficiente, hoy nos la vemos con una seria denuncia, que involucra a las esferas más altas del gobierno, en el intento de manipulación en los ascensos de generales en las fuerzas armadas. Como se aprecia, estamos ante un panorama desolador en el que la ley parece no tener ningún valor.

El establecimiento y mantenimiento de un Estado de derecho ha sido una conquista muy dura en la historia. Llegar a establecer como un sentido compartido que la mejor manera de convivir es mediante el imperio de la ley, como contenedora de los impulsos autoritarios, es el mayor logro de la civilización occidental. Por ello, a las mentalidades y sociedades pre-modernas les cuesta tanto hacer el tránsito, pues siguen considerando al Estado como su botín en el que pueden hacer lo que mejor les parezca con tal de mantenerse en el poder.

Lo peor de la situación política que vivimos es que la profunda inestabilidad no es producto de un programa de gobierno transformador que esté removiendo las bases mismas de una sociedad excluyente y oligárquica. Lo que vivimos no es producto de una serie de reformas profundas que se hayan impulsado en estos cien días. Por el contrario, la inestabilidad es producto, por un lado, del rosario de desaciertos del gobierno principalmente en el nombramiento de ministros y altos funcionarios y, por el otro, una derecha obsesionada con la vacancia del presidente que no ha dado un minuto de sosiego. 

En ambos casos el factor común es la manipulación de las instituciones y de la legalidad para sus fines subalternos. El bien común ha desaparecido del horizonte y del discurso político peruano. Todas suenan a palabras vacías cuando tras ellas sólo se esconden intereses de grupos disputándose el poder. Esta situación tendrá un desenlace impredecible cuando los ciudadanos, especialmente aquellos que votaron por una transformación, sientan sus expectativas totalmente embalsadas e incumplidas. El peligro que nos acecha es que el hartazgo de las personas se traduzca en salidas autoritarias que terminen desbordando el cauce institucional.

La obstinación del presidente por perseverar continuamente en el error lo pueden llevar a una ruptura con su premier. Si eso se llegara a suceder sumergiría a su ya endeble gobierno en una vorágine de la que tal vez no haya una salida institucional. Estamos al borde de un precipicio y los políticos juegan por ver quién empuja a quién sin percatarse que todos juntos terminaremos cayendo por su irresponsabilidad y banalidad. Perder a una premier que le ha dado un respiro y oxígeno al gobierno sería un despropósito, menos aún si lo hace para mantener a un ministro tan cuestionado y que seguramente igual será censurado por el parlamento. 

Visto está que el principal problema del gobierno no es con sus propuestas de cambios estructurales, porque hasta ahora no ha iniciado ninguno. Su problema central está con los funcionarios que designa, se torna entonces en un problema de personas que no de políticas gubernamentales. Está gastando tiempo y esfuerzo en defender personas, muchas de ellas indefendibles, en ligar de dedicarlo a lo que los ciudadanos esperan y para lo que lo eligieron. Aún es tiempo de volver al rumbo de la apuesta por el cambio dentro de la institucionalidad donde la ley no sólo se acate sino también se cumpla.

 

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