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[CIUDADANO DE A PIE] La reciente quiebra del gigante inmobiliario chino Evergrande, que algunos analistas han comparado a la de Lehman Brothers en 2008, constituye un golpe no desdeñable a la poderosa economía de China -nuestro principalísimo socio comercial- que, como consecuencia, recortará previsiblemente en lo inmediato sus inversiones y adquisiciones globales. Para el Perú, esta mala noticia es llover sobre mojado, pues se suma a las secuelas de la crisis del Covid 19, la presión inflacionaria mundial del conflicto ruso-ucraniano, las pérdidas económicas ocasionadas por el ciclón Yaku, el fenómeno del Niño costero y los primeros embates del Niño Global. En suma, una tormenta perfecta que repercutirá, sin lugar a dudas, sobre nuestros dos grandes flagelos nacionales: la desigualdad y la pobreza.

Desigualdad

La idea tan promocionada por los grupos de poder de que nuestro modelo neoliberal nos llevará de la mano a convertirnos en un país próspero con una mejor y más justa distribución de la riqueza nacional, es una enorme falacia que ya tiene una antigüedad de tres décadas. Baste mencionar que nuestra Remuneración Mínima Vital tiene hoy tres veces menos poder adquisitivo que en los años 70 del siglo pasado. Solo países antaño pobres como China, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, que consiguieron convertirse en exportadores de productos manufacturados, han logrado dar verdaderos saltos cualitativos en lo económico y social. En países como el nuestro, que participan en el mercado global casi exclusivamente vendiendo materias primas, solo los grandes capitales y las grandes propiedades se benefician con el aumento de la demanda y los precios internacionales y por tanto se encuentran mayormente protegidos de vaivenes económicos como el actual. El estudio de Germán Alarco Tosoni (Universidad del Pacífico) sobre la riqueza y la desigualdad en el Perú, que data del 2019 es taxativo: en nuestro país dos personas poseían por entonces el 15% de la riqueza nacional y cuatro mil quinientas el 40% de la misma. Hay quienes afirman que las desigualdades económicas son inevitables en toda sociedad. No se puede negar la relativa veracidad de esta afirmación, pero como John Rawls señala, estas desigualdades tendrían que estar vinculadas a cargos y posiciones abiertas a todos, en condiciones de una igualdad equitativa de oportunidades y deberían redundar en un mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad. Evidentemente nos encontramos muy lejos de ese ideal.

Pobreza

Nuestros índices actuales de pobreza son preocupantes. En el 2022, de 33 millones y medio de peruanos, nueve millones se encontraban sumidos en la pobreza y casi 11 millones en riesgo inminente de caer en ella; como consecuencia directa, 12 millones de compatriotas presentaban un déficit de calorías en su alimentación o sencillamente pasaban hambre y 700 000 niños menores de tres años sufrían de anemia. Gustavo Yamada y Pablo Lavado (Universidad del Pacífico) han observado que únicamente han existido procesos sostenidos de reducción de pobreza monetaria en nuestro país, cuando estos han sido precedidos por períodos de crecimiento económico por encima del 3% en por lo menos dos años previos. Si esto no ocurre, como ellos mismos afirman “cada año que pase será materia de una mayor frustración colectiva y un incesante descontento social en el país.” La recesión que el país viene atravesando actualmente, está determinada por una importante contracción del crecimiento económico (– 0,6% en promedio) aunada a la inflación más importante de los últimos 20 años, con principal incidencia en el precio de los alimentos. Esta situación podría complicarse en el 2024, como consecuencia del más bajo rendimiento de nuestra agricultura en 30 años y el peligro de un Niño Global de fuerte intensidad. Por otra parte, las tasas de crecimiento proyectadas para el país en los próximos años, son iguales o inferiores al 3%, insuficientes por tanto para tener un impacto positivo en la reducción de la pobreza nacional.

Convulsión social

¿Qué consecuencias sociales podría generar esta situación de crisis actual y futura en nuestro país? Según Mirko Lauer, absolutamente ninguna pues “la penuria económica no moviliza, sino paraliza. Figura en el manual de todo dictador latinoamericano: los pueblos hambrientos no tienen tiempo ni fuerza para rebelarse. Esto a pesar de que, si hemos escuchado bien, todo se hace en su nombre.” Curiosa conclusión de alguien como él que tiene acumuladas tantas millas en el análisis político y que más bien parecería un mensaje dirigido a tranquilizar a ciertas élites amigas y/o a desanimar a potenciales líderes revoltosos. De hecho, según Harold James, historiador de la Universidad de Princeton, son precisamente las alzas importantes de los precios de los alimentos, la causa determinante que se encuentra en el origen de revoluciones sociales a lo largo de la historia. Ya en 2014 José Antonio Cuesta, economista experto del Banco Mundial, señalaba el número importante de manifestaciones violentas en el mundo, incluida Latinoamérica, como consecuencia del alto precio o escasez de los alimentos, y llamaba la atención sobre el riesgo de futuras convulsiones sociales difíciles de manejar, si los gobiernos regionales no invertían lo necesario en seguridad social y alimentaria en beneficio de los más pobres y vulnerables. ¿El Perú, con su modelo económico neoliberal ha hecho la tarea?

Además de los factores de orden internacional y climáticos al origen de la crisis, sobre los que evidentemente no ejercemos ninguna influencia ¿existen responsabilidades locales que debieran ser analizadas? Creemos que es el caso y lo expondremos en nuestra próxima nota.  Por el momento valdría preguntarse si la segunda de las condiciones enunciadas por Lenin como necesarias para el estallido de una revolución social -y que expusimos en nuestra nota anterior (https://x.com/SudacaPeru/status/1706760933287067810?s=20) – se estaría cumpliendo o podría cumplirse próximamente en nuestro país.

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Sabemos de los inmensos retos que tiene el Perú: necesita proveer servicios públicos de calidad, construir infraestructura de transporte, salud y educación, luchar exitosamente contra la corrupción, reducir sustancialmente la pobreza, generar oportunidades económicas para la población, entre otros.

En la constitución actual se consignan los servicios de salud y educación como derechos básicos, sin embargo estos continúan siendo escasos y de mala calidad debido a la incapacidad de gestión del Estado.

Corregir la incapacidad de gestión es una tarea difícil y lenta, que requiere liderazgo, capacidad y experiencia, un equipo de trabajo seleccionado meritocraticamente, planificación,  presupuesto, disciplina, así como estar dispuesto a luchar contra intereses enquistados y autoridades corruptas. 

Sin embargo, algunos políticos en el poder pretenden que la verdadera solución está en modificar la constitución o en nacionalizar el gas.

Sabemos que el Estado es propietario de los recursos que están en el subsuelo y que lo que otorga son concesiones extractivas a privados. ¿Si se plantea nacionalizar el gas porque no se usa esa misma lógica para nacionalizar todos los recursos mineros del país? ¿Por qué no nacionalizamos también todas las minas y usamos esos recursos para beneficio del pueblo? 

Si nacionalizamos estos recursos, ¿Quién los va a administrar? ¿El Estado que sabemos es ineficiente y corrupto? ¿Qué mensaje se da a los privados que invirtieron y asumieron riesgos en largos y complicados proyectos, dentro de una normativa establecida por el Estado para rentabilizar estos recursos? ¿De dónde van a salir los cuantiosos fondos que se necesitan para invertir en exploración y desarrollo minero?

Se habla de nacionalizar el gas pero la frase correcta sería comprar las empresas extractivas de gas, porque no va a ser gratis, el Estado peruano tendría que pagar 8 mil millones de dólares (según algunos estimados), y si no los quiere pagar se lo van a cobrar a través de un arbitraje internacional. 

¿Tendría sentido gastar esa cantidad de dinero en apropiarse de la infraestructura de gas en vez de invertirla en hospitales, colegios, carreteras y aeropuertos? ¿Y esto después de haber gastado 5 mil millones de dólares en una refinería de dudosa utilidad?

Finalmente es solo una distracción que oculta la incapacidad de los gobernantes para abordar los temas de gestión que son el problema principal del país. El Estado tiene fondos, lo que no sabe es administrarlos. 

Hace cinco décadas, en el contexto de una sociedad peruana muy distinta a la actual, muchos políticos de izquierda hablaban de la necesidad de una revolución en el Perú. En ese contexto se dio la reforma agraria y se otorgó el voto a los analfabetos. En el 2021 vivimos una situación muy distinta, en la cuál los peruanos tuvieron la libertad de elegir a un presidente de izquierda, maestro rural, serrano, hijo de familia humilde. Lo hicieron porque quieren cambios que mejoren su calidad de vida, no quieren perder el tiempo en quimeras. Si bien la izquierda puede tener muy buenas intenciones y puede realmente desear ayudar a las mayorías, sus propuestas de solución son pésimas. 

En el Perú de hoy, ser revolucionario es hacer los cambios que necesita el país:

Revolucionario sería tener un sistema meritocrático de contratación y remuneración de funcionarios en ministerios, organismos, municipalidades, gobiernos regionales y demás instituciones del Estado.

Revolucionario sería reorganizar el sistema de descentralización de manera que el rol de los gobiernos regionales sea supervisor mientras que el gobierno central sea ejecutor de los servicios públicos en todo el país. 

Revolucionario sería reorganizar el sistema municipal de manera que los alcaldes no sean elegidos democráticamente sino que sean contratados a través de un concurso público meritocrático entre candidatos profesionales con capacidad y experiencia, que sean remunerados con sueldos equivalentes al del sector privado e incentivos por cumplimiento de metas. En paralelo se podría elegir democráticamente un concejo municipal que supervise la administración del alcalde contratado. 

Revolucionario sería expropiar los terrenos que faltan para terminar obras que tienen más de una década sin concluir (como es el caso de la conexión entre la autopista Ramiro Priale y la carretera central en Lima)

Revolucionario sería ordenar el transporte público de manera que los ómnibus y combis paren solo en los paraderos, que un chofer con papeletas no pueda conducir, que un vehículo con papeletas impagas o que no tenga luces vaya al depósito, que se haga una campaña en todos los medios de respeto a las normas viales.

Revolucionario sería que las regalías mineras sean administradas por el gobierno central y no por municipalidades y gobiernos regionales corruptos, y que se dediquen a obras construidas con el sistema de gobierno a gobierno de manera que estas se ejecuten eficientemente y signifiquen real desarrollo para las regiones mineras.

Revolucionario sería negociar acuerdos con las comunidades de zonas mineras para que nuevos proyectos mineros, respetuosos de las normas ambientales, se activen y generen ingresos que beneficien a estas poblaciones y a todo el país.

Revolucionario sería asegurarse que nuestras pistas sean hechas por contratistas que cumplan las normas de calidad y no se deterioren al poco tiempo de construidas.

Revolucionario sería construir aeropuertos en ciudades intermedias de provincia para facilitar el transporte aéreo.

Revolucionario sería instalar internet en todos los pueblos del país.

Todas estas actividades y muchas otras más serían revolucionarias, pero mucho más fácil es distraer a la población con cuentos populistas.

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