Fernando Pérez cuenta que les ofrecieron una serie de beneficios en los que se incluía una caja de cervezas por cada día laborado en plena cuarentena impuesta para frenar el ascenso en la cifra de contagios por COVID-19. A causa de estas malas prácticas, el 22 de marzo de 2020, informó que dos trabajadores dieron positivo a la prueba de coronavirus. Luis Samán denunció a medios de comunicación que durante el estado de emergencia fallecieron 14 trabajadores.
“Los trabajadores de Backus fueron de los primeros en salir contagiados. Hubo más de cientos de infectados y 14 fallecidos”, denunció en ese entonces. Por tal motivo, realizó una campaña por medios para conseguir las medidas pertinentes, lo cual fue considerado como “injuria” por la empresa.
En consecuencia, el ex líder sindical fue despedido el 4 de diciembre de 2020 por la compañía y el 20 del mismo mes, la entidad lo denunció penalmente por difamación. Luis Samán, ahora ex secretario general del sindicato aseguró que la empresa cambió de actitud con el sindicato cuando la multinacional belga, AB InBev, adquirió la cervecera en el 2015.
Fernando Pérez cuenta que existe una política antisindical. “Se busca reducción de costos laborales y ha realizado persecución a dirigentes sindicales con la intención de desarticular los sindicatos”, señala el dirigente sindical.
Sin embargo, la denuncia por difamación no fue la única que Luis Samán recibió, el 2018 la empresa lo por supuesta “colaboración al terrorismo”, luego de haber realizado una campaña mediática en contra del despido de 15 trabajadores que realizaron una huelga como parte de sus actividades sindicales. Meses después, se retiraron los cargos por falta de pruebas.
Este año Luis fue repuesto a la empresa por orden del fiscal a cargo. Sin embargo, aún queda pendiente el proceso penal que hicieron por difamación que incluye una pena privativa de la libertad por tres años y una indemnización de 10.000 soles. “En primera instancia han dado la razón a Luis, pero Backus apeló y estamos a la espera de la decisión del Ministerio Público”, comenta Fernando Pérez.
Sudaca intentó comunicarse con Luis Samán para recoger sus declaraciones, pero el trabajador dijo que por el momento no da entrevistas a los medios de comunicación por el proceso judicial pendiente que tiene con Backus.
En consecuencia de la afectación a sus derechos laborales, el sindicato demanda nueve puntos entre los que destacan que el incumplimiento del pago de un laudo arbitral del año 2020-2021, la implementación del SCTR en sus plantas, condonación de la deuda a los trabajadores afectados por la pandemia y la no tercerización laboral en las áreas productivas. En caso la empresa cervecera no cumpla, el sindicato realizará una huelga indefinida nacional en mayo.
Hasta el cierre de este informe Sudaca intentó contactarse con el área de prensa de Backus, pero no obtuvo respuesta a las denuncias realizadas por los miembros del sindicato.
Hace más de tres años, Percy Carrillo Viera denunció públicamente a la empresa Mambrino SAC por retenerle las propinas y, en ocasiones, sacar parte de esa retención de su sueldo como mesero. En ese momento trabajaba en la Trattoria di Mambrino, uno de los exclusivos restaurantes que pertenece a dicha razón social, que también es dueña de Lucio Café, Oliver y la Bodega de la Trattoria.
Al poco tiempo, Carrillo fue despedido. Y, a pesar de sus 15 años de experiencia en el rubro, le fue imposible encontrar otro restaurante que estuviera dispuesto a contratarlo. “En un local me dijeron: ‘Sabemos el problema que hay y no puedes trabajar así’. En otro, donde estuve a prueba, me señalaron: ‘Ya saben del problema que tienes y, pucha, no vas a poder seguir’”, cuenta a Sudaca. Tuvo que aferrarse a cachuelos en otro tipo de negocios.
Hace siete meses, un juzgado determinó que había sido despedido “en represalia” por sus quejas ante las autoridades laborales. El juez ordenó que sea repuesto, pero Mambrino SAC todavía no ha cumplido ese mandato. Por si fuera poco, la compañía aún vinculada a los esposos Hugo y Sandra Plevisani le ha puesto una demanda por más de S/6 millones alegando un supuesto daño de imagen.
“Es evidente que esa demanda fue interpuesta como respuesta al reclamo laboral de Percy. Se pide S/6 millones como indemnización por daños y perjuicios basándose solamente en un informe pericial de parte y nada más. Es una demanda que claramente busca disuadir a Percy de continuar luchando por sus derechos laborales”, dice Juan Diego Elías, abogado del mesero.
HISTORIA DE UN INDESEADO
Percy Carrillo empezó a trabajar en la Trattoria di Mambrino en febrero del 2018. Firmó un contrato de seis meses con el grupo Mambrino, del que hoy figuran como gerentes los reconocidos chefs Hugo y Sandra Plevisani; y como director ejecutivo, Carlos Mulanovich Pinillos, según registros de la Sunat. En agosto, el mesero volvió a firmar otro contrato hasta febrero del 2019.
Tres meses antes de que acabara ese último acuerdo, Carrillo decidió participar de un informe para el programa Beto a Saber -entonces transmitido por ATV- que indagaba en presuntos maltratos al interior de los restaurantes más exclusivos de Lima. Allí contó que sus empleadores le retenían las propinas. La Trattoria di Mambrino alegó que lo hacía para repartir entre otros trabajadores, como bartenders o cocineros, pero Carrillo sostiene que estos tienen un sueldo mayor.
Sandra y Hugo Plevisani, representantes del boom gastronómico, figuran como gerentes del grupo Mambrino SAC. (La foto de la pareja es de El Comercio).
Además, el mesero había firmado un documento que señala que, “en caso de que el mozo no disponga de efectivo al tiempo de liquidar su servido, podrá solicitar adelanto a cuenta de sus ingresos”. La defensa de Carrillo interpreta eso como una puerta abierta para que la retención de propinas sea pagada, en muchas ocasiones, del propio sueldo del trabajador.
Carrillo explica el mecanismo: “Ellos te cobran el 2,9% de tu venta total, recibas o no propina. Si tú tienes una mesa que te consume S/1.000 y esa mesa no te deja propina, ahí ya estás sumando S/29 que tú tienes que pagarles a ellos. Si dejaban S/20, tú mismo tenías que completarlo [con S/9]», apunta.
El 22 de noviembre de aquel 2018, Percy Carrillo presentó una queja ante la Sunafil. La inspección de la superintendencia se llevó a cabo una semana después. Carrillo estaba a la espera de las conclusiones de la autoridad laboral cuando, el 14 de diciembre, le aplicaron la suspensión perfecta por 15 días. El 4 de enero del 2019, luego de un proceso interno por supuestas faltas al código de conducta, fue despedido. Le tocaría pelear sus derechos en la vía judicial.
El 22 de enero del 2019, la Sunafil finalmente levantó un acta de infracción contra Mambrino. Los inspectores señalaron que no podían manifestarse sobre el tema de las propinas, porque no había marco legal que lo regulara, pero sí hallaron otras irregularidades. Por ejemplo, que la empresa había realizado descuentos a 45 trabajadores en setiembre, octubre y noviembre del 2018 por perder insumos de cocina o romper la cristalería y el menaje. No habían suscrito con los empleados un documento válido para hacerlo.
“Los trabajadores no pueden ni deben asumir los riesgos ni las pérdidas que sufra su empleador o la empresa para la que trabajan. En efecto, cuando se inicia una empresa son muchos los riesgos que se corren, y en caso de que la empresa sufra una pérdida, no puede hacer partícipe a sus trabajadores de ella”, se lee en el acta.
Los inspectores también encontraron que 60 trabajadores no estaban en planilla porque, según los contratos, trabajaban a medio tiempo. Pero los registros de la empresa desmentían eso: los empleados cumplían jornadas de ocho horas diarias.
La Sunafil, entonces, concluyó que dichos contratos estaban “desnaturalizados”. En otras palabras, que les correspondía firmar un documento a plazo indeterminado -y no uno de seis meses- por la naturaleza del negocio. Fue el caso de Percy Carrillo.
“Cuando uno tiene un contrato indeterminado, las causales para finalizar este vínculo están establecidas en la norma. No es que de la noche a la mañana se pueda dejar sin efecto, sino que esto tiene que estar debidamente sustentado. Pero en un contrato con plazo establecido, en cambio, se puede dar por finalizado el vínculo laboral solo teniendo en cuenta el plazo”, explica Juan Diego Elías, abogado de Carrillo Viera.
El acta de la Sunafil terminó en un proceso que sancionó a Mambrino con una multa de S/102.060 en julio del 2020. En paralelo, Percy Carrillo batallaba en los tribunales por su despido injustificado.
JUICIO GANADO Y CONTRAATAQUE ABUSIVO
El 9 de julio del 2021, un juzgado emitió una primera resolución que concluía lo mismo que había señalado Sunafil sobre los abusos de Mambrino. Pero, además, el fallo señalaba que el despido de Carrillo fue “en esencia, una represalia frente a la denuncia efectuada por el demandante” ante la autoridad laboral.
Posición del juzgado laboral sobre las causas que motivaron el despido de Carrillo: «se evidencia que el despido constituye en esencia una represalia».
El juez estableció que Mambrino debía pagarle todos los beneficios sociales al mesero desde que empezó a trabajar con ellos y una indemnización de más de S/15.000. Además, ordenó que debían reponerlo en su puesto. La resolución fue notificada en julio del año pasado, pero hasta hoy no se ha hecho efectiva.
La excusa es el examen médico. “Ellos indican que están conversando con el laboratorio médico que tiene que evaluarme. Pero dicen que no están sacando citas ahorita. Eso es lo que me comentaron hasta la semana pasada, cuando me llamaron”, dice Carrillo.
“Yo ya debería estar reincorporado desde el 23 de diciembre del año pasado. Desde ese día hasta el 31 me han debido de hacer el pago. Lo mismo por estos días de enero. En una carta notarial me dicen que a más tardar me estarían pagando a fin de mes. Solo eso me pusieron”, explica.
Pero aquí viene lo más grave. Mientras espera que se cumpla lo que ordenó el juzgado, Carrillo tiene que enfrentar una nueva arremetida de sus empleadores. Y es que a fines del 2019, Mambrino decidió clavarle una demanda por daños y perjuicios en la que pide una cifra irreal: S/6.696.332. Más de cuatro millones corresponden a las supuestas pérdidas que les generó la denuncia pública; y dos millones, al “daño moral”.
El cálculo fue realizado por Guillermo Vega Ingenieros, una firma que se especializa en hacer peritajes de oficio no en temas laborales, sino “de ingeniería y construcción de obras públicas y privadas”. No obstante, el grupo Mambrino ha seguido creciendo. Entre el 2019 y el 2020 -los años posteriores a la denuncia de Carrillo- la compañía aumentó su capital social en S/2.685.240. En los últimos cinco años, esa cifra sube a casi S/7,5 millones.
“Me sacó un poco de cuadro ver esa demanda por esa cifra. No me lo imaginaba y no tengo esa cantidad”, dice un preocupado Percy Carrillo, que está a la espera de la decisión del juez sobre este caso.
¿Por qué entonces volver a Mambrino, una compañía que lo sigue hostilizando?, le preguntamos. “En realidad, es más que nada por demostrarle a las demás personas que sí se puede hacer justicia, que se le puede ganar a empresas grandes y que no deben quedarse callados”, responde el mesero.
Buscamos la versión de Mambrino por distintos canales de comunicación, pero al cierre de esta edición no fue posible.
“¡Avancen, carajo!”, gritó el hombre después de lanzar un disparo al aire con un arma de largo alcance. Estaba montado en la tolva de una camioneta de la empresa RVR Agro, dueña del fundo Luzmila, en Ica. Al frente tenía a un centenar de obreros agrícolas que habían bloqueado una trocha de ingreso a la finca como protesta por las precarias condiciones en las que trabajan.
El hombre de pelo canoso fue identificado por el Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica (Frentagri) como Carlos Manuel Villacorta Pineda, el gerente de RVR Agro. Así lo dice a Sudaca Julio Carbajal, presidente de ese gremio. Y los datos del empresario en el Reniec no lo dejan mentir.
En los videos se observa que, mientras los trabajadores desarmados pedían a Villacorta no disparar, el hombre seguía amenazándolos con su arma. “Sin armamento, por favor. Nosotros no somos animales”, gritó una de las mujeres que grabó el hecho. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) está investigando, pero todavía no emite informe sobre lo sucedido.
Carlos Villacorta Pinedo, identificado como el hombre que salió a amedrentar a los trabajadores con un arma.
LAS DEMANDAS
Según un reporte policial al que Sudaca accedió, las protestas empezaron la mañana del lunes 17. Fue el mismo Villacorta Pineda quien llamó a la comisaría local para pedir apoyo. Pero cuando los efectivos policiales se acercaron, a las 8:30 am, la entrada del fundo Luzmila estaba bloqueada con cables, palos y cilindros.
Quienes impedían el paso eran alrededor de 100 trabajadores que reclamaban -entre otros- por la “alimentación de baja calidad que reciben”. Los obreros también denunciaron que los obligan a realizar labores de limpieza sin recibir pago alguno. En los videos se puede escuchar a uno de los manifestantes explicándole a la Policía que los tenían “una hora, dos horas ahí atrapados, limpiando, y no nos pagan nada”.
Marco Vacilo López, extrabajador de la empresa agrícola y sindicalista del Frentagri, cuenta a Sudaca que, cuando él estuvo en Luzmila hace dos años, la comida era “como para chancho” y ni siquiera les daban agua.
Otras demandas de los obreros son que les aumenten el pago por cada jaba de uva que completan y mayor salubridad en los baños. La precariedad de las condiciones laborales que deben aguantar los trabajadores en la compañía de Villacorta ya había sido registrada por inspectores de Sunafil en años anteriores, como veremos más adelante.
Aquel lunes 17, luego de un diálogo con los manifestantes, los efectivos lograron que se les permitiera el ingreso. Dice el documento de la Policía que se dirigieron al área de recursos humanos, y tuvieron una reunión con representantes de los trabajadores y de la empresa. Ambas partes, según los agentes, llegaron a un acuerdo “mediante un diálogo calmado”.
Carlos Villacorta Rath (34), hijo del dueño. Estuvo en la hacienda al momento de las amenazas.
Sin embargo, de la amenaza que quedó grabada en varios videos, los cuales se viralizaron en redes sociales, no se dejó constancia en el reporte policial. “¡Los que no quieren trabajar, se pueden ir por la puerta!”, repetía Carlos Villacorta Pinedo, escopeta en mano. Además, en uno de los videos se ve que, al costado del gerente de RVR Agro, otro hombre de polo negro también porta un arma.
De acuerdo al presidente del Frentagri. Julio Carbajal, ese segundo hombre sería familiar de Villacorta. Los apoderados de la empresa agrícola son Carlos Villacorta Rath y Rosa Villacorta Rath, hijos de Villacorta Pinedo. El primero es, según el acta policial, gerente de planta en el fundo Luzmila.
Carbajal detalla que los hechos violentos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la mañana. Según el parte policial, los agentes se retiraron al menos una hora y media después. ¿Por qué omitieron las amenazas del dueño del fundo? Pedimos insistentemente una entrevista con el jefe policial de Ica, el General Adolfo Valverde Arcos, pero el área de prensa de la institución no quiso que le hagamos preguntas.
Russell Nina, secretario de juventudes de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), considera que el parte policial “es inconsistente porque es evidente que hay diferentes tomas, en diferentes ángulos, de que los dueños del fundo estaban con armas de largo alcance. Es cuestionable que la policía no haya consignado dentro del acta policial ese incidente”.
El parte policial de los hechos omite las amenazas del pistolero.
HISTORIAL DE ABUSOS Y DEUDAS
La reciente actuación de Villacorta Pinedo no debería sorprender. De acuerdo a varios partes policiales que Sudaca revisó, el sujeto tiene un arsenal de armas, entre pistolas y escopetas. Del 2013 al 2017, por ejemplo, denunció la pérdida de seis licencias para portar estas. Todas se perdieron, coincidentemente, cuando Villacorta se encontraba “transitando en la calle”. Además, el 2014 denunció que le robaron dos escopetas.
El descuidado empresario tampoco es muy diligente con sus cuentas. Y es que Wet Field EIRL, otra de sus empresas, ha registrado deudas en cobranza coactiva con el Tesoro público que suman S/297.414, correspondientes al 2003 y 2007, de acuerdo a la Sunat.
Sudaca se comunicó con Villacorta Pinedo para preguntarle por su versión, pero este solo se limitó a decir “que la policía ya está haciendo las investigaciones” y luego colgó la llamada. Le dejamos un cuestionario de preguntas por mensajes de WhatsApp, pero al cierre de este informe no respondió.
Lo que sí se evidencia en el registro policial es la parsimonia de la Sunafil. Los efectivos se comunicaron con esta entidad solicitando su presencia en el lugar, pero hasta las 11:30 am, dice el documento de la PNP, los fiscalizadores no habían llegado al fundo.
Esta no es la primera vez que la empresa de Villacorta es acusada de maltrato laboral. En agosto del año pasado, alertados por la denuncia de un obrero, inspectores de Sunafil se hicieron pasar como trabajadores para ingresar a Luzmila. En esa ocasión, pudieron comprobar que no se cumplían los protocolos para prevenir los contagios de Covid-19 y que se ponía en riesgo la vida de los trabajadores.
La deuda registrada en la Sunat de otra de las empresas de Villacorta: S/297.414.
La inspección concluyó con la paralización de las actividades dentro del fundo, porque se constató que se ponía “en riesgo grave e inminente la vida de once trabajadores agrarios, quienes pudieron sufrir accidentes o incluso perder la vida, mientras desarrollaban sus labores cotidianas”. Ejemplo de ello es que los obreros “podían quedar atrapados en la faja del equipo de la compresora” o hasta “perder la vida por ahogamiento”.
Otro de los abusos que observaron es que se le pedía a los empleados que se retiren si no cumplían las metas fijadas, pero no se les daba movilidad para que regresen a Ica. Incluso, les retenían sus documentos hasta la hora de salida. “Si te pedían que te vayas, tenías que ir caminando 30 o 40 minutos hasta la Panamericana y recién ahí tomabas un colectivo hasta el centro”, explica a Sudaca el extrabajador Marco Vacilo, que estuvo por aquellas fechas en el fundo.
También se evidenció la falta de un comedor. “[Los inspectores] comprobaron que la empresa no tiene acondicionado un comedor, pues [los obreros] ingieren sus alimentos en el campo, de forma inadecuada”, se lee en la nota de prensa de la Sunafil.
La superintendencia ya había puesto una multa de S/30.052 a la empresa en marzo de aquel 2021. En los últimos dos años, el fundo Luzmila fue fiscalizado 25 veces, según información de la Sunafil. De este total, siete inspecciones concluyeron con sendas actas de infracción y 12 en informes. “Un acta de infracción es lo que da inicio a un posterior procedimiento sancionador donde eventualmente se aplica una multa, es un indicio de que se han detectado infracciones”, explica a Sudaca Christian Sánchez, exministro de Trabajo.
Consultamos con el área de prensa de la Sunafil sobre las multas y sanciones contra el fundo Luzmila, pero hasta el cierre de este informe no respondieron. Luego de que los videos de Villacorta con su arma se hicieran virales, emitieron una nota de prensa. Allí informan que están fiscalizando al fundo Luzmila por “presunta vulneración a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.
Lo que se está inspeccionando son las “condiciones de seguridad, identificación de peligros y evaluación de riesgos, equipos de protección personal, registro de trabajadores en la planilla, incumplimiento de jornadas y horarios de trabajo”. Hasta el momento no se ha emitido un informe sobre los resultados de dicha inspección.
#Alerta trabajadores del Fundo Luzmila de la agroexportadora RVR Agro, ubicada en la región Ica, nos envían este video donde, al parecer, el dueño estaría utilizando una metralleta para amedrentarlos. Estamos enviando oficio al @MininterPeru y a @AvelinoJauregui de forma urgente. pic.twitter.com/Y9XWC77Wdm
Diversos gremios e instituciones ya se han pronunciado rechazando los actos de violencia, abuso y amedrentamiento de parte de RVR Agro. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica pidió que estas acciones sean investigadas por las autoridades y recalcó que el fundo Luzmila no es parte de las 28 empresas agroexportadoras afiliadas a la Cámara.
“Todas estas empresas son miembros del Comité de Derechos Humanos, donde son unos convencidos de que la única manera en que se puede solucionar los problemas entre el trabajador y el empleador es mediante una mesa de diálogo”, explica Eduardo Ojeda Dávila, presidente de la Cámara.
El miércoles 19 la ministra de trabajo Betssy Chávez y el superintendente de Sunafil, Jesús Baldeón, se reunieron con los representantes del Frentagri y la CTP. Una de las medidas que adoptaron fue que el Ministerio del Interior realice una inspección adecuada. También se pidieron más inspectores de Sunafil.
“Si es que el Ejecutivo no actúa de manera objetiva, nosotros como CTP [coordinadora sindical a la que está afiliado Frentagri] vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía con todas las evidencias [se refiere a los videos], porque tampoco podemos permitir que un empresario actúe de esa manera en pleno siglo XXI”, concluye Russell Nina, secretario de juventudes de la CTP. Y es cierto: el gamonalismo tendría que haberse erradicado hace 50 años.
Muchas veces somos testigos o víctimas del abuso laboral y evitamos hablar al respecto por temor o desconocimiento. Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), desde el inicio del Estado de Emergencia debido al COVID-19, se han registrado 939 denuncias sobre acoso y hostigamiento laboral en los centros de trabajo de nuestro país.
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la hostilidad laboral comprende todos los siguientes actos:
La falta de pago oportuno de la remuneración.
La reducción de la remuneración o de categoría.
El incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador.
El traslado perjudicial del trabajador de su lugar de trabajo.
La violación de medidas de seguridad y salubridad que afecten o pongan en riesgo la vida o la salud del trabajador.
Los actos de violencia o los agravios contra el trabajador o su familia.
Los actos de discriminación por sexo, raza, religión, opinión o idioma.
Los actos contra la moral o que afecten la dignidad del trabajador, como el acoso verbal, físico, visual, sexual, y demás.
¿Qué hacer si se sufre de hostigamiento laboral?
Denunciar ante la empresa
La primera acción es presentar una queja al área de Recursos Humanos de la empresa en la que laboras y solicitar el cese del hostigamiento a tu empleador. Los empleadores están obligados a responder y contar con un procedimiento especial para las denuncias de hostigamiento, así como capacitar y formar a sus trabajadores en los procedimientos internos contra estas situaciones.
Denunciar ante la SUNAFIL
Si la denuncia que presentaste ante el área de Recursos Humanos de la empresa no tiene efecto, puedes realizar una denuncia ante la Sunafil. Esta puede realizarse de manera anónima para cuidarte durante el proceso de investigación al empleador e implicados en el caso.
Denunciar ante el Poder Judicial
Si las dos primeras vías de denuncia no respondieron de forma adecuada, puedes recurrir al Poder Judicial. Este evaluará el caso y habilitará las medidas necesarias para el cese de la hostilidad o, en caso de que decidas dejar el trabajo, iniciará los trámites que te permitan recibir una indemnización por despido arbitrario.
