“Ese tipo de acciones e intervenciones son inservibles porque la prostitución no es un delito en Perú. De nada sirve que las detengan, solo sirve para las cámaras que un alcalde exponga a menores de edad y las redes sociales del Municipio, pero no para resolver el problema de fondo”, aclaró Gianna Camacho.

Azucena Rodríguez envió un documento al alcalde para que se disculpara por los actos cometidos a sus compañeras, pero la respuesta no fue la esperada. “Nos dijo que no le importaban las trabajadoras sexuales, lo único que quería era que no estén en las calles donde hicieron su operativo porque hay mucho comercio y eso molesta a los vecinos”, detalló la representante.

Ante estos hechos, Walter Ávila, jefe del Programa de Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana y la Seguridad de la Defensoría del Pueblo declaró a este portal que la situación del trabajo sexual debe verse en la agenda de las políticas públicas del Estado con un enfoque multisectorial. “No solo se trata de un problema de inseguridad, hay un trasfondo que debe ser atendido por el Estado”, acotó el funcionario.

Asimismo, informó que se hicieron requerimientos formales a la Policía para investigar los recientes asesinatos a trabajadores sexuales y las denuncias de las intervenciones policiales sin motivo justificado. “Estamos a la espera de la respuesta de las Comisarías acusadas”, apuntó Ávila.

Azucena Rodríguez afirma que los abusos de los que son víctimas sus compañeras se deben a que no hay una ley que las respalde. “El trabajo sexual no es ilegal en Perú, sabemos que no podemos irnos presas y no hay penas por ejercer el meretricio. Pero como no hay ley todavía hay abuso de autoridad y de los mismos vecinos”, señaló la líder sindical.

El último esfuerzo por una ley en favor de las trabajadoras sexuales sucedió en 2019, Indira Huilca y Marisa Glava presentaron el proyecto de ley luego del consenso con diversas representantes de las meretrices, pero el expresidente Martín Vizcarra cerró el Congreso y todo el esfuerzo volvió a foja cero.

“No hemos podido volver a presentarlo porque los ministros son cambiados constantemente y el contexto político es inestable. El Estado nos ha dado la espalda, cuando estábamos en cuarentena no nos ayudaron nunca. Tuvimos que trabajar por nuestra cuenta”, concluyó Rodríguez del Corzo.

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Ayala Melgarejo debía realizar un informe técnico para conocer a cuántas familias les correspondía la canasta básica. También tenía que proponer qué iba a contener cada canasta y el costo de estas. De acuerdo al informe de la Contraloría, la funcionaria no contaba con la cantidad de personas que debían acceder a este producto e improvisó un número de beneficiarios con estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la aplicación InfoMIDIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

La actual gerente de Desarrollo Social de Lima concluyó que el número de beneficiarios serían 9739 familias, a pesar de que el cálculo improvisado que realizó carecía de criterio técnico y objetivo, pues estos datos no revelaban realmente la cantidad de familias que debían recibir la canasta básica. En consecuencia, la Municipalidad de Independencia gastó  S/ 275.711 de sus propios recursos, además de los S/ 500.000 que el gobierno entregó específicamente para la compra de canastas. Curiosamente, de los 9739 supuestos beneficiarios, la gerencia a cargo de Isabel Ayala solo empadronó a 3127.

 

Según detalla el informe de la Contraloría, las actas donde debían registrarse los datos de los 3127 beneficiarios evidencian que el proceso se habría hecho de forma irregular: en 156 actas, el ente rector encontró firmas que no provienen del puño del titular y huellas dactilares que no corresponden a los ciudadanos que recibieron las canastas. Otras actas cuentan con DNI de personas fallecidas, ciudadanos que residen fuera del Perú o en una jurisdicción distinta a la de Independencia, que ya habían recibido canastas de parte de otros municipios. Asimismo, se detectó la  entrega de 19 canastas a funcionarios de distintas entidades públicas a los que no les correspondía porque percibían ingresos mayores a S/ 1408.

Sumado a esto, la investigación fiscal halló que las cuatro empresas que participaron en el concurso público para ofrecer las canastas básicas familiares tenían relación, pues sus representantes eran familiares. Además, el fiscal a cargo detalló en la investigación que el 30 de marzo de 2020, el padre del dueño de la empresa Corporación Peruana Arrocera Atencio S.A.C., que ganó la buena pro, depositó 11 mil soles en la cuenta bancaria de la entonces gerente de Desarrollo Humano y Social de Independencia.

Este portal pudo constatar que Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en otros tres informes de la Contraloría. El primero, cuando fue regidora distrital del Rímac, entre 2018 y 2019, y entregó un terreno de 870 metros cuadrados de la comuna a favor de una empresa privada, a pesar de que no se especificó la finalidad social del contrato. El segundo, cuando ocupaba el cargo de gerente de Desarrollo Humano y Social y subgerente de Programas Alimentarios, y adjudicó la buena pro a una empresa pese a  que incumplieron los requisitos de las bases.

Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en cuatro informes de la Contraloría. Fuente: Contraloría de la República

Sudaca intentó comunicarse con Isabel Ayala para recoger sus descargos sobre las investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta alguna.

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