Fernando Pérez cuenta que les ofrecieron una serie de beneficios en los que se incluía una caja de cervezas por cada día laborado en plena cuarentena impuesta para frenar el ascenso en la cifra de contagios por COVID-19. A causa de estas malas prácticas, el 22 de marzo de 2020, informó que dos trabajadores dieron positivo a la prueba de coronavirus. Luis Samán denunció a medios de comunicación que durante el estado de emergencia fallecieron 14 trabajadores.

“Los trabajadores de Backus fueron de los primeros en salir contagiados. Hubo más de cientos de infectados y 14 fallecidos”, denunció en ese entonces. Por tal motivo, realizó una campaña por medios para conseguir las medidas pertinentes, lo cual fue considerado como “injuria” por la empresa.

En consecuencia, el ex líder sindical fue despedido el 4 de diciembre de 2020 por la compañía y el 20 del mismo mes, la entidad lo denunció penalmente por difamación. Luis Samán, ahora ex secretario general del sindicato aseguró que la empresa cambió de actitud con el sindicato cuando la multinacional belga, AB InBev, adquirió la cervecera en el 2015.

Fernando Pérez cuenta que existe una política antisindical. “Se busca reducción de costos laborales y ha realizado persecución a dirigentes sindicales con la intención de desarticular los sindicatos”, señala el dirigente sindical.

Sin embargo, la denuncia por difamación no fue la única que Luis Samán recibió, el 2018 la empresa lo por supuesta “colaboración al terrorismo”, luego de haber realizado una campaña mediática en contra del despido de 15 trabajadores que realizaron una huelga como parte de sus actividades sindicales. Meses después, se retiraron los cargos por falta de pruebas. 

Este año Luis fue repuesto a la empresa por orden del fiscal a cargo. Sin embargo, aún queda pendiente el proceso penal que hicieron por difamación que incluye una pena privativa de la libertad por tres años y una indemnización de 10.000 soles. “En primera instancia han dado la razón a Luis, pero Backus apeló y estamos a la espera de la decisión del Ministerio Público”, comenta Fernando Pérez.

Sudaca intentó comunicarse con Luis Samán para recoger sus declaraciones, pero el trabajador dijo que por el momento no da entrevistas a los medios de comunicación por el proceso judicial pendiente que tiene con Backus.

En consecuencia de la afectación a sus derechos laborales, el sindicato demanda nueve puntos entre los que destacan que el incumplimiento del pago de un laudo arbitral del año 2020-2021, la implementación del SCTR en sus plantas, condonación de la deuda a los trabajadores afectados por la pandemia y la no tercerización laboral en las áreas productivas. En caso la empresa cervecera no cumpla, el sindicato realizará una huelga indefinida nacional en mayo.

Hasta el cierre de este informe Sudaca intentó contactarse con el área de prensa de Backus, pero no obtuvo respuesta a las denuncias realizadas por los miembros del sindicato.

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“Conversé con muchas madres de las bases del vaso de leche y entendieron que lo que consumían sus hijos no era nutritivo, pero la mayoría de presidentas, entre ellas Pilar Brito, no quisieron dar su brazo a torcer”, señaló la dirigente ganadera. «Ellas no dicen nada, porque les dan de todo», informaron las madres del vaso de leche a Vargas.

No es la única vez que Pilar Brito estuvo presente en medidas que favorecen a la industria láctea. Cuando Patricia Chirinos presentó el proyecto de ley que se mencionó en párrafos anteriores, Pilar Brito encabezó las marchas para derogar el decreto supremo y declaró a medios de comunicación la afirmación de siempre: las mezclas lácteas son nutritivas y la leche fresca no.

Pilar Brito estuve junto a Patricia Chirinos el día que se presento el proyecto de ley en contra del decreto supremo
Pilar Brito estuvo junto a Patricia Chirinos el día que se presentó el proyecto de ley en contra del decreto supremo.

“Hubo una logística grande, se pagaron buses y alimentos para las madres que protestaron. Sería curioso saber quién financió eso”, cuestionó Vargas. Al respecto Silvia Pareja dijo que muchas madres fueron obligadas a ir a la marcha. “Si no iban las raciones de leche en sus bases iban a ser cortadas, recibí varios mensajes de madres contándome lo mismo”, aclaró la dirigente.

Días después de que las afirmaciones de Brito y la industria láctea fueron desmentidas, Pilar Brito llamó a Nivia Vargas para tener una reunión con ella. «Los de Gloria siempre nos han invitado a su planta, pero no sabíamos que los ganaderos tenían buenas vacas», se excusó Brito. “Dijo que dejaría el tema ahí, pero ha vuelto a incentivar que se derogue el decreto. Si la norma se anula, ganaderos y madres del vaso de leche haremos marchas hasta que se deje de perjudicar a los niños”, finalizó la presidenta de Agalep.

Sudaca intentó comunicarse con Pilar Brito para recoger sus descargos sobre las acusaciones que se le hacen, pero hasta el cierre de este informe no recibió respuesta alguna. 

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“Ese tipo de acciones e intervenciones son inservibles porque la prostitución no es un delito en Perú. De nada sirve que las detengan, solo sirve para las cámaras que un alcalde exponga a menores de edad y las redes sociales del Municipio, pero no para resolver el problema de fondo”, aclaró Gianna Camacho.

Azucena Rodríguez envió un documento al alcalde para que se disculpara por los actos cometidos a sus compañeras, pero la respuesta no fue la esperada. “Nos dijo que no le importaban las trabajadoras sexuales, lo único que quería era que no estén en las calles donde hicieron su operativo porque hay mucho comercio y eso molesta a los vecinos”, detalló la representante.

Ante estos hechos, Walter Ávila, jefe del Programa de Personas Privadas de Libertad, la Seguridad Ciudadana y la Seguridad de la Defensoría del Pueblo declaró a este portal que la situación del trabajo sexual debe verse en la agenda de las políticas públicas del Estado con un enfoque multisectorial. “No solo se trata de un problema de inseguridad, hay un trasfondo que debe ser atendido por el Estado”, acotó el funcionario.

Asimismo, informó que se hicieron requerimientos formales a la Policía para investigar los recientes asesinatos a trabajadores sexuales y las denuncias de las intervenciones policiales sin motivo justificado. “Estamos a la espera de la respuesta de las Comisarías acusadas”, apuntó Ávila.

Azucena Rodríguez afirma que los abusos de los que son víctimas sus compañeras se deben a que no hay una ley que las respalde. “El trabajo sexual no es ilegal en Perú, sabemos que no podemos irnos presas y no hay penas por ejercer el meretricio. Pero como no hay ley todavía hay abuso de autoridad y de los mismos vecinos”, señaló la líder sindical.

El último esfuerzo por una ley en favor de las trabajadoras sexuales sucedió en 2019, Indira Huilca y Marisa Glava presentaron el proyecto de ley luego del consenso con diversas representantes de las meretrices, pero el expresidente Martín Vizcarra cerró el Congreso y todo el esfuerzo volvió a foja cero.

“No hemos podido volver a presentarlo porque los ministros son cambiados constantemente y el contexto político es inestable. El Estado nos ha dado la espalda, cuando estábamos en cuarentena no nos ayudaron nunca. Tuvimos que trabajar por nuestra cuenta”, concluyó Rodríguez del Corzo.

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Ayala Melgarejo debía realizar un informe técnico para conocer a cuántas familias les correspondía la canasta básica. También tenía que proponer qué iba a contener cada canasta y el costo de estas. De acuerdo al informe de la Contraloría, la funcionaria no contaba con la cantidad de personas que debían acceder a este producto e improvisó un número de beneficiarios con estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la aplicación InfoMIDIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

La actual gerente de Desarrollo Social de Lima concluyó que el número de beneficiarios serían 9739 familias, a pesar de que el cálculo improvisado que realizó carecía de criterio técnico y objetivo, pues estos datos no revelaban realmente la cantidad de familias que debían recibir la canasta básica. En consecuencia, la Municipalidad de Independencia gastó  S/ 275.711 de sus propios recursos, además de los S/ 500.000 que el gobierno entregó específicamente para la compra de canastas. Curiosamente, de los 9739 supuestos beneficiarios, la gerencia a cargo de Isabel Ayala solo empadronó a 3127.

 

Según detalla el informe de la Contraloría, las actas donde debían registrarse los datos de los 3127 beneficiarios evidencian que el proceso se habría hecho de forma irregular: en 156 actas, el ente rector encontró firmas que no provienen del puño del titular y huellas dactilares que no corresponden a los ciudadanos que recibieron las canastas. Otras actas cuentan con DNI de personas fallecidas, ciudadanos que residen fuera del Perú o en una jurisdicción distinta a la de Independencia, que ya habían recibido canastas de parte de otros municipios. Asimismo, se detectó la  entrega de 19 canastas a funcionarios de distintas entidades públicas a los que no les correspondía porque percibían ingresos mayores a S/ 1408.

Sumado a esto, la investigación fiscal halló que las cuatro empresas que participaron en el concurso público para ofrecer las canastas básicas familiares tenían relación, pues sus representantes eran familiares. Además, el fiscal a cargo detalló en la investigación que el 30 de marzo de 2020, el padre del dueño de la empresa Corporación Peruana Arrocera Atencio S.A.C., que ganó la buena pro, depositó 11 mil soles en la cuenta bancaria de la entonces gerente de Desarrollo Humano y Social de Independencia.

Este portal pudo constatar que Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en otros tres informes de la Contraloría. El primero, cuando fue regidora distrital del Rímac, entre 2018 y 2019, y entregó un terreno de 870 metros cuadrados de la comuna a favor de una empresa privada, a pesar de que no se especificó la finalidad social del contrato. El segundo, cuando ocupaba el cargo de gerente de Desarrollo Humano y Social y subgerente de Programas Alimentarios, y adjudicó la buena pro a una empresa pese a  que incumplieron los requisitos de las bases.

Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en cuatro informes de la Contraloría. Fuente: Contraloría de la República

Sudaca intentó comunicarse con Isabel Ayala para recoger sus descargos sobre las investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta alguna.

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