Pocos meses atrás, Víctor Manuel Quinteros, ex Gerente de Políticas de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, publicó en el Boletín Idehpucp que en los últimos 7 años, el número estimado de armas sin registro en el Perú había ascendido de 267,000 a 342,000 en un contexto sumamente peligroso: somos testigos de cómo se ha expandido el crimen organizado transnacional y cómo diversas organizaciones criminales han surgido en nuestro país en las zonas de extracción ilegal, como la madera y la minería. Como consecuencia, la demanda de armas de fuego creció tanto para fines criminales, como para defensa legal. Para detenerla, se promulgaron leyes para regularizar las licencias y solicitar la entrega voluntaria de armas, pero de poco sirvió, pues el tráfico de armas, señala Quinteros, no sólo comercializa pistolas o revólveres, sino también fusiles de largo alcance que utilizan las fuerzas de la minería ilegal y las organizaciones criminales en Ecuador. Esas armas jamás serán entregadas voluntariamente.

De pronto, de brusca manera, el Pleno del Congreso acaba de aprobar el uso de armas por parte de los ciudadanos en situaciones de “legítima defensa”. Norma Yarrow y Patricia Chirinos han sido las dos mujeres que han impulsado esta propuesta legislativa, la cual modifica radicalmente el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal. Desde hoy 15 de mayo queda establecido que no habrá responsabilidad penal, ni siquiera prisión preventiva, para aquellos que empleen el uso de fuerza letal en caso tengan que “defender su integridad o la de terceros”. Eso implica que si irrumpen en su casa, su carro o su negocio y se crea una situación de peligro inminente, se podrá matar al agresor, sin ningún temor o sentimiento de culpa. El año pasado, ya el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación determinaron que la iniciativa legislativa no podía ser aprobada, pues la seguridad ciudadana no puede ser usada como pretexto justificar o exculpar actos de violencia hacia terceros, incluidos familiares, como los feminicidios. De nada ha valido la advertencia. Hoy, 77 congresistas las apoyaron en uno de los más irresponsables arrebatos que se hayan cometido. Ya no sólo la corrupción, sino también el crimen, acaban de tomar nuestro Congreso.

Patricia Chirinos sostiene que su ley, siguiendo el derecho a la legítima defensa y al vivir con seguridad, permite un “escudo de protección” para aquellos que se enfrenten a situaciones de riesgo. Disparar a un criminal es protegerse, se concluye de su propuesta, la cual es enriquecida por José Williams, quien considera que la delincuencia organizada ha “menoscabado el respeto por el Estado”. Por tal razón, argumenta el congresista de la misma bancada, el poder disparar en defensa propia sin ninguna regulación, promoverá el empoderamiento de la ciudadanía y, sinceramente aún no comprendo cómo, sostiene que la ley también reforzará la confianza de las fuerzas policiales frente al crimen organizado.

La pensadora Rita Segato describe la crueldad (2019) no sólo como una falta de compasión ante actos violentos, sino también como un deleite provocado por el dolor y el sufrimiento ajeno. Naturalizada, la crueldad también se presenta en las prácticas cotidianas que someten la subjetividad de las personas. Segato plantea que la crueldad se aprende porque se enseña. Que el gozo y la desensibilización ante el dolor juegan un rol activo en procesos de enseñanza-aprendizaje que como en los juegos de guerra, homogeniza y masculiniza. Pero hablamos de un país que no puede soportar esos juegos. Se trata de una guerra posible y de un mercado ilegal que dos mujeres congresistas, enceguecidas por las normativas ilegales que el Congreso y sus mafias nos imponen, están decididas a celebrar con una crueldad cada vez más retorcida. 

Por primera vez en la historia del cine peruano han coincidido cinco producciones nacionales en una misma cartelera. De las cinco películas que se disputan el público para mantener sus salas llenas, tres de ellas han sorprendido con propuestas estéticas que representan al Perú de maneras muy distintas. Esta disputa ha convocado bandos a favor y en contra para cada película en las redes y los medios.   

Yana-Wara (2023), la película que no consiguió culminar Oscar Catacora (1987-2021), sino su tío Tito, es la más audaz de todas ellas. Con escenas sostenidas que parecen viñetas en blanco y negro, la hermosa y terrorífica Yana-Wara, nos cuenta en aimara la violenta historia de cómo llegó la educación escolar a una comunidad aislada geográficamente, a través del abuso que comete el profesor contra Yana-Wara, una niña enmudecida, protegida por su abuelo. El público se ha dividido en un bando que se conmovió con la historia indesligable de su estética y fantasmagoría; y otro bando que se alzó contra una suerte de vergonzoso retrato de una comunidad peruana, dejando de lado que estaba ambientada cuarenta años atrás. Así ya no es el Perú dijeron unos, por qué tenemos que seguir victimizándose añadieron otros. 

La biografía de Ernesto Pimentel, Chabuca (2024), ha sido una audaz apuesta por una estética cuir con guiños a la obra de Giuseppe Campuzano. Sin embargo, sus partes no llegan a ensamblarse debido a los bruscos giros del guion, incluido un inusual final escrito. Empieza siendo la orientación sexual el tema principal y luego lo reemplaza una historia de desamor. Quizá la victimización pueda ligar sus partes: el esfuerzo de Pimentel por no victimizarse desde niño debido a su homosexualidad, y de ahí su rechazo al novio que lo victimizó al punto de contagiarle el VIH. Igual queda mucho suelto y el cambio de tema oculta lo mejor de la película, su propuesta estética. El público se ha dividido en un bando a favor del novio que falleció hace veinte años, y otro bando, homofóbico, se ha declarado opuesto, asqueado con la “suciedad” con la que nombra la orientación sexual de sus protagonistas. 

Con La piel más temida (2023), el debate pasó de las redes a la televisión. Como la película cuenta cómo la protagonista descubre que su padre fue parte de Sendero Luminoso y conoce a su abuela quechua, un conductor del canal de noticias N pidió al cine que la retirara por  “romantizar el terrorismo” con dinero que el Estado no debiera darle a ninguna película, menos a esta. La voz del conductor es la del bando que desde el Congreso de la República y en colusión con algunos medios de comunicación, victimiza a las fuerzas armadas y manipula su vacía definición de terrorismo, para ocultar que durante el enfrentamiento contra Sendero y otras organizaciones armadas, el Estado también utilizó el terror y cometió terribles masacres y asesinatos. Un bando que boicotea toda producción cultural que se atreva a recordarlo. Y justamente, Joel Calero, director de La piel más temida, tiene el don de haber imaginado una trilogía de cómo el pasado no se puede ocultar. Cómo invade el presente, el ahora. Sus películas tratan del preciso e inesperado momento en que el conflicto armado retorna para interpelar la memoria. 

Lo bueno es que hay ese otro bando que crece y persevera, aquel que sí ve La piel más temida, el que se conmueve con Yana-Wara, el que extraña a Campuzano y verá Arde Lima, un bando que seguirá luchando para que el arte no nos deje olvidar nuestra historia. Porque el verdadero arte, no engaña. 

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Que la recién fundada república peruana decidiera con justificaciones racistas, condenar a dos terceras partes de su población al abandono, la explotación laboral y la marginación territorial, produjo que la distribución del territorio y del gobierno del país se realizara entre hombres con acceso a las mejores escuelas, regentadas por docentes de buen nivel intelectual, usualmente extranjeros vinculados a congregaciones religiosas europeas o intelectuales peruanos con estudios y experiencia laboral internacional, varios luego ministros o embajadores. Eso no aseguraba que no hubiese corrupción y repartija en todos los gobiernos, pero sí traía consigo el imaginarse como un país algún día desarrollado. Existía un discurso de progreso y modernidad que en medio de tanta calaña consiguió que el analfabetismo se redujera año tras año, ampliando la cobertura escolar. 

Claro que costó trabajo. Durante los 200 años que ya tiene la República, el negar la educación se aprovechó con fines electorales; por ejemplo, durante casi un siglo (1896-1979) no se pudo votar siendo analfabeto, lo cual excluyó del gobierno no sólo a la población indígena sometida, sino también a la mujer peruana. No obstante, la población marginada, consciente del poder que estudiar implicaba migró, reclamó y luchó por su derecho, sin tomar conciencia de que el Estado peruano no se encontraba en condiciones de poder cumplirlo. 

Durante las últimas cuatro décadas de democracia y dictadura, las dos terceras partes de la población antes excluida por pobreza y condición étnica tuvo acceso a una mala educación escolar que devino en una mala educación universitaria. Universidades públicas y particulares formaron malos profesionales que refugiados en la corrupción, se adueñaron en ese lapso de la carrera pública magisterial, judicial y burocrática. Como resultado, se consiguió que sus allegados se enriquecieran permitiendo el fortalecimiento de la informalidad en el transporte y la minería, y la consagración del narcotráfico, del comercio de armas y la trata. Hoy, tras haber tomado también el Congreso, muchos de ellos se han enriquecido invirtiendo en mantener el sistema universitario lucrativamente exitoso, condicionado a perpetuar su conveniente sistema de mala formación. 

Pueda ser que exista algún antecedente escondido en algún libro de historia, pero estoy casi segura de que nunca antes en el devenir de este país, el Congreso de la República se había propuesto emitir una legislación que socavara la vital formación personal, ciudadana e intelectual de nuestra población. Esto implica que la mayoría de estos parlamentarios, con anuencia del Poder Ejecutivo y bajo la protección del Poder Judicial han acordado tirarse abajo los largos esfuerzos de mejora y los pocos logros conseguidos en las últimas tres décadas en el sector Educación: el cambio en la formación de los nuevos docentes y la carrera meritocrática, la ampliación de su cobertura a casi todo el país y el ingreso al sistema de evaluación internacional tanto de la formación escolar, como de supervisión de la calidad universitaria. Es cierto que todos estos procesos tienen bemoles que salieron a la luz durante la pandemia: al revés de lo necesario, los mejores profesores no se destinan a los lugares de mayor exigencia en la educación escolar, como las zonas bilingües, sino que se destierra a los malos docentes a las zonas más agrestes. Pero llegan. La infraestructura está colapsada, pero aún asegura la presencia del Estado. Aún no alcanzamos los promedios latinoamericanos de ciencias, matemáticas y lectura en las evaluaciones de organismos internacionales avales de nuestra economía, pero los docentes han conseguido que al menos una tercera parte de sus estudiantes realmente comprendan lo que leen. 

Y sin que fuera imaginable, este Congreso acaba de promulgar que 14,000 docentes que jamás aprobaron una prueba puedan regresar a enseñar. Contra toda expectativa, los acreedores de una de las peores universidades, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, han conseguido que retome su funcionamiento a pesar de que la Superintendencia Universitaria, la Sunedu, le negara definitivamente su licencia años atrás. Y peor aún, gracias al Poder Judicial, ha regresado a dirigirla su temido rector Luis Cervantes, quien repartió entre él y sus allegados, los ingresos de la universidad. Aquel señor que se pagaba a sí mismo 2 millones de soles mensuales, diez veces más que el sueldo del rector de Harvard, celebra su retorno.  

Y no hay alma escolar o universitaria que salga a las calles a protestar. Pareciera que ya no hay fuerza alguna o que la mala educación se comió al Perú. Lo cierto es que en los últimos siete años nuestro analfabetismo y abandono escolar están creciendo y con estas medidas pareciera que ya nadie los pueda parar.

En las redes sociales hay un fenómeno muy interesante, seguro estudiado y con nombre, pero en el que recientemente he reparado, que es el de comentar artículos y noticias de periódicos y revistas especializadas guiándose tan sólo del encabezado que lo acompaña. Páginas de noticias, de divulgación científica y análisis político y social, atraen a un mar de comentaristas que cuestionan el contenido del texto inspirándose tan sólo en la sumilla y el titular. 

No son trolls que lo hacen por motivos laborales, sino por contemplarse como víctimas de una agresión moral contra la veracidad de sus creencias. Los distingue esa predisposición de que les da razón para atacar.  Si se aborda un tema de género o peor aún su autor es mujer o de la población lgbtiqa+, el titular debe ser cuestionado pues alimenta la cultura woke, la violencia feminista, la confusión de la identidad sexual. Todas artimañas que buscan derrumbar la familia provida. Cuando se anuncia que una obra literaria llevada al cine será interpretada por actores de fenotipo distintos al de su autor, sea Shakespeare u Homero, la obra es un sin sentido que busca agacharnos ante razas que ahora imponen los medios comunistas y antinacionalistas de entretenimiento. Cuando se publican fotografías de nuestro planeta desde el espacio, resulta que es un engaño porque el cielo no es más que un domo que cubre una tierra plana con límites aún por ser establecidos. La física, la matemática, los estudios culturales, la literatura y las ciencias de la vida, usualmente albergados en universidades y otros circuitos de arte y conocimiento, para estos comentaristas son un enemigo creado contra el fundamento principal de sus creencias: la Biblia. 

Es cierto que la modernidad sacó del juego a la escolástica de las universidades y de los centros de conocimiento, una corriente dedicada a demostrar científicamente la existencia de Dios, sus obras y naturaleza. En oposición, la modernidad impuso a la producción industrial y a todas las ciencias el conseguir un progreso económico y social que sin duda cambió el sentido de la humanidad y que hoy nos tiene en vilo ante una debacle medioambiental. Pero criticar a la modernidad retornado a la escolástica es retornar a un estado premoderno, anterior a los tiempos de la independencia del Perú, cuando teníamos población esclavizada y no éramos siquiera los dueños de nuestro suelo. ¿Cómo puede ser deseo de algunos comentaristas el retornar a ser colonia de un imperio transatlántico? ¿Cómo puede ser razón para restar con orgullo importancia a la costumbre de leer, de distinguir al mito de la evidencia y la comprobación? Porque si de la modernidad con algo se quedan, es con las explicaciones que justifican el racismo y la discriminación de todo aquello que no sea ícono de una brava masculinidad. 

En Estados Unidos hasta el año 2019, el 40% de su población era creacionista, seguros de la existencia de Adán y Eva y de que llevamos tan sólo seis mil años de humanidad (Gallup, 2020). Con el aumento de la formación universitaria (a la que accede ya cerca de la mitad de su población) aún hoy, el 80% de su población considera que la Biblia fue inspirada por Dios (Gallup, 2024). En Perú, las universidades tampoco podrían resolver que muchos peruanos y peruanas se opongan a la Teoría de la Evolución, pues existen casas de estudio que aún mantienen posturas escolásticas y defienden el creacionismo. Algunas lo llevan a extremos, pues al pertenecer a redes internacionales de centros de formación superior de su misma religión, retroalimentan entre pares los resultados de las investigaciones de sus docentes y estudiantes para sustentar la Biblia y las posturas que los comentaristas escolásticos defienden. Año a año, la creencia en Dios no se reduce en el Perú, y los fieles protestantes a la Biblia van en aumento, son ya la cuarta parte de nuestra población (Ipsos 2022). 

Si queremos pensamiento científico peruano, hay docentes, muchísimo qué hacer. 

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Cuando en Estados Unidos el editor del Chicago DailyNews, pidió al presidente Herbert C. Hoover que el gobierno federal pusiera fin a la violencia desatada por Al Capone y su sindicato criminal, de inmediato se juntaron las oficinas gubernamentales para ver cómo capturarlo. Era la única vía pues tenía compradas a las autoridadeslocales. La ruta más eficaz fue acusarlo de evasión de impuestos. El presidente Hoover aprobó el plan y dos años después se consiguió encarcelar a Capone.

Es difícil afirmar si el presidente Hoover fue o no un buen presidente. Le tocó enfrentar la gran depresión de 1929, así que no tuvo muchas opciones para decidir. Algunas de sus medidas luego fueron replicadas por ser efectivas,como la realización de grandes obras públicas para dar trabajo en medo de la crisis; pero también de manera injusta y violenta deportó a miles de latinos o quemó elcampamento de veteranos en la Explanada Nacional de Washington D. C. para expulsarlos. Lo cierto es que Hoover, puso mucho ahínco cada vez que se le ofreció un puesto en los gobiernos posteriores y nunca fue acusado de corrupción, a diferencia de los últimos ocho presidentes que hemos tenido en nuestro país.

Aquello que en el Perú nos resulta difícil para decidir si un presidente fue bueno o malo es cuando le fue bien a la economía pero cometió masacres o su patrimonio creció exponencialmente, como el del culpable de asesinato Alberto Fujimori, del cual ya se ha encontrado al menos 190 millones de dólares en sus cuentas suizas, o como elde Alberto Toledo cuyas propiedades en Costa Rica superan los 20 millones.

Las personas que defienden a Alberto Fujimori niegan tozudamente que fuera corrupto y culpan a Vladimiro Montesinos, el encargado de los depósitos y transferencias. Sus fieles lo consideran verosímil, pues Fujimori no ostentaba públicamente su fortuna (en todo caso, son otras demostraciones de poder las que le interesan y su imagen de hombre parco las refuerza). En cambio, Alejandro Toledo que lo presumía. Los gastosexcesivos en costosos licores, los numerosos viajes a balnearios, el inolvidable “avión parrandero que fue sede de sus más célebres borracheras son más que suficiente evidencia.

En estos días vemos cómo la presidenta Dina Boluarte no pudo refrenar el goce de presumir sus relojes. Unos accesorios que jamás podría haber comprado con lossueldos que ha ganado en su vida, incluido el de ser Presidenta de la República. Entonces una piensa, ¿con qué argumentos se hab convencido a sí misma –mientras se terminaba de afinar frente al espejo la distancia entre el reloj y la manga— que le iría bien mostrarlo ante cámaras? Y se despliegan las respuestas: podría haber sido que se sentía elegante o de clase social más alta, otro quizá que era buen medio para enviar un mensaje de agradecimiento, de pertenencia o incluso de seducción. Quién sabe. Lo cierto es que nunca repensó que sus espectadores los reconocerían y empezarían a investigar.

Los seguridad presumida de Alejandro Toledo, provenía del formar parte de una poderosa organización criminalcon sede en varios países; una organización distinta de la de Alberto Fujimori, de orden político, que ha conseguido mantener el control del Congreso peruano gracias al arrastre electoral de su hija Keiko, ella sí presumida.

El año 1927 la fiscal Mabel Walker Willebrandt consiguió encarcelar a la primera cabeza de una mafia norteamericana por evadir impuestos federales. Le resultó muy sencillo porque los mafiosos como Al Capone no cesaban de ostentar su riqueza. Pero que caigan las cabezas, ya lo vimos con Alberto Fujimori, no acaba con la organización criminal. Han pasado 90 años desde que apresaron a Capone y hasta el día de hoy, la Chicago Mafia que encabezó y expandió, aún mantiene control criminal en el centro de la ciudad.

Doscientos años han pasado desde que una ola de comprometidos peruanos, peruanas luchara con la vida por convertir la colonia en la que crecieron en un orgullo de República y Nación. Año tras año, mientras el modelo de gobierno lo discutían singulares parlamentarios y agudos escritores con cada nueva Constitución promulgada, los líderes políticos se enfrentaban bélicamente con tal de tomar la Presidencia de la República, imponer su estilo y brindar el mayor de los provechos para su corte. Nos costó la dolorosa Guerra con Chile el haberlo tomado tan a la ligera; después la cosa de gobierno se tornó algo más seria.

La primera Constitución del siglo XX, la de 1933, fue capturada por el presidente pro fascista Oscar Benavides, quien hizo todas las modificaciones que requiriera su represivo gobierno. Una década más tarde, el general Manuel Odría da un golpe de Estado y, para calmar las aguas, convoca a unas elecciones en las que solo participó su partido. Así consiguió un parlamento integrado sólo por sus allegados. Pudo modificar la Constitución de acuerdo con sus intereses, como el de aprobar el voto femenino tan reclamado, que el quiso usar para conseguir la fidelidad de las instruidas votantes en las próximas elecciones presidenciales. No le funcionó.

Otra década después, el General Juan Velasco decretó que sí se seguiría la Constitución de 1933, salvo cuando los decretos de su gobierno la contravinieran; aquel maremoto duró un mandato y devino en la dura represión del general Francisco Morales Bermúdez. Protagonista del Plan Condor y de las consecutivas masacres durante las huelgas generales, convocó a una Asamblea Constituyente. Por primera vez los partidos políticos (viejos y nuevos) perseguidos a lo largo del siglo por todo el país pudieron participar libremente. La Constitución de 1979 parecía haber alcanzado un auténtico acuerdo nacional que reconocía derechos humanos y regulaba los principales sectores económicos del país. Fue la carta magna que vigiló al Perú durante la guerra contra Sendero Luminoso, el impacto del Fenómeno de El Niño, el crecimiento exponencial de la deuda externa y el colapso de los servicios del Estado. Cuando otra década después el Fondo Monetario Internacional planteó como solución contra el colapso socioeconómico la fórmula neoliberal, la Constitución resultó incompatible. El Presidente golpista Alberto Fujimori la culpó del caos y convocó a elecciones para el Congreso Constituyente (irónicamente) Democrático. El resultado fue la Constitución de 1993, que nos dejó con una sola cámara parlamentaria formada por congresistas que se podían reelegir. El Presidente de la República también. Aquello que se ofreció como una propuesta para poder culminar planes de desarrollo y estabilidad de mediano plazo, resultó una estrategia para mantener redes de clientelaje, violencia y corrupción. 

Reemplazando a Pedro Pablo Kuczynski, el primer presidente peruano encarcelado este milenio, el 2018 el Presidente Martín Vizcarra propuso un referéndum nacional para aprobar cuatro modificaciones acordadas con la población que podrían detener la corrupción en el país. Con amplia mayoría, aprobamos reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, regular el financiamiento de las campañas electorales, prohibir la reelección de los parlamentarios y restituir el sistema bicameral en el Congreso. De pronto, Vizcarra alertó que los congresistas utilizarían la bicameralidad para reelegirse y por eso el 90% de los votantes, 10 millones de peruanos acordamos votar en contra. 

Este miércoles 6 de marzo de 2024, el actual Congreso de la República con 91 votos a favor aprobó el retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria. El 2026, 60 de los hoy 130 congresistas que se están adueñando de los tres poderes del Estado, podrán conformar el nuevo Senado del país. Qué futuro nos espera si tan sólo en dos años bajo una dictadura parlamentaria hemos perdido 50 mil millones de soles por corrupción. Qué futuro si desde el mismo día quedamos en manos de un Presidente del Consejo de Ministros que considera que los culpables de las masacres con las que comenzó este gobierno, fueron los ciudadanos que salieron a protestar. Qué futuro será. 

Los fieles que rinden culto a Fujimori admiran la firmeza con la que tomó las decisiones drásticas que requería “el país” allá a comienzos de los años 90. Ante tal consistencia sienten realmente que se encuentran frente a un héroe. Y es que en los mitos y leyendas con los que crecemos, los héroes suelen pasar por la prueba de contravenir la ley con tal de salvar una, cien, mil vidas; así que para muchos, la manera como Alberto Fujimori montó en escena la captura de Abimael Guzmán y la forma cómo liberó el informal crecimiento económico, son motivo suficiente para justificar cualquier delito que cometiera, pues supuestamente puso fin al estado de violencia y pobreza del Perú. 

El fujimorismo consiguió convencer a sus feligreses de que la corrupción, los secuestros, torturas y asesinatos que caracterizaron su gobierno eran obras del frío y calculador villano que lo mantuvo algo confundido, Vladimiro Montesinos. Y si en todo caso, Fujimori fue culpable de alguna masacre o engaño, fueron los costos de su heroicidad. De esa manera, sus fieles consideran que los delitos por los que fue sentenciado no importaban gran cosa: fueron errores del Grupo Colina llevar a cabo las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, fue por seguridad que secuestró al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer. Si se compraron congresistas, líneas editoriales de los principales medios de comunicación y se engañó a la población con la prensa chicha, eso ya fue culpa de Vladimiro, así que los caviares fueron injustos en sentenciarlo por conductas ajenas. ¿Acaso Fujimori No había tenido la valentía de allanar su casa (sin los adecuados fiscales por el apuro) con tal de retirar las maletas con la evidencia de sus delitos? Así Fujimori dejó establecida su heroicidad antes de fugarse y abandonó en la villanía a su socio Montesinos.

Cuando el Tribunal Constitucional con el apoyo de la presidenta del Poder Ejecutivo le otorgó el indulto contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus fieles coparon ansiosos las calles aledañas al penal. Lo esperaban para celebrarlo rodeados de todos los medios de prensa y lo acompañaron en parte del recorrido agradeciendo su supuestamente justa liberación. Luego, pasaron los días y se abrió un prolongado silencio hasta hace un día cuando su frágil figura de 85 años irrumpió en un centro comercial. Sus fieles fujimoristas avisaron de inmediato a los medios. Por supuesto, el canal de televisión que sostienen sus más comprometidos feligreses de inmediato acudió a entrevistarlo y se quedaron boquiabiertos cuando Fujimori salió en defensa de Vladimiro Montesinos y descartó explícitamente la capacidad política de sus hijos, que dicho sea de paso, jamás se han doblegado durante su peregrinación elecciones tras elecciones en busca del gobierno prometido. 

De un día para otro, el indultado habló en nombre de sus feligreses, aseguró que el “fujimorismo” había acordado apoyar a la presidenta hasta el fin del mandato de Castillo, el año 2026. Evadió responder entre risas cuando le preguntaron por las posibilidades electorales de Kenji y de Keiko y agregó que Vladimiro Montesinos había cumplido muy bien sus funciones en el Servicio de Inteligencia Nacional y que todo lo demás habían sido errores. 

Sus voceros quedaron boquiabiertos y detuvieron la entrevista. ¿Él héroe tan esperado defendiendo al villano que tan útil les había sido? ¿Ese es el Fujimori que liberaron sus fieles? Esos son los momentos cuando debemos aceptar que la épica y sus protagonistas son tan sólo idealizaciones. En el caso del fujimorismo estas han sido urdidas consciente e intencionadamente. De forma que se ha quedado en el olvido que una de sus condenas se debió a que le pagó 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos por compensación de tiempo de servicios (¡como si su sueldo mensual hubiese sido de 1 millón y medio de dólares!) y que durante el juicio afirmara que esa compensación le parecía justa y que no encontraba el delito.

Ante este escenario, ¿conseguirán los fieles fujimoristas rescatar al heroico padre de familia, de gobierno, de país que construyeron en oposición a los ardides de su villano? Cuando lo sentencien nuevamente, ¿les quedará ánimo (y un poquito de ética) para rogar otra vez por indultarlo? 

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Carla Sagástegui, en la arena, fujimori y montesinos

En el Perú, coexisten diversas maneras de entender, divulgar y enseñar su Historia. En las universidades, por ejemplo, prima una mirada crítica que estudia las tensas condiciones en las que se produjeron los acontecimientos que redefinieron nuestra sociedad, sus culturas, el devenir del país. En los colegios es distinta y diría casi opuesta la enseñanza de la Historia, porque uno de sus objetivos es sembrar en cada nueva generación cariño y admiración por un pasado común, así como el rechazo a ciertas malas decisiones (según los principios de su docente), lo cual nos habría de fusionar eficientemente en una comunidad nacional. Y en el mercado cultural, la apuesta es hacer de todo ello una atractiva producción de héroes y episodios históricos que entusiasme al público, que ofrezca patrióticas tendencias y que eluda, salvo que sea conveniente, el surgimiento de debates (cosa algo contradictoria con la democracia, que requiere de la convivencia de posturas opuestas para producir nuevas ideas, nuevos futuros). 

Hasta hoy en nuestro país sólo el 16% de peruanos ha tenido acceso a la educación superior; muchos de ellos en universidades que actualmente carecen de licencia para funcionar por no cumplir con los niveles mínimos de calidad en la formación que ofrecían. Con esta evidencia en mano, debemos tomar conciencia de que la manera como en Perú comprendemos la Historia queda en manos de nuestro sistema educativo escolar, que, como bien sabemos, envía a las zonas más empobrecidas a los docentes con menor calidad a enseñar en una lengua impuesta que sus estudiantes rara vez consiguen dominar. Espacios rurales donde la Historia ha persistido no como reflexión, sino como culto por las fiestas o como idealización de los (cada vez menos) personajes históricos, capaces de encender el patriotismo.

Si incluimos dentro de los temas de Historia, el nacimiento, la fragilidad y la protección de la Democracia y los derechos ciudadanos, nos encontraremos con que la mirada crítica universitaria es compartida por una pequeña élite de hablar cifrado y desafiante, una élite escindida del resto, de la enorme mayoría, que bajo la mirada escolar asume la democracia como el responsabilizar a un otro ante las necesidades patrias, un otro a quien espera elegir como heroico líder, un Milei que de sopetón acabe con todas las necesidades posibles. Hechos y no palabras. 

En todo el continente americano, la democracia demoró hasta avanzado el siglo XX en decidir quiénes debían participar o no, quiénes serían reconocidos como ciudadanos (como las mujeres), pues había población étnica sometida a trabajos forzados y mal remunerados. Uno de los recursos fue, y no casualmente, el ser analfabeto. Hasta avanzado el siglo XX, se utilizó el mantener fuera del sistema electoral a la población indígena o afrodescendiente restringiendo su acceso a la educación. En Estados Unidos hasta 1965, en Perú hasta 1979.

Actualmente, en los países donde el sistema democrático funciona a cabalidad, cerca de la mitad de la población tiene educación superior y en las comparaciones de rendimiento escolar, sus estudiantes sobresalen. En los países donde buscamos dirigentes extremistas, de recursos violentos que persiguen la reelección para imponer su patriótica ideología, como Bukele o Morales, menos de la cuarta parte ha tenido acceso a la educación superior y las pruebas de evaluación escolar dan resultados de estancamiento.

Hoy, cuando después de haber luchado por su reducción, veinte años después nuevamente el 22% de mujeres rurales son analfabetas en Perú, cuando la élite intelectual (esa que Wright Mills, en La élite del poder, creía heroicamente capaz de detener a los corruptos y salvar la democracia) ha constreñido a su lenguaje académico la enseñanza crítica de la democracia, ¿le importa a la población que tan sólo terminó primaria o con suerte hasta la secundaria, la lucha por sus derechos a una vida plena?, ¿se preocupará por la captura de los Poderes del Estado? ¿Cómo hará esa electora, la que se encuentra más lejos de cualquier aula universitaria del Perú, para saber por qué sus gobernantes la amenazan para que no proteste y tan sólo produzca? 

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Cuando se discute el tema de la corrupción, la pasiva gestión del estado, la toma del congreso por líderes de la economía informal e ilegal, el tema se suele abordar desde los hechos, la evidencia, las cifras:  les vendemos armas fabricadas por el estado peruano a las mafias ecuatorianas,  las negociaciones con la policía y el ministerio del interior son inútiles, una congresista inspirada en Milei está convencida de que debemos reducir nuestros ministerios de 18 a solo 9 para gastar menos 

El problema es que la discusión pocas veces consigue revertir aquello que critica, pues enfrentamos a productores y tozudos defensores de falsa información: por ejemplo, aumentan las cifras de violencia para que la compra de armas crezca y luego puedan comercializarla ilegalmente; o para impedir la fiscalización de las economías criminales nos quieren convencer de que es necesario reducir ministerios por el gasto público, cuando somos uno de los países con menor gasto en América Latina.  

Que nos gobiernen alzando la falsa información como bandera no es tan sólo un problema de cifras o evidencia, es también origen de un profundo problema que afecta directamente la construcción de nuestra subjetividad social. Pues crecer en medio del engaño, poniendo todo el esfuerzo en denunciarlo, y percibir que no se consigue revertir la situación, consume nuestros esfuerzos, agota nuestras esperanzas. Produce un profundo cansancio social que nos deja cruzados de brazos ante la agonía de nuestros partidos políticos y de todo el sistema democrático nacional. 

Como levanta la sospecha de que resulta más sencillo dejarse engañar, empezamos a ver en el otro un potencial mentiroso o un incapaz engañado, de forma que no podemos confiar en ninguno de ellos, sólo en uno mismo. De esa manera las redes sociales funcionan mejor que un partido político. Decido socializar virtualmente con quien me da la razón, sin necesidad de que nuestra presencia y aquello que escondo corra riesgo. El partido político, a diferencia, nos convoca a sesiones, a espacios de diálogo y de debate ideológico, a campañas y elecciones donde delegamos nuestra confianza en los candidatos. Nos hace socializar, conocernos y compartir nuestras diferencias y afinidades. No es que no se tome en cuenta la suspicacia, pues sabemos que se trata de una competencia por tener el poder, el control de un territorio, de sus fondos fiscales y de su población; pero aún aceptando este riesgo, seguimos fieles a las propuestas cómo un nuevo gobierno transformará nuestro entorno y condiciones de vida. 

En cada país hay sin duda candidatos de redes que prefieren manipular la información y engañar y candidatos de partidos que llegan con propuestas y equipos de trabajo dedicados a comprender nuestros conflictos y necesidades. Pero en Perú, pareciera que el copamiento del sistema democrático por parte de los candidatos y gobernantes aliados para engañar y corromper hizo de los partidos políticos espacios de alquiler electoral para conseguir beneficios personales. 

En medio de la desconfianza que alimentan los actuales poderes del estado, donde sus protagonistas están acusados de haber cometido crímenes y delitos, que puesto fin a los partidos y ahora regresa para retomar el control de las universidades ¿dónde podremos sentirnos seguros para debatir modelos de gobierno ante el futuro de inestabilidad climática y territorial del que depende la duración de nuestros recursos? ¿Dónde discutir el futuro de nuestras siguientes generaciones que tendrán que hacerse cargo del mundo nuevo con sus profundos retos que les tocará vivir?

Si en estos tiempos aparece un nuevo partido, el reto de recuperar nuestra confianza será grande, pero sin ella no podremos seguir. 

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