Que la recién fundada república peruana decidiera con justificaciones racistas, condenar a dos terceras partes de su población al abandono, la explotación laboral y la marginación territorial, produjo que la distribución del territorio y del gobierno del país se realizara entre hombres con acceso a las mejores escuelas, regentadas por docentes de buen nivel intelectual, usualmente extranjeros vinculados a congregaciones religiosas europeas o intelectuales peruanos con estudios y experiencia laboral internacional, varios luego ministros o embajadores. Eso no aseguraba que no hubiese corrupción y repartija en todos los gobiernos, pero sí traía consigo el imaginarse como un país algún día desarrollado. Existía un discurso de progreso y modernidad que en medio de tanta calaña consiguió que el analfabetismo se redujera año tras año, ampliando la cobertura escolar. 

Claro que costó trabajo. Durante los 200 años que ya tiene la República, el negar la educación se aprovechó con fines electorales; por ejemplo, durante casi un siglo (1896-1979) no se pudo votar siendo analfabeto, lo cual excluyó del gobierno no sólo a la población indígena sometida, sino también a la mujer peruana. No obstante, la población marginada, consciente del poder que estudiar implicaba migró, reclamó y luchó por su derecho, sin tomar conciencia de que el Estado peruano no se encontraba en condiciones de poder cumplirlo. 

Durante las últimas cuatro décadas de democracia y dictadura, las dos terceras partes de la población antes excluida por pobreza y condición étnica tuvo acceso a una mala educación escolar que devino en una mala educación universitaria. Universidades públicas y particulares formaron malos profesionales que refugiados en la corrupción, se adueñaron en ese lapso de la carrera pública magisterial, judicial y burocrática. Como resultado, se consiguió que sus allegados se enriquecieran permitiendo el fortalecimiento de la informalidad en el transporte y la minería, y la consagración del narcotráfico, del comercio de armas y la trata. Hoy, tras haber tomado también el Congreso, muchos de ellos se han enriquecido invirtiendo en mantener el sistema universitario lucrativamente exitoso, condicionado a perpetuar su conveniente sistema de mala formación. 

Pueda ser que exista algún antecedente escondido en algún libro de historia, pero estoy casi segura de que nunca antes en el devenir de este país, el Congreso de la República se había propuesto emitir una legislación que socavara la vital formación personal, ciudadana e intelectual de nuestra población. Esto implica que la mayoría de estos parlamentarios, con anuencia del Poder Ejecutivo y bajo la protección del Poder Judicial han acordado tirarse abajo los largos esfuerzos de mejora y los pocos logros conseguidos en las últimas tres décadas en el sector Educación: el cambio en la formación de los nuevos docentes y la carrera meritocrática, la ampliación de su cobertura a casi todo el país y el ingreso al sistema de evaluación internacional tanto de la formación escolar, como de supervisión de la calidad universitaria. Es cierto que todos estos procesos tienen bemoles que salieron a la luz durante la pandemia: al revés de lo necesario, los mejores profesores no se destinan a los lugares de mayor exigencia en la educación escolar, como las zonas bilingües, sino que se destierra a los malos docentes a las zonas más agrestes. Pero llegan. La infraestructura está colapsada, pero aún asegura la presencia del Estado. Aún no alcanzamos los promedios latinoamericanos de ciencias, matemáticas y lectura en las evaluaciones de organismos internacionales avales de nuestra economía, pero los docentes han conseguido que al menos una tercera parte de sus estudiantes realmente comprendan lo que leen. 

Y sin que fuera imaginable, este Congreso acaba de promulgar que 14,000 docentes que jamás aprobaron una prueba puedan regresar a enseñar. Contra toda expectativa, los acreedores de una de las peores universidades, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, han conseguido que retome su funcionamiento a pesar de que la Superintendencia Universitaria, la Sunedu, le negara definitivamente su licencia años atrás. Y peor aún, gracias al Poder Judicial, ha regresado a dirigirla su temido rector Luis Cervantes, quien repartió entre él y sus allegados, los ingresos de la universidad. Aquel señor que se pagaba a sí mismo 2 millones de soles mensuales, diez veces más que el sueldo del rector de Harvard, celebra su retorno.  

Y no hay alma escolar o universitaria que salga a las calles a protestar. Pareciera que ya no hay fuerza alguna o que la mala educación se comió al Perú. Lo cierto es que en los últimos siete años nuestro analfabetismo y abandono escolar están creciendo y con estas medidas pareciera que ya nadie los pueda parar.

Cuando en Estados Unidos el editor del Chicago DailyNews, pidió al presidente Herbert C. Hoover que el gobierno federal pusiera fin a la violencia desatada por Al Capone y su sindicato criminal, de inmediato se juntaron las oficinas gubernamentales para ver cómo capturarlo. Era la única vía pues tenía compradas a las autoridadeslocales. La ruta más eficaz fue acusarlo de evasión de impuestos. El presidente Hoover aprobó el plan y dos años después se consiguió encarcelar a Capone.

Es difícil afirmar si el presidente Hoover fue o no un buen presidente. Le tocó enfrentar la gran depresión de 1929, así que no tuvo muchas opciones para decidir. Algunas de sus medidas luego fueron replicadas por ser efectivas,como la realización de grandes obras públicas para dar trabajo en medo de la crisis; pero también de manera injusta y violenta deportó a miles de latinos o quemó elcampamento de veteranos en la Explanada Nacional de Washington D. C. para expulsarlos. Lo cierto es que Hoover, puso mucho ahínco cada vez que se le ofreció un puesto en los gobiernos posteriores y nunca fue acusado de corrupción, a diferencia de los últimos ocho presidentes que hemos tenido en nuestro país.

Aquello que en el Perú nos resulta difícil para decidir si un presidente fue bueno o malo es cuando le fue bien a la economía pero cometió masacres o su patrimonio creció exponencialmente, como el del culpable de asesinato Alberto Fujimori, del cual ya se ha encontrado al menos 190 millones de dólares en sus cuentas suizas, o como elde Alberto Toledo cuyas propiedades en Costa Rica superan los 20 millones.

Las personas que defienden a Alberto Fujimori niegan tozudamente que fuera corrupto y culpan a Vladimiro Montesinos, el encargado de los depósitos y transferencias. Sus fieles lo consideran verosímil, pues Fujimori no ostentaba públicamente su fortuna (en todo caso, son otras demostraciones de poder las que le interesan y su imagen de hombre parco las refuerza). En cambio, Alejandro Toledo sí que lo presumía. Los gastosexcesivos en costosos licores, los numerosos viajes a balnearios, el inolvidable “avión parrandero” que fue sede de sus más célebres borracheras son más que suficiente evidencia.

En estos días vemos cómo la presidenta Dina Boluarte no pudo refrenar el goce de presumir sus relojes. Unos accesorios que jamás podría haber comprado con lossueldos que ha ganado en su vida, incluido el de ser Presidenta de la República. Entonces una piensa, ¿con qué argumentos se habrá convencido a sí misma –mientras se terminaba de afinar frente al espejo la distancia entre el reloj y la manga— que le iría bien mostrarlo ante cámaras? Y se despliegan las respuestas: podría haber sido que se sentía elegante o de clase social más alta, otro quizá que era buen medio para enviar un mensaje de agradecimiento, de pertenencia o incluso de seducción. Quién sabe. Lo cierto es que nunca repensó que sus espectadores los reconocerían y empezarían a investigar.

Los seguridad presumida de Alejandro Toledo, provenía del formar parte de una poderosa organización criminalcon sede en varios países; una organización distinta de la de Alberto Fujimori, de orden político, que ha conseguido mantener el control del Congreso peruano gracias al arrastre electoral de su hija Keiko, ella sí presumida.

El año 1927 la fiscal Mabel Walker Willebrandt consiguió encarcelar a la primera cabeza de una mafia norteamericana por evadir impuestos federales. Le resultó muy sencillo porque los mafiosos como Al Capone no cesaban de ostentar su riqueza. Pero que caigan las cabezas, ya lo vimos con Alberto Fujimori, no acaba con la organización criminal. Han pasado 90 años desde que apresaron a Capone y hasta el día de hoy, la Chicago Mafia que encabezó y expandió, aún mantiene control criminal en el centro de la ciudad.

Doscientos años han pasado desde que una ola de comprometidos peruanos, peruanas luchara con la vida por convertir la colonia en la que crecieron en un orgullo de República y Nación. Año tras año, mientras el modelo de gobierno lo discutían singulares parlamentarios y agudos escritores con cada nueva Constitución promulgada, los líderes políticos se enfrentaban bélicamente con tal de tomar la Presidencia de la República, imponer su estilo y brindar el mayor de los provechos para su corte. Nos costó la dolorosa Guerra con Chile el haberlo tomado tan a la ligera; después la cosa de gobierno se tornó algo más seria.

La primera Constitución del siglo XX, la de 1933, fue capturada por el presidente pro fascista Oscar Benavides, quien hizo todas las modificaciones que requiriera su represivo gobierno. Una década más tarde, el general Manuel Odría da un golpe de Estado y, para calmar las aguas, convoca a unas elecciones en las que solo participó su partido. Así consiguió un parlamento integrado sólo por sus allegados. Pudo modificar la Constitución de acuerdo con sus intereses, como el de aprobar el voto femenino tan reclamado, que el quiso usar para conseguir la fidelidad de las instruidas votantes en las próximas elecciones presidenciales. No le funcionó.

Otra década después, el General Juan Velasco decretó que sí se seguiría la Constitución de 1933, salvo cuando los decretos de su gobierno la contravinieran; aquel maremoto duró un mandato y devino en la dura represión del general Francisco Morales Bermúdez. Protagonista del Plan Condor y de las consecutivas masacres durante las huelgas generales, convocó a una Asamblea Constituyente. Por primera vez los partidos políticos (viejos y nuevos) perseguidos a lo largo del siglo por todo el país pudieron participar libremente. La Constitución de 1979 parecía haber alcanzado un auténtico acuerdo nacional que reconocía derechos humanos y regulaba los principales sectores económicos del país. Fue la carta magna que vigiló al Perú durante la guerra contra Sendero Luminoso, el impacto del Fenómeno de El Niño, el crecimiento exponencial de la deuda externa y el colapso de los servicios del Estado. Cuando otra década después el Fondo Monetario Internacional planteó como solución contra el colapso socioeconómico la fórmula neoliberal, la Constitución resultó incompatible. El Presidente golpista Alberto Fujimori la culpó del caos y convocó a elecciones para el Congreso Constituyente (irónicamente) Democrático. El resultado fue la Constitución de 1993, que nos dejó con una sola cámara parlamentaria formada por congresistas que se podían reelegir. El Presidente de la República también. Aquello que se ofreció como una propuesta para poder culminar planes de desarrollo y estabilidad de mediano plazo, resultó una estrategia para mantener redes de clientelaje, violencia y corrupción. 

Reemplazando a Pedro Pablo Kuczynski, el primer presidente peruano encarcelado este milenio, el 2018 el Presidente Martín Vizcarra propuso un referéndum nacional para aprobar cuatro modificaciones acordadas con la población que podrían detener la corrupción en el país. Con amplia mayoría, aprobamos reformar el Consejo Nacional de la Magistratura, regular el financiamiento de las campañas electorales, prohibir la reelección de los parlamentarios y restituir el sistema bicameral en el Congreso. De pronto, Vizcarra alertó que los congresistas utilizarían la bicameralidad para reelegirse y por eso el 90% de los votantes, 10 millones de peruanos acordamos votar en contra. 

Este miércoles 6 de marzo de 2024, el actual Congreso de la República con 91 votos a favor aprobó el retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria. El 2026, 60 de los hoy 130 congresistas que se están adueñando de los tres poderes del Estado, podrán conformar el nuevo Senado del país. Qué futuro nos espera si tan sólo en dos años bajo una dictadura parlamentaria hemos perdido 50 mil millones de soles por corrupción. Qué futuro si desde el mismo día quedamos en manos de un Presidente del Consejo de Ministros que considera que los culpables de las masacres con las que comenzó este gobierno, fueron los ciudadanos que salieron a protestar. Qué futuro será.