Los únicos proyectos de ley que la presidenta del Congreso María del Carmen Alva ha propuesto desde agosto de este año, tuvo que retirarlos porque atentaban contra los derechos laborales peruanos. El mismo día que Alva Prieto los retiró, prometiendo una revisión consensuada con los trabajadores, la congresista fujimorista María Cordero, presentó un proyecto de modificación del código penal sobre el antejuicio político, que otorga al Congreso la potestad de decidir si Fiscalía pudiera investigar o no a funcionarios públicos de alto nivel. Un blindaje a la corrupción sin precedentes. 

La prensa peruana da poca cuenta de la temible labor del Congreso porque está direccionada hacia la vacancia del presidente de la República. La cual, al parecer, ya no es una estrategia para anular los resultados electorales y colocar a Keiko Fujimori. Como la Segunda Sala de Apelaciones Nacional del Poder Judicial declaró infundados los recursos interpuestos por su abogada en el caso Cócteles, su ausencia en la última marcha a favor de la vacancia anuncia que López Aliga o la congresista Patricia Chirinos ahora disputan su lugar, por el que están dispuestos incluso a ponerse de rodillas. 

A quien más parece convenir la vacancia del presidente es a Alva Prieto por alcanzar la presidencia de la República. Pero no parece contar con el número de congresistas necesario para lograrlo. De ahí que esta estrategia tiene que estar muy bien presentada por la prensa de tal manera que aporte las evidencias necesarias como para ganarse a los congresistas que poco a poco se han ido sumando, como los de Perú Libre tras la ruptura de Castillo con Cerrón.

En esa pesquisa, las reuniones presidenciales en la casa de Breña parecen haber dado en el blanco. El Presidente no ha presentado argumentos durante su discurso que justifiquen las detecciones y solo se ha ofrecido a ser investigado. Y sus respuestas deben estar justificadas porque Contraloría le había llamado la atención sobre la falta de transparencia al tener reuniones fuera de Palacio de Gobierno al comenzar su gestión. La prensa se ha centrado en el silencio del presidente respecto de la razón de las visitas de la asesora de una empresa del consorcio que ganó la construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga en San Martín para Provías Descentralizado, después de una serie de reuniones registradas en Palacio de Gobierno, Provías y en la casa del Presidente Castillo. 

Mientras tanto, no sólo le resulta conveniente a Alva Prieto los escándalos que alimentan el pedido de vacancia, sino que es la totalidad de congresistas la que se beneficia enormemente, pues quedan fuera del debate público peligrosos proyectos de ley como el de María Cordero o grandes ausencias, como algún proyecto de ley sobre el enorme crecimiento del narcotráfico destinado a Bolivia y a Brasil. En su lugar, en la comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas congresistas como Patricia Chirinos, reconocida periodista de farándula, presentan proyectos como el que “Incorpora contenidos en el currículo nacional, con la finalidad de combatir el terrorismo y promover la democracia e identidad nacional”. El proyecto se basa en denunciar la “ausencia” de este tema, porque sus autores han observado en el Plan de Estudios de la Educación Básica Regular (que tiene áreas curriculares como Ciudadanía y Cívica o Ciencias Sociales) “no existe ninguna área curricular que abarque el estudio del terrorismo” (p.18). El proyecto de ley se concentra en un par de razones por las cuáles se debe retirar la información actual: una sorprendente historia anticomunista del país y una lista de adjetivos acusatorios contra los principales investigadores sobre los años de una guerra interna que nos hirió profundamente. 

¿Cómo salir de esto? Cada vez más peruanas y peruanos, como lo muestran las encuestas, percibe que el Presidente jamás llegará tomar el control del gobierno y poner fin a este festín de proyectos de ley que atentan contra todo el pueblo peruano. Este lunes fue confirmado cuando nuevamente, como suele responder ante cualquier acusación que recibe, el presidente recurrió a la enumeración de un conjunto de promesas electorales para defenderse (!). Y si pensamos en que la prensa pueda ayudar a organizarnos con información relevante y verdadera, tomando en serio el valor de su trabajo periodístico para salir de este atolladero, la propaganda y el servilismo ante los intereses de los organizadores de la vacancia ni siquiera nos dejan avizorar el horizonte. Es tiempo de reaccionar. 

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Presidente Castillo, Presidente del Perú, vacancia presidencial

Pocos días atrás, el heroico sandinista Daniel Ortega, que regresó de su autoexilio en Costa Rica para gobernar su país en los años ochenta, ganó por cuarta vez consecutiva el gobierno de Nicaragua. Son catorce años en el poder y a la espera de cinco años más. Los pronunciamientos en contra de los resultados quedaron en manos de las cancillerías de los países de la OEA y trataron acerca de la transparencia de las elecciones y el encarcelamiento de sus opositores.  En el Perú Vladimir Cerrón de Perú Libre cuestionó duramente la decisión del gobierno peruano, resaltando que Ortega era víctima de los mismos cuestionamientos a los resultados electorales que vivió Castillo. 

Es preocupante la postura de Cerrón porque está apostando por un gobernante que si bien fue de izquierda en su primer gobierno tras el triunfo contra la dinastía de Somoza, el Daniel Ortega que retornó al poder el año 2007 para combatir la corrupción desfachatada de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, optó por establecer un claro pacto con la iglesia conservadora y los empresarios nicaragüenses. Contra todo lo esperado, su gobierno ayudó a impulsar una de las legislaciones más retrógradas en Latinoamérica sobre el aborto, pues criminaliza hasta el terapéutico, cuando este había sido un derecho protegido por la Revolución Sandinista e incluso antes, desde la dictadura de los Somoza. Económicamente, Ortega no solo no cambió el modelo neoliberal, sino que estableció una alianza con la gran empresa y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Pero como en estas elecciones, algunos empresarios decidieron oponerse y postular sin formar un bloque opositor de defensa de la democracia, varios de ellos terminaron encarcelados por el gobierno. Nada más lejos del discurso de un auténtico gobierno democrático de izquierda. Leonardo Boff, desde la Teología de la liberación y muchos sandinistas, sinceros socialistas, han levantado reclamos desde la represión del año 2018 que dejó más de 300 muertos, de acuerdo con la CIDH por las protestas contra la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, otra de las entidades del estado que Ortega manipula a su antojo. 

Que la izquierda peruana y latinoamericana no zanje con él de una vez y pueda considerar que Ortega ha traicionado el compromiso con su pueblo, también lo hemos podido observar en la lentitud con la que han aceptado que Nicolás Maduro lidera una dura e injusta dictadura en Venezuela o en el silencio acerca de Miguel Díaz-Cabel, el presidente de Cuba. Sin duda, uno de los malos síntomas claros que muestra la izquierda latinoamericana es no haber conseguido adaptarse plenamente al sistema democrático e incorporado principios que parecen desdecir el heroico método revolucionario de llegar al poder y luego tener que mantenerlo. Que el modelo soviético cayera hace ya más de treinta años, cuando ya se sabe que sus héroes terminaron convertidos en abusivos dictadores al llegar al gobierno, no ha impedido que siga en pie el principio revolucionario de que el pueblo primero debe tomar el gobierno con las armas, aprender a vivir el socialismo dictado por el líder gobernante para que una vez interiorizado, habiendo renacido bajo un modelo justo y amenazante para el capitalismo, pueda liberarse en un utópico futuro comunista. 

De esa manera, el principio que cree que la marcha de la historia sigue un orden que debe cumplirse, continúa siendo la razón por la que el partido que toma el poder debe quedarse hasta asegurar que ese orden lo puedan alcanzar las próximas generaciones. El partido Comunista de Cuba, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Frente Sandinista de Liberación Nacional no tienen ninguna otra justificación (como si lo fuera). 

Y a veces ni siquiera alcanza la vida para lograr la verdadera transformación de los pueblos, así que la cabeza de cada uno de estos partidos debe dejar preparado a un seguidor para que tome su lugar cuando la muerte (y solo la muerte) lo obligue a abandonar a su pueblo. Raúl Castro dejó a Miguel Díaz-Canel, Hugo Chávez a Nicolás Maduro (hay un pajarito que dio fe) y Daniel Ortega, preparado ante el inevitable destino, ya cuenta con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta en caso la muerte (y solo la muerte) lo sorprenda. 

 

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Daniel Ortega, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

Respecto del cambio climático sabemos que el dióxido de carbono es uno de los más temidos gases de efecto invernadero que afectan directamente la temperatura y los ciclos climáticos en el mundo entero. En América Latina, el Perú es un país que emite poco más de una tonelada per cápita de carbono, Bolivia un poco menos de dos toneladas y Brasil un poco más de dos. Si nos comparamos con otros países, China produce más de ocho toneladas y Estados Unidos más de trece. Ser conscientes de nuestro impacto es importante para comprender cuál es el rol de nuestros países en la Conferencia sobre el cambio climático (COP26) que se está llevando a cabo en Escocia, la cual se considera la sucesora de la COP21, en la que se firmó el Acuerdo de París. Ese acuerdo busca impedir el aumento de la temperatura global y limitar en el futuro más cercano el aumento a 1.5 °C.  De lograrse, se reduciría significativamente los efectos del cambio climático. Además de centrarse en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el acuerdo de París propone aumentar las medidas de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, y generar flujos financieros indispensables para lograr estos fines, como el mercado de carbono.

Perú, sin negar que es un país contaminante, es uno de los países más frágiles respecto del impacto del cambio climático, pues la salud, la agricultura, la pesca y nuestros sistemas de recursos hídricos son sectores claramente vulnerables. Y por ello mucho más frágiles resultan las poblaciones rurales que dependen del trabajo familiar de subsistencia, al igual que los pescadores artesanales. Cuencas, bofedales, humedales, glaciares corren un gran peligro. Las emergencias climáticas que afectan al país crecen año tras año y se tiene absoluta claridad que los costos de las acciones de adaptación son muchos menores que los gastos ante los grandes desastres que se pueden producir. 

Para conseguir el financiamiento, la COP26 es el espacio fundamental para movilizar fondos de países desarrollados a países como Perú, Bolivia y Brasil. Pero cada uno enfrenta situaciones muy distintas. La deforestación en Brasil ha aumentado 10% el año pasado y cada vez parece improbable que pueda cumplir con su compromiso de reducir la deforestación ilegal para el año 2030. El Presidente Bolsonaro no se apareció en la COP26 aduciendo que su presencia sería fuente de protestas. Él insiste en que logrará acabar con la deforestación y la emisión de gases, pero como resaltan los especialistas brasileros, no se han tomado hasta ahora medidas concretas. Con una actitud distinta, el presidente de Bolivia, Luis Arce, tras reunirse con el presidente Castillo para acordar medidas ambientales vinculadas a la zona del lago Titicaca, llegó a Glasgow con su propia agenda. Al igual que Costa Rica ha compartido un serio cuestionamiento al sistema de créditos del mercado de carbono, pues no permite medidas inmediatas y al parecer es irregular. 

Desde la firma del acuerdo de París, el Perú ha avanzado con las contribuciones determinadas a nivel nacional para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Sin embargo, la pandemia y las restricciones han afectado los resultados que esperábamos presentar, sobre todo por las condiciones inesperadas del año pasado: el 2020 se redujo la presencia de funcionarios del Estado en las zonas rurales porque sus tareas quedaron limitadas a las áreas urbanas. Los bosques quedaron en manos de actores corruptos y actividades ilegales como la tala ilegal y las mafias vinculadas al narcotráfico. Un factor inesperado fue la migración de retorno desde las ciudades hacia las zonas rurales incluida la Amazonía. Se ha calculado que cerca de 250 mil personas regresaron a las comunidades rurales provocando la deforestación y presionando los recursos naturales. Ayer, Perú y Brasil firmaron la “Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra”, para detener la deforestación e impulsar la conservación, protección, manejo sostenible y restauración de los bosques, compromiso que defendió el presidente Castillo a través de un video. Bolivia se mantuvo firme en su postura sobre el cambio de su matriz energética, su rechazo al mercado de carbono y decidió no firmar. Pronto, porque nos quedan pocos años para llegar a las metas previstas para el 2030, veremos si pudimos cumplir con los compromisos firmados, porque defender nuestros bosques y glaciares ya es defender nuestro presente y las condiciones de vida de las peruanas y peruanos más vulnerables. 

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Bolsonaro, cambio climático, COP26, Medio ambiente

En el Perú estamos en crisis porque hay un claro enfrentamiento que no resolvió el proceso electoral y que impide la consolidación de un equipo de trabajo que pueda enfocarse en el gobierno mismo. Pasan los días y la derecha no acepta renunciar al conjunto de privilegios acumulados desde el fujimorismo y la izquierda regional, para demostrar que el gobierno es suyo, continúa desafiando a los demás partidos con los personajes de poca seriedad ética y profesional que consigue colocar en el gabinete ministerial y el entorno presidencial. Pronto serán tres meses y no nos permiten redireccionar las acciones de ambas facciones hacia un trabajo conjunto para poder salir de la crisis actual sin tener que dejar que la informalidad se multiplique, asegurando nuestros derechos y compromisos para una vida digna.  Mientras tanto, la derecha se ha extremado en la persecución comunista, de tal forma que hasta los derechistas sensibles ante la necesidad social, han sido sentenciados públicamente como terroristas por algún tipo de vínculo imaginado con “algo” de Abimael Guzmán. Mientras tanto, la izquierda regional continúa apelando al discurso castrista que ya ha perdido autoridad en América Latina. Es tan claro que Cuba es su modelo, que Vladimir Cerrón y su enclave familiar y amical parecieran seguir hasta la pauta de la dinastía cubana, tal como aparece en los reportajes sobre Perú Libre, los Dinámicos del centro y otras malversaciones por las que es investigado. 

Este enfrentamiento se juega en distintos ámbitos. Uno de ellos es el espacio público. La toma de las calles como campo de confrontación física y violenta ha sido la estrategia principal de la derecha desde hace algunos años atrás y se ha fortalecido en las últimas elecciones. Atinadamente, la izquierda regional no aceptó las bravuconadas y luego de los resultados finales quienes llegaron a Lima retornaron a sus tierras. Dado que no es un enfrentamiento consentido por ambas partes, no podemos referirnos a una pelea, sino a un violento y constante hostigamiento político, físico y verbal. Los ataques son protagonizados por simpatizantes fujimoristas o de Renovación popular que responden a campañas para cercar y perseguir periodistas, funcionarios del estado y demás personajes públicos que cuestionan la corrupción del fujimorismo y de los principales grupos económicos. La agrupación principal es La Resistencia, la cual lidera a otras más pequeñas que también se definen como fervientes anticomunistas y gustan de la utilería fascista. Mes a mes continúan acumulándose las denuncias contra sus dirigentes pero ninguna sanción los ha detenido e intervienen violentamente hasta en la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti. 

Otro enfrentamiento, incluso más desigual e injusto es el que se observa hasta ahora en los medios de comunicación. El control que tienen grandes grupos económicos como El Comercio o RPP sobre los principales medios escritos, de la radio y de la televisión ha llegado a extremos insospechados. El hito principal ocurrió cuando la directora periodística de América Televisión, Clara Elvira Ospina, fue reemplazada por Gilberto Hume. Si bien él había sido el primer director de Canal N hasta el año 2002, unos años después fundó Willax Televisión canal que siempre ha emitido información falsa e imprecisa sobre temas de política e incluso, en plena pandemia, sobre temas de salud pública, como la desinformación que realizaron sobre la vacuna Sinopharm. La salida de muchos periodistas dejó en claro con sus reemplazos que los principales canales de señal abierta, junto con las cadenas de noticias y la prensa de mayor prestigio, hoy se dedica a remarcar el imaginado vínculo con el terrorismo de todos y cada uno de los funcionarios del nuevo gobierno de Castillo, desprestigiando toda propuesta política del Poder Ejecutivo. Los medios de comunicación alternativos no cuentan con el poder necesario para contrarrestarlos. 

Pero la pelea principal, la cual no puede ser distorsionada por darse en el ámbito constitucional y tener impacto directo en el equilibrio de poderes del Estado, es la que se ha presentado entre el Congreso de la República y el Ejecutivo respecto de la vacancia presidencial y el voto de confianza. Mucho ya se ha escrito sobre la indefinición de incapacidad moral, razón por la cual se ha decidido omitirla, y mucho también sobre el voto de confianza, que permite retrasar las labores sectoriales al censurar a los gabinetes ministeriales, pero que también otorga al Presidente de la República el poder de cerrar el Congreso. Estas reformas constitucionales tienen que ser entendidas también en el marco de la lucha contra la corrupción en la que está comprometido el país entero. Las propuestas ya han sido estudiadas por especialistas como Fernando Tuesta, quien ha dejado claro que no son intercambiables. Urge pues que la primera ministra y el Congreso lleguen a un acuerdo, pero para ello es sin duda necesario que esta pelea electoral llegue a su fin y que se toma la estabilidad del país como el primer paso fundamental para un gobierno que piense en el futuro del país y no en viejas contiendas que solo aumentan conflictos y pobreza. 

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Fujimorismo, gabinete ministerial, Izquierda, Presidente Castillo, voto de confianza

Recuerdo un artículo de Mario Vargas Llosa del año 2006, en el que defendía a Günter Grass de las duras críticas que despertó el que se hiciera público que a los quince años, formó parte de las Waffen-SS, poco antes del final de la guerra mundial. Las Waffen-SS eran las escuadras paramilitares que dirigió Heinrich Himmler y que cometieron los principales y atroces crímenes de guerra. El artículo llamaba la atención porque Vargas Llosa no había mantenido buenas relaciones con Grass y su socialismo. De hecho, en el mismo artículo, él recordaba una polémica muy dura durante el congreso del PEN Internacional de 1986 cuando Grass le pidió que se disculpara con Gabriel García Márquez por haberlo calificado como “cortesano de Fidel Castro”. Ante la indignación de Grass, Vargas Llosa le respondió por escrito que no sentía lástima alguna por su afirmación, pues contenía verdad. Veinte años después, de pronto Vargas Llosa defiende a Grass. El nobel peruano dijo que lo defendería, como él, puso a la democracia por encima del comunismo y porque pertenecía a la “estirpe de escritores” protagonistas ideológicos de grandes temas políticos sociales, culturales y morales, agitadores de conciencias y líderes de una gesta intelectual, como Victor Hugo, Sartre o Camus. 

¿Dónde se ubica Vargas Llosa respecto de esa estirpe? Pues se ubica como un anticomunista, defensor de la democracia y testigo de cómo los escritores jóvenes se han liberado de la carga política en la civilización del espectáculo, cosa que le parece saludable. Un intelectual que ha logrado despertar de aquella ingenua ficción de creer que con la obra de un autor se puede cambiar el mundo. Ese despertar se lo recomienda a Grass. Finalmente, nada de lo ocurrido, dice Vargas Llosa afectará la obra literaria del autor del Tambor de hojalata, la gente olvidará que perteneció a la élite de la SS, aunque quedará cierto rabo de paja en lo que se refiere a sus opiniones políticas. En síntesis, perderá en el ámbito ideológico pero no en el literario. 

Vargas Llosa también tiene rabo, sino varios, de paja. Declarado anticomunista acérrimo, perteneció al grupo político Cahuide, en el que recibió lecciones marxistas del padre del expresidente Ollanta Humala, don Isaac, con el fin de reconstituir el partido comunista perseguido por Manuel Odría y su temible director de gobierno Alejandro Esparza Zañartu. Apoyó la Revolución Cubana hasta que en 1971 se detiene al poeta Heberto Padilla. Entonces, fastidiado también por la cultura popular e indigenista de los gobiernos de izquierda, incluido el de Juan Velasco, decide dejar el Perú y América Latina. Esa postura contra indigenista queda manifiesta cuando es convocado para presidir la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay en 1983. Su desconexión atraviesa el informe al describir a la comunidad bajo un enfoque decimonónico de “civilización y barbarie”, razón por la cual los comuneros se presentan aislados cultural y geográficamente y por ello capaces de asesinar a los periodistas. Deja de lado la responsabilidad de los Sinchis y, peor aún, ignora su solicitud de protección a las fuerzas armadas. Como consecuencia, el mismo año cientos de comuneras y comuneros fueron asesinados por Sendero Luminoso hasta que la comunidad quedó abandonada.  Vargas Llosa retorna en vano para liderar a la derecha en las elecciones de 1990, en las cuales es vencido por Alberto Fujimori. Como dos años después del autogolpe, se inicia la última dictadura que hemos vivido, Vargas Llosa desarrolla un discurso a favor de la democracia, de crítica al dictador que mantuvo su prestigio, no obstante, profundizaba su condena a la barbarie indígena peruana. En 1996 publica La utopía arcaica, crítica a la obra de José María Arguedas y el indigenismo. Tras la caída de Fujimori, conformó la Fundación Internacional para la Libertad y luego, a lo largo de las elecciones, respaldó a los candidatos opositores a la heredera Keiko Fujimori, investigada por montar una red de corrupción a través de su partido político. 

Y de pronto, en las últimas elecciones, el cambio fue sorprendente. Casi a la manera del poeta Ezra Pound, que pasó de ser un joven de antisistema a morir siendo un fascista –que, por cierto, parecía lidiar con la demencia–, Vargas Llosa de pronto apela al recurso de saber “votar bien” para justificar su apoyo a Keiko Fujimori y la desconcertante recurrencia al enfoque de civilización y barbarie con el que critica al presidente Pedro Castillo. Probablemente hasta aquí podría su literatura, como la de Grass, no verse afectada. Pero quizá haga inolvidable este episodio su aparición en las investigaciones de los Panama y los Pandora Papers, pues ya no se trata de una postura ideológica, sino también de realizar prácticas empresariales usualmente oscuras en términos fiscales, que remiten al estilo fujimorista: la cara bárbara del capitalismo, el trato íntimo con la corrupción, esa vena que despreciaba a los Zavalitas y que lo sienta animoso a Vargas Llosa en la mesa con Haya, Beltrán y Ravines, jugando a repartirse el poder en el Perú como en los años sesenta. 

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Keiko Fujimori, Mario Vargas Llosa, Presidente Castillo

El racismo en el Perú parece haber renacido. Sabemos que es una forma de violencia que se sustenta en una jerarquía en la que son fácilmente reconocibles las condiciones de inferioridad y, por lo tanto, también las de superioridad. Marisol de la Cadena (1988) estudió con detalle el debate intelectual del siglo XX sobre el racismo peruano. En sus diversas etapas, ella resalta que el dilema central fue cómo justificar la jerarquización, si mediante el fenotipo, es decir, la apariencia externa, física de la persona; o basándose en las cualidades internas, como la moral, la inteligencia y la educación, traducidas en señalamientos de incapacidad, descontrol e ignorancia. Hasta los años 80, sostiene la antropóloga, la manera como se resolvió el dilema dio como resultado un “racismo silencioso” entre intelectuales que consiguieron tapar la alusión al color de la piel mediante la referencia al conjunto de sus cualidades morales e intelectuales que, por razones de clase (y no de raza), los ubicaban a ellos (y a algunas ellas) en una posición superior, sin importar cual fuera su postura política. 

Cabría añadir que particularmente después de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003), el tema del racismo retornó al mundo intelectual como una práctica que no se podía esconder (se vieron las consecuencias) y que debía desaparecer con urgencia. El reto fue canalizado a través del enfoque intercultural tanto en el Estado como en la academia y fue resultado directo del impacto que tuvo el conflicto armado en los diversos acercamientos teóricos que se pusieron a prueba o fracasaron al tratar de explicar las causas o atender las secuelas del terrorismo en la población más vulnerable y afectada desde el mundo intelectual. 

Pero pocas décadas después, la llegada a la Presidencia de la República de Pedro Castillo ha trastocado un orden jerárquico que los intelectuales, ni los más interculturales, podrían haber previsto: que un sindicalista, rondero, hijo de padres analfabetos y maestro rural de formación, sea ahora el hombre con mayor poder que cualquier intelectual en el gobierno del país. De hecho, las inmediatas consecuencias de la crispación que este acontecimiento produjo en los intelectuales se pudo ver en la cerrada e inesperada defensa de Mario Vargas Llosa a la candidata Keiko Fujimori, sin importar su prontuario delincuencial. 

En las redes sociales y en columnas y videos de opinión, muchos intelectuales dejan muestra de cómo no han podido contener su racismo, que aunque “silencioso” porque alude a las cualidades internas, hasta la fecha es expresado públicamente de forma despectiva, repetitiva y violenta. Para conseguir las razones morales e intelectuales, abandonan exaltados sus principios de racionalidad y van recolectando evidencias falsas o distorsionadas para sustentar la recuperación del orden previo a las elecciones presidenciales. Moralmente han acusado al presidente de tener vínculos con el terrorismo, argumento que poco a poco ha ido perdiendo lustre, particularmente tras la muerte de Abimael Guzmán. A nivel intelectual lo han considerado un ignorante permanente debido a su formación inicial como maestro en un pedagógico de la zona rural de Cajamarca, incapaz de emitir discursos como los que un intelectual produciría. El guardarropa de la familia presidencial, el uso permanente del sombrero y hasta cada uno de sus discursos les han servido de inmediata evidencia de lo maleducado que será para siempre. El estigma ha sido declarado y recorre el diálogo público ya cerca de seis meses. 

El racismo intelectual no se puede esconder tras razones de ese tipo en pleno siglo XXI cuando la prioridad es el futuro. Tanta agresividad expresada de manera casi placentera, nos deja a las peruanas y peruanos boquiabiertos ante intelectuales que en lugar de brindar apoyo y vigilancia a un gobierno de reconstrucción, de poner el hombro para que no se acreciente la vulnerabilidad de los más afectados por la pandemia, se dedican a pedir nuevas elecciones con tal de mantener un orden racista, sin avergonzarse de que una persona corrupta sea quien ocupe el lugar de un maestro elegido democráticamente.

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estigma, Presidente Castillo, Racismo

El 12 de setiembre se celebra el día de la historieta peruana. La fecha celebra cuando el año 1952 el diario Última hora, un famoso tabloide peruano que desapareció en los ochenta, publicó nuestras “Historietas 100% nacionales”. Aunque algunos crean el tema intrascendente, se trata de un momento histórico lleno de intrigas, decisiones políticas y anécdotas vinculadas a un género de grandes consecuencias en la vida limeña, cuando los artistas que lo profesionalizaron marcaron nuestro imaginario popular.

La historia comienza con Pedro Beltrán Espantoso, uno de los hombres con mayor poder en el Perú hasta el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Fue un hacendado que estudió Economía en la London School of Economics en 1918, en tiempos en que los primeros ministros y futuros presidentes del mundo se formaban en sus aulas. Al regresar, trajo la mejor tecnología, como la fumigación con avionetas (¿se imaginan el tamaño de sus tierras?). Desde la presidencia de la conservadora Sociedad Nacional Agraria y el Banco Central de Reserva del Perú, Beltrán manejó la economía peruana por décadas. Era un hombre tan influyente que durante su labor diplomática con el gobierno estadounidense (que gobernaba tras la Segunda Guerra Mundial a todo Latinoamérica a través de la OEA), fue quien tuvo la iniciativa de retirar a Cuba de la Organización de Estados Americanos. Es a Beltrán a quien se dirige Ernesto “el Che” Guevara en su famoso discurso de Punta del Este.

El año 1947, Beltrán compra el diario La Prensa pero, tras el asesinato político de su director en 1947, decide él mismo hacerse cargo y con ello modernizar el periodismo nacional. Como contraparte al estilo neoyorquino que trajo para la prensa peruana, introdujo el tabloide con Última hora. La dirección se la entregó al oscurísimo Eudocio Ravines, personaje sobre quien pronto, tal como se ha anunciado, saldrá una novela. Ravines, quien cambió el nombre del Partido Socialista al de Partido Comunista, fue un famosísimo anticomunista (sí, aunque suene contradictorio) dedicado a la publicación de noticias falsas y sesgadas. Un precursor de una nefasta práctica política que ahora pareciera estar en el Perú en su máximo esplendor y que las nuevas generaciones conocen como fake news

Pero la obsesión de Ravines no era la del resto del Perú y a Beltrán también le molestaba el poco impacto de su diario con ese estilo. El dictador Odría finalmente lo desterró y Beltrán le dio la dirección a dos jóvenes de veinte años que darían mucho que hablar: Raúl Villarán y Efraín Ruiz Caro, personajes en los que no me detendré, pero que también tienen grandes historias. Ellos comprobaron que cómics como “Roy Rogers”, “El Pato Donald” o “Buck Rogers” no calaban del todo en la sensibilidad de los lectores y pasaban desapercibidos, a diferencia de la tira cómica más “popular”, la única peruana: “Sampietri” de Julio Fairlie. El contar con pocas historietas peruanas y el culto al personaje Sampietri, reflejaban una situación más compleja que preocupaba a sus lectores. Estados Unidos había comenzado una idea del “desarrollo” donde se ubicaba en la cima y que nos situaba en el último lugar ante todo lo que nos para ser “como ellos”. En ese marco ideológico tan difundido por el periodismo de Beltrán y el modelo educativo y social de Odría, resultaba vergonzoso no contar con historietas y superhéroes nacionales.

De ahí que el proyecto de Ruiz Caro y Villarán demandara desarrollar un cómic “nacional”. Y fue complejo. Los ganadores fueron Hernán Bartra con “Boquellanta”, protagonizada por un niño blackface afroperuano, “Chabuca”, clasemediera desesperada por el matrimonio, Vera Castillo con una versión peruana de Tarzán, “Yasar del Amazonas”;  Juan Osorio, con Juan Santos en la “Cadena de oro”, héroe andino defensor de nuestro patrimonio; David Málaga con “Serrucho”, el migrante andino que debe adaptarse a la “modernidad” limeña; Jorge Salazar con “Cántate algo” que usaba con fino humor las canciones para criticar el día a día limeño. Y, por supuesto, el genial Fairlie con “Sampietri”. 

El día de la historieta peruana nos muestra, entonces, cómo se “ilustraba” nuestro nacionalismo:  con personajes heroicos como Yasar y Juan Santos, pero también con personajes como Sampietri, Boquellanta y Serrucho que construyeron una imagen que hoy consideramos despectiva del limeño vividor, de las familias afrodescendientes y de los migrantes de la sierra que no tenían a qué otro lugar ir dado que los servicios básicos estaban concentrados sólo en la capital. Incorrectos o no, como lo narra José Luis Rodríguez Toledo en su tesis sobre “Serrucho”, personajes como Sampietri llegaron a ser tan populares que se puso de moda vestir como él o poner su nombre al de una “barriada” junto al río Rímac en 1959.

Rubén Osorio y Hernán Bartra se retirarían pocos años después para protagonizar con sus personajes la primera revista de historietas que el Perú exportó: Avanzada, proyecto de la Iglesia católica que siguiendo la pauta de las historietas 100% nacionales, los condujo como “Osito y Monky” a dibujar los cómics que configuraron a más de una generación. Coco, Vicuñín y Tacachito, sus personajes más entrañables, confirman la tripartición étnica y racial inaugurada por los directores de Última Hora.

Gracias a sus artistas y al lenguaje popular, Última Hora no sólo fundó nuestras historietas profesionales, sino también una manera de mirarnos como tres grandes etnias y consolidando la burla y el desprecio a la población migrante y afro. Hoy, tras el rechazo contra personajes ofensivos como la Paisana Jacinta y el Negro Mama y el orgullo por nuestra diversidad cultural, estamos recomponiendo nuestras miradas y jerarquías; y nuestros cómics están ahí, para dar cuenta del pensar de las nuevas generaciones. ¡Feliz día de la historieta peruana!

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El 21 de agosto se organizó en Lima una marcha en la que madres y padres de familia reclamaron el retorno a clases semipresenciales. Consideran que las clases a distancia afectan la salud mental de niñas, niños y adolescentes al no poder convivir en grupos de su misma de su edad. Durante la protesta señalaron que gimnasios, casinos, restaurantes pueden operar, pero no la escuela. De acuerdo con la información de Unesco, Perú está dentro de una reducida decena de países que no ha retomado las clases presenciales.

El pedido señalado no es uno académico. La pandemia también nos ha llevado a repensar el rol de los colegios en nuestras vidas, a reparar en que son los lugares donde aprendemos a convivir fuera del hogar, con sus propias relaciones de poder, reglas de conducta y costumbres afectivas. En algunas ocasiones las familias están de acuerdo con la cultura que desarrollan sus hijas e hijos en el colegio, pero así como hay brechas y deficiencias académicas, también hay brechas en temas de discriminación. Los estudios que el Ministerio de Cultura comparte en la plataforma Alerta contra el Racismo dan cuenta de cómo no hablar castellano, ser afroperuano, ser mujer o la condición de pobreza son estigmas comunes en las escuelas de todo el país.

Las relaciones de poder entre docentes, estudiantes y personal administrativo también conducen a situaciones de violación de la libertad sexual y de indiferencia frente a ellas en algunas escuelas. Por ejemplo, se sabe que solo la mitad de los 112 denunciados el año pasado fueron reasignados en puestos administrativos para proteger a la comunidad estudiantil mientras se llevaron a cabo las investigaciones, pero se desconoce en qué estado se encuentran. De muy pocas denuncias se cuenta con información actualizada. Ya Defensoría del Pueblo ha llamado la atención al Minedu por el descuidado manejo de la plataforma para el monitoreo de expedientes.

Pero también en muchas más ocasiones la escuela sirve como refugio de las diferentes violencias que se pueden vivir en el hogar o en el entorno cotidiano. Una de ellas, de la que podemos contar con claras evidencias, es el embarazo no deseado en niñas y adolescentes. Las cifras del año pasado sobre el incremento de embarazo no deseado en adolescentes crecieron 12%. Y el número de niñas que dieron a luz se triplicó. En lo que va de este año, ya se han registrado más de 16 mil quinientos partos de menores de 19 años en todo el país. 327 de esos partos, ha sido de niñas menores de 14 años, como indica el Ministerio de Salud. Muchas de estas niñas se habrían salvado de haber estado en la escuela o haber pedido ayuda a sus docentes o compañeras de clase. El Minedu, decidido ha conseguido que las escuelas encaren esta realidad el próximo año, a través de la implementación de la Educación Sexual Integral en sus aulas para prevenir los embarazos, pero también para enfrentar problemas como la violencia sexual, la homofobia y el acoso cibernético que pueden ocurrir dentro y fuera del colegio.

¿Podrán los colegios proteger a nuestras niñas y niños el próximo año? Porque el reto mayor será reintegrar estudiantes que abandonaron la escuela o aquellos que fracasaron. En las zonas rurales y marginales se han perdido dos años. Pero también en colegios de zonas urbanas de clase media un alto porcentaje de estudiantes no ha podido sostener la educación virtual debido al agotamiento producido. Las profesoras, los profesores además de aprender a cuidar a sus estudiantes en la parte emocional, tendrán que llevar a cabo adaptaciones curriculares individuales que serán un enorme reto. Para sostenerlos, la alianza Perú Debate 2021 ha convocado al Minedu, al Consejo Nacional de Educación y al Acuerdo Nacional para generar un pacto que ayude a establecer medidas de apoyo y cómo cumplirlas. La carga que tendrán el próximo año será ardua, pues una vez vacunados, también deberán prestar atención y cuidado a las medidas contra la COVID-19 de tal manera que la escuela cumpla de manera sostenida con los requisitos para el trabajo presencial.

Veamos cómo podremos sumarnos el próximo año para crear una nueva y mejor normalidad en las comunidades escolares de nuestro país, como nos comprometeremos a conseguir un buen cuidado a la salud integral, física y mental de estudiantes y docentes. Que sirva la reconstrucción para la tremenda mejora que necesita nuestra juventud para el futuro que la espera.

14 de agosto de 2021

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Colegios, Covid-19

El Contralor General de la República alarmado, como buena parte del país, por el incumplimiento de los perfiles de algunas personas designadas para ocupar cargos en algunos ministerios, se reunió de inmediato con el presidente Pedro Castillo. Al concluir la sesión, pudo comunicar a la prensa que el jefe de Estado había ya dispuesto las medidas respectivas ante las faltas y que había acogido su propuesta de presentar una iniciativa legislativa para evitar se repitan este tipo de situaciones. La contraloría, nos dijo, se hará cargo de revisar que no exista ninguna irregularidad en la contratación y designación de funcionarios.

Pero mientras ocurría este encuentro en las salas del Ejecutivo, en el Congreso se estaban acordando los parlamentarios que dirigirían las comisiones permanentes. Y tal como en los irónicos listados de ministras y ministros que Fuerza Popular hubiese puesto en cada sector de haber ganado las elecciones, el perfil de sus cuatro congresistas también podría requerir de los métodos de la Contraloría para vigilar su desempeño. Las comisiones que Fuerza Popular ha recibido son cuatro: Relaciones Exteriores con Carlos Bustamante, Comisión Agraria a cargo de Leslie Olivos, Fiscalización y Contraloría bajo Alejandro Aguinaga y Constitución presidida por Patricia Juárez.

Ernesto Bustamante, biólogo y actual legislador de Fuerza Popular, es quien envió un oficio al presidente del Consejo de Ministros contra la vacuna Sinopharm, a la cual meses antes había calificado como “agua destilada”, ignorando los estudios y medidas de la Organización Mundial de la Salud y poniendo en riesgo a la población. A pesar de ese directo interés vinculado a sus intereses laborales, presidirá la comisión que dará pase a iniciativas legislativas e investigará el funcionamiento del Estado en materia de política exterior, relaciones y cooperación internacional.

La Comisión Agraria, de seguro carácter protagónico para las medidas que planteará el Ejecutivo este año, estará a cargo de la abogada Leslie Olivos. En las elecciones 2020, Leslie Olivos fue tachada por no haber declarado en la hoja de vida su sentencia condenatoria por los delitos de falsificación de documento y uso de documento falso. Para llegar al Congreso, en esta ocasión sí declaró el antecedente, pero omitiendo que fue condenada por falsificación y uso de documento falso en agravio del Congreso de la República. Olivos era la candidata auspiciada por el excongresista fujimorista Elard Melgar Valdez, quien para titularse como abogado por una universidad en la que no estudió, sustentó una tesis con más de la mitad de párrafos tomados de otras tantas, incluida hasta la dedicatoria.

La ineficacia que nos preocupa se agrava cuando se trata de congresistas que ya han hecho daño al país en instituciones públicas. Patricia Juárez tendrá a su cargo la Comisión de Constitución, la cual debatirá y aprobará los proyectos de reforma de la Constitución, interpretará y derogará leyes, e investigará la conducta política del gobierno. Patricia Juárez fue presidenta de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de Alto Nivel que estuvo a cargo de investigar el caso Comunicore durante la gestión de Castañeda Lossio. Al exburgomaestre lo encubrió y defendió públicamente hasta que fue sentenciado por recibir sobornos de Odebrecht. Solo entonces se distanció de Solidaridad Nacional.

Quizá lo más lamentable es que la Comisión de Fiscalización y Control que tiene como función principal el funcionamiento eficaz del Estado y toda la administración pública, haya sido entregada a Alejandro Aguinaga, el ministro de Salud de Alberto Fujimori, acusado de haber supervisado las intervenciones de esterilización forzada a centenares de mujeres. Las pruebas sustentan que estaba al tanto incluso de cómo se captaba a las mujeres sin su consentimiento. Aguinaga, hoy médico de cabecera de Fujimori, y su esposa formaron parte de la lista de las 487 personas que se vacunaron contra la COVID-19 antes de que comenzara el proceso de inmunización a nivel nacional.

Un Congreso que se atribuye el querer hacer hasta el plan de gobierno del Ejecutivo, apelando a un ofensivo paternalismo, distorsionando el terrorismo y sembrando miedo en los medios de comunicación para proteger sus intereses, debería contemplar primero si sus integrantes se encuentran preparados moral e intelectualmente para las tareas que las Comisiones exigen.

10 de agosto de 2021

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Odebrecht, Pedro Castillo
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