Hoy, día en el que empezamos a celebrar el bicentenario de nuestra independencia y de la audaz decisión de convertirnos en una república democrática, aún tenemos deudas que saldar causadas por la informalidad, el racismo, la corrupción y la violencia. Pero quizá haya llegado el momento de librarnos del pasado, de independizarnos nuevamente, salvo que en esta ocasión será desligarnos de los grupos económicos aprovechados de esos males que extendieron sus intereses desde la capital y gobiernos regionales hasta el Congreso de la República, el Poder Judicial y los medios de comunicación nacional.

Resguardarnos de esos males y arrojarlos al pasado nos proyecta inevitablemente hacia el futuro. Y quienes lo protagonizarán serán las niñas, niños y adolescentes que han llevado una extraña formación escolar este año y el pasado debido a que la restricción social para protegerlos de la pandemia los separó de la escuela, a unos menos, a otros por completo; serán aquellas y aquellos jóvenes a quienes el insuficiente sistema de salud los dejó sin abuelas, sin padres, sin madres, sin hermanos; serán los herederos de familias a las que el sistema económico tiene pendiendo del hilo de un bono que se les cobrará cuando en el futuro deban pagarlo con sus impuestos, si es que tienen trabajo.

Una nueva república debería asegurarles que sus madres y padres podrán recuperar, incluso mejorar, su salud y trabajo. Porque tendrán acceso a un sistema de salud integral, tanto física como mental, con una atención primaria intercultural de buena calidad. Porque el Estado acordará en diversos sectores públicos y privados la creación de puestos de trabajo y prácticas productivas sostenibles en el tiempo para sus madres y padres, asegurará que todos sus derechos laborales sean reconocidos y que puedan acceder a una vivienda digna y caliente.

Debería ofrecerles la nueva república una escuela que los forme con los mejores profesores del país enviados especialmente para que recuperen los años perdidos por la pandemia, y en caso la vida y su familia sean duros con ellas, con ellos, debería abrirles la escuela, la universidad y los centros comunales como espacio de ayuda, acogida e incluso de refugio contra las diferentes violencias que la nueva república de seguro erradicará.

Debería dejar en el pasado, como mala práctica de esa vieja república ineficiente, la evasión de impuestos a las empresas, sobre todo de las más grandes y con mayor razón trasnacionales, y empezar a cobrar los impuestos para que las arcas del Estado cuenten con los fondos necesarios para solventar la educación, el trabajo, la salud y la educación que se merecen. Los pactos de la nueva república serían públicos y transparentes, pues se establecerían con empresas formalizadas y respetuosas de las normas para proteger nuestras tierras, nuestras vidas y nuestra agua.

Indudablemente, esta nueva república que nuestras niñas, nuestros jóvenes deberían protagonizar, contaría con un Estado eficiente, moderno y bien organizado, donde los puestos no son premios, sino grandes retos para buenos profesionales dispuestos a hacerse cargo. Los partidos políticos contarían con una legislación contra la corrupción y a favor de una auténtica democracia representativa. Y podrían votar con seguridad, pues gracias a sus buenos representantes parlamentarios y su excelente legislación electoral, ningún partido sería capaz de exponer información falsa o mentiras descaradas para sembrarles miedo y aprovecharse del engaño. Pero como la tentación es grande, sería una juventud con la formación necesaria para que al verse engañados pudieran denunciar el delito y defender el sistema político que respetan.

Como toda nueva república, tendrá enemigos, pero esa nueva generación sabrá identificar de inmediato a quienes se opongan a que nuestras leyes y servicios puedan responder las diversas necesidades de todo el Perú, y ya no, como en la vieja república, a los privilegios de la capital y otras zonas de la costa donde se acomodan para desde ahí continuar evadiendo impuestos y monopolizando sectores productivos, repartiéndose cargos para saquear los fondos públicos.

La vieja república, moribunda, con representantes en el congreso que prefieren el abuso del poder frente a la negociación democrática, con funcionarios ministeriales y regionales indiferentes y corruptos, defendida por jueces y fiscales sobornados, tiene un pacto vergonzoso que ha hecho de canales de televisión, radios y periódicos de alcance nacional, un gigantesco y apestoso megáfono, donde sin pudor alguno, se defiende esta cadavérica forma de gobierno  con acciones y discursos violentos y racistas que no sirven para nada: salvo, como en este contexto electoral, cuando consiguieron dotarnos del enemigo común que necesitaba el Perú entero para unirse y poco a poco aclarar acordar los pasos que tenemos que dar para cambiar. Esos pasos han hecho evidente que al menos sí contamos con una fundamental condición para esa nueva república: si pudimos combatir en estas elecciones sucias artimañas, si logramos detener a tantos incapaces, fue porque hemos conseguido implementar los pilares de una auténtica y firme democracia, la que ya podemos ofrecer a esta nueva generación.

28 de julio de 2021

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Bicentenario

En pocos momentos de la historia se han podido entrecruzar en Latinoamérica, pero en particular en la sociedad peruana, tantos miedos colectivos como ha ocurrido actualmente. El miedo, como lo han dicho desde las ciencias sociales y humanas, nace de la ansiedad provocada por la subversión de diferentes órdenes en los que se asientan nuestras comunidades.

Con la pandemia del 2020, el primer orden en trastocarse fue el social: vimos cómo se podía morir casi de inmediato si es que no se aprendía nuevas formas públicas de caminar, transportarse o no al trabajo, comprar, alimentarse, limpiar, estudiar, relacionarse socialmente. La muerte de trece jóvenes en Thomas bar en Los Olivos el año pasado, nos aterró y un incómodo racismo empezó a manifestarse.

El desorden más profundo, mientras tanto, era el de nuestra salud. Si no usábamos mascarilla podíamos caer fulminantemente muertos, como se asumía cuando aparecían personas desmayadas en las calles de Lima. El miedo produjo que se agotaran los productos en los supermercados. Nadie supo por qué el papel higiénico, pero fue sujeto de bromas que ayudaron a distender un poco ese miedo que se prolongaba mes a mes, cada vez que se anunciaba que continuaría la restricción en nuestras casas, mientras tanto, las dolorosas cifras.

El freno económico fue terrible. Por un momento hasta el mercado internacional se detuvo. El impedimento de viajes clausuró amplios sectores. Empezaron las deudas, los cierres de pequeñas y medianas empresas, el aprovechamiento de los grandes consorcios, el negocio de la salud y el oxígeno, el sálvese quien pueda avalado por un Congreso de la República dedicado enteramente a proteger los intereses económicos de los grupos más corruptos del país.

La educación virtual sólo sirvió en las ciudades del país. El sistema educativo estatal colapsó en las zonas rurales sin cobertura a internet y no logró adaptarse a los requerimientos pedagógicos de la virtualidad. Se discutía el tema cuando salió a la luz la corrupción también en el poder Ejecutivo: el Presidente Martín Vizcarra que había frenado al Congreso con el apoyo de más de la mitad de la población, resultó contar con una red de clientelaje y corrupción venida desde sus tiempos de Gobernador de Moquegua. Él y su entorno estaban tan acostumbrados que hasta mintieron respecto de las vacunas que se habían repartido y aplicado. El contexto de miedo en el que nos hallábamos, hizo ver a Vizcarra como un traidor, pues sus buenos mensajes televisivos, habían ayudado a contener el miedo. Nos había hecho sentir que estábamos ganando la guerra al coronavirus, cuando todo se vino abajo. En ese contexto el Congreso de la República quiso aprovecharse y dar un golpe de Estado. Durante la protesta contra Manuel Merino murieron dos jóvenes. Las universidades tuvieron que suspender las clases durante una semana y buscar estudiantes desaparecidos. El miedo empezó a cundir en la joven generación bicentenario. Pero se logró retirarlo.

La larga elección de Francisco Sagasti logró estabilizar lo aprendido y priorizar el tema de salud. Pero pronto surgió el contexto electoral. ¡Vaya elecciones! Los dos primeros lugares los ocupaban la hija del dictador Alberto Fujimori, denunciada como cabecilla de una organización de lavado de activos, y el maestro rural que ganó protagonismo el año 2017 durante la prolongada huelga magisterial. Un racismo extremo fue la reacción inmediata de miedo contra Pedro Castillo, quien, por ser hijo de padres campesinos de hacienda y rondero, fue presentado como analfabeto, comunista y terrorista. El sector de la población costeña vinculado a las empresas relacionadas con el fujimorismo decidió que debían impedir como fuera que ganara. Sumaron al grupo El Comercio y otras empresas de radio, televisión y publicidad y acordaron no cesar de asustarnos sobre cada vínculo de Castillo con la corrupción y el chavismo venezolano.

Pero Castillo ganó, y ya la campaña de fraude posterior no dio miedo, sino hartazgo. Ha quedado a la luz qué abogados y políticos de alguna u otra forma están vinculados con la organización fujimorista por razones económicas o temor a su futuro encarcelamiento. Que Perú Libre sea investigado parece no haber asustado como lo esperaban. Ningún llamado a golpe de Estado ha sido tomado en serio y las instituciones electorales y judiciales se han logrado mantener firmes.

Ahora que ya aprendimos a convivir con mascarilla, el arribo de las vacunas y su avance a buen ritmo (sin la absurda necesidad de comercializarla) ha ayudado mucho a espantar los miedos. El temor a la vacuna se está disipando y así como nos tomó cambiar el orden social, si queremos regresar a poder abrazarnos, a reír a carcajadas con las amistades en un viaje, a celebrar que finalmente el Perú rural está siendo protagonista del bicentenario, debemos esforzarnos en tener las dosis necesarias para dejar el principal miedo atrás; de los demás miedos, en las calles nos encargaremos.

13 de julio de 2021

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Miedo, Pandemia

El usar rituales y fraseos religiosos ha sido el recurso más notorio en la cadenciosa retórica de Keiko Fujimori en toda su campaña. Pero tras los resultados de la segunda vuelta ha llegado al punto de dejar de lado la realidad y pasar a un mundo regido sólo por creencias. Una creencia es una forma de conducta adecuada a la satisfacción de las propias necesidades tal como el mundo es percibido y no a la verdad. Las religiones y algunas ideologías sustentan sus creencias en dogmas, es decir, en afirmaciones innegables solo por ser sagradas, como la perpetua virginidad de María.

Apelar en el Perú a ese discurso no es para nada una novedad, en tanto su población ha intentado ser conquistada, sometida y engañada durante siglos por discursos basados en una palabra divina emitida por la clásica trilogía de Clorinda Matto de Turner: la del juez, el sacerdote y el hacendado. Tres figuras que comunicaban distorsionadamente los marcos jurídicos, territoriales y morales para explotar campesinas y campesinos mediante el dominio y control del castellano y de la escritura, dos herramientas fundamentales de la escuela, ausente hasta la reforma agraria. Lo sorprendente es que la vigencia de estos dogmas haya salido a la luz en un amplio sector de las clases medias y altas: aún cree que el campesino pertenece a una raza sometida por la suya, que solo pueden ser noticias aquellas que les son convenientes, que la justicia debe satisfacer hasta su despecho, y que toda norma del Estado que contradiga los puntos anteriores será ejemplo de su ineficacia.

Como el triunfo del maestro rural Pedro Castillo ha ido contra esos dogmas, el sector social que Keiko representa ha reaccionado, despechado, con la sacralización y ritualización como bandera, el medio más apropiado por tratarse de un reclamo basado solo en sus creencias. Ni el desconcierto nacional e internacional ha sido suficiente para detener sus reacciones. Su racismo se concentró en burlas al castellano rural y a la supuesta incapacidad de Castillo para poder ejercer el cargo de Presidente de la República. Lo mismo ocurrió con la tergiversación del rol de las rondas campesinas, reconocida y respetada forma de autoorganización para la protección del ganado y resolución de conflictos locales. Que portaran machetes como equivalentes a la espada, a la usanza formal de cualquier guardia, sirvió para negar el deslinde que ya Castillo había dejado en claro respecto de cualquier vínculo con Sendero Luminoso. Por todos los medios de señal abierta, los fieles de Fujimori acusaron a los ronderos que habían vencido a SL en todo el país, de ser “terrucos”, tal y como actuó el Estado peruano durante el conflicto armado, cuando no podía distinguir entre campesinos y terroristas, y optó perversamente por masacrar. Estas reacciones se vieron respaldadas por lo que el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana ha considerado como una falta de los medios de comunicación contra el derecho a una información en las campañas electorales: titulares que tergiversaban los hechos ocurridos, la invitación a especialistas en programas políticos que daban opinión interesada presentada como correcta e imparcial, y la desigual cobertura de ambos candidatos en los medios, pese a  que algunas actividades de Castillo eran incluso más trascendentes a nivel nacional e internacional.

Pero el dogma más gravemente afectado parece haber sido el de la justicia hecha para sí. Cuando debiéramos vivir como un acto de justicia con la población campesina, históricamente excluida de la ciudadanía, el que un maestro rural, hijo de campesinos analfabetos pueda alcanzar el cargo más alto del país, los fieles de Fujimori se enfurecen. Es algo inconcebible. Más aún cuando resulta amenazante porque de perder Keiko Fujimori no podrá protegerse de inmunidad presidencial mientras ella y varios protagonistas de su campaña se encuentran con un proceso de investigación judicial abierto por corrupción. Su argumentación basada en creencias para anular las elecciones rompe no solo con todo el marco jurídico electoral, sino con un principio básico del Derecho y la Justicia: no se puede acusar sin ninguna prueba sólo porque se cree. Lo terrible es que el círculo se cierra al volver al racismo, pues de los de los 945 pedidos de nulidad presentados para inventar las pruebas, más del 60% se realizó en 164 distritos con territorios indígenas. En un absurdo mayor, tras amenazas de marinos y militares retirados vinculados con Vladimiro Montesinos, anunciando un posible golpe de Estado, se culpa al Estado de no querer presentar las pruebas para que ellos acusen a nuestras instituciones electorales de no haberle dado el triunfo.

En el Perú, siempre se ha sostenido con desprecio que en las zonas rurales prima un pensamiento inferior, que debe ser erradicado, el pensamiento mágico religioso. Pues en las zonas urbanas, particularmente en Lima, existe un pensamiento mucho más peligroso, violento y vinculado directamente con el poder de la corrupción política y mediática que estoicamente estamos derrotando. Cual fiera herida, este pensamiento político religioso lanza como último recurso desfiles con banderas monárquicas que cantan la muerte de los terrucos. Sus fieles se niegan fanáticamente a aceptar que su poder ya nunca más nos va a engañar, que hasta en comunidades alejadas se sabe leer y escribir, que hay medios de comunicación alternativos y que, la mayoría digna del país siempre se guiará por la justa verdad de los hechos.

30 de junio de 2021

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Campesinos, Keiko Fujimori, Ronderos

Recuerdo cuando hace pocos años atrás mostrábamos preocupación por la banalidad de las actividades del gobierno de Vizcarra proyectadas para celebrar el bicentenario de nuestra independencia. El asunto sobre esa conmemoración llegó a mayores cuando el año pasado irrumpe la pandemia y con la restricción social se tira abajo muchos más de los actos planificados. Pero eso no fue todo, pues su sentido se trastoca nuevamente cuando tras la vacancia de la Presidencia de la República y el golpe del congresista Manuel Merino, se le otorga un nuevo significado: doscientos años de sometimiento y explotación negados por el exitoso modelo neoliberal, quedan develados ante la envergadura de nuestras profundas carencias en salud, la pérdida de un año de educación regular y la exposición de los puntos más débiles de nuestra institucionalidad democrática. Es entonces cuando el emblema del bicentenario pasan a encarnarlo las vidas de Inti Sotelo y Bryan Pintado, sacrificadas durante la lucha en las calles contra la descontrolada represión policial, otorgándole con el nombre “Generación bicentenario” un homenaje a los jóvenes que con su fuerza consiguieron un gobierno transitorio que convoca a elecciones presidenciales y de pronto…

Debido a que nuestro sistema democrático permite postular hasta a una candidata en plena investigación judicial por dirigir una presunta organización criminal de lavado de activos; ante el desconcierto nacional, pasan a la segunda vuelta electoral Keiko Fujimori y un recordado y sorprendente líder sindical, profesor de escuela rural de educación primaria, llamado Pedro Castillo que postula invitado por un partido cuyo líder se encuentra también acusado de corrupción. Lentamente, Castillo deslinda sus vínculos con el fundador del partido marxista leninista que lo albergó, cambia su postura sobre el enfoque de género y da forma a un equipo técnico, con claro esfuerzo porque quedara conformado con una notoria mayoría de intelectuales y científicos regionales y con el menor número de capitalinos posible.

Keiko y los sectores socioeconómicos A y B de las principales ciudades de la costa peruana, entre ellas la más desproporcionadamente poblada Lima, declararon cerrar filas contra el comunismo. Pero en realidad, cerraron filas contra los campesinos, con un racismo y un clasismo quizá sólo vistos hasta cuando los terratenientes pudieron mantenerlos analfabetos en las décadas de 1950 y 1960, aquellas del “desborde popular”.

Esa es la razón por la que el triunfo de Pedro Castillo no simboliza una división para el país, sino la primera integración real, radical y democrática de las hijas, de los hijos de los campesinos analfabetos que pudieron atender a la escuela por primera vez en sus familias. Y ya su esposa se ha encargado de contarnos cómo fue que se conocieron en sus aulas, en su patio, en ese espacio que Castillo supo reconocer y valorar desde niño como un medio de transformación.

Keiko Fujimori y el sector que la respalda (encabezado por el marqués Mario Vargas Llosa, defensor “porque sí” del sistema liberal) insisten en que Castillo sí lo divide, pues encabeza a los “resentidos sociales” o “ignorantes” que han sido capaces de realizar un “fraude” organizado a nivel nacional. La prueba principal para exigir la nulidad de las actas se basa en considerar que las firmas no totalmente similares al DNI son falsas, única explicación que justifica que pueblos rurales enteros hayan votado por Castillo.

Al resto del Perú no le queda la menor duda que la razón por la que acusa sin verdaderas pruebas es porque falta poco para retornar a la prisión preventiva el próximo lunes 21 de junio y porque luego será condenada a treinta años de prisión por los delitos cometidos. Pero lo interesante es que sus seguidores, quienes repiten todo lo que ella denuncia de manera obcecada, parecen perpetuar un juego especular en el que ella proyecta sus delitos y culpas en sus opositores. Ella se declara protectora de la libertad y la democracia cuando niega los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, amenaza al Jurado Nacional de Elecciones y sus aliados políticos piden golpe de estado. Sus seguidores gritan portando antorchas que se respete su voto, pero ellos insisten en que el voto de los pobladores rurales es falso. De ser así, si todo aquello de lo que son culpables lo proyectan, ¿quiénes están sintiendo el “resentimiento social” al que se refieren? La población que ha venido hasta Lima para velar por su voto, para defenderse de la cárcel que la imputación de firma falsa implica como castigo, solo ha compartido, desde que ha llegado a la capital, solidaridad, sonrisas y alegrías durante las marchas. Una esperanza y una unión nunca antes vista. Si de rencor se trata, entonces, que aprendan a darse cuenta de que puede estar dentro de quien lo acusa, que quizá sea esa rabia que da ver que el poder que se ejercía sometiendo y despreciando a quienes no hablan su castellano, comen o se visten como ellos, es la patética furia que ya llegó la hora de apagar, pues llegó el tiempo, doscientos años después, para que los igual de verdaderos y merecidos dueños de nuestra tierra se encarguen de nuestro gobierno.

15 de junio de 2021

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corrupción, Fraude, Generación bicentenario

Que la corrupción siempre ha existido en el Perú, eso es indiscutible. Un país que desde la colonia siempre ha vivido del extractivismo y la exportación, ha tenido que aprender de buena o mala manera a lo largo de sus dos siglos de república, a combatirla y rebajarla lo que fuera posible. Sin duda, si las prácticas de abuso y corrupción como las del siglo XIX (cuando antes y después de la guerra del Pacífico un puñado de familias peruanas y extranjeras se repartió tierras, ganado y minas con todo y población para enriquecer sus bolsillos) siguieran vigentes hoy en día, seríamos un serio motivo de preocupación internacional. Sin embargo, aunque los criterios éticos mundiales contemporáneos de buen gobierno y nuestra dolorosa lucha interna por los derechos humanos se han encargado de ir cerrando el paso a los descalabros de angurria política que busca regresar a aquellos tiempos de leyes con apellidos, las actuales cabezas de redes de clientelaje regional, agroexportación, minería, y narcotráfico han encontrado una vía inesperada que nos ha resultado terriblemente amenazante: han descubierto que pueden perpetuarse en el Congreso y en el Poder Judicial mediante una simple reforma constitucional que les permita perpetuarse en su curul.

 

Esa potestad que tenían los congresistas de poder reelegirse indefinidamente gracias a la Constitución de 1993, las peruanas y los peruanos la habíamos logrado eliminar con el referéndum del año 2018. Como en el referéndum también se planteó la bicameralidad, quisieron los congresistas dárselas de criollos y utilizar esta otra reforma solicitada como un recurso para que el Poder Ejecutivo no pudiera disolver el Congreso tras haber negado la confianza a dos gabinetes ministeriales. Su jugarreta consistió en poner en el proyecto que, si tanto la cámara de Senado como la de Diputados se oponía a esta decisión, esta orden de disolver quedaba anulada. ¡Así de simple! No nos quedó más remedio que tener que abandonar la bicameralidad para que no la utilizaran a su favor. Pero no les dimos el gusto.

 

Ahora bien, sin rendirse, y sacando provecho de la circunstancia electoral presidencial que en estas últimas semanas ha copado nuestra preocupación, y escondiéndose detrás de la campaña acordada por los propietarios de los principales medios de comunicación para no hablar de otra cosa que no sea la que provoque el miedo al comunismo, la mayoría del Congreso, de manera aún más burda, nuevamente ha conseguido cómo cambiar la Constitución para recuperar su posibilidad de reelegirse. Incansables, sabiendo estos congresistas que con una sola legislatura ya no podían modificar nada, porque los cambios a la Constitución solo pueden darse si consiguen la votación favorable en dos legislaturas ordinarias consecutivas o la aprobación en una legislatura y la ratificación en un referéndum, de pronto, de manera tan sorprendente como desconcertante, ¡aprobaron dividir la última legislatura en dos! Aunque usted no lo crea, como en un truco de sombrero o en un momento irónico de Lewis Carroll, consiguieron las dos legislaturas necesarias. El plazo entre la primera y la segunda, la que permite discutir sus propuestas de reformas antes de que cesen sus funciones, durará solo un mes. Un mes tendrán para aprobar la bicameralidad, de tal manera que pasar del cargo de senador a diputado y viceversa, elimine el impedimento para conseguir la reelección indefinida perfecta.

 

Como bien les señaló la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, puede que sea legal, pero indudablemente, no haberse inventado la posibilidad de crear una legislatura de esa manera no puede ser legítima. De decretarse esta reelección, los congresistas de las 10 bancadas del parlamento que entrará en funciones el 28 de junio (6 de las cuales están vinculadas a Fuerza Popular y otras agrupaciones con congresistas investigados por corrupción) podrán reelegirse una y otra y otra vez. Lo ha leído correctamente. Y si además, usted no vota por la candidata de Fuerza Popular para la presidencia de la República (ya se lo deben haber dicho por la televisión o la radio). perderá su canon familiar y se hundirá en la peor miseria comunista.

 

¿Hasta dónde podrán llegar los engaños y cortinas de humo de las cabezas de las redes de corrupción nacional? Quizá ya deberíamos ser un serio motivo de preocupación internacional.

 

1 de junio de 2021

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Congreso, corrupción, Perú

La polarización política en la que nos ha sumido la pandemia, nuestro pasado cercano y la reacción electoral propia de la segunda vuelta parece haber sacado a la luz que buena parte de nuestra sociedad está regida por una despectiva y egoísta actitud que busca controlar todo lo distinto que le conviene tener sometido: el idioma que no habla, el cuerpo ajeno, la mano de obra civil y rural.

El discurso de Pedro Castillo parece concretizar el anhelo del resto de nuestra sociedad, (aquella que no tiene casi nada de buena parte) que está decidida a alterar ese orden, a transformarlo, así sea mediante una vieja y moderada ilusión planificadora y estatista. Sin embargo, no basta el simple hecho que plantee cambiar las cosas, sino que resucita un recuerdo: el intento ni capitalista ni comunista del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de 1968, que quiso hacer del Estado un medio ya no al servicio de la oligarquía peruana, sino uno de liberación y desarrollo de cerca de la mitad de peruanas y peruanos sometidos a niveles de vida denigrantes. Y que para ello, tuvo que tomar Palacio de Gobierno, cerrar el Congreso de la República y legislar por decreto durante seis años.

En este marco, dos aspectos son capitales para comprender el temor implicado en ese recuerdo: uno, que el ensayo de que el Estado se hiciera cargo de los medios de producción derivó en el enorme crecimiento de la deuda externa y en el también desafiante crecimiento de una burocracia corrupta e ineficaz en las empresas estatales, y dos, que las hijas, los hijos de aquella población que hablaba otro idioma, que vive y trabaja en las zonas del país “a la espalda” de Lima, que sufrió el terrorismo de Sendero y del Estado, pues gracias a la escuela y la democracia, tiene este año por primera vez una opción institucional para ponerle un freno a ese sistema de sometimiento reflejado con absoluta claridad en el impacto del virus en las familias que apenas si pueden acceder a la mascarilla y que han visto mermado su acceso a la educación.

El riesgo principal de este temor es que al tener que defender un orden injusto sólo puede reaccionar de manera autoritaria y amenazante. Y aquí el discurso de Keiko Fujimori y la reapropiación de los medios de comunicación y publicidad masiva son el hito de una imposición violenta en tanto nos limita el acceso a la información necesaria justamente para poder disipar el miedo, alimentado por paneles y campañas disfrazadas de patriotismo. En este caso, el recuerdo asociado a la dictadura de Alberto Fujimori (1992-2000) es el de tantos actos escalofriantes que nos remiten no a un temor económico sino a uno más básico de supervivencia, ese que surge cuando los cuerpos de miles de mujeres sufren la intervención quirúrgica forzada para esterilizarlas y truncar sus vidas, cuando la persecución y la desaparición de quienes denunciaban las atrocidades del gobierno era cosa de todos los días, y cuando la muerte y desaparición indiscriminada provenía también del Estado durante la guerra contra Sendero.

Es muy difícil que Perú, en un marco democrático, pueda ser como Venezuela. No sólo porque se necesitaría de un respaldo militar hoy inconcebible en nuestro país, sino porque nuestra economía no depende de un solo producto de exportación, que, por cierto, es la razón de fondo de la crisis que el país caribeño vive actualmente. Pero es muy sencillo, con camiseta de fútbol, reactivar una mafia de corrupción y un sistema amenazante de muerte y desaparición. Los indicios surgen en la impávida negación de las esterilizaciones forzadas al punto de haber intervenido y falseado la información sobre Giulia Tamayo en Wikipedia, son indiscutibles en las amenazas y despidos a periodistas, en el control de la información en casi todos los medios. Pero como se cantó en las calles el año 2000, con la marcha de este sábado quedará en claro que para la mitad y más de peruanas y peruanos, aquí y allá, el miedo se acabó.

19 de mayo de 2021

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Elecciones 2021, Pedro Castillo, Polarización

Esta vez la pobreza peruana no necesitó de un grupo de élite militar que diera un golpe de estado a la élite económica que la causaba. Tampoco tuvo necesidad de que un grupo de católicos comprometidos hablara por ella. La pobreza cobró vida doscientos años después de fundada la República y se encarnó en personas con mayoría de edad, capaces de elegir a un candidato presidencial que ha llevado sus reclamos hasta el gobierno con la ilusión que los resuelva. Un candidato y un partido que no son de Lima.

Cuando se promulgó la Ley orgánica de Gobiernos Regionales el 19 de noviembre de 2002 se aceptó, tras varios intentos fallidos de integración departamental, que cada departamento establecido en la Constitución de 1979 tuviera su propio gobierno regional, menos la capital, la ciudad de Lima (y luego dicen que no hay discriminación). Desde ese momento las elecciones regionales fueron provocando una crisis en los partidos nacionales que ya en la década de 1990 habían sufrido una desideologización severa. En las primeras elecciones regionales del 2002 se impuso el APRA como el principal partido de oposición a Perú Posible, el partido del entonces presidente Alejandro Toledo. Pero en las siguientes elecciones del año 2006 la mayoría de los gobiernos regionales fueron a manos de movimientos políticos locales en lugar de ir a partidos nacionales. El APRA, que ganó las elecciones presidenciales, sólo logró ganar en dos departamentos y los demás partidos nacionales aún menos. Se produjo entonces una escisión entre los partidos nacionales, todos con sede principal en Lima y los movimientos políticos locales, de tal manera que los nacionales lideraban las elecciones presidenciales, y los locales, las regionales. Mientras tanto, el Congreso se mantuvo como un lugar de confluencia de gobernantes regionales o alcaldes provinciales que al culminar sus periodos se integraban a las listas de candidatos al congreso que albergaban los partidos nacionales. En este proceso de democratización y desarrollo político de movimientos locales la fragilidad de su permanencia en el tiempo y el clientelismo han sido rasgos característicos debido a que los cargos públicos en muchas ocasiones son la principal fuente de ingresos para un sector de la población, sobre todo en zonas de difícil acceso. En ese marco, el Movimiento Político Regional Perú Libre fundado en Junín el año 2007, da origen a un Partido Político Nacional que hasta el año 2016 simplemente se retira en las elecciones presidenciales. De ahí que se pueda deducir que ha sido el candidato Pedro Castillo y no el fundador del partido, acusado de corrupción, quien ha logrado atraer la votación del 40% de votantes regionales.

Más allá de que concordemos o no con los reclamos y soluciones de los que nos habla el candidato Castillo en sus discursos, estamos viviendo un momento particular en nuestra historia. En esta ocasión no es un migrante que viene del campo a la ciudad para poder sobrevivir huyendo del hacendado, tampoco es un senderista que viene del campo a la ciudad para imponer su justicia de terror: nos encontramos ante un dirigente político que tuvo el poder de derrocar a la ministra de Educación y que ha conseguido que la población más pobre del país se sienta representada por su discurso. El discurso del SUTEP es sumamente criticado. Se considera que su orientación ideológica prioriza lo salarial y la estabilidad laboral al aumento de calidad en la enseñanza, pero en una crisis como en la que nos encontramos, ¿cómo no va a representar al más pobre el defensor de la protesta, del salario y de la estabilidad laboral? ¿No es acaso lo más deseado por sus votantes?

El Perú es un país que cumple doscientos años de ser gobernado por alguna élite costeña que siempre se ha enriquecido gracias al trabajo mal remunerado o alguna forma de enganche. Nos acostumbraron a vivir pensando en que algo nos chorrearía. Pues resulta que doscientos años demoró la democracia peruana en conseguir que la mayoría decida. Si la mayoría del país está signada por la pobreza y desde ahí toma sus decisiones, aceptemos la responsabilidad de haber tenido la educación como parte de un sistema que buscaba la conveniente sostenibilidad de la ignorancia y por favor, como limeños, dejemos de lanzar aullidos de miedo, abstengámonos de imponer nuestras recetas y propuestas políticas al candidato. Tiene todo el derecho a decidir a quiénes se acercará para conformar el equipo que pueda realizar sus ideas lo más cercano que pueda a como él las ha imaginado para el país y para la población que representa. Nuestra tarea consistirá en defender, nuestros derechos, nuestras instituciones democráticas y el equilibrio de poderes si sus propuestas son injustas, autoritarias o ineficaces. Demos un salto de madurez política. Las peruanas, los peruanos más pobres ya no creen en promesas de 3,000 colegios. Han conseguido llevar su demanda laboral, y desconfianza en la corrupción y el extractivismo hasta la presidencia. Les queda ahora asumir su responsabilidad al respecto. Llegó la hora de que nos tratemos como iguales.

5 de mayo de 2021

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Elecciones 2021, Gobierno, Perú Libre

El extremismo de los resultados electorales ha despertado un gran temor al tener que escoger entre la líder de una de las organizaciones de mafia y corrupción más consolidada del país, y un dirigente sindical que promete un socialismo estatista. El temor a ambas propuestas (y a sus coincidencias) se ha manifestado a través de un conjunto de acusaciones entre los votantes según el extremo que consideran “el mal menor” como lo llamó Mario Vargas Llosa: que si se es delincuente, terruco, clasista, racista, ignorante, fanático, paternalista, vengativo, resentido, etc.

 

La pregunta de por qué la población peruana se ha descubierto en medio de estos extremos es muy obvia: al ladrón se le perdona cuando hace obra y al ladrón que roba al ladrón, se le deben muchos años de perdón. Keiko Fujimori, de liberar a su padre y gobernar con él, tendrá la mano dura necesaria, como en la década del 90 la tuvo Alberto, para “librarnos de la pobreza y el terrorismo”, sin importar (o todo lo contrario) la inversión en clientelajes y en las tajadas correspondientes a las grandes decisiones estatales. A la otra orilla, las estatizaciones y redistribución de la riqueza a través del Estado que propone tan simplificadamente Pedro Castillo pueden llevar a desbancar al país, pero estarán muy cerca de cumplir con la justicia popular reclamada por los pobres.

 

La pobreza es entonces la causa principal y ninguna otra la que nos ha llevado a este enfrentamiento. De acuerdo con el último Reporte técnico de Unicef sobre el impacto del COVID-19 en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en el Perú (2021), la población más afectada es la que se encuentra en la sierra rural, con un incremento de la pobreza al 44.5% y en la selva rural, con un incremento durante este periodo a 51.5%. Si comparamos con el 2019 la pobreza rural ha crecido cerca de un 14%. Y no sólo en el campo. En las zonas más pobres de Lima metropolitana, la pobreza ha alcanzado también el 44%.

 

Y por alguna razón, a esa pobreza se le sigue dando la espalda y se continúa estigmatizando las protestas y reacciones apelando a la ilegalidad. Un ejemplo fueron las huelgas y protestas del sector agrícola. Es cierto que el estado ha entregado una serie de bonos y de incentivos económicos, pero en las zonas rurales la crisis de la economía agrícola migratoria, el aislamiento, la reducción de los servicios públicos, primordialmente el de salud, y la caída del sistema escolar, han hecho retroceder a la población casi una década de avances.

 

Otro ejemplo es el de las invasiones de terrenos en Lima. Es cierto que entre setiembre del 2020 y enero de este año, el Congreso aprobó una populista normativa que amplía los plazos de la titulación de terrenos hasta el año 2026 y que por esa razón se favorecerá la ocupación ilegal y el tráfico de terrenos. Pero los casos que hemos visto en Lima, tanto en Chorrillos como en Villa El Salvador, nos muestran que dos de cada tres inquilinos han tenido problemas para pagar sus alquileres debido a la pandemia. Las personas que se resisten a ser desalojadas no cesan de repetir que no tienen, simple y llanamente, a dónde ir.

 

Y en medio de todo este escenario, ¿qué representantes del Estado peruano se han sentado a escuchar, a tomar decisiones y a plantear alternativas concretas a la población? ¿La policía y los funcionarios sectoriales? La justificación de que estamos bajo la tutela de un gobierno transitorio no sirve de nada ante la pobreza que, con los resultados electorales, ya no pudo ser más maquillada, silenciada, escondida.

 

Irónicamente, hoy invadido, Villa El Salvador reubicó 50 años atrás a un grupo de 350 familias desesperadas por contar con un lugar donde vivir que tomaron una zona de Pamplona con el interés comercial suficiente como para que la policía interviniera de manera violenta. Avergonzado, el Estado de la mano con la iglesia católica progresista de aquel entonces, llevó el año 1972 a las familias hacia una zona urbana planificada por profesionales, de tal forma que respondiera a la organización autogestionaria que se propuso como modelo a la población. El tener donde vivir no acabó con la pobreza, pero pudo con la dignidad. En 1987 Villa El Salvador ganó el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, entregado por ser “La práctica ejemplar para organizar un tipo de ciudad solidaria y económicamente productiva”. Ahora viven en el distrito más de 420,000 personas.

 

Los terrenos urbanos en Lima sin duda cada vez son más escasos y lejanos, pero el Estado ¿simplemente los va a desalojar para combatir el tráfico de tierras? ¿Vamos a esconder que no tienen siquiera un lugar dónde dormir y dejaremos, como en las zonas rurales, que vean con un par de bonos al año cómo sobrevivir? Al menos en las comunidades más alejadas siempre hay un techo que ofrecer a la familia, esa que observa cómo sus niñas y niños han perdido ya dos años de formación escolar.

 

En este marco no es difícil imaginar por qué ambos candidatos se encuentran disputando la Presidencia de nuestro país.

 

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori, Voto

En estas elecciones para el Congreso de la República podremos votar 9,830,538 mujeres y 9,764,762 hombres. Pero es muy probable que, de los casi veinte millones de votantes, adultos mayores, personas que tendrán que cuidar a pacientes y familiares, y quienes debían desplazarse interprovincialmente prefieran pagar la multa. Sólo la siguiente semana sabremos cuántos votos quedaron tras esta comprensible deserción. Los votos de quienes sí caminaremos hacia nuestros centros electorales estarán distribuidos en 27 distritos electorales: el de cada departamento, el de Lima Provincias, el de la Provincia Constitucional del Callao y el de Peruanos en el extranjero.

 

Cada distrito electoral no tiene el mismo número de congresistas. Hasta el Congreso actual, varios departamentos han tenido solo dos congresistas: Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna y Tumbes. Madre de Dios tiene solo uno. Arequipa tiene 7, La Libertad tiene 8. Lima 37. Esa desproporcionada diferencia sin duda afecta al país porque inevitablemente centraliza la producción legislativa desde la perspectiva de la capital. Sin embargo, esta aparente mala distribución de las curules siempre culmina en otra distribución organizada de acuerdo con los intereses económicos que representa cada partido político. Surge de este modo una apariencia sumamente fragmentada entre los partidos políticos más relevante que la departamental.

 

Esta fragmentación que proyectan las encuestadoras entre 6 y máximo 20 curules por partido político no es una novedad, pues el actual Congreso ya presenta esa estructura. No obstante, si observamos como se comportó debido a ello, podemos imaginar cómo rápidamente, incluso desde antes de saber los resultados, qué alianzas se configurarán a partir del 28 de julio, día del Bicentenario de nuestra República.

 

Las bancadas de Soto, López y Fujimori se unirán espontáneamente. Ya vimos en este Congreso cómo los integrantes de Solidaridad Nacional y Fuerza Popular se reacomodaron rápidamente en los partidos de alquiler. Distribuidos ahora en este triada, se llevarán armoniosamente bien en tanto comparten intereses comunes como el dar carta blanca a redes de corrupción, defender la evasión tributaria, el monopolio y liberar la informalidad en los grandes sectores económicos como minería, turismo y agroexportación. En otra alianza, las bancadas de Acuña, Urresti y el FREPAP cerrarán filas para defender sectores menos rentables pero fundamentales en nuestra economía como la educación y los cultivos ilegales. Frente a este desmadre, las bancadas de Guzmán y Mendoza representan una alianza que representa los intereses económicos del sector público y cultural, que agrupa un amplio abanico técnico y profesional vinculado a servicios del Estado, instituciones artísticas, educativas, de investigación y organizaciones no gubernamentales. Eventualmente, las bancadas de Forsyth y Lescano, que representan otros sectores económicos como la mediana construcción, industria y exportación, estarán usualmente en alianza con el grupo de Soto y compañía, pero que ante situaciones de trastabilleo de la democracia o derechos fundamentales, se aliarán con Guzmán y Mendoza. Como vemos, no se trata de una fragmentación de fondo, sino de alianzas locales y nacionales que prefieren trabajar en paralelo y fortalecer sus propias redes políticas y económicas. Son cuatro sectores claramente definidos en un campo en el que se juega muchas veces tres contra uno, pero a veces dos contra dos.

 

Los resultados que se publicarán la próxima semana, dejarán en claro que nuestro voto habrá respondido a los ideales que cada peruana, que cada peruano tenemos entreverados con nuestra situación socioeconómica. Más aún en esta situación de pandemia. Pero si hay algo que nos une, nuestro dos contra dos debe ser nuestra apuesta: no queremos corrupción y no cejaremos de pelear. Preparémonos porque para eso necesitamos dos tareas: asegurar que sea quien sea que ocupe el sillón presidencial por primera vez este 28 de julio, cuente con una cantidad de congresistas necesaria, entre 40 y 50, que aseguren el contrapeso necesario para un gobierno estable y vigilado en la defensa de nuestros derechos y nuestra salud. Y la segunda es terminar, a punta de protestas, referéndum y acuerdos colectivos, las reformas políticas necesarias para que el 2026 tengamos un congreso sin delincuentes y con capacidad para legislar fuera de la corrupción.

 

Tengamos en cuenta que podemos votar por un partido para Presidente y otro para congresista, pero no se puede votar por dos congresistas de diferentes organizaciones políticas. Tiene que ser una sola. El número total de votos por cada partido determinará cuántos congresistas tendrá. Como no sabemos quiénes de ellos tendrán más votos, verifiquemos que los primeros 30 candidatos aseguren que saldremos dignamente de esta crisis, sin pisar a nadie para correr detrás de un billete. El lapicero azul está en sus manos.

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Carla Sagástegui, Elecciones, Elecciones 2021
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