Aquellos que vivimos los tiempos fujimoristas, recordamos la desazón con la que fue recibida la eliminación del curso de Filosofía del Plan Curricular Nacional. Tampoco era que los profesores de aquel entonces fueran reflexivos pensadores que nos enseñaran bien el contenido de los textos escolares (muchos sin formación habían sido nombrados en el primer gobierno de Alan García), pero uno que otro curioso, o algún privilegiado que accedió a un buen colegio, sin duda leyó y discutió sobre la libertad, las ideas, la ética y la moral. 

No me detendré a hacer un recuento de que han dicho los pensadores al intentar definir la ética, pero sabemos que se trata de una actitud reflexiva que emerge cuando tenemos que tomar decisiones que nos afectan a nosotras, nosotros mismos, pero sobre todo porque afectan a los demás. Desde los más cercanos hasta grandes grupos de la humanidad o de seres vivos. La ética nos comprende (o nos comprendía) no como personas aisladas, sino como seres condicionados a vivir en comunidad. 

Una obligación del Estado, se suponía, consistía en compartir una ética con la población, que debía reconocer como propia y que por ello se enseñaba desde la escuela, se esparcía mediante los discursos públicos, en los espacios emblemáticos y, sobre todo, al momento del ejercicio de sus poderes. Pero aquí hoy no la hay. Se fue como arena entre los dedos: si abrimos las noticias veremos que los mineros quieren permanecer artesanales, los policías dedicarse a la extorsión y tráfico de armas, la presidenta y su gabinete quieren seguir mintiendo, los alcaldes usar los bienes públicos para sus negocios  y los congresistas empeñarse en borrar toda legislación que les impida delinquir y de paso, censurar a sus opositores políticos.

Mientras tanto, la población quiere justicia por los peruanos asesinados por este gobierno; cárcel para los políticos corruptos, y unas fuerzas del orden capaces de poner fin a los asesinatos y atentados de los sicarios, de las fuerzas paramilitares. Pero también quiere la indiferencia del Estado respecto de su informalidad, que se apruebe la pena de muerte, aplaudir la vida amorosa de sus futbolistas de televisión y mantener la fama culinaria alcanzada a nivel mundial. Es un anhelo sin reflexión, instintivo, defensivo agresivo, de frases como “con mi gente no te metas”. Quizá esa sea la suerte de discurso que ha reemplazado al ético y que implica indiferencia y colusión.  

Es un reto político muy grande porque se trata de una crisis ética que ya había sido anunciada: décadas atrás se empezó a discutir la carencia de un pacto social que sirviera de base para gobernarnos como nación y ponerle fin a la pobreza. Al poco tiempo de terminada la dictadura de Alberto Fujimori, se creó un Acuerdo Nacional, con personajes destacados de la política peruana y destinado a proteger a las poblaciones más vulnerables. Hoy es una página web abandonada donde aún se cita a los ex presidentes ahora encarcelados. 

El carecer de un acuerdo solidario ha devenido en la imposición de intereses cada vez más criminales en los tres poderes del Estado y en un contexto internacional también muy complejo. Nuestro continente se ha llenado de sur a norte de políticos y presidentes que han convencido a la población de que los derechos humanos que se habían logrado, son algo maligno que se debe rechazar (basándose en tres nefastas dictaduras que tampoco tienen interés en proteger derechos). Que el bienestar social empobrece al Estado y le hace daño al país. Son dirigentes cada vez más populares, millonarios empresarios que se están convirtiendo en el modelo exitoso de político que pasa por encima de los demás, con herramientas de entretenimiento y religión sumamente poderosas para el control de la población. Vaya reto nos toca si es nuestra tarea resolver cómo fortalecer a la ética para que retorne (porque alguna vez lo estuvo) a los corazones de nuestra población. 

A lo largo de la historia, fenómenos como la peste, grandes inundaciones, terremotos, eran tomados como castigos divinos. La población solía refugiarse en las iglesias a pedir perdón y mostrar su solidaridad con los damnificados. La modernidad y la industrialización no pusieron fin a estos temores, pero el saber qué produce, dónde se originó una pandemia o cómo el Estado se debe organizar para combatirla, se supuso que había puesto fin a esta variante de cómo explicar la naturaleza como un objeto divino. 

Sin embargo, durante la pandemia pudimos observar de manera sorpresiva, cómo el miedo colectivo se centró no en la culpa, sino en el negacionismo y la sospecha de conspiración. Interpretada esta reacción como una respuesta paranoica (que no consigue lidiar con la culpa) permite al agresor sentirse víctima y acusar a la víctima de agresor, contra quien le brote una profunda cólera, vengativa, agresiva contra quien engaña para dañarlo. Una reacción tanto individual como colectiva que da permiso para agredir. 

Cuando los gobiernos están mostrando absoluta indiferencia a la protección de los derechos humanos y al recrudecimiento de los fenómenos naturales debido al calentamiento global, un amplio sector de la población en el continente americano y otros países del mundo entero, ha optado por negar la obligación de vivir plena y seguramente, asegurando que se trata de un malvado plan comunista que toma los derechos como pretexto para tomar el Estado y arruinar un país (con ejemplos de quienes sí lo han hecho, es cierto). Y aunque nieve en desierto de Arabia Saudita y se inunde medio planeta, no tenemos por qué cambiar nuestros hábitos ni tampoco aceptar migrantes ajenos. La ciencia y la evidencia son engaños. Un trastocamiento difícil de superar.

Como consecuencia, ahora que convivimos a través de medios que nos separan físicamente, poco importa el otro del que sólo sé a través de lo que la pantalla me indica. Quebrado el vínculo comunal y presencial, parecen surgir un nuevo dios y un nuevo estado. Un dios que viene con un libro, el Antiguo Testamento de la Biblia, capaz de sustentar una verdadera ciencia que niega los derechos humanos y el cambio climático, asegurando la salvación familiar sin importar la del resto. Y un Estado que puede trabajar libre de estos gastos excesivos como la salud, alimentación, vivienda y educación,  y que por lo tanto, reducirá la necesidad de impuestos que corresponde a los empresarios y propietarios con mayores riquezas. Esos admirados hombres que consiguen llegar al poder, como hoy Trump y Musk, Milei y Bukele, hasta buena parte de nuestros congresistas y gobernantes regionales, que van tomando el poder bendecidos por el dios de sus electores. El dinero, sin importar cómo se consiga, es el único síntoma de la salvación.

Y cuando la población sí reclama sus derechos, se describe como una amenaza y se busca pretexto para dispararles a matar. Pero nuestra presidenta, a quien ya vimos que la vida le importa poco, esta vez tendrá que explicar qué ocurre en las calles de Lima, con este paro tan grande que se va a desplegar. Veamos qué les dirá a sus colegas que han venido a negociar la economía del Pacífico en un país donde no nos dejamos engañar. 

A lo largo de su historia, el Perú tuvo un Congreso con cámaras de senadores y diputados hasta que Alberto Fujimori y su Constituyente, propusieron un solo parlamento conformado por el mínimo posible de representantes para evitar desperdicio de dinero. Décadas después nos dimos cuenta de que habíamos creado un parlamento sin un filtro contra sus descabelladas propuestas, pero al Congreso ya poco le importó. Tomado por redes de corrupción y clientelaje, el año 2020 las protestas de diversos sectores de la población fueron escuchadas y se realizó un referéndum. A sabiendas que también queríamos impedir urgentemente que continuaran reeligiéndose los congresistas, tomaron como pretexto el poder postular a la futura cámara de senadores para poder continuar haciendo de las suyas con la legislación nacional. Fue por eso que en el referéndum nos opusimos a la creación de dos cámaras. Nos obligaron a distorsionar nuestro proyecto pero priorizamos detener a este clase política corrupta. 

A pesar de los resultados del referéndum, este Congreso se zurró en la decisión del pueblo peruano y emitió en marzo de este año la Ley 31988, que retoma las dos cámaras y que declara abiertamente la posibilidad de la reelección (artículo 90). La presidenta le dio luz verde sin ningún comentario. De esta manera, en el Perú se evidenció cómo el Poder Legislativo mantiene (bajo amenaza de destituir la Presidencia) el control de Ejecutivo para legislar y gobernar según los intereses de sus integrantes.

Si son 130 parlamentarios (que salvo muy raras excepciones) no nos representan, la crisis política en la que nos encontramos podríamos describirla como una carencia de representación que proteja los diversos derechos e intereses de la población en los poderes del estado. Que la decisión de amplios sectores de la población no sea tomada en cuenta, nos lleva a evidenciar que entonces en nuestro país la ciudadanía más básica ya no existe; que nuestra participación se reduce a las elecciones, reemplazando el aparato necesario para un diálogo fundamental de acuerdos públicos, por tendencias de aprobación y popularidad, más cerca de una rifa, de un ranking televisivo, que de la versión más simple de una asamblea popular. La crisis es sin duda, de la democracia.

Como cereza en la crema, El día de ayer se ha presentado a la Comisión de la Constitución, sin el sustento legislativo requerido, el proyecto de Ley que establece la reforma electoral para votar según la estructura del futuro Congreso. En él se modifica el número fijo que se aprobó en marzo (60 senadores y 130 diputados) porque añade una fórmula para determinar el número representativo de diputados y de senadores. Este requerimiento se encuentra en el artículo 21.4 del predictamen, precisando que se dispone un diputado por cada 150.000 electores y un senador por cada 300.000 electores. Dada esta fórmula, los senadores serían por lo menos 80 y los diputados al menos 170. 

Más allá de que esa fórmula debiera ser aprobada por todo la población, sometida a debate y quizá a referéndum, lo cierto es que añade al aumento del número de curules, el mantenimiento del voto preferencial, el principal recurso que encontraron las cabezas de organizaciones delictivas para controlar la legislación nacional. El voto preferencial provoca que se vote por los candidatos y no por los partidos políticos. Por esta razón, los candidatos solo invierten en sus campañas electorales, y no trabajan con propuestas legislativas diseñadas y defendidas por sus partidos políticos, acordes con sus principios y propuestas ideológicas. Los partidos sólo son medios alquilados temporalmente para ser elegido y conseguir manipular directamente la legislación como convenga. La mayor farsa política.

En estos días de paros y protestas, uno de nuestros primeros reclamos debiera ser ponerle fin al sistema de votación preferencial que tal como lo anuncia este gobierno, nos someterá a un mismo Congreso durante cinco años más, sólo que con un número mayor de parlamentarios listos para continuar desmontando los restos de un sistema justo y democrático de gobierno nacional.

La guerra que está ocurriendo en el levante mediterráneo, encabezada por Israel y alentada por Irán, tiene dos aspectos que no podemos separar, uno geopolítico y otro teocrático. 

Israel fue el primer país creado por un acuerdo internacional. Tras el holocausto, parecía una forma de protección a un pueblo perseguido, pero pronto se develó que se trataba de la recuperación histórica de un conveniente territorio situado entre Europa y Asia con salida al Mediterráneo: qué mejor puerto “europeo” para el petróleo. La justificación de la propiedad judía del territorio palestino se basó en dar por verdad absoluta que su Dios la había prometido. Tal es la postura del sionismo, movimiento nacionalista judío que surgió en Europa en el siglo XIX durante la terrible persecución que estaban sufriendo. No todos los judíos estaban de acuerdo, asumieron que se perdió el territorio siglos atrás y que si se mantenían unidos era por su religión. De ahí que muchas familias optaran por la asimilación, dispuestas a integrarse a otras sociedades, tal como ocurrió en Argentina. Opuestos, los que fueron a Palestina participaban del sionismo. De ahí que en Israel la postura hegemónica sea la de su actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien apela a Abraham y a su viaje a la tierra prometida. En Israel recuperaron el uso del hebreo, mantenido en sus textos religiosos y se aceptó no contar con una Constitución dado que la máxima ley no puede ser terrenal. De esta manera, las leyes básicas son la Torá, el Tanaj, el Talmud y el Shulján Aruj; y las leyes fundamentales son aquellas que determinan la organización de las instituciones públicas, las cuales abarcan desde el gobierno, el sistema de justicia y el poder militar hasta los sistemas de apartheid étnico y demolición.

A ninguna de estas leyes Israel puede recurrir actualmente para justificar los genocidios cometidos. Por eso su actual consigna es que pondrá fin al terrorismo iraní. Con ese término se designa a los movimientos políticos islamistas que actualmente gobiernan Gaza, Siria y el Líbano, que aunque tienen muchas diferencias tienen en común el ser auspiciados por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, fuerza armada de un gobierno considerado teocrático, dado que el líder supremo es elegido entre los clérigos islámicos chií, y tiene el control de los poderes del Estado. Esta forma de gobierno comenzó con la revolución islámica el año 1979. El último sha de Persia (el otro nombre de Irán), aliado de Estados Unidos, había reconocido en 1953 a Israel. Advirtiendo siempre que debía reconocerse a Palestina, el vínculo con Israel se rompe recién con la Revolución Islámica bajo el gobierno del ayatolá Jomeini y se declara a Irán protector de Palestina y la región árabe. 

El islam es una religión que también se basa en los relatos bíblicos sobre Abraham. Para sus creyentes no hay más dios que Alá y la diferencia está en quién es el profeta: Moisés, Jesús o, en este caso Mahoma​. Las principales escrituras del Islam son el Corán, que toma partes de la Biblia, pero que en este caso se cree que es la palabra textual de Dios, y las enseñanzas y prácticas (sunnah) de los relatos de Mahoma. Hoy, la cuarta parte de la población mundial es musulmana. Musulmán significa “el que se somete”, pues todas y cada una de sus acciones, desde la más personal hasta la militar están regidas por la orden de Dios. En Irán, tierra persa, prima el islamismo chiíta, y en Palestina, tierra árabe, los musulmanes son sunitas, por eso son tan distintos los gobiernos de Hezbolla en Líbano y de Hamas en Palestina.

Es una guerra cruel, pero difícil de entender, porque se disputan un territorio donde la política, la religión y las fuerzas armadas son cruelmente indesligables, y donde morir luchando puede ser la única forma de vivir. 

Alberto Fujimori y Abimael Guzmán nacieron en un Perú muy distinto, uno que pocas veces podemos imaginar. En la década de 1930, en Lima no había más de 300,000 personas en el área urbana, número cercano al de las personas que vivían en todo el departamento de Arequipa en esos mismos años. En Mollendo, donde nació Guzmán, apenas si había 15,000. El Perú se encontraba bajo el régimen de un presidente afín al nazismo, Oscar R. Benavides.  

La accidentada infancia de Abimael Guzmán, cambiando de ciudades y escuelas fue muy diferente que la de Alberto Fujimori, pero lo cierto es que ambos llegaron a cursar una carrera universitaria. Fujimori estudió Agronomía en la Universidad Agraria de la Molina, y Guzmán, Derecho y Filosofía en la Universidad San Agustín de Arequipa. Guzmán se graduó en filosofía y se entregó al comunismo. Apenas comenzada la década de 1960, mientras Abimael Guzmán fue contratado por la Universidad San Cristóbal de Huamanga para enseñar filosofía, Alberto Fujimori fue a realizar sus estudios de posgrado en Francia y en Estados Unidos. Cuando regresó a enseñar en la Agraria hizo también carrera política como decano, luego rector y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. La afiliación de la Universidad huamanguina con el comunismo, permitió a Guzmán crear los vínculos para dejar la universidad, viajar a China, Checoslovaquia y la Unión Soviética, y pasar a la clandestinidad. De tal forma que mientras Fujimori estaba liderando su universidad, Abimael iba creando por el país, comités de Sendero Luminoso en las aulas universitarias.

En 1980 comenzó el terror. Abimael Guzmán, convertido en el Presidente Gonzalo, decidió que debía combatir al Estado destruyendo a sus colaboradores. Los colaboradores éramos todos, pero comenzó con los campesinos y militantes de izquierda que traicionaban la causa al ejercer el recién universalizado derecho a votar. La vorágine ocasionó decenas de miles de muertes, con terribles atentados y con la estrategia de dejarnos sin luz y energía. El Estado reaccionó casi al mismo nivel, amenazando y asesinando ante la incapacidad de poder identificar a los verdaderos senderistas. Nuestro retorno a la democracia fue caótico. Sumidos en la pobreza, a la exorbitante deuda externa, se sumaron el impacto de fenómenos naturales y la crisis económica mundial que dio paso al neoliberalismo. En ese contexto, Alberto Fujimori se lanza a las elecciones presidenciales, sin imaginarse que la población, atemorizada por las radicales medidas económicas que Mario Vargas Llosa anunciaba, lo escogería como el candidato alternativo (costumbre de votar por oposición que ha mellado las prácticas democráticas peruanas).  

Ya elegido, a Fujimori no le quedó más que aplicar las duras medidas contra la inflación y de reducción del estado que promovía el Fondo Monetario Internacional, además de un nuevo plan para pagar la gran deuda. En ese contexto, la violencia de Sendero Luminoso se incrementó en Lima y en la Amazonía. Fujimori optó por crear un escuadrón paramilitar, el Grupo Colina. Meses después cerró el Congreso de la República. Guzmán fue capturado el 12 de septiembre de 1992 por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía Nacional peruana. Fujimori, que estaba en un viaje de descanso, regresó de inmediato para montar la parafernalia con la que fue mostrada su captura. Bajo la dictadura, Guzmán fuejuzgado por un tribunal militar sin rostro. Más de diez años después hubo que volverlo a sentenciar con el debido proceso y darle la cadena perpetua.

Fujimori cantó victoria y aparentó convertirse en un presidente que luchaba por los derechos humanos. Mientras tanto, sus vínculos con el narcotráfico, la compra de los medios de comunicación, la liberación de la informalidad y la corrupción empresarial, llegó a dimensiones insospechadas. Los videos grabados por su mano derecha, Vladimiro Montesinos, dejaron todo en evidencia. Él escapó a Japón y renunció por Fax. Fue detenido en Chile, cuando pensaba regresar desafiante al Perú, el año 2003.

Durante la guerra entre el Estado peruano y Sendero Luminoso, murieron cerca de 50,000 personas. Abimael Guzmán murió en la cárcel, el 11 de setiembre de 2020 a los 86 años. Alberto Fujimori, consiguió que la casta política que asentó en el congreso, le diera el indulto para salir de la cárcel de oro en la que estaba y querer seguir manipulando la política peruana, a pesar de la oposición de 24 millones de peruanos. Murió también a los 86 años, el 11 de setiembre de 2024.

En estos últimos días, la prensa se ha concentrado en varios casos de peleas conyugales de congresistas y de un futbolista muy conocido. Todos los conflictos han implicado situaciones de violencia que la prensa ha sabido aprovechar para circular relatos, imágenes, opiniones y así aumentar su audiencia y fidelidades mediáticas. Desde los años 90 varias conductoras de televisión han conseguido un éxito comercial muy grande gracias a los engaños y violentas respuestas que sus reportajes y entrevistas traen consigo. Como en el Perú no existen comités dentro de los mismos medios o en el Estado que pongan freno a tan gran negocio, parece haberse naturalizado que sea la opinión pública la que sustente toma de bandos, si con uno, si con otro, e incluso presionen sobre la decisión de las instituciones a las que pertenecen. 

Esta práctica trae riesgos muy grandes, pues dado que el ser humano va asentando su personalidad y comportamiento siguiendo ejemplos y modelos en el hogar y en su entorno, no solo naturaliza la violencia, si no el éxito mediático que está trae consigo. Y alcanzar la popularidad en redes y medios no es ahora tan sólo un pasatiempo sino una profesión que buena parte de la adolescencia mundial tiene como meta laboral; pareciera entonces que fomentamos el saber manipular la violencia conyugal como un recurso para conseguir la fama tan ansiada y sus beneficios económicos. 

Si como sociedad tuviésemos un juicio sano, deberíamos haber desarrollado herramientas para detener las distintas formas de violencia que nos rodean porque la violencia escala, se multiplica y nos anula, nos acorta y amarga la vida, sobre todo la de las niñas y niños obligados desde su fragilidad a conformarse o defenderse sin tener el poder de un adulto. Y traigo el tema del poder porque está asociado directamente con la violencia. La prensa difunde los casos en los que congresistas y futbolistas son los agresores. Es por eso que las víctimas requieren del apoyo de un sistema judicial que pueda dar protección, y no otro que responda a la presión mediática, las conveniencias de las instituciones a las que pertenecen y a otros arreglos que son tradición en nuestro sistema de justicia. 

Y han sido precisamente congresistas, vergonzosamente liderados por mujeres, quienes han perseguido y prohibido la educación sexual integral en las escuelas, principal materia en buena parte del mundo, donde se enseña cómo relacionarse sanamente con las personas con las que se mantienen relaciones sexuales, cómo cuidar y defender nuestros cuerpos, cómo evitar los abusos de poder de género en sociedades tan machistas como la nuestra.  Les hemos quitado la posibilidad de educar generaciones libres de tremenda opresión que vive más de la mitad de hogares peruanos. De darles herramientas para escapar de la trata, principal crimen que ha repuntado de manera escalofriante en el país debido a la minería ilegal y el narcotráfico. 

Si nuestros congresistas citan la Biblia para evadir esta responsabilidad y luego la utilizan para afirmar que ser autoridad es ser un rey elegido por Dios, están llevando al límite la política y la democracia con tal de continuar defendiendo el derecho que sienten de cometer abuso, contra las mujeres, contra la diversidad sexual, contra la defensa de nuestros cuerpos. Y los medios que viven de difundir golpes y peleas de famosos hacia sus parejas, sonríen, dándole la espalda a una generación de niñas, niños y adolescentes abandonados en un sistema educativo a punto de colapsar. 

Nuestro siguiente gobierno, tendrá que ser uno con la capacidad de hacerse cargo, de sentirse responsable de ponerle freno a este abandono. Pongamos toda nuestra imaginación en conseguirlo. Nuestro futuro lo reclama.

Tan solo 10 años duró la Reforma Universitaria. De ello se podría deducir (en términos muy generales, por supuesto) que quizá solo una generación de estudiantes en nuestro país tuvo acceso a una formación profesional con la calidad asegurada. 

Cincuenta años atrás, las universidades peruanas eran espacios de lucha política: partidos como el Aprista, otros de la diversa izquierda y agrupaciones terroristas como Sendero Luminoso tomaron las aulas. Contaban con jóvenes que se dedicaban a la política y que no terminaban la carrera nunca. Un curso o dos al año. Pero ahí, en medio de disputas armadas, la mayor parte de docentes y estudiantes jamás se rindieron, consiguiendo graduarse con grandísimo orgullo. Sumado el contexto de crisis económica e inflación delirante, las universidades públicas quedaron en abandono. Cuando llegó Alberto Fujimori a la presidencia, las intervino violentamente con tanques y militares, y disminuido el Conflicto Armado, con su estilo característico hizo decretar a su Congreso la libre creación de universidades públicas y privadas, sin ningún requisito que fuera traba para entregar un título, ni siquiera una tesis. Esa fue su simple receta. 

Como consecuencia, emergieron centros de estudios que engañaban y estafaban a sus estudiantes. No existían normas que regularan su calidad o su administración económica. La política en sus aulas fue desapareciendo. Egresaban jóvenes sin conciencia hasta de lo poco que valía su título. Tanto que también lo podían comprar falsificado en calles del Centro de Lima. Tal desborde produjo una brecha muy grande entre profesionales en la contratación laboral, pues la universidad de origen pasó a ser un componente de estigmatización. Y como toda marginación en Perú, dio como resultado el tener que recurrir a la informalidad o a la corrupción para crecer económicamente. La mayor evidencia se encuentra en el opulento crecimiento de los bienes de algunos de sus rectores y ni se diga de sus propietarios. 

Por eso el pedido de una reforma universitaria fue creciendo la primera década del siglo XXI, hasta que el año 2014, el congresista Daniel Mora en trabajo conjunto con las mejores universidades del país y siguiendo los estándares internacionales, consiguió que el parlamento aprobara la Reforma Universitaria tan requerida; así nació la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, conocida como Sunedu, lista a cerrarles el paso a los dueños y autoridades de los centros de estafa y corrupción académica. De inmediato, ellos levantaron la voz, sostuvieron que se trataba de un acto inconstitucional, pero no consiguieron apoyo alguno y poco a poco sus instituciones fueron cerrando o consiguieron reformarse, dado el poder que ya les había otorgado a sus propietarios. Jamás se rindieron y su estrategia fue clara y directa: serían congresistas y gobernadores regionales hasta recuperar el control que habían perdido.  

Hoy, diez años más tarde, desde el Congreso alcanzaron su objetivo, le pusieron fin a la labor de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Universidades y al parecer, también acabaron con la política estudiantil, porque mediante la aprobación de formación universitaria completamente virtual, los estudiantes pocas veces tendrán que ir al campus, espacio en los que se formaban las agrupaciones políticas que daban vida a la formación ética recibida y debatida en las aulas, principal fuerza que los capacitaba para encarar la corrupción y combatir la estafa en su formación. 

Por ir al campus es que miles de estudiantes de universidades en Estados Unidos han protestado contra el apoyo de su país a la estrategia genocida de Israel; y miles de estudiantes en Argentina salieron a protestar contra la reducción de su presupuesto público, que mantiene a sus universidades en los primeros lugares de calidad educativa de la región y el mundo. En Bangladesh, donde los universitarios son el núcleo principal de los partidos políticos, más de 300 murieron en su lucha contra la repartición de los cargos públicos entre los allegados a la oligarquía gobernante; y después de que la Primera Ministra huyera hacia la India, han sido ellos quienes han conseguido que los gobierne Muhammad Yunus, el premio Nóbel de la Paz conocido como el Banquero de los pobres. 

Ahora que se acercan nuestras elecciones, ¿estarán imaginando los nuevos partidos contra la corrupción cómo acceder a nuestra juventud universitaria para devolverles el compromiso con su profesión y país?