Que la recién fundada república peruana decidiera con justificaciones racistas, condenar a dos terceras partes de su población al abandono, la explotación laboral y la marginación territorial, produjo que la distribución del territorio y del gobierno del país se realizara entre hombres con acceso a las mejores escuelas, regentadas por docentes de buen nivel intelectual, usualmente extranjeros vinculados a congregaciones religiosas europeas o intelectuales peruanos con estudios y experiencia laboral internacional, varios luego ministros o embajadores. Eso no aseguraba que no hubiese corrupción y repartija en todos los gobiernos, pero sí traía consigo el imaginarse como un país algún día desarrollado. Existía un discurso de progreso y modernidad que en medio de tanta calaña consiguió que el analfabetismo se redujera año tras año, ampliando la cobertura escolar.
Claro que costó trabajo. Durante los 200 años que ya tiene la República, el negar la educación se aprovechó con fines electorales; por ejemplo, durante casi un siglo (1896-1979) no se pudo votar siendo analfabeto, lo cual excluyó del gobierno no sólo a la población indígena sometida, sino también a la mujer peruana. No obstante, la población marginada, consciente del poder que estudiar implicaba migró, reclamó y luchó por su derecho, sin tomar conciencia de que el Estado peruano no se encontraba en condiciones de poder cumplirlo.
Durante las últimas cuatro décadas de democracia y dictadura, las dos terceras partes de la población antes excluida por pobreza y condición étnica tuvo acceso a una mala educación escolar que devino en una mala educación universitaria. Universidades públicas y particulares formaron malos profesionales que refugiados en la corrupción, se adueñaron en ese lapso de la carrera pública magisterial, judicial y burocrática. Como resultado, se consiguió que sus allegados se enriquecieran permitiendo el fortalecimiento de la informalidad en el transporte y la minería, y la consagración del narcotráfico, del comercio de armas y la trata. Hoy, tras haber tomado también el Congreso, muchos de ellos se han enriquecido invirtiendo en mantener el sistema universitario lucrativamente exitoso, condicionado a perpetuar su conveniente sistema de mala formación.
Pueda ser que exista algún antecedente escondido en algún libro de historia, pero estoy casi segura de que nunca antes en el devenir de este país, el Congreso de la República se había propuesto emitir una legislación que socavara la vital formación personal, ciudadana e intelectual de nuestra población. Esto implica que la mayoría de estos parlamentarios, con anuencia del Poder Ejecutivo y bajo la protección del Poder Judicial han acordado tirarse abajo los largos esfuerzos de mejora y los pocos logros conseguidos en las últimas tres décadas en el sector Educación: el cambio en la formación de los nuevos docentes y la carrera meritocrática, la ampliación de su cobertura a casi todo el país y el ingreso al sistema de evaluación internacional tanto de la formación escolar, como de supervisión de la calidad universitaria. Es cierto que todos estos procesos tienen bemoles que salieron a la luz durante la pandemia: al revés de lo necesario, los mejores profesores no se destinan a los lugares de mayor exigencia en la educación escolar, como las zonas bilingües, sino que se destierra a los malos docentes a las zonas más agrestes. Pero llegan. La infraestructura está colapsada, pero aún asegura la presencia del Estado. Aún no alcanzamos los promedios latinoamericanos de ciencias, matemáticas y lectura en las evaluaciones de organismos internacionales avales de nuestra economía, pero los docentes han conseguido que al menos una tercera parte de sus estudiantes realmente comprendan lo que leen.
Y sin que fuera imaginable, este Congreso acaba de promulgar que 14,000 docentes que jamás aprobaron una prueba puedan regresar a enseñar. Contra toda expectativa, los acreedores de una de las peores universidades, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, han conseguido que retome su funcionamiento a pesar de que la Superintendencia Universitaria, la Sunedu, le negara definitivamente su licencia años atrás. Y peor aún, gracias al Poder Judicial, ha regresado a dirigirla su temido rector Luis Cervantes, quien repartió entre él y sus allegados, los ingresos de la universidad. Aquel señor que se pagaba a sí mismo 2 millones de soles mensuales, diez veces más que el sueldo del rector de Harvard, celebra su retorno.
Y no hay alma escolar o universitaria que salga a las calles a protestar. Pareciera que ya no hay fuerza alguna o que la mala educación se comió al Perú. Lo cierto es que en los últimos siete años nuestro analfabetismo y abandono escolar están creciendo y con estas medidas pareciera que ya nadie los pueda parar.
