Aunque suele ser uno de los lugares comunes más eficientes para esconder la desinformación y el prejuicio hasta racista, es falso que considerar al mundo rural peruano como el futuro del país sea idealización o condescendencia culposa. Es más bien mirar la acción política con lógica, pero desde la amplitud y la multidisciplina. No es cualquier circunstancia ser cuna de civilización junto a otros seis entornos del mundo. El mérito no está en la antigüedad ni en la exclusividad, sino en la capacidad colectiva de crear una solución material y tecnológica sostenible frente al desafío de asentarse en una geografía para dejar atrás la tribu, el nomadismo y la endogamia.

Lo llamo genio civilizatorio andino, e implica una epistemología y una filosofía moral que deben mirarse más a menudo, para así calibrar mejor su vigencia y su grandísimo potencial de aportes. Para el peruano pre-colonial, la naturaleza es una totalidad sistémica viviente, diversa, dinámica, sapiente, volitiva y comunicativa, por lo que se manifiesta con frecuencia, aunque sin mostrar nunca su total e inimaginable inmensidad. Lo hace, por ejemplo, a través de plantas que pueden retirarse ante la vehemencia humana, activar nuestros sentidos al tomarlas o curar pendientes emocionales específicos con la empatía de una terapia conversacional; y de animales capaces de transferir poderes o fuerzas vitales internas. Por medio de fenómenos de escala astronómica que buscan conservar los equilibrios convenientes en medio de la mutancia general de las cosas, o de familiares cuya presencia física ha prescrito pero no han muerto, sino que sus espíritus reposan en una dimensión desde donde se comunican – para protegernos – vía energías que se expanden en ceremonias colectivas. El hombre es parte natural de este concurrente e inclusivo equilibrio, por tanto ni excluye ni pretende andar solo por la vida, porque esto sería contraproducente para su salud emocional – que requiere de  calor comunitario – y para el óptimo ejercicio de sus responsabilidades cósmicas con la especie, la comunidad y la familia. Por la misma razón, tampoco descuidará su propio equilibrio biológico saludable. Y mucho menos querrá dominar y deteriorar el soporte natural que le provee agua, alimentos, sabiduría y vida, sino que buscará resguardar y optimizar su sostenibilidad. Son ciudadanos de la madre tierra.

Esta realidad así concebida, que no es literatura garcimarquezana y puede perfectamente corroborarse, lleva a un entendimiento del evento cognitivo muy opuesto al del canon occidental, que ciertamente es cada vez menos hegemónico, a partir del arribo de corrientes como las teorías de los sistemas complejos, la física cuántica u otros, que han abierto la puerta a todo una nueva concepción del acto de conocer. La filosofía andina dialoga y coincide con esta vanguardia epistemológica, aunque sus convicciones no proceden de la abstracción racional y la aproximación estratégica del científico, sino de la experiencia cósmica cotidiana. Así, si la naturaleza es una morada cuya inmensidad supera nuestra razón y sólo se presenta parcialmente, entonces no hay posibilidad de verdades finales – todo es subjetivo y contingente entre nosotros – y, por lo tanto, no cabe la exclusión definitiva de ninguna perspectiva o persona: más bien se debe buscar lo contrario en casi todo momento, porque enriquece la posibilidad de soluciones. Y dado que la realidad física natural es un equilibrio de diversidades que se debe proteger, el invento técnico siempre será poco intrusivo frente al ambiente intervenido, y la salida para el daño disfuncional siempre será un reequilibrio paciente y progresivo de todas las fuerzas, una regeneración. Y en el extremo necesario, las secesiones y abstenciones serán empáticas con todas las partes implicadas, humanas o no. Finalmente, no hay hacedores y pensadores en la comunidad, todos son ambos, bajo la premisa de que es más fecundo buscar equilibrios que incluyan a la totalidad de actores con poderes relativamente similares, y de que nadie quiere ejercer derechos de autor para diferenciarse y quebrar la divulgación recíproca de los hallazgos técnicos. El exceso de saber, sin hacer o ser, hace daño en la filosofía pre-hispánica.

Estamos ante grandes planificadores, guardianes e innovadores de la diversidad natural, y en muchísimos contextos de extrema adversidad (por algo controlan las alturas del país que hasta hoy nadie conquista). Hay todo un increíble acervo de conocimientos y tecnologías capaz de derrotar a nuestro endémico subdesarrollo, porque han sido cientos de generaciones las que han vivido bajo esta cosmovisión y con este espíritu de creatividad colectiva, y porque el genio civilizatorio andino tuvo un altísimo y sofisticado conocimiento de la realidad físico-natural y sus energías, desde sus núcleos más elementales e imperceptibles (niveles cuánticos) hasta su dinámica astral. Con esos contenidos y esa cultura productiva, se construyen grandes reinos naturalistas y soluciones tecnológicas. Paso a mostrar sólo una parte de tres de sus principales dominios civilizatorios, que casualmente hoy son críticos en el Perú y en el mundo: el  agua, la alimentación y la salud.

En dos o tres décadas, a más tardar, empezarán a darse severos problemas de abastecimiento de agua en todas las ciudades costeras del país. Lima, por ejemplo, es una de las ciudades con mayor estrés hídrico del mundo, lo que se agrava considerando que en el 2050 seremos el doble de capitalinos. Pese a que estamos imposibilitados de acceder a las más modernas tecnologías de captación de agua, por diversas razones ya planteadas en anteriores columnas, seguimos olvidando o ignorando que la civilización andina aseguró la llegada de este insumo a todo su inmenso territorio, enfrentando con ello el problema de la estacionalidad de lluvias y las repentinas sequías de la sierra. Lo hicieron a través de las milenarias mallas de riego que, de generación en generación, fueron ampliando y perfeccionado, incorporándoles diversas ingenierías de obtención, recepción y traslado del líquido elemento.  En este momento, la cooperación internacional y el Estado peruano estudian, a 4000 metros de altura – distrito de Huamantanga, al norte de Lima región – una tecnología Wari de traslado del agua de la lluvia a los canales habituales del suelo y subsuelo, a través de grandes cuencos receptores (llamados amunas) cuyos filtros naturales son conectados a trasvases artificiales por donde el agua viaja hacia su cauce natural, elevando la cantidad de recurso disponible. De la reparación de las muchas amunas dañadas u olvidadas – lo que está en manos de Sedapal – depende el abastecimiento de agua potable de las ciudades de la costa para las décadas próximas.

La alimentación es otro genio civilizatorio andino. Se divulgó hace poco, por las celebraciones del Día del Campesino, que la agricultura familiar peruana produce el 80% de nuestra alimentación. Vale y mucho, pero se quedaron cortos: podemos alimentarnos sin depender de ninguna otra economía, lo puede hacer cada región incluso, y con los productos más nutritivos del planeta. Esto no sólo responde a la riqueza genética de la cordillera, sino a que la inventiva andina desarrolló muy eficientes técnicas para la conservación, el transporte a distancia y la optimización nutricional de alimentos, vía efectivos métodos de deshidratación. Con esta práctica se alimentó – con una calidad que hoy no nadie tiene en el mundo y acaso nunca más se tuvo – a millones de campesinos por siglos, en un territorio de dimensión continental. La falta de soberanía y de seguridad alimentaria nos cobrará factura durante la inmediata post-pandemia, y será un grave problema civilizatorio en pocas décadas. Los pocos países del mundo que puedan enfrentar con facilidad este contratiempo tendrán una enorme ventaja geopolítica. El Perú puede ser uno de esos elegidos históricos, si por fin nos reconocemos y aprovechamos lo nuestro.

Y también la salud – variable crítica para nuestros sueños de progreso – fue muy bien gestionada por los antiguos peruanos. Es bastante obvio que no nos alcanzan los recursos – de todo tipo – para tener servicios médicos de calidad y cantidad suficiente, y que el mercado mundial de los químico-farmacéuticos es excluyente y nocivo con las sociedades pobres. La sanación andina, mientras tanto, es muchísimo más barata, porque utiliza dietas, consumo de plantas – mucho más activas y asertivas de lo que solemos creer -, intercambio de energías con animales y contacto general con la naturaleza para lograr el retorno del equilibrio saludable. En realidad, lo que necesita que la medicina occidental peruana, dueña de nuestra institucionalidad de gobierno en el sector, se abra al mestizaje epistemológico y decida sumar a su complejidad, al mismo tiempo que enseñar lo suyo. Adquirir el conocimiento pre-hispánico de botánica y zootecnia podría implicar una revolución medicinal y científica del Perú para el mundo.

Gran parte de todos estos contenidos civilizatorios, claramente vigentes, son también promisorios porque siguen vivos en las más de 8000 comunidades rurales que, según los cálculos, existen en la sierra peruana, algunas veces en condición de total desconexión. No son saberes que se encuentran en las zonas urbanas de la sierra ni en las pequeñas aglomeraciones de las carreteras de las alturas mayores. Tampoco en las extensas propiedades agrícolas dedicadas al comercio de gran escala. En todos estos lugares, la filosofía civilizatoria es finalmente occidental, obviamente con un muy alto grado de mestizaje. Y por esa razón ahí – o en la escuela o cuando vienen a Lima – los campesinos refuerzan el sentimiento de vergüenza que les fue inoculado en la colonia, y la convicción de que lo sensato es dejar la vida agrícola y buscar la ciudad. Enferman así sus autoestimas y las de sus proles, mientras reman a kilómetros de lo que ambicionan y dejan morir el genio civilizatorio que necesitamos, y el único entorno donde podrían obtener mínima calidad de vida. El Estado peruano nunca ha visto riqueza en las comunidades rurales, y más bien – desde Bolivar – siempre ha querido parcelarlas en propiedad privada y desconocer legalmente su posesión grupal, con fines de facilitar su venta y hacerlas productivas bajo parámetros de monocultivo en grandes extensiones, lo que extingue la diversidad y fertilidad de las tierras. Es la lógica de la competitividad  capitalista occidental, opuesta en aspectos centrales a la cosmovisión pre-hispánica, y que siempre ha terminado en la explotación de migrantes campesinos que apostaron por lo nuevo, y luego no tienen los insumos para hacerse valer en el mercado ni pueden volver atrás porque vendieron o dejaron lo suyo. Es el mismo sentido común que se pone de lado de las empresas mineras cuando hay conflictos sociales por razones medio-ambientales.

Esta mirada – contenida en una economía del desarrollo neoclásica (liberales, pues) – domina la academia y el sector público peruanos desde los noventa, cuando se sumó a nuestro occidentalismo colonial republicano. Luego de una reforma agraria – que fracasó en su intento de cooperativizar a las comunidades – y del abandono en la década de 1980, se pasó la implementación un conjunto de programas sociales donde la unidad comunidad rural casi no existe, porque el objetivo casi siempre es hacer competitivos a los agricultores campesinos, y eso pasa por darles títulos individuales de propiedad y atomizarlos. Incluso el muy descriptivo término agricultura familiar, introducido por la FAO y facilitador de muchos entendimientos, es una conservadora negación de la realidad colectiva y un contrabando ideológico en favor de la venta de tierras. Hasta hoy, el Estado peruano no cuenta con un registro centralizado y definitivo de las comunidades campesinas de la sierra, pese a que su existencia colectiva es norma oficial desde los tiempos de Leguía. Sucede que no cualquier quechua-hablante puede hacer valer sus derechos en el Perú, y más bien son presa fácil de las conspiraciones institucionales y administrativas de los gobiernos de turno.

Es la riqueza civilizatoria de los Andes lo que necesitamos, que es de gobernanza comunal. Ellos no tienen ningún futuro de largo plazo bajo el orden competitivo global, salvo mayor deterioro: son brechas demasiado grandes las que tendrían que superarse. El único derrotero razonable es regenerar y conservar la trama y el contexto histórico de las comunidades rurales, poniéndolas en el centro de nuestras políticas nacionales, y dándoles el poder y los recursos necesarios para que puedan descolonizarse y recordar su valor histórico. Es necesario revitalizarlas a partir del acopio y la divulgación de conocimientos de los cerca de 6000 sabios ancianos que, según se calcula, todavía viven en el territorio que ocupa, por lo menos, la cuarta parte del suelo peruano. No sólo tienen un vasto y sorprendente entendimiento del pensamiento y hacer de sus ancestros, sino que transmiten y transfieren una energía muy reconstitutiva. El camino ideal, y quizá el único que permitiría lograr los objetivos aquí propuestos, es que la próxima constitución – que tarde o temprano vendrá – reconozca a la nación quechua como parte del Estado plurinacional peruano. Eso les garantizaría un orden de gobierno propio (hoy desmembrado pero visible), relevantes consideraciones culturales y representación política en el congreso, lo que hoy increíblemente no tienen. Ellos saben muy bien cómo reconstruirse, y el exceso de intromisión centralista de nuestro aparato público – si decidiera con sinceridad apoyarlos – únicamente ralentizaría un proyecto que es urgente. Nunca la sociedad andina se ha cerrado a occidente ni a su comercio, su filosofía y su historia son de apertura a la diversidad. Pero, como ha atestiguado nada menos que el gran Erick Hobsbawm – que sabía leer el espíritu de los pueblos -, los campesinos peruanos tienen una aguda conciencia de lo que hace peligrar su naturaleza, así como la paciencia ancestral necesaria para recogerse y seguir esperando el momento oportuno de expandirse. Con o sin nosotros, claro está.

* Este texto ha podido terminar su forma y conclusiones gracias a la muy valiosa información y perspectivas que me han provisto los esposos Javier Trigo y Noelia Pérez, grandes promotores, estudiosos y ciudadanos de la civilización andina, y el taita Santiago Agui de Cerro de Pasco, depositario de la sabiduría cósmica de los antiguos peruanos.

La resistencia fraudulenta del fujimorismo, frente a su derrota electoral y la muy probable prisión de su lideresa, evidencia algunas verdades históricas desconocidas u olvidadas  por nuestras élites informadas, pero muy tangibles en este contexto. Como Keiko Fujimori se defiende hoy con lo que tiene y puede, deja flancos que develan las mecánicas y formas políticas de su facción. Es así siempre: las redes de poder, las convicciones y los objetivos económicos se explicitan en la coyunturas políticas urgentes y polarizantes.

Ha quedado bastante claro, una vez más, que a los principales promotores del liberalismo en el Perú (y sobre todo a los inversionistas de nuestro oligopólico mercado) no les interesan las libertades políticas y la democracia que vitorean según conveniencia, siendo que sólo buscan asegurar un régimen económico que les permita seguir acumulando, así sea vía corrupción millonaria. No contentos con haber co-diseñado e implementado una campaña electoral llena de mentiras, prejuicios y racismo, a través de una aplanadora mediática corporativa (no periodística), han pasado luego, con intentos desesperados y totalmente infundados, a denunciar fraude electoral. Felizmente hay cada vez más voces autorizadas, nacionales e internacionales, que descartan esta grotesca falsedad.

Un temerario camino inicial que ensayaron, y que en las últimas horas ha perdido fuerza por ser claramente inconstitucional, fue sugerir nuevas elecciones a partir de presionar al Jurado Nacional de Elecciones con masivos e injustificados pedidos de nulidad de actas. Con la ONPE también quisieron hacer lo mismo. Hasta el momento han sido derrotados, más que nada por la opinión pública, en calles y redes. El otro frente de batalla que han elegido es el Tribunal Constitucional – a punto de ser renovado por un congreso conservador y muy poco confiable -, pues han presentado una acción de habeas data donde piden las listas de electores con firmas, de tal manera que se pueda demostrar lo que aseguran hubo: reemplazos de votantes y de presidentes de mesa. No lo dicen, pero buscan lograr que algunos electores accedan a decir que votaron de tal forma que el conteo de su mesa no cuadra. Desde luego, esto dinamita el sistema electoral de cualquier país, que se basa en la confianza hacia los ciudadanos voluntarios que administran las mesas de sufragio, y que protege, por obvias razones, la condición secreta del voto. La treta tiene para largo, y será la primera escaramuza que planteará la derecha para debilitar el ya inminente gobierno de Pedro Castillo. Menos mal que hoy los militares no tienen el poder de facto que antes tenían, y por eso no pasan de gestos bravucones por parte de su personal retirado.

Nada de esto es nuevo. Desde 1821, nuestro empresariado es pobre de espíritu, lo que lleva a la pequeñez política y la corrupción. Pese a su enorme tendencia a la concentración de riqueza, casi ninguno de sus hombres ha tenido la grandeza de querer empujar la transformación del país con inversión de valor agregado y creatividad tecnológica. Ninguno ha tenido la obsesión de conquistar el mundo a partir de una innovación productiva que incluya a las mayorías de su país y lo coloque en la historia de su tiempo. Heredaron un modelo primario-exportador de renta exorbitante para muy pocos mercantilistas, y con una mayoría explotada que lo sostiene además de unos cuantos clasemedieros, y lo defienden con uñas y dientes. Googleen el prólogo de Pablo Macera a la reedición de Ensayo sobre la industria algodonera en el Perú (1849), de Juan Casanova, y encontrarán interesantes detalles: el siglo XIX tuvo la permanente sombra de conspiraciones nacionales e internacionales para boicotear, y mejor aún impedir, cualquier esfuerzo destinado a conformar un mercado interno que asegure nuestro bienestar sin depender de los vaivenes del mundo desarrollado. No hace falta profundizar en el todavía nítido siglo XX, que ha estado lleno de regímenes militares dirigidos a bloquear este camino progresista, obviamente con apoyo internacional, estatal, y financiero. Odría, Morales Bermúdez (criminal condenado según la justicia italiana) y Fujimori – en fórmula contemporánea de dictablanda y con un escenario muy crítico que impidió ver la realidad – son los últimos, pero cualquiera que abra un libro de historia económica peruana podrá deducir, con facilidad, cuáles fueron los objetivos económicos de los diferentes gobiernos castrenses que hemos tenidos en los últimos 121 años, y sus conspiraciones para faltar a la voluntad popular expresada en las urnas. Desde luego, la derecha empresarial siempre ha tenido a los medios masivos de su parte – son sus dueños o socios – y los fortalecen haciendo de la vista gorda con una ley de medios que nos expropia un bien común (las ondas radioelectrónicas que permiten la señal de medios masivos) y se los entrega de por vida. 

Sin embargo, esta propensión histórica a desconocer las libertades y formas democráticas – cuando peligra el modelo económico – no sólo es natural a nuestra derecha política, sino también al liberalismo en sí mismo, siendo que se agudiza en el subdesarrollo, donde hay extrema desigualdad e instituciones políticas altamente frágiles. Es tiempo de desbaratar el repetido e desinformado lugar común de que el verdadero liberalismo es una narrativa en la que la libertad política y la económica van ineludiblemente juntas, porque esto fortalece a ambas partes. El liberalismo económico, desde Adam Smith hasta hoy, es una prédica y una prescripción al servicio del gran empresario capitalista, donde caben – sólo de modo complementario –  las libertades individuales o civiles (relativas a la opinión, la religión y la vida) pero nunca las libertades políticas que fundamentan la democracia, como son los derechos universales a elegir y ser elegidos. Esto no lo pudieron ofrecer tan fácilmente, porque ponía en riesgo el orden económico más propicio para sus negocios. Así que debió llegar por presión ciudadana, consolidándose recién a partir de mediados del siglo XX. La filosofía política de los clásicos del liberalismo, en realidad, es el utilitarismo decimonónico, cuyo gran principio analítico y prescriptivo plantea que todo individuo decide y actúa a partir de su vocación de acumular placer (beneficios) y evitar dolor (pérdida). Esta una premisa moral es muy funcional para el modelo de libre mercado, donde la concentración de capitales es natural, y necesaria para los volúmenes que algunos pretenden. Pero es muy nociva para la democracia, que es una igualdad política que implica participación general y compromiso solidario con lo común, lo que el utilitarismo petardea. La historia es elocuente: ninguna de las potencias capitalistas ha construido sus grandes ventajas materiales y competitivas con plenas libertades políticas (ni civiles, la verdad). Al interior de sus posesiones coloniales ni qué decir: esclavizaron y eliminaron. Hasta hoy los grandes poderes económicos, en alianza con gobiernos aliados, toman territorios estratégicos por la fuerza.

Así que los liberales y centristas peruanos de mayor registro cultural y bibliográfico (no son los empresarios, casualmente), que votaron por Keiko Fujimori o en blanco para evitar la presidencia de Pedro Castillo, tienen ahora bastante elemento para repensar la pregunta de si es posible una verdadera democracia en el capitalismo de libre mercado, sobre todo en sociedades tan rezagadas como la nuestra. También si una familia que convive con la muerte y la corrupción desde hace décadas, y que lidera una mafia política cuya voracidad destructiva no tiene límites, puede ser mejor opción que un docente rural honesto y comprometido, sea cual fuere la parada ideológica de éste. Está muy bien que ahora exijan respetar los resultados de las elecciones, pero eso no quita deban respuestas frente a la desubicación histórica y perniciosa de pretender un liberalismo democrático y honesto que no existe ni es posible en el Perú. No sorprende que Vargas Llosa opte por el fujimorismo en esta circunstancia: ¿cuándo un conservador colonial, atrevido en su ignorancia política y económica, ha celebrado a un presidente campesino? Pero sí es muy extraño que haya arriesgado tanto su prestigio cultural, apadrinando a la candidata fujimorista y promoviendo – a media voz para luego salvarse – la barbaridad ilegal de denunciar fraude. Nada es voluntario y casual entre los poderes del capitalismo occidental.

Ya se ha evidenciado en muchos auditorios que el capitalismo liberal se ha quedado sin respuestas frente a las crisis cada vez más duras que cíclicamente genera. También es indiscutible su fracaso en la era republicana del país y la región, así como su histórica violencia, que puede llegar a ser criminal cuando, en el horizonte político, aparece un cambio de régimen económico que hace peligrar sus millones venideros. Pero aun con ello, seguirán apelando al populismo y al miedo tribal como arma opositora, porque no tienen otras herramientas a la mano, y porque cerca de la mitad más conservadora del país (obviamente la más urbana) todavía es capaz de considerar mal menor a Keiko Fujimori. Tienen, sin duda, margen de acción para complotar ferozmente contra el gobierno entrante. Queda por verse si el activo de honestidad del profesor Castillo – no es chantajeable – y la creatividad progresista de los cuadros que hoy lo acompañan, logran resistir democráticamente los embates de la mafia, y aceleran los cambios estructurales que necesitamos desde hace dos siglos.

Corresponde al gobierno de Pedro Castillo empezar a revertir lo que llamo la degeneratividad de la economía peruana, que se origina, como la mayoría de nuestros males históricos, en la el proceso colonial, cuando lograron hacernos sentir inferiores, y por ello añorar el destino material ajeno sin considerar nuestro territorio y demografía. Degenerativo, en medicina, es aquella situación en la que un cuerpo empeora constante e incrementalmente – en algún momento de modo irreversible – a causa de exponerlo a contextos y hábitos reiterativos que violentan su sistema inmunológico, que son sus capacidades adaptativas frente a los peligros virales y ambientales del entorno, las fuerzas que lo regresan al equilibrio vital. El cáncer, la diabetes, el lupus, y muchas otras, son padecimientos de este tipo.

El sistema inmunológico de toda economía es su matriz y capacidad productiva, porque de ella depende su nivel del empleo y su interacción con el mundo. En el equilibrio más adecuado, tendremos cantidad y calidad suficientes de puestos de trabajo, de modo sostenible en el tiempo y según el patrón cultural de cada contexto.

Nuestra economía republicana es degenerativa porque siempre hemos pretendido un capitalismo occidental para el que no tenemos las condiciones territoriales e insumos necesarios. No sólo fracasamos en todos los intentos, sino que deterioramos – cada vez más – lo más importante de nuestra inmunología, lo único que puede aspirar a buen, cuantioso y sostenido empleo: la manufactura y la economía rural. A la primera se le deja a su suerte en un mercado que la aniquila, o se le quiere poner en una velocidad competitiva que le resulta inviable. A la segunda siempre se le ha visto como atraso disfuncional o geografía para grandes negocios, y codiciado como mano de obra barata. Nuestro equilibrio óptimo de bienestar depende de cuánto logremos revalorar y desarrollar estos dos sectores, no de descollar en exportación de materias primas, construcción o servicios de telecomunicaciones, que son negocios multimillonarios pero dan empleo de calidad a muy pocos. La historia es bastante elocuente, incluso cuando en este espacio no se pueda ser muy prolijo.

La economía que éramos, entre 1821 y 1850, da cuenta de lo lejos que andábamos de un capitalismo básico, con industria localizada en el Perú y trabajadores civiles asalariados. Y también hace notar cómo malentendíamos nuestro territorio y subestimábamos nuestra economía rural. En ambos está el germen de la futura degeneratividad. Tras 20 años de guerra y en crisis de  comercio exterior debido al nuevo protagonismo exportador del virreinato del Río de La Plata, éramos un país pobre, en general deteriorado, y con muchos de sus grandes comerciantes recién expulsados. No hay instituciones económicas para entonces: el sistema monetario es caótico e insuficiente, y no tenemos bancos sino prestamistas informales. El Estado recauda muy poco y el sistema judicial está abandonado y sin normativa vigente. El territorio nacional tiene aglomeraciones muy pequeñas y bastante desintegradas, porque en la costa hay dificultades para el uso de la rueda en tramos largos, el transporte marino es mínimo y hay un solo puerto. Pese a ser el 80% de la población (1.6 millones), la sierra está casi desvinculada del llano costero, debido a las dificultades de su geografía para el acceso y el transporte no animal. La selva no pasa del 4% y está casi absolutamente aislada. La costa es el resto.

Sobre esta evidente insuficiencia, se forman dos economías: un mercado urbano (comercial y primario-exportador), y las actividades agropecuarias de las comunidades rurales, que son el 61% de habitantes del país. El primero es una reducida red de medio millón de peruanos, cuya élite social – de consumo importado – alcanza a 160 mil personas (el 10% blanco de la población). El resto urbano es pobre y apenas posee de monedas, por lo que vive del trueque. No hay dinero ni conocimientos para la inversión industrial, ni hay volumen poblacional para una buena demanda demanda. Tampoco capacidades: no más del 20% de la población es alfabeta. Tres circuitos desconectados conforman esta dinámica: el de Lima – Costa Norte de entonces débil agro-exportación (tenemos permanente déficit en balanza de pagos) y sistema hacendario; el de Lima – Cerro de Pasco de minería argéntea y comercios de comida, ganado, lana y aguardiente, y el de la sierra sur, que interactúa con Bolivia e incluye a Puno, Cusco y Arequipa, vinculados por los negocios de lana, ganado, obrajes textiles y sastrerías. En estos dos últimos circuitos participan algunos latifundios poco productivos, abandonados en la guerra previa. La mano de obra es esclava o yanacona (sirviente) en todos los casos. La segunda y mayoritaria economía de nuestra post-independencia es la de las comunidades rurales, que son auto-suficientes, sólo comercian para conseguir monedas y poder tributar (algunas lo hacen con fines de acumulación), y se abastecen en ferias del trueque. Estas,  desde el principio, son vistas como una rémora para el progreso y un desperdicio frente a las necesidades urbanas de mano de obra. Y como el orden criollo no puede tomar sus territorios (casi siempre en lejanas y escarpadas alturas) o traerlos, decide olvidarlos. Todos asumieron – y asumen – rezago e irracionalidad ahí, porque no entienden que la riqueza de ellos era – y es – la sostenibilidad y la calidad de vida a partir de la cooperación, el naturalismo y el genio tecnológico.

Tan lejos estábamos de lo que se añoraba (capitalismo industrial), que debieron pasar 100 años para que empezáramos a cerrar el último de nuestros pendientes frente al anhelo de un mercado industrial a la manera europea: dejar las semi-esclavitudes y consolidar una clase obrera asalariada y con mínimos derechos. Lo empezábamos a hacer en 1930, luego de un largo siglo XIX, donde aumenta la población pero casi no se mueven los porcentajes demográfico-territoriales, incluido el de las comunidades rurales, que siguen aisladas en lo fundamental, sin interés alguno en romper dicha insularidad. La aproximación conservadora al tema y los lamentos racistas por falta de mano de obra (resuelta con esclavitud extranjera) seguirán en pie y promoverán tres décadas de decididas políticas de expansión poblacional. La estatalidad y la infraestructura habrán dado grandes saltos a partir de la falaz prosperidad guanera, así como habrán avanzado la institucionalidad económica y financiera, lo que facilita que la consolidación, a finales del siglo XIX, de un mercado industrial textil y de alimentos (con obreros muy explotados), estimulado por una importante diversificación primario-exportadora que potencia nuestra oferta a la región y dinamiza el mercado peruano a través del consumo de los sectores empresariales entonces favorecidos. Así, este crecimiento manufacturero tendrá una caída a inicios del siglo XX, y se recompondrá para crecer significativamente hasta 1929, año del crack y de un nuevo declive exportador. En adelante, todos nuestros esforzados procesos de industrialización se apoyarán en los ciclos exportadores y se harán dependientes de ellos. Es la dependencia de las materias primas, que siempre son cíclicas.

En los próximos veinte años – hasta 1950 – pasarán tres cosas muy determinantes, que le cambiarán el rostro al país: aumenta la población significativamente (por primera vez pasamos los 6 millones que éramos en 1535) y ya no se puede hablar de escasez de mano de obra. Se consolidan un conjunto de derechos laborales que los obreros venían disputando desde inicios de siglo, lo que es altamente difundido en el sector industrial (no así en las haciendas o minas). Y se inicia el gran progreso migratorio sierra-costa de mediados del siglo XX, producto de una severa escasez de tierras cultivables por aumento demográfico, y a la publicidad cultural de occidente que ahora llega a través de los medios masivos (primero la radio y luego la televisión). Así, el país entró a lo que Matos Mar llamó desborde popular, y nuestro pequeño mercado industrial, que siempre quiso al campesino como masa obrera, tuvo lo que tanto buscó, pero en incontrolable exceso.

La estadística oficial de esos años ya permite observar su precariedad industrial, que luego será degenerativa. No hubo mejoras salariales entre 1930 y 1940. Entre dichos años, la industria produce el 17% del consumo interno y conforma el 14.5% de la PEA, que era de 4 millones y tiene un desempleo de 38.5%. Dado el contexto, es razonable esperar un considerable sub-empleo obrero y general. Estos porcentajes productivos y laborales no cambian para 1950, aunque la población y la PEA se elevan, por lo que ya puede verse degeneratividad en la economía peruana, al menos a nivel de calidad laboral (algunos calculan un subempleo de 10%, otros de 25%). No puede asegurarse que sin explosión migratoria igual habría llegado el proceso regresivo a nuestra economía, pero tampoco puede descartarse, porque hasta antes de 1930 nuestro modesto mercado urbano estaba muy lejos de penetrar siquiera su propio territorio, cada vez más poblado. Y aunque faltan datos para observar el aumento de las brechas productivas y tecnológicas con respecto a las economías desarrolladas, sí se puede deducir la dimensión de éstas, muy fácilmente: mientras el Perú sigue arrastrando – y ve cada vez más lejos – el pendiente de formar un mercado industrial mínimamente inclusivo (así sea con empresarios extranjeros y productos de poco valor agregado), Estados Unidos produce el 27% de los bienes de consumo y el 52% de la maquinaria que utiliza el mundo industrial. Ni el capitalismo exportador es de todos por naturaleza (al contrario), ni estamos hechos para competirles en su reino. Nuestra riqueza es otra. Mientras tanto, hasta 1950, la economía de las comunidades rurales entra sigue abandonada por el Estado y se reduce por la crisis de tierras, pero está a leguas de desaparecer y sigue ocupando la mayor parte del suelo andino. Hasta hoy.

A partir de 1952, y producto de un nuevo auge primario-exportador, empezará el más importante ciclo de crecimiento de industrial de nuestra economía, que extenderá e intensificará hasta 1975, gracias a las gestiones desarrollistas de Fernando Belaunde y, sobre todo, de Juan Velasco Alvarado, quienes reciben la influencia del cepalismo latinoamericano y ponen en marcha un proceso de sustitución de importaciones, fomento y protección arancelaria en favor nuestro desarrollo industrial. El segundo, además, llevó a cabo la reforma agraria, luego de siglo y medio de negación e infamia. Por primera vez en la historia un gobierno peruano razona con la suficiente autonomía y nacionalismo, considerando nuestra realidad histórica y territorial: es evidente que nuestras carencias como economía capitalista nos obligan a unirnos, y es claro que debemos dar al mundo rural y agropecuario el auspicioso lugar que le corresponde en nuestro desarrollo. Sin embargo, no basta con ello para detener la degeneratividad.

Los muy buenos resultados del proceso industrializador son innegables: de 1954 a 1975, la manufactura pasa del 12.8% al 21.4% como generador del PBI, siendo el sector de mayor crecimiento en la economía peruana y elevando considerablemente la ocupación obrera de calidad. Sin embargo, en 1972 nuestro mercado laboral tiene un sub-empleo de 44.2%, cerca del doble de lo que teníamos 20 años atrás. El rezago de partida y nuestra demografía dificultan detener la degeneratividad, con mayor razón en breves 16 años.

Pese a sus logros, el modelo sustitutivo hace crisis porque, una vez más, se pretende lo que no tenemos, esta vez en grado y velocidad: no sólo se fomenta y protege la manufactura nacional, sino que se incentiva la demanda en exceso y con montos insostenibles –  que provienen de la siempre cíclica bonanza primario-exportadora -, así como se esperan saltos tecnológicos imposibles en nuestros cortos plazos de alto comercio exterior. Se apunta a cosechar grandes resultados y casi de inmediato, sin sacrificio ofrecer de ninguna de las partes. Se pacta un beneficio mutuo entre el Estado, los empresarios y los trabajadores, sin ver que  ese paraíso cuesta mucho más que lo que puede cubrir cualquiera de nuestros periodos de altos ingresos exportadores, que nos resulta impagable. Al punto de agotar rápidamente la capacidad productiva del país, lo que implica escasez e inflación.

La realidad habla, nos aterriza: sí debemos unirnos y protegernos para industrializarnos, pero no debemos incentivar excesivamente nuestra velocidad buscando niveles productivos y progresos tecnológicos tan distantes que nos descompensan estructuralmente, lo que a larga eleva nuestra degeneratividad. Para que nuestra manufactura crezca y genere empleo suficiente y sostenible, los empresarios deben apostar por el mercado industrial y nacional aunque ganen menos, y los peruanos debemos consumir los productos que somos capaces de producir. Y desde ese inevitable esfuerzo colectivo debemos crecer con músculo. No hay duda de que nuestras brechas tecnológicas, con respecto al mundo capitalista desarrollado, siguieron ensanchándose: mientras en el Perú la industrialización velasquista es políticamente derrotada, y no logra mejorar-elevar su  producción de maquinarias fordistas (la clásica fábrica de tecnología pesada), Estados Unidos y otros pocos están dejando ese mercado e ingresando a la revolución informática, propia del siglo XXI. Hoy son, para nosotros, literalmente inalcanzables, salvo escenarios teóricos. Y varios estudios indican que las diferencias no han parado de crecer desde la década de 1970. La reforma agraria, por su parte, fue justiciera, pero tuvo un esquema de cooperativismo capitalista occidental que nunca logró sus resultados, y nunca pudo dialogar con las comunidades rurales, dejándolas en última prioridad operativa.

La manifactura local tendrá un estancamiento hasta 1990. A la mitad, en 1980, la economía seguirá degenerando, con un subempleo que llega al 51.2%. Cabe destacar que todas las gestiones de este lapso – con idas y venidas, ortodoxias y heterodoxias – enfrentaron sus crisis macro-económicas evitando, en lo posible, desmantelar el aparato industrial y la políticas progresistas que las sostenían. Se sabía que había ahí empleo de calidad y posibilidad de hacerlo crecer. Nuestro trato de gobierno con la sierra sí vuelve a su ánimo habitual: las comunidades rurales son el grupo social peruano que recibe la mayor violencia terrorista de esos años, subversiva y de Estado.

El descalabro del gobierno pro-mercado interno de Alan García, más irresponsable que ninguno en cuanto a velocidad, permitió al régimen autoritario de Alberto Fujimori (hoy preso) vendernos el cuento de la globalización y el emprendimiento, y desmantelar la industria nacional, eliminando toda posibilidad de fomento en su favor, y quitando todo el apoyo arancelario que pudo. Esto, sumado a la flexibilidad laboral, es el escenario ideal para el mundo desarrollado al que importamos todo, y la riqueza segura del empresariado nacional-internacional que no nos conviene, porque no es intensivo en empleo de calidad, además de ser históricamente abusivo, predatorio y ladrón. Nadie ha cambiado ese esquema durante dos décadas. Antes de la crisis, nuestro sub-empleo era de 72%, hoy debe haber un 80% de peruanos dispuestos a ser sobre-explotados cuando termine la pandemia, y a ganar menos de sueldo mínimo. Nuestra  manufactura actual produce alrededor del 13% del PBI, cifra similar a la del periodo previo al auge industrial velasquista. Nuevamente no es necesario ponerle cifras exactas al aumento de las brechas productivas y tecnológicas frente al primer mundo, basta observar que mientras el 65% de nuestras unidades productivas son micro-empresas de subsistencia (muy precarias y de vida breve), y que nuestra mejor manufactura apenas vende al mundo productos de escaso valor agregado, las economías avanzadas exportan nano-tecnología, meteóricas unidades de transporte o productos muy baratos que boicotean a nuestros débiles manufactureros. ¿Hasta dónde debemos degenerar para darnos cuenta de nuestra enfermedad y cortar sus causas?

Las comunidades rurales, que hoy son el 35% de la población y ocupan la mitad del territorio nacional, no sólo están abandonadas por el Estado, sino que permanentemente se les busca debilitar en términos legales, con fines de facilitar inversiones millonarias cuyos tipos de producción las extinguen. No son pocas las voces del mundo avanzado que vienen diciendo que ahí está la sostenibilidad del planeta, lo que implicará ventaja geopolítica a nuestro favor, alta calidad de vida y soberanía, siempre que reconozcamos, protejamos e incorporemos dichos espacios a nuestros proyectos de desarrollo económico. Es posible, pero es imperativo hacerlo respetando sus patrones productivos y velocidades. No necesitamos competir con el mundo, menos crecer con vértigo e insalubridad social. Necesitamos avanzar en calidad de vida y empleo digno, para todos.

Hay un velo que no nos deja ver nuestra degeneratividad, que ha sido tejido durante siglos por quienes lo usufructúan. Por eso la mitad del país votó el domingo por Keiko Fujimori, cuando es manifiesto que Pedro Castillo se acerca mucho más a lo que necesita nuestra historia y nuestro territorio. Pero él no está solo, ni conviene que así sea, porque sólo la convicción mayoritaria logrará verdaderos y duraderos cambios. Es momento de plantear y discutir nuevos valores, y de aspirar a los modelos que de ahí se deriven.

** Los datos y hechos fácticos, hasta la década de 1950, han sido tomados de la bibliografía de Carlos Contreras, escrita o editada (varios autores) por él. Un par de cifras provienen de estudios de la CEPAL. Entre 1960 y hoy, las referencias son Félix Jiménez, Francisco Verdera y Jan Lust.

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Economía, Elecciones 2021, Pedro Castillo

Fue Luis Bedoya Reyes quien construyó la definitiva frase “los técnicos se alquilan”. Como se sabe, la dijo en un debate electoral para la alcaldía de Lima, en 1966. Buscaba reelegirse e imponerse sobre el ingeniero Jorge Grieve, de imagen menos ideológica y más ejecutiva. El aserto ha sido harto repetido, pero quizá no lo suficientemente razonado. De ahí que la estratégica e insistente demanda del fujimorismo a  Pedro Castillo, sobre la urgencia y trascendencia de mostrar equipos técnicos y propuestas de gestión, haya calado tanto entre keikistas e indecisos diversos.

El alquiler de los técnicos no sólo hace alusión a la evidencia de que éstos suelen no tener consideraciones ideológicas para contratar con el Estado, lo que los hace muy asequibles, sino también al hecho de que la acción tecnocrática ofrece soluciones y planes a partir de un contexto doctrinario valorativo, donde se definen los objetivos políticos de las medidas a plantear. No existe la solución técnica absoluta e irrebatible frente a los grandes problemas de un país, porque eso sería  poseer teorías éticas y económicas definitivas, o contar con una capacidad cognitiva que ningún humano posee. Existen políticas públicas procedentes de un ideario – explícito o implícito – que las delimita y hace predecibles. Por eso no es tan difícil ubicarlas o diseñarlas, sobre todo si se tiene algo de experiencia en el ámbito. Todo es cosa de googlear, preguntar sobre un problema público específico y cruzarlo con la perspectiva o escuela que se utilizará de lente ideológico. A partir de ello, toca un laborioso camino que, sin ninguna duda, llevará a las soluciones buscadas. Sí, la revolución digital es muy democratizadora en innumerables aspectos.

Pero si la importancia de lo técnico es así de relativa durante una gestión de gobierno, en una campaña presidencial casi que se pulveriza. En el ideal, el grupo tecnocrático se dedica a evaluar – semanas antes – la factibilidad de las propuestas que los líderes políticos presentan, a partir de la doctrina partidaria y con respaldo de las bases. Luego pasan consolidarlas con datos y argumentos. Si los líderes políticos no han hecho planteamientos sobre algún tema relevante, los técnicos tienen espacio para proponer y dejar a decisión de aquellos. Salvo en la foto periodística de rigor, durante el proceso electoral mismo la tecnocracia interactúa muy ocasionalmente con el candidato, o tal vez nunca. Se entiende que el aspirante a palacio ya tiene interiorizados los conocimientos esenciales que expondrá, lo que por fuerza de formato son pocos y de escaso detalle, incluso para situaciones de entrevistas amplias. No compiten los planes de gobierno, sino las ideas fuerza que emiten y sugieren los líderes.

Los fujimoristas creen, con cierta lógica, que el único terreno en el que pueden competir – según ellos con superioridad – es el de las ideas y propuestas, y por eso han denunciado la ausencia de especialistas en el entorno de Castillo, han exigido la aparición del profesor en medios y han fomentado cuanto debate han podido. Al final ni ha sido cierta su desubicada impresión de preminencia, ni lo técnico – y más en una segunda vuelta – tiene la trascendencia que le quieren atribuir.

Muestra de lo aquí comentado es el debate entre equipos técnicos de este fin de semana. El cómodo alquiler, en el sentido de Bedoya, se observa en la conformación de los grupos. En ambos casos, la mayoría son invitados, e incluso Perú Libre convocó a sus cuadros muy recientemente. Como se pudo observar, los contenidos estuvieron lejos del ideal, pero aun si no lo hubieran estado, tampoco se habría dicho mucho más, porque el tiempo siempre queda corto para tantos temas. Veamos, por ejemplo, el desempeño de Luis Carranza, el distinto de la jornada según el sentido común periodístico. El cada vez más polémico ex-ministro no hizo otra cosa que decir en orden unas cuantas ideas repetidas – vinculadas a perspectivas que ya fracasaron – y ofrecer políticas de gasto que hoy no tienen discusión. Es mentira que apoyarían a los micro-empresarios si ganaran, pues no tienen forma de hacerlo en este modelo, dado que sus niveles de productividad son tan bajos que tienen anulada toda posibilidad competitiva, y más bien pelean por evitar la quiebra. Mucho menos impulsarían el desarrollo de la gran agricultura, porque el esquema que defienden apuesta por la agro-exportación como único camino, y eso no incluye a más del 5% de todo nuestro universo de tierras cultivables. Las cifras reactivadoras que dio el ex-ministro son números grandes, pero juntas son insuficientes y no lograrían que el 80% de la economía eleve irremediablemente su precariedad. Al final, todo fue una receta para rescatar el capitalismo subdesarrollado peruano a cualquier costo, lo que sólo es bueno para unos pocos.

Más bien Carranza fue innovador en aquello que siempre han negado sus aliados y correspondería explicar, que es la oferta de universalizar y mensualizar Pensión 65. También fue muy didáctico, y narrativamente oportuno, para meter miedo subliminal con una realidad y una inflación venezolanas que de ninguna manera están en nuestro horizonte, y que merecen un análisis mucho más sistémico que comparar las capacidades de compra entre dicha economía y la nuestra, en uno o dos productos. Ese fue el desempeño del “técnico” del debate: reiteraciones conceptuales, sencillez, claridad y secuencia narrativa a partir de las muy cuestionadas y declinantes premisas de la economía liberal ortodoxa. El fujimorismo no puede decir que superó a Perú Libre, aún cuando tuvo más momentos de orden argumentativo, pues no dijo nada nuevo, ni de enfoque ni de propuestas concretas. Y debió, porque su fórmula no sólo ha fracasado en los últimos treinta años, sino por dos siglos. Lo novedoso en todo caso – aunque muchas veces no pasó de la perspectiva a la operatividad – lo dijeron Pari, Cevallos, Guillén y Alencastre, con diferentes niveles de elocuencia.

El efecto de la discusión técnica y su reciente debate será muy marginal, porque como sugirió Bedoya, los técnicos se consiguen con relativa facilidad. Lo que no se alquilan son los líderes políticos con volumen, pues ni abundan ni se contratan, y tienen la muy exigente tarea de mostrar con claridad el norte de país que nos ofrecen, en cuanto a valores y grandes rutas de acción. En una confrontación electoral, y más sí es de segunda vuelta, son los liderazgos políticos los que discuten y confrontan. Mientras tanto, nuestros votantes están buscando asegurase de tres cosas sobre su próximo presidente: que haga propuestas razonables (cada cual lo entiende a su manera, pero importa), que sea honesto y que esté verdaderamente comprometido con la mayoría. Casi nadie está pensando que la democracia está en juego.

En ese comparación de liderazgos políticos, no es un exceso decir que no hay punto de comparación en cuanto a la calidad moral y las motivaciones personales de los candidatos, por más que los medios, el fujimorismo y los conservadores inconscientes hayan intentado equipararlos. Así como tampoco puede negarse que Pedro Castillo todavía tiene pendiente explicarnos con claridad el gobierno que tiene pensado, para lo que no debería desaprovechar el debate final de la campaña. No sólo porque sería incauto no reparar en que su rival no tendrá reparos ni escrúpulos para reducirlo públicamente – lo que siempre puede hacer peligrar su favoritismo por más cómodo que esté en las encuestas -, sino porque las profundas transformaciones y cambios de sentido común que quiere iniciar – en nuestro polarizado país – lo obligan al diálogo para convocar y convencer, y eso pasa por explicar con sencillez y seguridad lo que se piensa y lo que se intentará implementar.

Aunque Pedro Castillo todavía no ha logrado una presentación que despeje toda duda sobre su capacidad de argumentar para liderar (siempre ha escapado o ha sido derrotado cuando las preguntas han profundizado un poco), me queda bastante claro que posee las herramientas para superar airoso este pendiente, sobre todo si consideramos su condición de docente y las funciones divulgativas que en ello cumple. Tiene todo a la mano para imponerse sobre Keiko Fujimori el 30 de mayo: promueve valores igualitarios y olvidados, tiene planes progresistas que hoy la gente está dispuesta a escuchar, y su rival está llena de debilidades y explicaciones pendientes, en responsabilidades casi innegables y de gravedad penal. Castillo debe simplemente esforzarse en explicar con orden y calma lo que busca, y llenarse de argumentos (tenerlos a la mano) para responder los cuestionamientos y encajar puyas de su rival. No es importante la corrección lingüística, menos cuando se tiene semejante superioridad moral. Tampoco que se deje algún vacío poco trascendente. El punto es la convicción del líder, su coraje adulto y su razonabilidad para defender las causas justas y sus correspondientes medidas.

Visto en perspectiva, el profesor Castillo tiene, en el debate de este domingo, la oportunidad de empezar a construir el liderazgo genuino, dialogante y comprometido que todos esperamos. El país de hoy no puede perder un solo minuto, y está realmente urgido de confianza y calma. Así que quien quiera ser presidente de nuestro bicentenario debe estar, a toda hora, en capacidad de satisfacer dicha demanda de gobierno, con el solo peso de sus verdades y su existencia.

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Elecciones 2021, Perú

El Código Penal Peruano dice que hay estafa cuando alguien saca provecho ilegal de un bien ajeno, a través de un fraude al dueño para que éste acceda a entregar  voluntariamente lo que le pertenece.

 

Eso es lo que pusieron en marcha Fujimori y 8 AFP en 1992. Y lo que constitucionalizaron* con el decreto ley 25897 (norma de dictadura), en pleno autogolpe y sin congreso. El solo texto de la norma invita a sospechas: escueto, sin justificación alguna pese a que se trata de un tema de alta relevancia. Más parece un reglamento dirigido a asegurar las utilidades e intereses de las partes.

 

Pero aun legalizada, la mecánica de la estafa está ahí, a vista del quien se detenga a mirar. Nos obligaron a incorporarnos a una AFP con varias tretas adicionales al decreto ley 25897, que habla de afiliación voluntaria. Divulgaron la absurda idea de que el Estado no era capaz de administrar las jubilaciones, y se presentaron como eficientes y bienintencionados. Luego petardearon a la ONP (sistema público) con un tope de 600 soles (hoy 893) para sus pensiones jubilatorias. Así, el esquema no tiene nada de voluntario para los millones de trabajadores formales que están legalmente obligados a afiliarse a uno de los dos sistemas (público y privado), y aspiran, razonablemente, a un retiro laboral con ingresos más elevados. La opacidad informativa de entonces, y los prejuicios contra lo estatal, nos hicieron presa fácil de empresarios carroñeros, quienes hoy administran los aportes jubilatorios de tres millones de peruanos con sueldos superiores al promedio, obligados a entregar, mensualmente, un porcentaje de sus ingresos a una entidad privada de origen inconstitucional, además de ventajista e ineficiente.

 

El fraude es conceptualmente escurridizo y se protege con los mismos vacíos legales que aprovecha. Pero en este caso, la estafa legalizada es bastante visible, porque los perpetradores se inventaron un problema, copiaron una solución privada ineficiente que los hacía millonarios sin el menor riesgo, la constitucionalizaron con un decreto ley dictatorial y la hicieron obligatoria con normativa complementaria. La forma institucional que le dieron al esquema expresa el ánimo que lo inspira, y es una innegable violación a la constitución. Pudieron mantener un sistema estatal que centralice los descuentos y tercerice la administración de los fondos, de tal forma que los jubilados estuvieran protegidos y no sujetos a la voracidad acumulativa de los privados, pero eso era inseguro para el saqueo (por decreto) a perpetrar, pues cualquier nuevo gobierno podría ser fácilmente presionado por los aportantes, y cambiar de proveedores o de sistema. Así que hicieron que cada trabajador – aislado y desvinculado del Estado – contrate con la misma entidad privada, para que el modelo no corra peligros políticos. Y dado que entregarle el servicio a una sola firma hubiera sido demasiado escandaloso, se inventaron un oligopolio de ocho oferentes, que se ha terminado fusionando (con un par de nuevas firmas entrantes y alguna saliente) en cuatro. En la práctica es casi un monopolio a cuatro dueños, pues todas las AFP cobran casi lo mismo y generan – a los fondos – rentabilidades anuales bastante parecidas. La constitución vigente prohíbe las posiciones de dominio, y esto llega mucho más lejos, porque es un oligopolio totalmente protegido (sin posibilidad de pérdida), que esconde una situación cercana al monopolio.

 

Hay que decir que aquí las responsabilidades no son sólo de Fujimori y sus ministros firmantes: todos los congresos, salvo el actual, así como todos los presidentes y sus titulares de economía – desde entonces hasta hoy – han sido cómplices silenciosos de esta infamia, cuando han debido denunciarla e intentar solucionarla de emergencia. Los dos últimos gobiernos incluso hacen de bufete voluntario de las AFP, planteando acciones de inconstitucionalidad contra leyes con las que el congreso pretende hacer mínima justicia, dado que el ejecutivo no tienen ningún interés en empujar las cosas hacia el lugar que les corresponde.

 

Los argumentos de los voceros de las AFP (periodistas y economistas conservadores, autoridades públicas, políticos y ex-funcionarios del MEF ahora ejecutivos suyos) son falsos, y sublevantes cuando se mezclan con lugares comunes manipuladores. No hay espacio aquí para analizar la frecuente publicidad engañosa a la que apelan.

 

Un mito populista, que siguen alimentando desde 1992, es el que asegura que el Estado no está en capacidad de mejorar la gestión previsional privada. Es indiscutible que el Estado podría ofrecer un servicio superior a los pensionistas de las AFP: no cobra, no tiene interés legal contrario a los jubilados, tiene mayor capacidad de cobertura por legitimidad y herramientas legales, está más obligado a la transparencia y, por su naturaleza pública, tiene un mayor número de modelos pasibles de implementar con fines de favorecer a los pensionistas. No hay complejidad desbordante en administrar e invertir fondos, mucho menos para una entidad de gobierno especializada. Y, además, las AFP están muy lejos de ser una inversión eficiente. En principio, la posibilidad de poder usar esos dineros los haría mucho más rentables. Estamos en una revolución tecnológica que ofrece cada vez más opciones de inversión financiera y nichos comerciales, por lo que disponer del capital ahorrado permitiría muchos movimientos estratégicos en el tiempo, que terminarían redundando en una mucha mayor rentabilidad del dinero. También son opciones más eficientes la bolsa de valores (inestable en el corto plazo, pero segura frente a la paciencia del largo plazo), los fondos mutuos (algo menos rentables pero utilizables en cualquier momento) o la compra conjunta de una propiedad inmueble (ahora que están bajando).

 

Es cierto que desde el 2016 (recién) se puede retirar todo el dinero acumulado a los 65 años (y no verlo por partes en pensiones mensuales muchas veces miserables), o a partir de los 55 años en situaciones de largo desempleo. Y que también se puede sacar el 25% para adquirir una vivienda. Pero aun con esta reforma – que fue conseguida ante la agresiva y sonora oposición de las muy poderosas APF – la ineficiencia que genera el secuestro no desaparece. Y tampoco es que sea alta su pensión jubilatoria promedio: es aproximadamente 1100 soles. Según la misma Asociación de AFP, al 2018, el 35% de sus pensionistas superaba esta cifra, y el resto estaba por debajo. El 43% recibía menos de 750 soles, y el 6% menos de 450 soles. No pueden decir que no sabían que esto sucedería en una realidad de subempleo como la nuestra. Sumado a ello, los pensionistas han estado sujetos a una gravísima desinformación sobre la situación de sus montos (no sabían ni cuánto tenían) hasta por lo menos el 2010. ¿Y cuánto se llevan las AFP por obligarnos a contratarlos como administradores de nuestras futuras jubilaciones? Según la Superintendencia de Mercado de Valores, en el 2019 ganaron 501 millones de soles, y en el 2020 bajaron a 414. Sin riesgo ni inversión significativa. Año tras año y sin contar lo que ya ganaron.

 

Una estrategia retórica habitual, que han usado mucho los dos últimos ministros de economía para impedir los retiros de las AFP aprobados por el congreso, es decir que las administradores de fondos son parte del sistema nacional de pensiones, y que éste debe ser resguardado por responsabilidad con los futuros jubilados y el país. Es una afirmación deliberadamente superficial y demagógica, que obvia el tipo de vinculación de las AFP con el sistema pensionario. El decreto ley dictatorial y traidor que da origen a las AFP dice que el objeto legal de éstas es contribuir al desarrollo y fortalecimiento del área de pensiones (administrando fondos) en el sistema jubilatorio. Es decir, brindan un servicio, y no se ocupan de nada que esté fuera de su carísima labor técnica. Es claro que son un fusible del sistema, pero están amparadas por una norma inconstitucional que les permite – además de abusar – obligar como si fueran responsables, y ser defendidas bajo esa consideración.

 

Y como no tienen que responder por el sistema nacional de pensiones, no se hacen ningún problema con solo cubrir – según el BID del 2018 – al 20% de los trabajadores del país. Culpan a la informalidad, como si hubieran contratado con un Estado cuyo país era totalmente formal y protegía el empleo. De hecho, alguna vez el mismo Julio Velarde sugirió que podrían encargarse de dar una pensión universal a todos los peruanos, lo que correspondería si quisieran honrar el oligopolio. Obviamente lo rechazaron, incluso cuando esto les podría haber dado mayor margen de inversión sobre nuestros fondos. Dijeron que esa responsabilidad es del Estado. Y no se equivocan, según la oscura ley que los cobija. Así que Tony Alva y Waldo Mendoza no defienden al sistema nacional de pensiones, sino a las administradoras privadas que le dan un servicio, en un esquema de fraude constitucionalizado. Si de verdad algún gobierno quisiera proteger el sistema jubilatorio peruano, buscaría, desde su opinión y liderazgo, aliarse con el congreso para que ese dinero entre de emergencia al BCR – cortando de inmediato el secuestro legalizado – y así se pueda discutir, en plazo perentorio, si las AFP son necesarias y en qué condiciones, y cuál sería el destino óptimo de esos fondos. Soluciones institucionales hay, si se tiene voluntad política.

 

Y esto abre la pregunta de cuáles son las salidas progresistas al embrollo. Si algún ejecutivo quiere aprovechar lo acumulado en estas décadas por los afiliados a las AFP, para empezar a construir nuestro primer sistema jubilatorio público, universal y solidario (que toma tiempo pero sería lo ideal), debe encontrar esquemas en los que el futuro jubilado reciba más renta, para que desde ese excedente acepte sacrificar una parte para un fondo común. Obligarlo a compartir su dinero y recibir menos pensión que la que hoy espera,  sería seguir en el abuso granuja, esta vez con una expropiación. Si el gobierno reformista no lograr hacer aquello, pero no quiere arriesgar el futuro pensional de los actuales afiliados a las AFP, debe manejar sus fondos previsionales desde el Estado, en las  condiciones que hoy están vigentes, y con mayores flexibilidades para retiros durante el tiempo laboral. Y el último camino es simplemente devolver los dineros de propiedad privada. Mientras tanto, el presupuesto peruano está en perfecta capacidad de jubilar con – por lo menos – 500 soles mensuales a todos los peruanos mayores de 65 años que no tengan afiliación a sistema alguno, o que reciban menos de esa cifra en alguno de los dos sistemas posibles. Sería histórico y oportuno en el bicentenario, y sobre todo muy desarrollante en términos económicos.

 

* Constitucionalizar significa, aquí, legalizar con una norma que la constitución del 93 no coloca en el dominio de la acción de inconstitucionalidad, lo que la deja prácticamente fuera del control del TC. Tratándose de una norma previsional, es muy posible alegar que sus únicos caminos de derogación sean los establecidos en el artículo 200 de la carta magna, relativos a una reforma constitucional.

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AFP, Constitución del 93, Ley

Aunque es claro que los dueños de los principales medios apoyan el modelo económico mafioso y depredador que hoy tenemos, es ciego e ingenuo creer que ésta es la única razón por la que apoyan a Keiko Fujimori. La otra gran preocupación que los aflige, y que ocultan muy bien con periodismo histriónico y de lugares comunes, es que Pedro Castillo está hablando de desconcentración y democratización de los medios masivos, lo que significa medidas para acabar con el feudo mediático que usufructúan. Es decir, decisiones de gobierno para terminar con el uso patrimonialista, inconstitucional y culturalmente nocivo que se hace – y se ha hecho por décadas – del espectro radioeléctrico nacional, contando con la complicidad (activa o pasiva) de todos los gobiernos de turno, y cuyo resultado es una concentración mediática de contenidos mediocres y políticamente manipuladores. Los dueños de medios no quieren, de ninguna manera, que se discuta el regresivo sistema de entrega de licencias para radio y televisión que tenemos, sobre todo en sus numerales relativos a las renovaciones automáticas, porque éste es el origen de su ya centenario feudo mediático, y el mecanismo que explica la ampliación y consolidación del oligopolio ilegal que hoy tenemos.

El feudo mediático peruano empieza en 1922, cuando la radio llega a nuestro país y requiere de un espacio del espectro radioelectrónico. Desde entonces – lo que incluye el arribo de la televisión en 1957 – las asignaciones de frecuencias se han otorgado bajo una lógica argollera y patrimonialista: nunca ha habido reales concursos públicos – casi todo ha sido “a iniciativa de empresas” – y el beneficio otorgado jamás ha tenido fecha de caducidad, como si se tratase de un territorio medieval que la corona entrega a algunos señores y sus descendientes. Esta historia de inconstitucionales repartijas (un bien público no puede usarse de modo exclusivo), allanadas por tecnicismos legales y normas emitidas “entre gallos y medianoche”, y auspiciadas con discretas barreras a la competencia inoportuna, genera una inevitable situación de oligopolio empresarial cada vez más dominante, cuyo rostro vigente (los empresarios pasan, el feudo queda)  es la concentración mediática subdesarrollante que en la actualidad tenemos. La última de estas felonías legalizadas la hicieron – al alimón – un saliente y proactivo Alan García, y un entrante y pasivo Ollanta Humala, cuando entregaron nuevas licencias de funcionamiento, para el uso de una o más estaciones de televisión digital, a los miembros del actual oligopolio televisivo. El trámite se hizo a través de variados y discutibles mecanismos, aprovechando un contexto mundial de cambio tecnológico que nos obligaba a un nuevo reparto del espectro radioeléctrico, y nos daba una oportunidad hacer cambios progresistas de modo inmediato. Está a la vista el atropello: varios de los grandes canales ya utilizan su par digital, gracias los naturales beneficios que les trae ser parte del feudo mediático peruano.

Como consecuencia de este medieval sistema de reparto, hoy tenemos que las principales nueve empresas televisivas controlan el 50% de todas las licencias asignadas en el territorio, mientras las nueve firmas radiales más importantes manejan el 14% (no necesitan más a estas alturas). En la práctica, esto implica que sólo ocho empresas  (cuatro de radio y cuatro de televisión), dentro de un universo de más de 7000, concentren a más del 80% de la audiencia y la publicidad. Estas firmas son:  Grupo ATV (ATV – Global – La Tele), Plural TV – América Televisión, Frecuencia Latina y Panamericana Televisión, así como RPP (Radioprogramas y Capital),  Corporación Radial del Perú (CRP), Panamericana y Corporación Universal (única marca provinciana). Salvo la última, todas las empresas enumeradas operan en Lima, pero dado su nivel de penetración, definen la mayor parte de los contenidos que circulan a nivel nacional, y sobre todo la información política, pues producen los principales noticieros y los escasos programas de entrevistas de nuestra señal abierta. Así, son una influencia aplastante y hegemónica a nivel de opinión pública, pues obviamente informan desde sus preferencias e intereses políticos, y promueven valores y reflexiones funcionales al actual modelo económico y mediático.

Esta realidad feudal, inconstitucional, centralista y antidemocrática se agrava con un segundo privilegio legal: los medios están totalmente protegidos contra todo tipo de regulación de contenidos, más allá de algunos límites indispensables y de lo establecido en el código penal, que responde al honor y la buena reputación, pero no tiene ninguna vinculación con la calidad de los mensajes y narrativas mediáticas. Al final, a partir de las potestades feudales y hegemónicas que poseen, las empresas mediáticas han  generado una radio-televisión de productos degradantes y alienantes, y de espacios tiránicos en cuanto a postura política (hoy estamos viendo su keikismo bruto y achorado), además de elementales en cuanto a argumentos y registro de conocimientos. 

Pero como se puede deducir de lo escrito arriba, esta situación es perfectamente reversible, porque el espacio radioeléctrico – que permite la acción radial y televisiva – es propiedad de los peruanos y lo administra el Estado, con total capacidad técnica para regularlo y asegurar un reparto de acceso y poder mediáticos muchos más democrático y beneficioso para nuestro desarrollo. Un sistema que acabe con la sutil expropiación de un bien público y la negación de derechos políticos y culturales con que nos violentan. 

Y dicho lo anterior, ahora sí corresponde hablar de libertad de expresión, opinión y prensa, lo que vitorean dramáticamente cuando se les menciona la posibilidad razonable de regular sus contenidos y programaciones. Como todos los derechos y atribuciones, esta libertad colisiona con otras y con indiscutibles deberes, con los que convive en un equilibrio en el que ninguna de las partes tiene superioridad o inferioridad definitiva y, por lo tanto, ninguna puede imponerse totalmente ni ser obviada. La libertad que empresarios mediáticos y periodistas defienden como estandarte gremial, no es de ningún modo más importante que el derecho a la vida o a la seguridad pública, ni que la imperiosa necesidad de recibir contenidos educativos y culturales de calidad – por todos los medios posibles – para salir intentar de nuestro subdesarrollo. 

Además, hoy es clarísimo que el oligopolio mediático vigente ni siquiera es capaz de respetar las libertades que promueve, pues torpedea uno de sus insumos insoslayables, que es el pluralismo político (que asegura la plena conciencia ciudadana y el buen uso de la soberanía personal). No tenemos eso ni mucho menos: son vergonzosamente echadas las entrevistas de radio y televisión que sus periodistas hacen a Keiko Fujimori, así como terruqueantes, despectivas y prepotentes las que hacen a Pedro Castillo. Y la opinión política que emiten o convocan es siempre homogénea en cuanto a su derechismo económico. Algunos, los mejores, intentan manifestarse desde su convicción de neutralidad periodística, pero claramente se alinean al final. Es obvio que casi todos comparten los valores y preferencias que promueven y eso también es libertad periodística, pero deja de serlo cuando es parte de un atentado sistémico contra el derecho ciudadano.

Es cierto que la televisión y la radio de señal abierta son negocios declinantes en cuanto a ingresos (habría que hacer públicas sus cuentas en un nuevo modelo mediático), pues la explosión de  nuevas alternativas y soportes de consumo audiovisual (celulares, internet, Netflix, etc.) los han dejado fuera de toda competitividad lo que ha traído al piso sus tarifas publicitarias, pero cómo se descrito arriba, siguen siendo muy poderosos en términos políticos (¡vaya que Montesinos lo sabía!) y muy estratégicos como instrumentos de desarrollo nacional. 

Así que tiene toda la razón Pedro Castillo en querer descentralizar, desconcentrar y democratizar las licencias de radio y televisión, incentivando y entregando permisos para, por ejemplo, canales regionales o universitarios, culturales o de capacitación. Para ello, tiene que lograr que el congreso cambie un punto de la actual Ley de Radio y Televisión, que es el relativo a la renovación automática de licencias, lo que le permitirá construir, de a pocos, un nuevo mapa de distribución mediática en el territorio nacional. En el escenario maximalista, tendría que hacer del tema una discusión constitucional y llevarlo a la asamblea constituyente que está promoviendo. En ese caso, es seguro que la justicia y el derecho ciudadano se honrarían más rápidamente.

Y en relación a la regulación de contenidos, también Pedro Castillo está en lo correcto, porque es obvio que se necesita un equilibrio mucho más saludable entre los muchos y muy importantes derechos ciudadanos en juego, y la muy importante libertad de expresión, prensa y opinión. Es claro que el criterio de beneficios empresariales debe estar subordinado aquí, sin que esto quite su  gran importancia y obligatoria presencia en la ecuación final del nuevo modelo. Esta voluntad también pasa por cambiar la normativa vigente en el congreso, pero en un escenario más incierto porque regular nunca es sencillo, y precisamente por eso existen especialistas en la materia. Quién es el juez que interpretará la ley y decidirá la pertinencia de lo programado, es una pregunta absolutista y de ánimo cancelatorio que los voceros mediáticos esgrimen como argumento final. La respuesta la han dado muchos otros países del mundo desarrollado y algunos vecinos regionales: se crea un consejo autónomo y enmarcado en una sólida institucionalidad, cuyo cuerpo decisorio esté conformado por todas las partes ideológicas, territoriales, gremiales, políticas, y sobre todo ciudadanas, de manera que ningún criterio arbitrario tenga preminencia en dicha regulación, salvo el bienestar que la mayoría de peruanos considera mejor. Obviamente, todo esto debe estar enmarcado en una lógica en la que radio y televisión de señal abierta son, en gran parte, un bien público, además de un medular instrumento de nuestro desarrollo. Riesgos de subjetividad habrá siempre, pero en las democracias estos conflictos se zanjan con mayorías representantes, y no con propuestas ilógicas de auto-regulación.

Como se observa, ésta es otra de las razones por las que Pedro Castillo es por muchas cabezas superior a su chamuscada rival: entiende la necesidad y la urgencia de poner la televisión y la radio al servicio de los peruanos y su desarrollo, lo que pasa por quebrar el oligopolio feudal que nos han impuesto para beneficio de unos pocos aprovechados. Felizmente, las encuestas indican que, al menos esta vez, no se salvan de devolver lo que no es suyo.

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Pedro Castillo

Jamás tres siglos de genocidio, vasallaje y desprecio sistemático van a desaparecer fácilmente de nuestra memoria colectiva, y menos con 200 años posteriores de república colonialista. No se toma real conciencia de la tragedia colectiva que significó la invasión española, porque la mayoría de nosotros seguimos mentalmente colonizados, y miramos las cosas desde los valores y desprecios que nos inocularon. Fue más o menos así: llegaron otros más fuertes y letales – monstruosamente despiadados casi siempre – a quitarnos todo lo que consideraban valioso y a esclavizarnos para obtenerlo, a violar a nuestras mujeres e hijas, a humillarnos, y a obligarnos a admitir que su cultura es superior y la nuestra es vergonzosa. Esto ha implicado una frustración y una depresión social históricas, que se han ido heredando de padres a hijos, aún cuando muchas veces no se tenga conciencia de ello.

No pudieron desaparecer a una cultura milenaria que tiene como parte de sus valores cosmovisionarios la sabiduría de recogerse y dispersarse frente al peligro sistémico, y la genialidad humana de esperar con paciencia – y mucha valentía – el inevitable retorno de un orden más conveniente. Sin duda, muchos antiguos peruanos terminaron cediendo por falta de fuerzas o por sobrevivencia, pero hay cerca de un 30% (el Perú rural de hoy) que sigue siendo muy pachamámico y pre-hispanista en espíritu. Lo que sí lograron fue sacar de nuestras mentes – y no los colonos sino sus émulos republicanos – la idea clara del abuso esclavista y del saqueo, y de sus terribles consecuencias en nuestra historia. Para la mayoría de peruanos, la invasión española es un evento propio de su tiempo, y no guarda relación con nuestro fracaso republicano. 

En términos psicoanalíticos – que tanto entusiasman a las élites limeñas – se trata de un inmensurable trauma colectivo, que como todos los de su naturaleza, es permanente e ineludible. Puede manejarse y servir de impulso, pero sólo cuando se le enfrenta como corresponde. Si la injusticia sigue reiterándose – así sea grado – el trauma no se irá ni mucho menos, y se manifestará tarde o temprano . Desde la filosofía pre-hispánica, estamos en un largo pachakuti, que es la crisis terminal de un tiempo, que llevará a una nueva síntesis de todo lo recibido e interiorizado hasta entonces. Nada se crea ni se destruye, todo se transforma.

Y en medio de esta larga transición histórica, el Perú rural se está manifestando con una tesitura política nunca vista en 200 años de convalecencia emocional y subordinación republicana. Tienen cada vez más liderazgos propios con volumen nacional, entre ellos Pedro Castillo. Se han revalorizado geopolíticamente producto de la crisis ambiental y la creciente escasez de recursos naturales, y sus cabezas más prolijas lo tienen muy claro. También los ha ayudado mucho – así como a todas las culturas no occidentales – las redes digitales: son más visibles, reciben más información del mundo y la infamia extrema en su contra ya no procede tan fácilmente, pues hay demasiados ojos vigilantes. Desde luego, los liderazgos del pachakuti peruano no son filigranas estratégicas de un fino planeamiento, sino fuerzas resistentes que enfrentan asimetrías radicales, y que pelean en esos términos. Pedro Castillo es un radical porque lo que tiene al frente lo lleva y obliga a ello, pero se ha sometido a las formas electorales democráticas, y no tiene el poder necesario para dejar de hacerlo. Es una persona de valiosa experiencia, y no parece ser el irracional absurdo que algunos pretenden: es rondero, líder campesino, docente de escuela rural y reconocido sindicalista. Y fue dirigente regional de Perú Posible hasta su extinción.

Su éxito, efectivamente, representa a los olvidados históricos, que no son ignorantes por esta preferencia ni merecen comprensión indulgente (como creen algunos de peruanidad poco razonada), sino gente marginada que desde su experiencia y sus largos antepasados se da cuenta de que “esas formas democráticas” no le garantizan nada, y menos en el contexto de “eso que llaman liberalismo”, donde hay unos pocos privilegiados y muchos excluidos. Es decir, es un público con demandas de izquierda, conciente o no del rótulo. Frente a ello, Pedro Castillo ha sido largamente el mejor candidato, si de triunfar con ideas sencillas pero trascendentes, reaccionar con astucia y conectarse con públicos se trata. No estoy seguro, por ejemplo, de que Verónica Mendoza se haya mostrado superior a él en contenidos. Quizá en algunos puntos relevantes, pero no en el fundamento del izquierdismo – que es la explicación económica de nuestro rezago material como país y de la exclusión de la mayoría peruanos -, ni tampoco en su conocimiento operativo del Perú profundo, que es lo que podría diferenciarla. Es desde ese tipo de insumos estructurales que el presidenciable teje sus mejores golpes de campaña, a veces con sólo la suficiente capacidad comunicacional.

La candidatura de Verónica Mendoza mejoró mucho desde el debate final por grupos, incluso en algunos aspectos lógico-verbales y emotivos que determinan si un político tiene madera para las grandes presentaciones, pero se quedó corta al lado de un líder que no sólo ha nacido en el Perú profundo, sino que convive y dialoga con él, como es Pedro Castillo. No fueron sus propuestas económicas el mayor problema: morigerarlas y explicarlas mejor sólo conquistó nuevos votos entre los indecisos de la clase media y alta de Lima. Tampoco su postura sobre Venezuela, como lo demuestra el mismo Castillo. Es su mosaico cultural – que incluye su relación con el mundo occidental – lo que no terminó de penetrar en el Perú regional y rural. Es posible que su defensa de las libertades sexuales y de género también hayan pesado algo en esta desconexión.

Un tema muy polémico han sido las declaraciones conservadoras que sobre el enfoque de género y el matrimonio igualitario ha emitido el evangelista Pedro Castillo. Pero no me queda claro si éstas son parte de una estrategia para ganarse el duro y mayoritario voto conservador – muy afín a su actual oponente – o si realmente piensa tan así. Lo digo porque en su plan de gobierno se legaliza el aborto y se denuncia frontalmente el machismo. De cualquier forma, Castillo ha comentado que todos estos dilemas serán tratados en la asamblea constituyente que planea convocar, y es meridianamente claro que su rival de turno es más regresiva en estos temas. Lo que le puede costar mucho – en votos – es su decisión de amnistiar a Antauro Humala, y su cercanía “sindical” al Movadef. Sin duda, aquí hay un radicalismo que excede al necesario, y un autoritarismo violentista que merece ser vigilado seriamente. Pero, nuevamente, al otro lado hay cómplices de criminales y mafiosos mucho más nocivos, que han sido pillados y esperan librar su condena con la llegada de su lideresa a palacio.

En relación a las propuestas económicas del plan de gobierno de Perú Libre, éstas no son otras que las de una izquierda latinoamericana pan-andina, cuyas referencias son Bolivia y Ecuador. Y más allá de lo dicho en las elecciones, toda la verdadera izquierda peruana debe apoyar este camino de inmediato, si toda ella sabe que el rezago del sur se origina, agrava y reproduce por decisiones que favorecen a la riqueza del norte. No caben medias tintas conceptuales aquí, la historia demuestra con claridad esta realidad conflictiva y abusiva, como también está evidenciando que nada terrible pasó en el Ecuador de Correa, y que Bolivia ha dado grandes pasos hacia su verdadero desarrollo. Así, este proyecto político implica un Estado distributivo, igualitarista, ambientalista, industrializador y nacionalista en relación a los recursos naturales estratégicos (donde nos dejan migas, se llevan millones y destrozan nuestra naturaleza). Y dadas nuestras ventajas ecosistémicas frente al mundo, propone un Estado que apuesta por el desarrollo de la agricultura rural, y por la seguridad alimentaria como instrumento de soberanía decisoria frente al ánimo impositivo de los poderes globales. Ya se conoce la voluntad de elevar, superlativamente, los presupuestos de educación y salud. Y no sorprende la apuesta integracionista latinoamericana. Es claro que este esquema puede tener asegunes, pero es innegable que es el camino lógico a explorar, dado que el capitalismo aplicado a nuestras latitudes ha fracasado largamente, y no tiene ya nada para ofrecernos. Lo inventaron otros para beneficio propio, como se ha explicado en columnas previas de este mismo espacio.

Sumado a lo anterior, el plan de gobierno de Perú Libre plantea introducir políticas de gobierno muy vanguardistas y vigentes: descentralización tributaria con responsabilidad económica a nivel regional,  plurinacionalismo constitucional, consulta popular vinculante para explotación de recursos naturales, elección democrática de magistrados, jueces y tribunos constitucionales, medidas de desconcentración económica y pluralidad ideológica en la oferta mediática, abolición del concordato con el Vaticano, desaparición del secuestro inconstitucional de las AFP, y otros. Muchas son medidas de compleja implementación, pero todas tienen un indiscutible espíritu democrático y progresista. La aseveración de que el Tribunal Constitucional es una entidad técnica y no política, y que los peruanos no sabríamos a quién elegir, es ignorante y manipuladora. Nada más político que dicha institución, cuyos miembros los designa nada menos que el congreso.

Pienso que este programa de transformación deposita mucha confianza en la capacidad técnica y ejecutiva del Estado peruano, que jamás será capaz de hacer tanto y tan bien en plazos políticamente realistas, pues es creación del subdesarrollo. Esto debería llevar a tener claras las prioridades factibles y las energías administrativas a invertir: todo Latinoamérica se ha querido capitalizar e industrializar alguna vez en los últimos 100 años, para ir a la velocidad del mundo avanzado y merecer su tipo de bienestar social. Todos lo han hecho desde el Estado, pues es claro que el mercado nos aleja de ese destino. Y nadie ha tenido éxito: nuestro territorio, los destrozos coloniales heredados y buena parte nuestra matriz cultural son disfuncionales al gran capitalismo occidental, que tiene su particular contexto y tuvo que explotar a otros – por siglos – para consolidarse. Por eso me gustaría que las soluciones económicas de Perú Libre sean más pachamamistas que neo-marxistas. No creo que nuestro principal asunto revolucionario sea la lucha de clases como piensa Vladimir Cerrón, ni tampoco de desarrollo capitalista industrial pendiente, sino el dilema histórico de si nos reconocemos o no con nuestras fuentes milenarias, y de si nos reconectamos o no con la naturaleza.

También celebraría que el programa no tuviera el sinsentido conservador de creer que los médicos y docentes profesionales son los protagonistas del cambio, cuando deben muchas explicaciones y nadie los ha designado para ello. Otra cosa es que el profesor Castillo y el galeno Cerrón los necesiten como brazo político, para lo cual no deberían usar el presupuesto público y las oficinas del Estado aprovechando demandas sociales. Y, sin duda, me gustaría que promuevan la igualdad de género, y la sexualidad plena y responsable entre nuestros niños y adolescentes. Pero nada de esto me impide saber que Pedro Castillo empuja el norte que corresponde en este Pachakuti, y que Keiko Fujimori no lo supera en ningún punto, ni tiene nada que ofrecerle al país.

Creo que Pedro Castillo tiene muchas posibilidades de ganarle a Keiko Fujimori la segunda vuelta presidencial, por margen de movimientos, por contenidos esenciales y por superioridad moral. Obviamente, y él lo sabe, va a tener que hacer concesiones vinculadas a la sucesión democrática quinquenal y al control inflacionario, a su opinión sobre el Movadef y Sendero Luminoso, y al indulto en favor de Antauro Humala. Cuánto entregue de todo este paquete va a depender mucho de lo que haga su oponente. 

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Carlos Trelles, Elecciones 2021, Pedro Castillo, Segunda vuelta

Como todas aquellas de lógica liberal ortodoxa que hemos vivido, la reactivación en curso, diseñada por el MEF y el BCR, es claramente subdesarrollante: reproduce y agudiza las condiciones de nuestro rezago económico, y nos aleja cada vez más de la posibilidad de una mejora significativa.

 

En lo concreto, y más allá de sus orígenes históricos, nuestro subdesarrollo responde a una economía donde el 85% de habitantes viven en la precariedad laboral y con ingresos de subsistencia (menores a los necesarios para asegurar la salud y las capacidades laborales), debido a sus muy bajos niveles de productividad y formación. Esto último les impide emprender o ser contratados con posibilidad de recibir una remuneración que les provea un mínimo de calidad de vida. Adicionalmente, hay un 15% superior en la economía peruana, compuesto por dos grupos: el primero está conformado por poco más de una decena conglomerados empresariales millonarios (nacionales y extranjeros) que operan en sectores donde aseguran grandísimos retornos con muy poco riesgo, entre los que destacan la minería de exportación, la agroindustria, la industria alimentaria, la banca, las telecomunicaciones, la construcción y otras actividades como medios de comunicación o servicios. Y el segundo grupo está integrado por empresarios grandes pero menores, además de asalariados y consultores cuya educación y capacidad productiva les permite acceder a las exigencias productivas de los conglomerados, lo que les significa ingresos-promedio muy superiores a los de la mayoría y, por tanto, mucha mayor de capacidad de ahorro y progreso. Las grandes diferencias productivas y de relevancia económica entre el 15% más competitivo y el resto, se evidencian en estas cifras: alrededor del 95% de nuestras unidades productivas son micro-empresas, y se calcula que no generan más del 7 u 8 % del PBI peruano. El 5% de firmas restantes, con los grandes grupos empresariales a la cabeza, explican todo el resto del crecimiento peruano.

 

Como puede verse, los grandes favorecidos de este esquema son los  conglomerados empresariales, quienes sólo invierten en sectores cuyas utilidades son exorbitantes y seguras, pero cuya capacidad de dar empleo masivo de calidad es insuficiente para nuestro desarrollo. Además, con un 85% de peruanos precarios y desesperados por trabajo, el 15% restante no tiene posibilidad alguna de exigirles el pago y trato que corresponde, pues sobran reemplazos baratos en la calle. Qué van a querer cambiar el destino sectorial de sus inversiones para favorecer la industrialización estratégica y el empleo digno en el país: más bien operan políticamente y corrompen para que todo siga igual, en complicidad con los países que reciben los beneficios económicos y geopolíticos de tener grandes capitales en nuestro territorio.

 

Frente al contexto descrito, una política de reactivación es un esfuerzo proactivo del Estado, en el que por medio de una combinación de posibles políticas fiscales (figuras de reducción de impuestos o de aumento del gasto público) y monetarias (manejos diversos en la cantidad de dinero circulante) se busca sacar de la depresión a una economía y llevarla hacia el crecimiento estable en el mediano plazo. Como puede deducirse, hay muchas combinaciones posibles para armar el paquete de políticas reactivadoras, por lo que cada responsable macro-económico definirá su estrategia dependiendo de la filosofía económica del gobierno al que pertenece. Aunque se suele soslayar, es posible una reactivación exitosa que aproveche el momento político y busque romper con el modelo vigente.

 

Pero como era previsible, el MEF de Waldo Mendoza y el BCR de Julio Velarde han querido reactivar a tono con su ortodoxia neoclásica. En lo esencial, la política de reactivación en curso está compuesta por el programa de crédito barato  llamado Reactiva – canalizado por la banca privada en magistral jugada de rescate -, y por una elevada ejecución de inversión pública para este año (dicen que 35% superior a la del 2020). A esto se suman algunos fondos de apoyo para sectores específicos, la ampliación de algunos programas estatales de empleo temporal, mayor gasto en políticas sociales y una transferencia masiva de 600 soles. Pese a que está recomendado por el FMI y se cuenta con el dinero para solventarlo, el plan no incluye un conjunto de bonos significativos y universales en favor de la población. Como se sabe, Reactiva prácticamente no ha llegado a las micro y pequeñas empresas, por lo que ha sacado de la quiebra sólo al sector no precario, y reimpulsado a los millonarios de nuestra economía. El resto de la estructura empresarial, donde hay miles de quiebras y millones de desempleados, nunca saldrá de la depresión de esta crisis pandémica, y se hará más precario.

 

De lo anterior, la reactivación en curso es claramente subdesarrollante, porque degrada – aún más – a la gran mayoría del país, dejándola sin ningún apoyo para recuperación alguna, y más bien elevando sus negativas brechas productivas y de ingresos frente al 15% privilegiado. Esto es muy conveniente para los conglomerados empresariales, que requieren un contexto de precariedad que le abarate insumos y mano de obra, para así poder maximizar la ganancias del próximo gran ciclo de crecimiento ya augurado públicamente por las expeditivas cabezas del MEF y el BCR, de sutil y permanente trabajo ideológico en los medios. Una vez más seremos líderes de la región, dicen. Obviamente, las millonarias empresas en mención no sólo se van a recuperar rápidamente, sino que van a crecer a niveles suficientes como para no sentir la crisis pandémica en sus evaluaciones de largo plazo. Y en esta precariedad cada vez más insostenible, seremos presas fáciles del velo consumista y la manipulación política, lo que nos llevará a loar y entender como indispensables las inversiones de los conglomerados, que explican crecimientos del PBI que nada tienen de desarrollantes ni de progresistas.

 

Desde luego, por su boca muere el pez, y es ilustrativo verlo. Sobre Reactiva, Julio Velarde ha defendido el programa informando que ha llegado a empresas que cubren hasta dos tercios del empleo formal; es decir, al 20% de nuestra estructura empresarial. Juez y parte al cabo, él no va a confesar que no tiene interés en el restante 80% porque su rezago es parte del modelo de subdesarrollo que conviene a los grandes capitales nacionales y extranjeros. Dirá que las capacidades productivas y la poca relevancia de esta mayoría dentro del PBI – expresada en su habitual informalidad – les impide provocar un periodo de crecimiento (lo que es cierto, pero a razón de 200 años de capitalismo depredador), y que lo único que puede traer prosperidad y empleo tras la crisis es la gran inversión, lo que es falso. Tiene de dónde engañarse el prestigioso y tecnocrático Velarde, pues esto de pretender que el gran capital es el artífice exclusivo del progreso, y por lo tanto se debe teorizar desde sus perspectivas y recomendar modos de gobierno en su favor (incluidas las reactivaciones), es un espíritu que el liberalismo económico trae desde Adam Smith, salvo que éste hablaba de empresas intensivas en empleo como son las industriales, y además esperaba – aunque admitiendo  la desigualdad favorable a la clase capitalista – que toda la economía se beneficie del crecimiento, con bienestar y progreso material.

 

En relación a la apuesta por la inversión pública, se ha dado el innecesario argumento de que el BCR ha comprobado su mayor efecto multiplicador (capacidad de dinamización económica) frente el resto de alternativas, cuando es una decisión que nadie ha cuestionado. Ciertamente, todos sabemos que buena parte de estos millones del presupuesto van a ser ejecutados por los grandes grupos empresariales que se reparten obras públicas vía coimas, y que estaban en cola, detrás de los hoy delatados. No hay otras rutas en el Perú, menos con un pedido de apuro regional del mismo Waldo Mendoza, lo que por fuerza lleva a relajar controles y facilitar los actos de mega-corrupción de siempre.

 

Y con respecto a la negativa a entregar una cantidad razonable de apoyo en bonos universales – para ayudar a evitar la pobreza y a levantarse mínimamente a millones – se han dado argumentos débiles desde el principio, aunque populares ante el sentido común liberal. Uno muy reiterado, es aquel que alude a cuidar el gasto para enfrentar mejor lo que viene de la emergencia y, sobre todo, para controlar el déficit fiscal – hoy inevitablemente alto – a la brevedad posible. Este indicador en cifra negativa no es otra cosa que una deuda a honrar a plazos, pero es una fijación estratégica del modelo capitalista global, pues es una forma de evitar la intervención distorsionante del libre mercado en “equilibrio óptimo” (para los grandes empresarios, no para todos) y la inflación, que casi siempre son correlativos al exceso de gasto público que genera endeudamientos; aunque en realidad, puede darse el caso de que haya superávit e inflación, o déficit con estabilidad de precios, como nos pasa ahora mismo. Al final siempre mandan ellos, así que condicionan la inversión extranjera y la entrega de créditos a la desaparición del déficit presupuestal, lo que en la práctica dificulta la indispensable intervención del Estado para construir nuestro desarrollo.

 

Con diferentes argumentos y poca explicación seria, todas las reactivaciones de nuestra vida republicana han sido subdesarrollantes, sobre todo aquellas cuyas crisis que incluían lo inflacionario, como la de fines de los 80, que Fujimori solucionó con un ajuste de extrema e innecesaria radicalidad. En todas las recesiones había otras salidas, pero escapando del capitalismo liberal que subdesarrolla con variados métodos, entre ellos las reactivaciones.

Adapto el famoso término de Guy Standing para llamar precariato al 85% de peruanos cuyo salario mensual tiene como tope superior un poco más del sueldo mínimo. Es sencillo contrastar este dato en redes y bibliografía específica, pero una clara señal de su realismo es que el 75% de la economía peruana es informal; es decir, sólo un 25% de nosotros tiene la capacidad productiva suficiente para generarse ingresos y/o pagar salarios superiores al mínimo establecido, además de cumplir con el pago de sus impuestos. Agrava el escenario que más de la mitad de los precarios peruanos reciba menos de 500 soles de ingresos, lo que incluye a los micro-productores del sector agropecuario, los peor remunerados del empleo nacional.

 

Dado que el capitalismo global está en crisis, precariatos hay en todo el planeta. El del primer mundo occidental, por ejemplo, congrega al cada vez mayor número de ciudadanos que trabaja en la informalidad, mientras declinan sus estados de bienestar y los derechos universales que éstos implican. En el subdesarrollo sucede lo contrario: el precariato es la condición histórica permanente de las mayorías excluidas. Varios autores ven en los precariatos potenciales clases sociales, sugiriendo que podrían convertirse en frentes republicanos y democráticos, cuyos gérmenes empiezan a manifestarse en la sociedad civil actual. Mientras en paralelo se observa que grandes grupos precarios hacen eco a narrativas xenofóbicas o religiosas radicales, así como autoritarias y violentistas. No sin lógica, todo precariato tiende a ser crítico a los grandes poderes del orden económico, y luego sus contextos nacionales y sociales explican sus particularidades interpretativas frente al sistema que rechazan.

 

En lo que a nosotros concierne, el precariato peruano es mayoritariamente igualitarista y conservador. Lo dicen las encuestas sobre cultura política contemporánea de varias instituciones, y lo dice el reparto de las preferencias electorales frente a la muy próxima elección presidencial. De dónde proviene este sentido común contradictorio, y hacia dónde puede o debe ir, es una pregunta relevante para todo observador político interesado en el desarrollo del país.

 

El precariato peruano es inevitablemente igualitarista, porque padece una situación cotidianamente hostil, consecuencia de operar en contextos micro-empresariales de baja productividad (que corresponden al 95% de nuestra economía). No existe estabilidad laboral posible en estos entornos, pues la mayoría de sus emprendimientos quiebran al año y contratan por periodos breves, ofreciendo a cambio salarios de subsistencia, de aquellos que no permiten obtener los insumos básicos para conservar la salud y las capacidades productivas. El mundo rural, con sus particularidades, reproduce estas incertidumbres. Y entonces el precario peruano, que es todo menos tonto, se da cuenta de que la gran mayoría vive tan ajustada como él, salvo unos cuantos millonarios corruptos. De ello, reclama un mínimo de igualdad material y de oportunidades. No es socialista ni comunista, es simplemente un igualitarista pragmático.

 

Sin embargo, y pese a haber padecido históricos y deliberados atropellos, el precariato peruano es mayoritariamente conservador en lo económico. Es decir, asume que todos podemos progresar en el capitalismo liberal si el Estado arbitra adecuadamente el mercado, y cree que la receta para ello es universal e indiscutible: hay que esforzarnos y competir para hacer los méritos suficientes. A nuestro precariato no le resulta obvio que la mecánica de robo, abuso y explotación a la que es sometido por un grupo de grandes empresarios – que controlan a casi toda la clase política protagónica – le impide el progreso material.

 

Este contenido funcional al libre mercado, que se manifiesta con diferentes niveles de complejidad y conciencia – dependiendo del contexto y su nivel de degradación -, es suministrado y reforzado con diferentes dinámicas. Una de las más potentes es el bombardeo mediático: todos los informativos y programas políticos de alcance masivo protegen el modelo económico y su sentido común, y ningunean a sus críticos o los buscan apabullar. Abundan entre sus argumentos las causalidades absurdas, ignorantes y manipuladoras, como aquella que vincula todo acto regulatorio al comunismo que termina en inflación, o la que responsabiliza a nuestros pocos gobiernos heterodoxos e industrializadores del subdesarrollo nacional, cuando es exactamente lo contrario. Todas son tesis que provienen de los pregoneros locales de una economía que se presenta como rigurosa, lógica y absoluta, pero que fue inventada para promover el capitalismo y está lejísimos de la neutralidad sofisticada que pretende aparentar.

 

En paralelo, los grandes medios también intoxican al precariato peruano con mensajes subliminalmente consumistas y evasivos. El mercado aprovecha, y vende todo lo que puede a diferentes públicos, incluso facilitando el crédito. Y así el distraído precariato peruano anhela el éxito capitalista individual, y piensa que corresponde buscarlo hasta alcanzarlo, como personas y como país. Esta prédica engañosa también penetra el mundo rural, que tiene sus particulares consecuencias predatorias. Y el conservadurismo económico de nuestro precariato se termina de enraizar a partir de la muy deficiente oferta educativa del país: entender la conspiración mafiosa del gran capitalista peruano, y el orden económico con que la disfraza, demanda un nivel de abstracción que se consigue con experiencia reflexiva y registro de conocimiento, o con explicaciones muy didácticas y detenidas, que no abundan entre nuestros liderazgos progresistas.

 

De otro lado, el precariato peruano es políticamente conservador. No hemos construido democracia, y más bien nuestra generalidad de gobierno ha sido el régimen militar. La institucionalidad política peruana siempre estuvo al servicio de los intereses de la clase empresarial privilegiada y corrupta. En consecuencia, el precario peruano tiene un espíritu autoritario y muy ajeno a las formas democráticas, que se manifiesta en el cotidiano y en la elección de sus autoridades políticas. Ciertamente, tres siglos de sumisión pesan mucho en las costumbres y creencias, sobre todo si el imaginario colonial ha permanecido casi intacto hasta hace muy pocas décadas. A esto se suma una serie de vivencias habituales en el precariato, todas adversas a la posibilidad de conformar una ciudadanía activa, informada y crítica: desequilibrio emocional por estrés laboral y angustia frente al futuro, degradación familiar, aislamiento social por urgencias de tiempo, violencia e inseguridad en el entorno.

 

Finalmente, la mayoría de nuestro precariato padece conservadurismo sexual y de género, lo que además de ocasionar crímenes machistas y reforzar nuestro retrógrado y anti-democrático patriarcado, petardea el disfrute pleno de la intimidad y la felicidad sentimental entre las gentes. Cuánto daño ha hecho y sigue haciendo el catolicismo cristiano en el Perú. Algún día cada vez menos lejano, los peruanos redescubriremos la espiritualidad pre-hispánica y sabremos de la inmensurable riqueza valorativa que se pretendió extirpar: fomento de la empatía recíproca como una necesidad de equilibrio personal y colectivo, apertura a la diversidad de creencias y patrones morales, entendimiento de la sexualidad como un evento cósmico saludable, tolerancia a la diferencia sexual, cultivo masivo de la vida espiritual y de la experimentación con energías naturales profundas, desprendimiento material y preocupación por el bienestar colectivo. No es verdad que el Estado debe ser laico en el ideal, salvo simplismo materialista de fuente occidental: debe fomentar la vida espiritual de sus ciudadanos y ser neutral frente a su diversidad religiosa.

 

¿Hay posibilidades de desarrollo nacional con un precariato que demanda igualdad material y de oportunidades pero rechaza lo único que podría asegurarlo a largo plazo? ¿Hay futuro con un precariato de sexualidades insanas y machistas que quieren subordinar a la mitad femenina del país para seguir abusando de ella, física y emocionalmente? Es muy difícil, y pareciera que imposible, pero la verdad es que el cambio sigue acercándose, pues el capitalismo global no tiene respuestas para la actual crisis, y la sociedad digital facilita la organización y emergencia de contrapoderes insurgentes. Al final son élites ideológicas las que inician el cambio de sentido común, si tienen la capacidad de ubicarse y unirse, de trabajar con disciplina y paciencia, de estudiar (con o sin libros) para intentar ser visionarios, de cultivar sus vidas espirituales, de afinar sus capacidades didácticas y lógicas, y de ganar elecciones para tomar atajos en el largo camino que cualquier transformación social profunda demanda. Mentes progresistas hay entre precarios y no precarios, hay que construir y fortalecer todas las redes posibles.

 

Según la filosofía política prehispánica, ningún pasado colectivo está muerto, y mucho menos si ha sido construido durante 20 mil años. El nuevo amanecer de nuestro mundo andino peruano sigue procesándose, lentamente, así como la nueva síntesis civilizatoria que tarde o temprano vendrá, porque el hábitat natural planetario se cae a pedazos. Debo divulgar que el historiador sistémico y lógico irreductible que fue Pablo Macera, dejó esta vida asegurando que existe una élite inca activa en la sierra peruana, cuya misión es conservar en secreto los rituales y contenidos de la cosmovisión prehispánica, mientras termina el actual pachakuti (o crisis transformadora), que habría empezado en la década de 1970. Llegado el momento, estos contenidos de tiempos ancestrales podrán hacerse públicos a través de sus guardianes, cuando no haya peligro de persecución, violencia y desprecio, y puedan ser bien recibidos y aprovechados.

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