Carlos Trelles - Sudaca.Pe

El feudo mediático que Pedro Castillo amenaza

Aunque es claro que los dueños de los principales medios apoyan el modelo económico mafioso y depredador que hoy tenemos, es ciego e ingenuo creer que ésta es la única razón por la que apoyan a Keiko Fujimori. La otra gran preocupación que los aflige, y que ocultan muy bien con periodismo histriónico y de lugares comunes, es que Pedro Castillo está hablando de desconcentración y democratización de los medios masivos, lo que significa medidas para acabar con el feudo mediático que usufructúan. Es decir, decisiones de gobierno para terminar con el uso patrimonialista, inconstitucional y culturalmente nocivo que se hace – y se ha hecho por décadas – del espectro radioeléctrico nacional, contando con la complicidad (activa o pasiva) de todos los gobiernos de turno, y cuyo resultado es una concentración mediática de contenidos mediocres y políticamente manipuladores. Los dueños de medios no quieren, de ninguna manera, que se discuta el regresivo sistema de entrega de licencias para radio y televisión que tenemos, sobre todo en sus numerales relativos a las renovaciones automáticas, porque éste es el origen de su ya centenario feudo mediático, y el mecanismo que explica la ampliación y consolidación del oligopolio ilegal que hoy tenemos.

El feudo mediático peruano empieza en 1922, cuando la radio llega a nuestro país y requiere de un espacio del espectro radioelectrónico. Desde entonces – lo que incluye el arribo de la televisión en 1957 – las asignaciones de frecuencias se han otorgado bajo una lógica argollera y patrimonialista: nunca ha habido reales concursos públicos – casi todo ha sido “a iniciativa de empresas” – y el beneficio otorgado jamás ha tenido fecha de caducidad, como si se tratase de un territorio medieval que la corona entrega a algunos señores y sus descendientes. Esta historia de inconstitucionales repartijas (un bien público no puede usarse de modo exclusivo), allanadas por tecnicismos legales y normas emitidas “entre gallos y medianoche”, y auspiciadas con discretas barreras a la competencia inoportuna, genera una inevitable situación de oligopolio empresarial cada vez más dominante, cuyo rostro vigente (los empresarios pasan, el feudo queda)  es la concentración mediática subdesarrollante que en la actualidad tenemos. La última de estas felonías legalizadas la hicieron – al alimón – un saliente y proactivo Alan García, y un entrante y pasivo Ollanta Humala, cuando entregaron nuevas licencias de funcionamiento, para el uso de una o más estaciones de televisión digital, a los miembros del actual oligopolio televisivo. El trámite se hizo a través de variados y discutibles mecanismos, aprovechando un contexto mundial de cambio tecnológico que nos obligaba a un nuevo reparto del espectro radioeléctrico, y nos daba una oportunidad hacer cambios progresistas de modo inmediato. Está a la vista el atropello: varios de los grandes canales ya utilizan su par digital, gracias los naturales beneficios que les trae ser parte del feudo mediático peruano.

Como consecuencia de este medieval sistema de reparto, hoy tenemos que las principales nueve empresas televisivas controlan el 50% de todas las licencias asignadas en el territorio, mientras las nueve firmas radiales más importantes manejan el 14% (no necesitan más a estas alturas). En la práctica, esto implica que sólo ocho empresas  (cuatro de radio y cuatro de televisión), dentro de un universo de más de 7000, concentren a más del 80% de la audiencia y la publicidad. Estas firmas son:  Grupo ATV (ATV – Global – La Tele), Plural TV – América Televisión, Frecuencia Latina y Panamericana Televisión, así como RPP (Radioprogramas y Capital),  Corporación Radial del Perú (CRP), Panamericana y Corporación Universal (única marca provinciana). Salvo la última, todas las empresas enumeradas operan en Lima, pero dado su nivel de penetración, definen la mayor parte de los contenidos que circulan a nivel nacional, y sobre todo la información política, pues producen los principales noticieros y los escasos programas de entrevistas de nuestra señal abierta. Así, son una influencia aplastante y hegemónica a nivel de opinión pública, pues obviamente informan desde sus preferencias e intereses políticos, y promueven valores y reflexiones funcionales al actual modelo económico y mediático.

Esta realidad feudal, inconstitucional, centralista y antidemocrática se agrava con un segundo privilegio legal: los medios están totalmente protegidos contra todo tipo de regulación de contenidos, más allá de algunos límites indispensables y de lo establecido en el código penal, que responde al honor y la buena reputación, pero no tiene ninguna vinculación con la calidad de los mensajes y narrativas mediáticas. Al final, a partir de las potestades feudales y hegemónicas que poseen, las empresas mediáticas han  generado una radio-televisión de productos degradantes y alienantes, y de espacios tiránicos en cuanto a postura política (hoy estamos viendo su keikismo bruto y achorado), además de elementales en cuanto a argumentos y registro de conocimientos. 

Pero como se puede deducir de lo escrito arriba, esta situación es perfectamente reversible, porque el espacio radioeléctrico – que permite la acción radial y televisiva – es propiedad de los peruanos y lo administra el Estado, con total capacidad técnica para regularlo y asegurar un reparto de acceso y poder mediáticos muchos más democrático y beneficioso para nuestro desarrollo. Un sistema que acabe con la sutil expropiación de un bien público y la negación de derechos políticos y culturales con que nos violentan. 

Y dicho lo anterior, ahora sí corresponde hablar de libertad de expresión, opinión y prensa, lo que vitorean dramáticamente cuando se les menciona la posibilidad razonable de regular sus contenidos y programaciones. Como todos los derechos y atribuciones, esta libertad colisiona con otras y con indiscutibles deberes, con los que convive en un equilibrio en el que ninguna de las partes tiene superioridad o inferioridad definitiva y, por lo tanto, ninguna puede imponerse totalmente ni ser obviada. La libertad que empresarios mediáticos y periodistas defienden como estandarte gremial, no es de ningún modo más importante que el derecho a la vida o a la seguridad pública, ni que la imperiosa necesidad de recibir contenidos educativos y culturales de calidad – por todos los medios posibles – para salir intentar de nuestro subdesarrollo. 

Además, hoy es clarísimo que el oligopolio mediático vigente ni siquiera es capaz de respetar las libertades que promueve, pues torpedea uno de sus insumos insoslayables, que es el pluralismo político (que asegura la plena conciencia ciudadana y el buen uso de la soberanía personal). No tenemos eso ni mucho menos: son vergonzosamente echadas las entrevistas de radio y televisión que sus periodistas hacen a Keiko Fujimori, así como terruqueantes, despectivas y prepotentes las que hacen a Pedro Castillo. Y la opinión política que emiten o convocan es siempre homogénea en cuanto a su derechismo económico. Algunos, los mejores, intentan manifestarse desde su convicción de neutralidad periodística, pero claramente se alinean al final. Es obvio que casi todos comparten los valores y preferencias que promueven y eso también es libertad periodística, pero deja de serlo cuando es parte de un atentado sistémico contra el derecho ciudadano.

Es cierto que la televisión y la radio de señal abierta son negocios declinantes en cuanto a ingresos (habría que hacer públicas sus cuentas en un nuevo modelo mediático), pues la explosión de  nuevas alternativas y soportes de consumo audiovisual (celulares, internet, Netflix, etc.) los han dejado fuera de toda competitividad lo que ha traído al piso sus tarifas publicitarias, pero cómo se descrito arriba, siguen siendo muy poderosos en términos políticos (¡vaya que Montesinos lo sabía!) y muy estratégicos como instrumentos de desarrollo nacional. 

Así que tiene toda la razón Pedro Castillo en querer descentralizar, desconcentrar y democratizar las licencias de radio y televisión, incentivando y entregando permisos para, por ejemplo, canales regionales o universitarios, culturales o de capacitación. Para ello, tiene que lograr que el congreso cambie un punto de la actual Ley de Radio y Televisión, que es el relativo a la renovación automática de licencias, lo que le permitirá construir, de a pocos, un nuevo mapa de distribución mediática en el territorio nacional. En el escenario maximalista, tendría que hacer del tema una discusión constitucional y llevarlo a la asamblea constituyente que está promoviendo. En ese caso, es seguro que la justicia y el derecho ciudadano se honrarían más rápidamente.

Y en relación a la regulación de contenidos, también Pedro Castillo está en lo correcto, porque es obvio que se necesita un equilibrio mucho más saludable entre los muchos y muy importantes derechos ciudadanos en juego, y la muy importante libertad de expresión, prensa y opinión. Es claro que el criterio de beneficios empresariales debe estar subordinado aquí, sin que esto quite su  gran importancia y obligatoria presencia en la ecuación final del nuevo modelo. Esta voluntad también pasa por cambiar la normativa vigente en el congreso, pero en un escenario más incierto porque regular nunca es sencillo, y precisamente por eso existen especialistas en la materia. Quién es el juez que interpretará la ley y decidirá la pertinencia de lo programado, es una pregunta absolutista y de ánimo cancelatorio que los voceros mediáticos esgrimen como argumento final. La respuesta la han dado muchos otros países del mundo desarrollado y algunos vecinos regionales: se crea un consejo autónomo y enmarcado en una sólida institucionalidad, cuyo cuerpo decisorio esté conformado por todas las partes ideológicas, territoriales, gremiales, políticas, y sobre todo ciudadanas, de manera que ningún criterio arbitrario tenga preminencia en dicha regulación, salvo el bienestar que la mayoría de peruanos considera mejor. Obviamente, todo esto debe estar enmarcado en una lógica en la que radio y televisión de señal abierta son, en gran parte, un bien público, además de un medular instrumento de nuestro desarrollo. Riesgos de subjetividad habrá siempre, pero en las democracias estos conflictos se zanjan con mayorías representantes, y no con propuestas ilógicas de auto-regulación.

Como se observa, ésta es otra de las razones por las que Pedro Castillo es por muchas cabezas superior a su chamuscada rival: entiende la necesidad y la urgencia de poner la televisión y la radio al servicio de los peruanos y su desarrollo, lo que pasa por quebrar el oligopolio feudal que nos han impuesto para beneficio de unos pocos aprovechados. Felizmente, las encuestas indican que, al menos esta vez, no se salvan de devolver lo que no es suyo.

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