Como todas aquellas de lógica liberal ortodoxa que hemos vivido, la reactivación en curso, diseñada por el MEF y el BCR, es claramente subdesarrollante: reproduce y agudiza las condiciones de nuestro rezago económico, y nos aleja cada vez más de la posibilidad de una mejora significativa.
En lo concreto, y más allá de sus orígenes históricos, nuestro subdesarrollo responde a una economía donde el 85% de habitantes viven en la precariedad laboral y con ingresos de subsistencia (menores a los necesarios para asegurar la salud y las capacidades laborales), debido a sus muy bajos niveles de productividad y formación. Esto último les impide emprender o ser contratados con posibilidad de recibir una remuneración que les provea un mínimo de calidad de vida. Adicionalmente, hay un 15% superior en la economía peruana, compuesto por dos grupos: el primero está conformado por poco más de una decena conglomerados empresariales millonarios (nacionales y extranjeros) que operan en sectores donde aseguran grandísimos retornos con muy poco riesgo, entre los que destacan la minería de exportación, la agroindustria, la industria alimentaria, la banca, las telecomunicaciones, la construcción y otras actividades como medios de comunicación o servicios. Y el segundo grupo está integrado por empresarios grandes pero menores, además de asalariados y consultores cuya educación y capacidad productiva les permite acceder a las exigencias productivas de los conglomerados, lo que les significa ingresos-promedio muy superiores a los de la mayoría y, por tanto, mucha mayor de capacidad de ahorro y progreso. Las grandes diferencias productivas y de relevancia económica entre el 15% más competitivo y el resto, se evidencian en estas cifras: alrededor del 95% de nuestras unidades productivas son micro-empresas, y se calcula que no generan más del 7 u 8 % del PBI peruano. El 5% de firmas restantes, con los grandes grupos empresariales a la cabeza, explican todo el resto del crecimiento peruano.
Como puede verse, los grandes favorecidos de este esquema son los conglomerados empresariales, quienes sólo invierten en sectores cuyas utilidades son exorbitantes y seguras, pero cuya capacidad de dar empleo masivo de calidad es insuficiente para nuestro desarrollo. Además, con un 85% de peruanos precarios y desesperados por trabajo, el 15% restante no tiene posibilidad alguna de exigirles el pago y trato que corresponde, pues sobran reemplazos baratos en la calle. Qué van a querer cambiar el destino sectorial de sus inversiones para favorecer la industrialización estratégica y el empleo digno en el país: más bien operan políticamente y corrompen para que todo siga igual, en complicidad con los países que reciben los beneficios económicos y geopolíticos de tener grandes capitales en nuestro territorio.
Frente al contexto descrito, una política de reactivación es un esfuerzo proactivo del Estado, en el que por medio de una combinación de posibles políticas fiscales (figuras de reducción de impuestos o de aumento del gasto público) y monetarias (manejos diversos en la cantidad de dinero circulante) se busca sacar de la depresión a una economía y llevarla hacia el crecimiento estable en el mediano plazo. Como puede deducirse, hay muchas combinaciones posibles para armar el paquete de políticas reactivadoras, por lo que cada responsable macro-económico definirá su estrategia dependiendo de la filosofía económica del gobierno al que pertenece. Aunque se suele soslayar, es posible una reactivación exitosa que aproveche el momento político y busque romper con el modelo vigente.
Pero como era previsible, el MEF de Waldo Mendoza y el BCR de Julio Velarde han querido reactivar a tono con su ortodoxia neoclásica. En lo esencial, la política de reactivación en curso está compuesta por el programa de crédito barato llamado Reactiva – canalizado por la banca privada en magistral jugada de rescate -, y por una elevada ejecución de inversión pública para este año (dicen que 35% superior a la del 2020). A esto se suman algunos fondos de apoyo para sectores específicos, la ampliación de algunos programas estatales de empleo temporal, mayor gasto en políticas sociales y una transferencia masiva de 600 soles. Pese a que está recomendado por el FMI y se cuenta con el dinero para solventarlo, el plan no incluye un conjunto de bonos significativos y universales en favor de la población. Como se sabe, Reactiva prácticamente no ha llegado a las micro y pequeñas empresas, por lo que ha sacado de la quiebra sólo al sector no precario, y reimpulsado a los millonarios de nuestra economía. El resto de la estructura empresarial, donde hay miles de quiebras y millones de desempleados, nunca saldrá de la depresión de esta crisis pandémica, y se hará más precario.
De lo anterior, la reactivación en curso es claramente subdesarrollante, porque degrada – aún más – a la gran mayoría del país, dejándola sin ningún apoyo para recuperación alguna, y más bien elevando sus negativas brechas productivas y de ingresos frente al 15% privilegiado. Esto es muy conveniente para los conglomerados empresariales, que requieren un contexto de precariedad que le abarate insumos y mano de obra, para así poder maximizar la ganancias del próximo gran ciclo de crecimiento ya augurado públicamente por las expeditivas cabezas del MEF y el BCR, de sutil y permanente trabajo ideológico en los medios. Una vez más seremos líderes de la región, dicen. Obviamente, las millonarias empresas en mención no sólo se van a recuperar rápidamente, sino que van a crecer a niveles suficientes como para no sentir la crisis pandémica en sus evaluaciones de largo plazo. Y en esta precariedad cada vez más insostenible, seremos presas fáciles del velo consumista y la manipulación política, lo que nos llevará a loar y entender como indispensables las inversiones de los conglomerados, que explican crecimientos del PBI que nada tienen de desarrollantes ni de progresistas.
Desde luego, por su boca muere el pez, y es ilustrativo verlo. Sobre Reactiva, Julio Velarde ha defendido el programa informando que ha llegado a empresas que cubren hasta dos tercios del empleo formal; es decir, al 20% de nuestra estructura empresarial. Juez y parte al cabo, él no va a confesar que no tiene interés en el restante 80% porque su rezago es parte del modelo de subdesarrollo que conviene a los grandes capitales nacionales y extranjeros. Dirá que las capacidades productivas y la poca relevancia de esta mayoría dentro del PBI – expresada en su habitual informalidad – les impide provocar un periodo de crecimiento (lo que es cierto, pero a razón de 200 años de capitalismo depredador), y que lo único que puede traer prosperidad y empleo tras la crisis es la gran inversión, lo que es falso. Tiene de dónde engañarse el prestigioso y tecnocrático Velarde, pues esto de pretender que el gran capital es el artífice exclusivo del progreso, y por lo tanto se debe teorizar desde sus perspectivas y recomendar modos de gobierno en su favor (incluidas las reactivaciones), es un espíritu que el liberalismo económico trae desde Adam Smith, salvo que éste hablaba de empresas intensivas en empleo como son las industriales, y además esperaba – aunque admitiendo la desigualdad favorable a la clase capitalista – que toda la economía se beneficie del crecimiento, con bienestar y progreso material.
En relación a la apuesta por la inversión pública, se ha dado el innecesario argumento de que el BCR ha comprobado su mayor efecto multiplicador (capacidad de dinamización económica) frente el resto de alternativas, cuando es una decisión que nadie ha cuestionado. Ciertamente, todos sabemos que buena parte de estos millones del presupuesto van a ser ejecutados por los grandes grupos empresariales que se reparten obras públicas vía coimas, y que estaban en cola, detrás de los hoy delatados. No hay otras rutas en el Perú, menos con un pedido de apuro regional del mismo Waldo Mendoza, lo que por fuerza lleva a relajar controles y facilitar los actos de mega-corrupción de siempre.
Y con respecto a la negativa a entregar una cantidad razonable de apoyo en bonos universales – para ayudar a evitar la pobreza y a levantarse mínimamente a millones – se han dado argumentos débiles desde el principio, aunque populares ante el sentido común liberal. Uno muy reiterado, es aquel que alude a cuidar el gasto para enfrentar mejor lo que viene de la emergencia y, sobre todo, para controlar el déficit fiscal – hoy inevitablemente alto – a la brevedad posible. Este indicador en cifra negativa no es otra cosa que una deuda a honrar a plazos, pero es una fijación estratégica del modelo capitalista global, pues es una forma de evitar la intervención distorsionante del libre mercado en “equilibrio óptimo” (para los grandes empresarios, no para todos) y la inflación, que casi siempre son correlativos al exceso de gasto público que genera endeudamientos; aunque en realidad, puede darse el caso de que haya superávit e inflación, o déficit con estabilidad de precios, como nos pasa ahora mismo. Al final siempre mandan ellos, así que condicionan la inversión extranjera y la entrega de créditos a la desaparición del déficit presupuestal, lo que en la práctica dificulta la indispensable intervención del Estado para construir nuestro desarrollo.
Con diferentes argumentos y poca explicación seria, todas las reactivaciones de nuestra vida republicana han sido subdesarrollantes, sobre todo aquellas cuyas crisis que incluían lo inflacionario, como la de fines de los 80, que Fujimori solucionó con un ajuste de extrema e innecesaria radicalidad. En todas las recesiones había otras salidas, pero escapando del capitalismo liberal que subdesarrolla con variados métodos, entre ellos las reactivaciones.
