Patricia Chirinos

La madrugada del 4 de agosto los asistentes al bar “La Noche” de Barranco reconocieron a una recién llegada al local, la congresista Patricia Chirinos, quien se hallaba acompañada y ya sentada en una mesa como una asistente más. El bar “La Noche” es conocido por ser uno de los centros de la bohemia limeña barranquina, que no está compuesta por barranquinos sino por los usuales visitantes del distrito de Barranco, el más pequeño de Lima metropolitana y que es reconocido por ser un centro de atracción turística. Hace cien años Barranco era un balneario de lujo y hoy es un distrito partido en tres: una zona de clase alta, que vive en edificios de alta gama aledaños a la zona del mar, otra de clase media ubicado a solo unas cuadras en donde abundan restaurantes, peñas y bares y una zona pobre notoriamente marginada de la prosperidad que abunda en el resto del distrito. Por su singular arquitectura republicana, que aún subsiste a pesar de la modernización, Barranco es una de las joyas de la capital que ha sufrido durante décadas la maldición de la mala gestión de sus alcaldes, con muy pocas y contadas excepciones, y que terminó de ser partido en dos con la construcción del Metropolitano por el alcalde metropolitano Luis Castañeda. Barranco ha sido y es el hogar de artistas ilustres como José María Eguren, Julio Ramón Ribeyro, Mario Vargas Llosa y Ramiro Llona; otros personajes importantes vinculados al barrio fueron el historiador José Antonio del Busto, la dirigente de Villa El Salvador María Elena Moyano, allí nacida, y los políticos Alan García y Jorge del Castillo, este último que inició su carrera en la cuestión pública como alcalde del distrito. Hoy cuenta como su más importante atracción el Museo de Arte Contemporáneo. 

La belleza del distrito es tan obvia como el descuido que padece. Su ambiente artístico y cultural, que lo identifica como el barrio más “hípster” de la ciudad, contrasta con la nula identificación con estos valores por parte de la mayoría de sus gestores municipales. “La Noche” es un bar que ha logrado crear un ambiente nocturno típicamente progresista. Hace unas décadas podías toparte allí con personajes como Paco de Lucía o Joaquín Sabina y seguramente sigue siendo un bar visitado por otros artistas internacionales que no logramos reconocer. Para estos lugares, es el ambiente creado por los mismos asistentes y no tanto la calidad del servicio la principal razón de su atractivo.

Patricia Chirinos se hallaba en compañía de Luis Aragón otro congresista quien, a pesar de tener nombre de poeta, no tiene mayor relación con los círculos bohemios y artísticos limeños. Chirinos, en cambio, sí es conocida por muchos miembros dentro de tales tertulias, ya que mucho antes de entrar a la política era una asidua visitante de la zona artística de la calle Quilca, en el Centro de Lima.

 Al ser reconocida por los asistentes, fue abucheada de manera agresiva por los asistentes, quienes exigían que se retirara del lugar. Los insultos se volvían cada vez más sonoros y violentos. En algún momento, fue lanzado un vaso de vidrio que por fortuna no causó daños. Un grupo de meseros tuvo el tino de formar un cordón frente a los dos congresistas para evitar que la agresión verbal pasara a mayores. Los congresistas decidieron retirarse a regañadientes del lugar.

Se supo de la noticia porque fue grabada desde varios ángulos y fue publicada en las redes digitales por los mismos agresores, quienes fueron aplaudidos por miles de comentaristas que apoyaban ese acto espontáneo de repudio. Las razones de ese rechazo no son, ciertamente, inexplicables. El Congreso del Perú es la institución que causa la mayor desaprobación de la población peruana y que, según varias encuestas, supera el 90%. Todo parece indicar que nunca antes nuestro parlamento ha soportado tanto repudio, por parte de todos los sectores, desde la izquierda hasta la derecha. El desprestigio de la institución parlamentaria ha sido bien ganado. Lo que hace solo dos décadas era un puesto de autoridad que merecía aún cierto respeto, hoy es visto por una apabullante mayoría como un trabajo ocupado por personas ineptas, corruptas y abusivas que han dejado ya no son representantes de sectores ideológicos o gremiales y son más bien lobistas de sus propios intereses y de pactos infames. Ya todos entendemos que las etiquetas que identifican a los parlamentarios como conservadores, liberales, socialistas o sindicalistas están completamente vacías, salvo una o dos excepciones a lo sumo. Desde que existe la política, siempre ha habido cinismo y negociaciones encubiertas porque el manejo del poder opera de esa manera. Como lo explicaba Max Weber hace más de cien años, la política es el arte de los fines, no de los principios, y por ello sentenciaba que todo aquel que se involucra en la política firma un pacto con el Diablo. No se puede juzgar a un político por la pureza en sus convicciones sino por sus logros. La gran diferencia con lo que el Perú y otros países experimentan es la pérdida de las formas, la degradación de la formación política, que exigía a quienes la ejercían el entendimiento y el uso correcto de las formas y, sobre todo, la capacidad de mostrar resultados. Muy lejanos están ya los tiempos en los que se llegaba ser diputado o senador junto con alguna destacada carrera como académico, industrial, sindicalista o líder de una corriente ideológica. Personajes como Ernesto Alayza Grundy, Róger Cáceres Velásquez, Roberto Ramírez del Villar, Javier Valle Riestra, Javier Diez Canseco, Rolando Breña Pantoja, Manuel Dammert o el mismo Enrique Chirinos Soto, padre de la congresista Patricia Chirinos, poseían caracteres y visiones distintas y con frecuencia enemistadas pero tenían no pocas características en común: una larga carrera política que los había llevado a ganarse su puesto frente a otros contrincantes dentro de su mismo partido y una amplia cultura sobre temas nacionales e internacionales ganada por cierto esfuerzo intelectual y la experiencia en innumerables viajes por el país y el mundo. Ello les permitía ser considerados representantes de un sector ideológico o social. Eran además buenos oradores y demostraban con sus gestos y su capacidad de movilizar a sus seguidores ser partes de una élite que podía ser respetada al menos por los suyos.  

Esa falta de representatividad está conectada con la percepción de que para llegar a ser congresista no se requieren mayores méritos. El anti intelectualismo y el anti elitismo, que en principio parecen ser más democráticos e inclusivos que sus contrarios, abonan en esta creencia cada vez más extendida. El ciudadano y la ciudadana de a pie ya no tiene una buena respuesta a la pregunta de por qué cierto personaje ha llegado al puesto de congresista y no él o ella misma. La carencia de ese distanciamiento impide que el político posea una mínima aura de admiración o respeto. Por tanto, sus sueldos y sus privilegios son percibidos como injustificados y sus intentos de baños de popularidad son comprendidos como falsos. Dado que dicha aura de importancia y respetabilidad son inexistentes, insultar directamente a un congresista e incluso a la presidente es mucho más fácil, ya que no hay ninguna barrera simbólica que romper. 

Por más que se insista en lo contrario, para el funcionamiento de la vida pública las formas son más importantes que los llamados “asuntos de fondo”. Por ello, el político que no comprende o se empeña en no cumplir con las formas que se esperan de él o de ella se enfrenta con mayor probabilidad al escarnio público. 

Definir si las personas que participaron del abucheo han cometido algún delito, es decir, un acto penalmente punible, corresponde al campo del derecho. En mi opinión, esta es una cuestión secundaria frente a la pregunta de si ese tipo de acoso es socialmente aceptable. Para mí (aunque sean pocos los que compartan mi idea) esta pregunta se resuelve cuestionando en qué tipo de sociedad queremos vivir, es decir, si ese tipo de acción, independientemente de que sea espontánea, independientemente de que esté propiciada por los efectos del alcohol que facilitan la ira, contribuye a una mejor convivencia. Mi respuesta es que no. Las funas, los escraches, los acosos contra las personas que repudiamos, pero también los juicios sumarios y las cancelaciones, debilitan aun más la frágil democracia que padecemos. Algunos olvidan que Piero Corvetto, jefe de la ONPE, fue acosado en un restaurante del Club Regatas por un socio convencido de que el funcionario era parte de un complot para sostener unas elecciones fraudulentas. Además ¿basta una acusación en las redes para que un docente sea separado de su institución? ¿No es necesaria una investigación y un consecuente proceso para definir si hay responsabilidad y se ha cometido un acto sancionable?

Sin duda los personajes públicos deberían ser los primeros en defender el respeto a las formas. Pero los ciudadanos también tenemos una responsabilidad, que incluye cumplir con las indicaciones de los semáforos, con las exigencias de nuestras labores, con la tolerancia a quien piensa distinto, así como no dejarse llevar por la ira. La construcción de una sociedad democrática requiere de ciudadanos capaces de contenerse, de expresar su oposición al poder mediante canales institucionales y normativos que sean más efectivos. La cancelación mutua no parece ser la reacción más sensata si se desea observar el objetivo de una convivencia propiamente política.

He expresado en múltiples ocasiones desde mis propias redes la repulsión que me causa un grupo fascistoide como “La Resistencia”. Sus lemas reaccionarios, sus gestos nacionalistas y patrioteros me resultan despreciables. En ellos resuena de manera notoria la imaginería matonesca de las SA y de los “fasci di combattimento” que florecieron en la Europa de los años 30. Las consecuencias de ese espíritu sectario, supremacista y anti social son conocidas. Nadie que posea convicciones democráticas puede desear convertirse en un espejo de tales tácticas. La ciudadanía debe prevalecer sobre la masa.

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Escrache, Funa, La Noche, Patricia Chirinos

[La columna deca(n)dente] La política peruana es un campo fértil para la controversia y, en ocasiones, la comedia involuntaria. Dos incidentes recientes ilustran cómo algunas autoridades públicas reaccionan a las críticas con falta de profesionalismo, rozando lo caricaturesco.

El primero involucra a la presidenta Dina Boluarte, quien al ser confrontada por un ciudadano que la llama «corrupta», responde con un insulto infantil: «¡Tu mamá!». Sería de esperar una respuesta más digna y madura de la máxima autoridad del país. Sin embargo, Boluarte parece haberse quedado anclada en sus años de secundaria. La situación es absurda, recordándonos a una comedia de situación. Aunque la respuesta provoca risas por su vulgaridad inesperada, es un triste recordatorio de cómo algunos líderes se rebajan a niveles básicos de comunicación y demuestra falta de respeto hacia el cargo que ostenta.

Otro incidente digno de un episodio de «Políticos al borde de un ataque de nervios» sucede en el bar La Noche, donde la congresista Patricia Chirinos es abordada de manera espontánea por los presentes, quienes le gritan «¡fuera rata! ¡fuera corrupta!» y le piden que se retire junto a su acompañante, un poco conocido parlamentario de Acción Popular. La tensión es tal que una persona les lanza un vaso de vidrio con cerveza, hecho absolutamente condenable. Ante esto, Chirinos se retira con un gesto: el dedo medio de su mano derecha y llamándolos «imbéciles», como si fuera un acto de comedia.

Estos incidentes cuestionan la legitimidad de la representación política en el país. Los políticos representan al pueblo, pero en estos casos, no demuestran respeto por las opiniones y preocupaciones de los ciudadanos y de las ciudadanas. La respuesta de Boluarte y Chirinos a las críticas es defensiva y agresiva. Esto sugiere una desconexión entre ellas y la ciudadanía, y una falta de rendición de cuentas hacia aquellos a quienes representan. Parece que ambas olvidan que los representantes deben actuar en nombre y por el bien de los representados. 

La política no debe ser un escenario de comedia involuntaria, sino un espacio para el diálogo constructivo, el disenso y el consenso. Por eso mismo, es crucial que nuestros políticos reflexionen sobre su papel como representantes del pueblo que los eligió. No es mucho demandarles que demuestren respeto y empatía hacia las opiniones de ciudadanos y ciudadanas; actúen con transparencia y rindan cuentas de sus actos en el ejercicio del poder conferido por los electores.

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Bajo la hipótesis de que en el conflicto desatado por la Junta Nacional de Justicia y entre ésta y la Fiscal de la Nación, no están en juego criterios objetivos y técnicos de análisis jurisdiccionales sino motivaciones ideológicas claramente identificables, es factible proponer una suerte de arreglo de diferencias que nos permita resolver la crisis que enerva en estos momentos al país político (porque, por supuesto, al grueso de la población el tema ni le va ni le viene).

El tema es sencillo de remediar. Que la Junta Nacional de Justicia, predominantemente caviar, se retire la sangre del ojo en contra de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la deje gobernar en paz. El país, salvo la izquierda, está agradecido con ella por haber permitido que gracias a su implacable labor de pesquisa se conocieran las corruptelas de espanto del expresidente Pedro Castillo y que éste, acorralado por las evidencias y desesperado, intentara un fallido golpe de Estado, que al final ha terminado con sus huesos en la cárcel, como corresponde.

Que eventualmente la JNJ la amoneste, como parece merecer, y que propenda a su enmienda en lo actuado en el caso de su hermana y santo bueno, que se mantenga en el cargo, continuando con la labor de limpieza política que el país entero le agradece (de haber continuado Castillo, hoy el país estaría en escombros).

Del otro lado, a ver si Keiko Fujimori, la gran titiritera de este asunto, controla a la inefable Patricia Chirinos y la lleva a retirar el pedido de sanción contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, una barbaridad jurídica por donde se le mire y que claramente es parte del plan conservador de efectuar una razzia caviar del Estado peruano, que en este caso se acrecienta porque se advierte el intento de la JNJ de pretender inhabilitar a la fiscal Patricia Benavides, por ojeriza ideológica más que por razones legales.

Ya la congresista Chirinos peca en abundancia de desatinos (como su precoz intento de vacancia de Castillo que lo único que permitió fue fortalecerlo), como para que se le permita seguir cometiéndolos con fruición. Una reconvención parlamentaria del intento de destitución de la totalidad de la JNJ bajaría enormemente las tensiones más aún si va de la mano con las consideraciones del caso a la fiscal Benavides.

Sabemos que legalmente, las cosas no se arreglan así y no cabe una reunión cumbre entre la congresista Chirinos o Keiko Fujimori con el presidente de la JNJ o la mano caviar que mece la cuna, pero no somos ingenuos de creer que en esta turbamulta no hay un trasfondo ideológico de guerra cruenta entre DBA y caviares que buscan ajustar cuentas en cuanta oportunidad se pueda. Después de todo, al final del día ya el próximo año se elige a una nueva JNJ y allí la derecha conservadora podrá imponer sus reales sin generar la turbulencia innecesaria que hoy está generando. Por hoy, que se queden la JNJ y la fiscal Benavides.

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Fiscal de la Nación, Junta Nacional de Justicia, Keiko Fujimori, Patricia Chirinos

“Conversé con muchas madres de las bases del vaso de leche y entendieron que lo que consumían sus hijos no era nutritivo, pero la mayoría de presidentas, entre ellas Pilar Brito, no quisieron dar su brazo a torcer”, señaló la dirigente ganadera. «Ellas no dicen nada, porque les dan de todo», informaron las madres del vaso de leche a Vargas.

No es la única vez que Pilar Brito estuvo presente en medidas que favorecen a la industria láctea. Cuando Patricia Chirinos presentó el proyecto de ley que se mencionó en párrafos anteriores, Pilar Brito encabezó las marchas para derogar el decreto supremo y declaró a medios de comunicación la afirmación de siempre: las mezclas lácteas son nutritivas y la leche fresca no.

Pilar Brito estuve junto a Patricia Chirinos el día que se presento el proyecto de ley en contra del decreto supremo
Pilar Brito estuvo junto a Patricia Chirinos el día que se presentó el proyecto de ley en contra del decreto supremo.

“Hubo una logística grande, se pagaron buses y alimentos para las madres que protestaron. Sería curioso saber quién financió eso”, cuestionó Vargas. Al respecto Silvia Pareja dijo que muchas madres fueron obligadas a ir a la marcha. “Si no iban las raciones de leche en sus bases iban a ser cortadas, recibí varios mensajes de madres contándome lo mismo”, aclaró la dirigente.

Días después de que las afirmaciones de Brito y la industria láctea fueron desmentidas, Pilar Brito llamó a Nivia Vargas para tener una reunión con ella. «Los de Gloria siempre nos han invitado a su planta, pero no sabíamos que los ganaderos tenían buenas vacas», se excusó Brito. “Dijo que dejaría el tema ahí, pero ha vuelto a incentivar que se derogue el decreto. Si la norma se anula, ganaderos y madres del vaso de leche haremos marchas hasta que se deje de perjudicar a los niños”, finalizó la presidenta de Agalep.

Sudaca intentó comunicarse con Pilar Brito para recoger sus descargos sobre las acusaciones que se le hacen, pero hasta el cierre de este informe no recibió respuesta alguna. 

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Gloria, industria láctea, Patricia Chirinos, Vaso de Leche

 

La oposición planea sus próximos movimientos en un tablero delimitado por la guerra entre el Congreso y el Ejecutivo. Una de las jugadas que se avecina es comunicar que María del Carmen Alva no irá a la reelección como presidenta del Congreso. Esto por haber desgastado su imagen con exabruptos. Un 62% la desaprueba, de acuerdo al último sondeo de Ipsos Perú.

La sucesión congresal caería en manos de Alianza Para el Progreso (APP), como parte de un acuerdo interno entre opositores tomado a inicios del gobierno de Pedro Castillo. “En julio debe asumir alguien de APP. Es pertinente que haya un cambio para refrescar, en un momento importante y delicado”, dice Eduardo Salhuana (APP), quien desde ya es voceado para asumir la cabeza del Parlamento. La agrupación de César Acuña ocupa hoy la primera vicepresidencia, con Lady Camones.

Eduardo Salhuana
Eduardo Salhuana Cavides, vocero de la bancada de Alianza Para el Progreso, apunta a ser el próximo presidente del Congreso. Fuente: Andina.

“En Acción Popular no van a apoyar a María del Carmen Alva en caso de  presentarse a la reelección, porque ella no representa el sentir del partido, por más que pida disculpas. Ha hecho un daño político enorme”, dice el legislador de Perú Democrático, Carlos Zeballos, quien renunció en octubre a la bancada de la lampa.

Alva, que fue asesora de la bancada de Acción Popular entre el 2012 y el 2016, tiene una imagen mellada dentro de su propia tienda. María Sáenz Zenteno, militante de la lampa, trabajó varios años en el Congreso y recuerda así a su actual presidenta: “Ella maltrataba a la gente que trabajaba ahí. He visto un maltrato terrible de esta señora en años pasados”.

Por ejemplo, asegura que Alva -cuando era asesora- tuvo un fuerte intercambio de palabras con la militante cusqueña de Acción Popular, Celia Quispe, quien entre el 2015 y el 2016 también trabajó para la bancada. “En un momento le dijo, en una discusión, ‘Tú eres una Quispe y yo soy una Alva’. Prima más en ella los sentimientos negativos y el racismo”, cuenta Sáenz Zenteno. Ella admite estar mortificada porque la actual Mesa Directiva no le renovó el contrato.

 

Conferencia de prensa
María del Carmen Alva Prieto, presidenta del Parlamento, brinda una conferencia el miércoles pasado con voceros de otros partidos, entre ellos Waldemar Cerrón, de Perú Libre. Fuente: Congreso.

 

María Sáenz es una militante conocida en los predios acciopopulistas, dado que laboró varios años como asesora del exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde. Buscamos a Celia Quispe, pero no quiso dar declaraciones.

 

GRIETAS EN LA OPOSICIÓN

Otro de los personajes que ha perdido peso en el bloque opositor es Patricia Chirinos. Hoy un grupo de congresistas marca distancia con la parlamentaria de Avanza País, feroz adversaria del presidente Castillo, en medio de una aparente tregua con el gobierno. “Todos sabemos que Patricia Chirinos tiene declaraciones irresponsables. Ya nos tiene acostumbrados. No sé si su intención es sumar o restar”, dice a Sudaca Elvis Vergara, vocero de Acción Popular e incondicional de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Chirinos es vista con recelo por un sector de la oposición desde que presentó una moción de vacancia contra Castillo en noviembre, sin coordinación previa. “Hemos considerado riesgoso que Patricia Chirinos haya tenido la iniciativa de presentar una moción de vacancia nada concertada y poco oportuna, que golpeó duramente esta figura constitucional. Una medida tan seria, tan dramática y tan extrema aún dentro de los cauces democráticos, como es la vacancia presidencial, no puede ser un asunto de inspiración personal”, dice Luis Ibérico, secretario ejecutivo nacional de Alianza Para el Progreso.

Una fuente parlamentaria cuenta a Sudaca que la legisladora por el Callao no es convocada desde entonces a las coordinaciones por tener un juego propio. Chirinos no fue llamada, por ejemplo, a la reunión organizada por la Fundación Friedrich Naumann y el Centro de Innovación de Políticas Públicas, en la que estuvieron las caras más visibles de la oposición y que fue dada a conocer por “Hildebrandt en sus Trece”. Dicha fundación pertenece a “Atlas Network”, una poderosa red de think tanks norteamericana fundada en 1981, que combate a los gobiernos de izquierda.

Chirinos asistió, eso sí, a su propio evento. El 1 de febrero pasado fue la estrella invitada del foro “Crisis de democracia en Perú”, organizado en Miami por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID), una institución que también pertenece a la red de “Atlas Network”.

Patricia Chirinos
1 de febrero. Exposición de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos Venegas, en Miami, en el foro “crisis de democracia en Perú”, organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia.

El IID es dirigido por el boliviano Carlos Sánchez Berzaín, quien suscribió las falsas teorías de fraude electoral en la campaña peruana y considera al gobierno de Pedro Castillo “castrochavista”. Chirinos dijo en su exposición que “he decidido presentar una denuncia constitucional contra Pedro Castillo por sus constantes faltas a nuestra Carta Magna y a través de ese mecanismo permitir que el Congreso vote por su destitución e inhabilitación”.

Y, efectivamente, el 8 de febrero Chirinos presentó un proyecto para modificar el artículo 117 de la Constitución y ampliar las causales para acusarlo durante su gobierno, incorporando las figuras de “actos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos humanos y graves infracciones a la Constitución”.

“La Mesa Directiva y los voceros tratan de dar una conferencia, buscando poner paños fríos a la tensión  política, y ella sale en un foro internacional diciéndole de todo el presidente. Actúa de manera individual”, dice a Sudaca el vocero de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana.

Aunque un asesor de Chirinos dice a Sudaca que la legisladora mantiene relaciones cordiales con sus colegas de la oposición, la bancada de Avanza País -a la que pertenece Chirinos- es el único grupo de oposición que ha informado que no asistirá a la ronda de diálogo planteada por el primer ministro Aníbal Torres.

Los planes para un reacomodo en la oposición se dan cuando el 74% de peruanos, según una reciente encuesta de Ipsos Perú, está a favor de que ‘se vayan todos’ y de que convoquen a nuevas elecciones presidenciales y congresales. Es decir, hasta el momento el Congreso tampoco supo jugar bien sus fichas contra un rival que se ha tropezado solo. ¿Corregirá?

 

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Mari Carmen Alva, Patricia Chirinos

Por Melissa Pérez Huaringa

Hace seis años Patricia Chirinos Venegas, fallida promotora de la vacancia presidencial y entusiasta de los hornos para incinerar corruptos, fue señalada de tener estrechos lazos con el hampa. El 11 de setiembre del 2015, un testigo protegido de la Fiscalía contó que, durante su gestión como alcaldesa de La Perla, la actual tercera vicepresidenta del Congreso le pagaba cupos a la organización criminal “Barrio King”, liderada por el peligroso Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”. Lo habría hecho, según el delator, a través de una empresa municipal de limpieza pública: ESLIMP Callao.

¿El pago a los criminales significaba que las autoridades eran víctimas de extorsión o más bien -a la luz de las políticas de Chim Pum Callao- se había montado una red clientelar para favorecer y favorecerse de los delincuentes? El fiscal a cargo del caso nunca lo averiguó. Tres meses después de brindar su manifestación, el 2 de diciembre, el testigo fue acribillado de 25 balazos por dos sicarios al servicio de “Caracol”.

De acuerdo a la página 234 de la sentencia judicial del caso “Barrio King” -del 25 de febrero del 2019-, el hombre que cantó los detalles de esta trama criminal era el exconvicto Wilbur Castillo Sánchez. Le habían asignado el código S/N-2-2015

Sus deudos acusaron directamente a Chirinos, la ‘Woman’ del Callao, de ser una de los autores intelectuales del crimen que aún sigue sin resolver. Pero ese homicidio no es el único escándalo del caso. El fiscal que pudo haber desentrañado los vínculos entre Barrio King y las autoridades chalacas demoró tres años en archivar todo lo concerniente a los cupos en la empresa de limpieza pública. 

Con tanto tiempo perdido, ciertos políticos, hoy vigentes -así como  jueces y fiscales-, podrían haberse salvado bajo un manto de impunidad. Esta es la historia.

 

LOS PAGOS A ‘BARRIO KING’

Wilbur Castillo Sánchez era el testigo estrella del fiscal supraprovincial de crimen organizado Víctor Raúl Luna Castillo. Luna estaba a cargo de investigar a los 34 miembros de “Barrio King” acusados de asesinato, hurto agravado, asociación ilícita y extorsión de varias empresas, entre ellas la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza Pública (ESLIMP) del Callao.

En noviembre del 2015, el fiscal ya reconocía (en su formalización y continuación de investigación preparatoria)  que existían  «elementos que direccionan la influencia de la organización criminal ‘Barrio King’ en cargos públicos o personas en la esfera política, funcionarios de la administración pública”. Luna hablaba expresamente de funcionarios penitenciarios y de la municipalidad de La Perla, ESLIMP, regidores, jueces y efectivos de la PNP.

El escrito agregaba: “Si bien es cierto su finalidad primordial [la de ‘Barrio King’] es la obtención de beneficios económicos a través de la extorsión -cobro de cupos- o cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica, esta también se ve condicionada a futuros favores como paralizaciones, apoyo en campañas y otras”. Es decir, el fiscal sabía que más allá de la extorsión, el pago a los criminales significaba un intercambio de favores para las autoridades.

Fue Wilbur Castillo quien reveló al fiscal Luna los estrechos vínculos de “Caracol” con autoridades locales del Callao, entre ellas ‘Patty’ Chirinos. Dijo también que los pagos a los delincuentes se hacían a través de la empresa de limpieza de la municipalidad provincial del Callao -la mencionada ESLIMP-, donde un regidor oficialista de la gestión de Chirinos era el gerente.

“La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores. [Lo hace] a través del señor Cochella, quien es su regidor y a la vez gerente general de la ESLIMP Callao”, contó.

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Declaración de Wilbur Castillo: «La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores».

El testigo se refería a Joaquín Cochella Maldonado, gerente general de ESLIMP entre el 2011  y el 2019, y regidor del municipio de La Perla en la gestión de Chirinos entre el 2015 y el 2018. Ambos llegaron a sus cargos públicos cobijados por Chim Pum Callao. Ella era militante chimpunera y él fue invitado. “El señor Cochella entregaba 100 sobres de S/1.500 al ‘Cholo Papo’ para que este entregara a los sicarios de ‘Caracol’. Últimamente, este ya no entregó […] Ese es el motivo de la muerte de este sujeto”, le dijo Castillo al fiscal Luna. El ‘Cholo Papo’, Jorge Luis Vargas Villa, figuraba como “locador de servicios” de la empresa de limpieza. Fue asesinado el 1 de julio del 2015.

El testigo protegido explicó que la red criminal de ‘Caracol’ estaba “incrustada” desde la municipalidad de La Perla hasta el mismo Gobierno Regional del Callao. “La gran ambición de ‘Caracol’ es tener el control de todo el Callao, el cobro de cupos, sacar el dinero de las municipalidades y Gobierno Regional”, dijo. Y contó que las autoridades del gobierno regional “forman supuestos programas de ayuda social para los barrios del Callao para sacar el dinero” de sus arcas.

¿A qué se refería con eso último? Para ese momento, dirigentes sociales del Callao, extrabajadores de ESLIMP y exfuncionarios de la región ya habían denunciado que sus autoridades pagaban cupos en planillas fantasmas a criminales a cambio de protección, apoyo en sus campañas y amenazas a sus opositores.

De hecho, en su gestión como alcalde provincial, entre 1996 y 2006, Alex Kouri creó el programa de resocialización de exconvictos que terminaban brindando seguridad en los municipios. Entre ellos estaban Wilbur Castillo y el conocido delincuente Federico “el Loco” Perochena. Luego, como gobernador regional, Kouri logró obtener la gestión del penal Sarita Colonia gracias a un convenio con el Ministerio de Justicia.

La protección continuó años después. El exgobernador regional Félix Moreno promovió que se contrate excriminales en los hospitales chalacos. Un caso es el del Hospital de Ventanilla, donde se denunció la contratación de personal fantasma.

En una fotografía que aún sobrevive en redes sociales, el mismo Wilbur Castillo aparece sosteniendo una radio de comunicación a distancia junto a la actual congresista Patricia Chirinos y otros personajes ataviados con camisas azules. Alberto Paz de la Vega, dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao, indica para este informe que el 2012 Chirinos presentó al grupo «Los azules  de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito. Ella era en ese entonces consejera regional del Callao.

La relación entre Wilbur Castillo y Patricia Chirinos, sin embargo, luego estuvo marcada por denuncias de ida y vuelta. Castillo fue detenido en enero del 2013, luego de que la actual parlamentaria lo denunciara por extorsión. Castillo denunció entonces que en su detención, los policías, entre ellos Francisco Samamé, le sembraron un arma. Samamé también fue investigado en el caso ‘Barrio King’.

Castillo salió libre en enero del 2014, con Chirinos aún como consejera del Gobierno Regional del Callao que encabezaba Félix Moreno. Ese mismo año, denunció que la entonces militante de Chim Pum Callao y candidata a la alcaldía de La Perla amenazó de muerte a su madre. 

El 2015, Wilbur Castillo decidió colaborar en la investigación que Víctor Luna Castillo seguía contra ‘Barrio King’. El día de su asesinato, en diciembre del 2015, su hermano Robert dijo en Canal N: “Acá hay una mafia que la manejan la presidencia de la región, la comisaría, un general. ‘Caracol’ trabaja con Samamé [el suboficial Francisco Samamé Vidal], que es policía, con Patty Chirinos y Félix Moreno”.

El hombre denunció a Moreno, Chirinos y a Rogelio Canches (entonces congresista) de ser los autores intelectuales del crimen y “haber contratado a sicarios y mafias del Callao y crear un narcodistrito”. Robert Castillo fue asesinado de diez balazos en el 2020.

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Wilbur Castillo junto a Patricia Chirinos. Un dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao indica para este informe que, el 2012, Chirinos presentó al grupo «Los azules de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito.

 

VERGONZOSO ARCHIVAMIENTO

Luna tenía, además del testimonio de Wilbur Castillo, escuchas telefónicas registradas entre mayo y setiembre del 2015 que revelaban la trama de corrupción en ESLIMP. En una de ellas, los miembros de “Barrio King” mostraban su preocupación porque “Renzito” (Renso Brisolesi Espinoza, líder de una organización rival) “había chapado ESLIMP con Cochella”.

En otro audio, “Colorao” (Juan Romero Echevarría), a cargo del cobro de cupos, le indicó a Alexander Joel Muñoz Vásquez, lugarteniente de “Barrio King: “Necesito el libro para hacer los documentos y dejárselo a Cochella. Los camiones de ESLIMP están trabajando en la Municipalidad de La Perla”.

El 16 de octubre del 2018, tres años después, el fiscal Luna presentó su acusación penal ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Denunció a “Caracol” y a los demás miembros de su organización de varios delitos por los que hoy purgan prisión, pero increíblemente pidió sobreseer la investigación contra “Caracol” por la presunta extorsión a la empresa de limpieza pública. ¿Qué había pasado?

Luna no buscó desentrañar la intromisión de “Caracol” en los municipios chalacos, ni en el Gobierno Regional, ni buscó saber qué autoridades y políticos estaban influenciados por “Barrio King”. Tampoco escarbó en los apoyos que recibieron los políticos del puerto en sus campañas. Para Luna, “la manifestación del testigo con clave de identidad S/N-2-2015 no ha sido corroborada con otros datos objetivos”. 

Para ese 2018, Luna había reducido el caso a una simple extorsión. Y para el fiscal, las víctimas de aquella extorsión eran los que supuestamente pagaban los cupos de trabajadores fantasmas: el gerente general de ESLIMP o la propia Chirinos. No se percató, o no quiso hacerlo, de que los cupos también podrían significar una alianza entre autoridades y delincuentes, como él mismo lo sugería en su formalización de investigación preparatoria del 2015, mencionada líneas arriba.

Por supuesto, los involucrados negaron todo. Joaquín Cochella dijo a la Fiscalía que la alcaldesa de La Perla no le dio dinero para pagar cupos de trabajo y negó haberse reunido con “Colorao”. ¿“Renzito»? Pues dijo no conocerlos. Chirinos declaró recién el 26 de abril del 2017, a año y medio de abierta la investigación. Dijo no haber sido víctima de coacción o extorsión por “Caracol” o algún miembro de “Barrio King” para el pago de cupos.

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El fiscal Luna archivó todo lo concerniente al caso ESLIMP en 2018.

Contradictoriamente, el 15 de octubre del 2015, cuando Luna ya estaba a cargo de este caso, la actual parlamentaria había dicho a los medios que su comuna era víctima de extorsionadores que le exigían cupos de trabajo y que había despedido a 20 trabajadores fantasmas.

En setiembre del 2016, 50 serenos del municipio de Chirinos denunciaron que dicha comuna les quería hacer firmar irregulares contratos de trabajo quitándoles beneficios y que además habían encontrado en la planilla a trabajadores fantasmas.

Y el 21 de enero del 2019, el entonces alcalde electo de La Perla, Aníbal Jara Aguirre, declaró que a solo días de asumir el cargo, su gestión ya había detectado 200 trabajadores fantasmas en su comuna, en las áreas de serenazgo y mantenimiento, por los que se desembolsaban mensualmente S/200.000. Jara agregó que en la provincia y distritos chalacos se pagaban planillas fantasmas desde hacía más de 20 años.

La Contraloría también halló irregularidades en la gestión de Chirinos como alcaldesa de La Perla respecto a distintas contrataciones. Por ejemplo, el personal CAS (de limpieza, promotores y serenazgo) contratado en el 2015 no tenía hojas de vida documentada y, a diciembre del 2018, los legajos del personal CAS no tenían DNI, partidas de nacimiento, antecedentes policiales ni penales, etc.

En junio del 2018, cuando ella había dejado el cargo para postular a la gobernación regional, hubo un robo de documentos de la oficina de la alcaldía, de recursos humanos y otras áreas. Noticias sobre pérdidas de documentos también han ocurrido en el municipio de Bellavista y en el Gobierno Regional chalaco.

 

GROSEROS YERROS DEL FISCAL

La muerte de Wilbur Castillo fue clave para enterrar esta investigación, pero no fue lo único. Increíblemente, Víctor Luna esperó tres años para poner en conocimiento a la fiscalía anticorrupción de sus hallazgos en el caso de ESLIMP. Recién el 2018 informó sobre los pagos indebidos de esta empresa a dos integrantes de “Barrio King” que cobraban sus sueldos mientras estaban presos: Wilmer Farfán Ruiz y Juan José Romero Echevarría, alias “Colorao”.

También dio a conocer las escuchas telefónicas atribuidas a dos trabajadoras del Gobierno Regional que hablaban sobre el manejo de cupos de trabajo y entregas de dinero a “Barrio King”, y dio información sobre el sembrado de pruebas falsas por policías del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista a los rivales de “Barrio King”.

Luna prefirió mirar a otro lado a pesar de que otras fiscalías ya habían puesto el ojo en ESLIMP y en funcionarios como Joaquín Cochella. En octubre del 2016, por ejemplo, la prensa había revelado contrataciones de miembros de “Barrio King”, por lo que la fiscalía anticorrupción abrió una investigación de oficio.

victor luna fiscal
Fiscal de Crimen Organizado, Víctor Luna. Pudo hacer mucho más.

Ese mismo año, la Fiscalía de Lavado de Activos del Callao también inició investigación contra Cochella, el exalcalde provincial Juan Sotomayor y exfuncionarios de ESLIMP y del municipio provincial que captaban recursos de la empresa de limpieza a través del pago de planillas y servicios fantasmas. Pedimos información al coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, sobre el estado de todas las investigaciones contra Cochella, pero no obtuvimos respuesta.

“En el caso ‘Barrio King’, el fiscal [Luna] debió derivar su investigación a la fiscalía anticorrupción en la etapa inicial. Hacerlo en la etapa de acusación, en el 2018, fue muy tarde y, estando muerto el testigo, no podía investigar”, dice un fiscal consultado especializado en este tipo de casos.

La misma fuente señala que Luna debió desacumular la declaración de Wilbur Castillo desde un principio, recabar más elementos para poder derivarla a sus colegas especializados en delitos de corrupción de funcionarios y que estos pudieran entrevistar al testigo. Otro camino era pedir al Fiscal de la Nación que ampliara sus competencias e indagar él mismo la trama de corrupción chalaca. “Luna no hizo nada de esto, no puede decir que no había elementos de convicción pues no los buscó”, señala el fiscal.

Otro despacho fiscal hizo lo que no hizo Luna. En enero del 2020, fueron detenidos preliminarmente los principales miembros de la organización criminal “Rich Port II”, liderada por Juan Sotomayor (alcalde provincial del Callao entre el 2010 y 2018) e integrada también por el excongresista Víctor Albrecht. Cochella tuvo suerte: la fiscalía pidió para él comparecencia restringida.

Esta investigación, sin embargo, analizó solo hechos ocurridos desde abril del 2019. Desde esa fecha, cuando Joaquín Cochella dejó la gerencia general de ESLIMP, la organización criminal “Rich Port II” extorsionó a la nueva gestión para que siga pagando planillas fantasmas. Según las pesquisas, sin embargo, Cochella habría seguido ligado desde afuera al manejo de la empresa de limpieza y habría tramitado dichas planillas. La red habría ganado más de S/6 millones hasta que cayeron. 

El cobro de planillas fantasmas era un hecho de larga data. Algo que no quiso ver Luna Castillo.

 

NO VIO A LOS “CUELLOS BLANCOS”

Fuentes fiscales con conocimiento del caso indican que Luna tenía interceptaciones telefónicas que revelaban cómo los miembros de “Barrio King” eran favorecidos por jueces y fiscales, y pudo haber identificado a la red judicial al servicio de “Caracol”. Dicha red fue descubierta el 2017 y -con el tiempo y el acceso a más escuchas- llegaba hasta “Los cuellos blancos del puerto”.

Desde el 17 de setiembre pasado, la autora de este informe pidió, reiteradamente, a través del área de prensa del Ministerio Público, entrevistas con los fiscales Luna Castillo, Jorge Chávez Cotrina (coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada) y Octaviano Omar Tello Rosales (coordinador de las fiscalías de corrupción de funcionarios), pero no respondieron.

Patricia Chirinos también optó por no participar de este reportaje. “No hay nada que decir, solamente que no conozco a esa gente. Gracias», escribió.

Moisés Vega de la Cruz, procurador especializado en delitos de orden público, señala que se debe analizar con qué argumentos se pidió el sobreseimiento sobre el caso de ESLIMP dado a conocer por Wilbur Castillo. Afirma que “habría que ver el caso ‘Rich Port II’ y pedir que se investiguen a los funcionarios públicos que se mencionaron en el caso ‘Barrio King’.

Vega se comprometió a realizar acciones. “Vamos a revisar este caso. Voy a conversar con el fiscal y, si nos da mayor información sobre los cuadernos de colaboración eficaz, veremos qué acciones podríamos hacer como Procuraduría. Cabe la posibilidad que el Ministerio Público amplíe denuncias en el caso ‘Rich Port II’ por hechos vistos en ‘Barrio King’ o ampliar otros hechos contra más personas […] Si aparecieran testigos que involucren a Chirinos, se puede investigar”, apunta.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también conoce de las sindicaciones contra Chirinos en el caso “Barrio King”. El 9 de agosto pasado, la Coordinadora Recuperando al Callao y la Mesa de Lucha contra la Corrupción de esa región le pidieron que le solicite a Chirinos un informe sobre su situación en este caso y que pida al fiscal Luna detalle de sus hallazgos. También fueron notificadas las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular y el Partido Morado.

Los fantasmas del pasado, en forma de testigos con clave, pueden volver para atormentar a la exchimpunera.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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barrio king, Callao, crimen organizado, Fiscalía, Patricia Chirinos

Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 270:La variante sudafricana que preocupa a la OMS y la UE. El rechazo a la congresista Chirinos. Y el lunes vuelve Paolo!

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“La vocación nace con uno. No se impone por la necesidad”, escribió en su perfil de LinkedIn Bruno Pacheco. El renunciante secretario general de la Presidencia está en el ojo de la tormenta por presionar al jefe de la SUNAT, Luis Vera Castillo, para beneficiar -entre otros- al grupo Deltron, una compañía de productos informáticos. El escándalo ya es usado como un arma para plantear la vacancia contra el presidente Pedro Castillo. Es uno de los argumentos que plantea la moción redactada por la congresista Patricia Chirinos, de Avanza País, que busca destituir al mandatario, en un escenario de máxima tensión. 

“Se ha hecho de público conocimiento otras denuncias por haber presionado al Jefe de la SUNAT para favorecer a empresas que tienen deudas con dicha entidad”, dice una parte de la moción de 13 páginas, redactada por Chirinos el 15 de noviembre. El documento aún no ha sido presentado formalmente al cierre de esta edición. Necesita 26 firmas como mínimo para presentarse, 52 para ser admitido a debate en el Pleno y 87 para concretar la caída de Castillo.

Moción página
Una parte de la moción redactada por Patricia Chirinos, el 15 de noviembre, que da cuenta del escándalo protagonizado por el secretario general de Palacio, Bruno Pacheco.

En Palacio estiman que, en este momento, la oposición no tiene los votos para vacar al presidente. Pero aseguran que el escándalo desatado por Bruno Pacheco, quien aún no tiene reemplazo, les da una oportunidad para volver a la carga más adelante. “Si el presidente es salpicado de una u otra manera en la investigación fiscal a Pacheco, la oposición sacará las garras porque el tema de la vacancia ya flota en el ambiente. Los opositores ven más posibilidades en este caso que en los Dinámicos del Centro”, dice una fuente palaciega.

Los casos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra vienen a la cabeza ante este despelote. Ambos, como ahora Castillo, se enfrentaron a una feroz oposición congresal. PPK afrontó un proceso de vacancia en diciembre del 2017 por haber ocultado pagos de la constructora brasileña Odebrecht. Kuczynski sorteó la destitución con lo justo tras recibir una ayuda inesperada de Kenji Fujimori. Con la sangre en el ojo, los fujimoristas volvieron a la carga, en marzo del 2018, cuando revelaron los “Mamaniaudios”, donde supuestamente se intentaba comprar votos para salvarle el pellejo al entonces presidente. PPK se vio forzado a renunciar ante su inminente destitución. 

Vizcarra pasó por el mismo trance. En septiembre del 2020 esquivó un pedido de vacancia por la contratación del polémico cantante Richard Cisneros, mejor conocido de “Richard Swing”. El asunto fue visto como un globo de ensayo. El plato de fondo llegó dos meses después, en noviembre de aquel año. Vizcarra ya no pudo driblear la vacancia al ser acusado de recibir sobornos en su etapa como gobernador regional de Moquegua.

Castillo parece haber tomado nota del espinoso asunto. Y busca un acercamiento con el ala dura de la bancada de Perú Libre para tener 37 votos seguros. Una fuente del lápiz asegura que hoy estaba pactada una reunión entre Waldemar Cerrón, el vocero del grupo oficialista parlamentario, y el mandatario. Pero el diálogo no se se antojará sencillo. Si bien es cierto los cerronistas han anunciado que no votarán por la vacancia, no están dispuestos a respaldar al gobierno en todos los demás aspectos.

Fuentes de Perú Libre señalan que Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir, pediría la cabeza de Auner Vásquez, el poderoso asesor de Pedro Castillo. Y es que el ala cerronista lo responsabiliza también del caos que habita en Palacio. El pedido,sin embargo, no será una condición para que la bancada apoye al mandatario en el trance de la vacancia.

Waldemar Cerrón
Waldemar Cerrón Rojas, congresista de Perú Libre y hermano de Vladimir Cerrón,  en una reunión con el presidente Pedro Castillo, según fuentes de Perú Libre. Foto: Congreso.

SONDEOS

Con este clima de división y acusaciones, el gobierno afrontaría un primer pedido de vacancia. Mientras tanto, los congresistas de oposición, con Patricia Chirinos a la cabeza, tratan de convencer a los legisladores para que –al menos 52 de ellos– admitan a debate la moción de vacancia y el presidente Castillo responda a los cuestionamientos ante el Pleno.

Chirinos sondeó a algunos parlamentarios de centro, como José Jerí (Somos Perú), para sumarse a su causa. No obtuvo éxito, de acuerdo a fuentes de Somos Perú. Hasta el momento, bancadas como Alianza Para el Progreso y Acción Popular, con 15 y 16 congresistas, respectivamente, rechazan la vacancia. Los dos grupos parlamentarios son claves, numéricamente hablando, en cualquier votación importante. 

“Nosotros no vamos apoyar el pedido de vacancia. Siempre respetamos los votos que puedan tener nuestros invitados, a quienes tenemos una gran consideración, que son el general Chiabra y la doctora Echaíz. Pero, como partido, la bancada no va a respaldar en este momento ningún pedido de vacancia. El gobierno, pues, tiene que considerar todo lo que estamos haciendo para darle gobernabilidad”, dice Luis Ibérico, asesor principal de la bancada de Alianza Para el Progreso.

“Me preocupa la situación porque estamos actuando con una gran irresponsabilidad. Yo lamento que haya ciertos políticos que vean la vacancia como deporte nacional. Hay congresistas y políticos que están moviendo el avispero demasiado, que están moviendo el panal demasiado. Y cuando al panal mucho golpeas, salen las abejas. Y las abejas salen de manera furibunda, salen para golpear. Están golpeando demasiado el panal y podría haber una convulsión social sin precedentes en nuestro país”, dice, por su parte, Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca y dirigente de Acción Popular. 

GABINETE EN LA MIRA

En paralelo, el exprimer ministro Guido Bellido apunta sus dardos hacia la vicepresidenta Dina Boluarte. “No podemos tener un acercamiento con una persona que habla mal de sus dirigentes y no reconoce a su propio partido. La vicepresidenta plantea conversar con el fujimorismo y no con Perú Libre. Nada bueno va a salir de una conversación con la bancada fujimorista”, dice Bellido a Sudaca. Esto a propósito de una declaración de Boluarte, en Arequipa, donde dijo que se reuniría con Fujimori “de ser necesario” para que la lideresa pueda hablar con la bancada de Fuerza Popular, que empuja la moción de vacancia.

El ala dura también cuestionan a la primera ministra Mirtha Vásquez y a Verónika Mendoza, aliada del profesor Castillo, por cómo está repartida la torta en el gabinete. “No hay proporción en la cuota de poder. Mendoza tiene, para mí, siete ministerios e incluyo al Midis y Trabajo [ambos dirigidos por las militantes perulibristas Dina Boluarte y Betssy Chávez]. Ella [se refiere a Chávez] ha tomado distancia del partido”, dice Bellido. 

La batalla contra Vásquez sigue su curso. La parlamentaria cerronista Margot Palacios pidió –a través de una moción– que la premier dé explicaciones sobre su reunión con el líder de Alianza Para el Progreso, César Acuña, en la casa de este último en La Molina. El encuentro tuvo lugar la noche del 8 de noviembre. “Ahora comprenderá el presidente Pedro Castillo por qué quisimos salvarlo del Gabinete caviar, porque son una plaga si le das chance”, tuiteó el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, el 13 de noviembre pasado, en referencia a la cumbre en la casa de Acuña. 

 

Mitha Vasquez - Premier -PCM
23 de noviembre. La primera ministra Mirtha Vásquez sustenta el presupuesto 2022 ante el Congreso, en medio del fuego graneado de la oposición y los empresarios. Foto: Andina.

La figura de la primera ministra, adversaria de Perú Libre, ha quedado trastocada luego de anunciar el cierre de cuatro unidades mineras, en Ayacucho, desatando las protestas de las empresas afectadas, los gremios empresariales y la federación de trabajadores mineros. Vásquez tuvo que retroceder y ablandar su discurso ante los reclamos. El desaguisado trató de ser arreglado por el presidente en una actividad en Arequipa. “Para referirme a un tema que ha generado debate en los últimos días, desde aquí [Arequipa] vuelvo a ratificar ante el país nuestro compromiso de respetar y promover las inversiones privadas, entre ellas la minería”, dijo Castillo.

“Todos los ministros trabajan conjuntamente. Pero nada de eso cuenta, porque lo que se quiere es buscar una causal y pedir la declaración de la vacancia del presidente de la República. Y, con respecto a Perú Libre, es normal que haya posiciones diferentes, pero esperamos que no se produzcan divisiones porque perjudica a la democracia”, dice a Sudaca Aníbal Torres, el ministro de Justicia, intentado poner paños fríos.

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Patricia Chirinos, Pedro Castillo, vacancia presidencial, Waldemar Cerrón
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