Renovación popular

Luego del triunfo en las elecciones municipales de 2022, la popularidad de Rafael López Aliaga entró en una notoria curva descendente. Entre los principales cuestionamientos al alcalde de Lima se encontraba la falta de obras que tengan un impacto significativo en la calidad de vida de los limeños. Sin embargo, mientras la gestión de López Aliaga se inundaba de críticas y promesas de campaña incumplidas, puertas adentro de la Municipalidad de Lima se vivía una fiesta interminable.

Indiferentes a las críticas y necesidades de los limeños, la gestión de López Aliaga empezó a destinar una importante cantidad de tiempo y presupuesto para realizar homenajes y entregar medallas a un grupo de personajes que no sólo no habían tenido ningún tipo de contribución a la ciudad que los haga merecedores de este tipo de distinciones sino que, además, algunos de ellos son conocidos por fomentar la homofobia y el machismo.

En esta lista destacaban los nombres de Agustín Laje, escritor argentino famoso por su discurso de odio contra la comunidad LGTBI, el cineasta Eduardo Verástegui, vinculado al grupo ultraderechista denominado Foro de Madrid, y hasta la actualmente suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Acorde a lo publicado por el portal Wayka en octubre del año pasado, el gasto en las medallas bañadas en oro, recordatorios de vidrio grabado y bandas municipales superaba los veinticinco mil soles.

Sin embargo, premiar a este tipo de personajes no sería una exclusividad de la gestión de Rafael López Aliaga. Tal como pudo comprobar Sudaca, son varios los distritos con alcaldes de Renovación Popular en los cuales se ha vuelto una práctica común utilizar el dinero de los contribuyentes para homenajear a los aliados del partido celeste.

OTRA VEZ LA MOLINA

La Molina es uno de los distritos cuya máxima autoridad pertenece al partido que tiene como líder a López Aliaga, pero también se ha convertido en uno de los más cuestionados debido a la gestión del alcalde Diego Uceda. En los meses recientes, Sudaca ha informado una serie de irregularidades que han colocado a la Municipalidad de La Molina en el ojo de la tormenta.

En lo que respecta a los homenajes, La Molina parece haber seguido el ejemplo de su líder partidario y ha destinado una considerable cantidad de tiempo y dinero para condecorar a personajes que parece estar más cercanos a la simpatía del alcalde que al bienestar de este distrito.

Entre estos polémicos homenajeados que recibieron la Medalla de La Molina se encuentra  Ántero Flores Araoz, quien tiene como antecedente político más reciente su colaboración con Manuel Merino en noviembre del 2020 cuando aceptó el cargo de primer ministro. Pese a la indiscutible evidencia de la represión sufrida por los ciudadanos que protestaban y hasta por los comunicadores que cubrían estas manifestaciones, Flores Araoz nunca aceptó la responsabilidad del gobierno de Merino en estos actos violentos y lo defiende hasta la fecha.

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Otro de los homenajeados fue Ernesto Blume, el expresidente del Tribunal Constitucional que a finales del año pasado se mostró como una de las voces que defendían la irregular liberación de Alberto Fujimori. Pero Blume y Flores Araoz no son los únicos homenajeados que casualmente se alinean con las posturas ideológicas del partido del alcalde de turno. En esta lista también figura el nombre de Miklos Lukacs, un docente universitario conocido por su postura en contra de la comunidad LGTBI, difundir teorías conspirativas y hasta por tener una posición antivacunas durante la pandemia del Covid.

En estas ceremonias que se realizaron en el marco del aniversario 61º y 62º del distrito, la gestión de Uceda también condecoró al exministro aprista José Antonio Chang, a la actual rectora sanmarquina Jeri Ramón, quien se ha posicionado como enemiga de la reforma universitaria, y a Gladys Echaíz, congresista que actualmente integra la bancada de Renovación Popular. Además, por pedido del Apra, la Municipalidad de La Molina aceptó entregarle la Medalla de La Rinconada al partido de la estrella.

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Sudaca accedió a la proforma que recibió la municipalidad para las quince medallas enchapadas en oro que se pidieron sólo para el 2024. Tal como se puede observar en la imagen, el costo de cada una de estas medallas ha sido de cuatrocientos soles y tan sólo en las medallas el gasto alcanzó los seis mil soles.

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Paradójicamente, pese a que el alcalde de este distrito estuvo recientemente involucrado en una denuncia por una situación de violencia contra Milagritos Quintana, teniente alcalde de La Molina, en esta lista de homenajes también se ha sumado el que su municipalidad he realizado este viernes por el Día de la Mujer y que ha tenido entre las personalidades invitadas para ser homenajeadas a la congresista Milagros Jaúregui, quien también es parte de Renovación Popular y, aunque preside la Comisión de Mujer y Familia, optó por ignorar el caso de Quintana cuando ella fue a explicarle su situación a su despacho.

LOS CONTRADICTORIOS VIAJES BARRANQUINOS

Otra de las gestiones criticadas es la de Barranco. La alcaldesa de este distrito, Jessica Vargas, ha podido conocer México y Chile durante su primer año en el cargo. Según los documentos que pudo revisar Sudaca, el propósito de estos viajes era que Vargas pueda asistir a eventos relacionados con la implementación de tecnologías verdes y la asistencia al congreso denominado “Hacia ciudades cero residuos”.

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No obstante, la postura de la alcaldesa de Barranco durante su gestión parece estar alejada de este tipo de iniciativas ecologistas y, en más de una oportunidad, sus vecinos han hecho público su descontento por la tala de árboles y los impedimentos que existen en este distrito para realizar eventos como una feria ecológica.

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Pese a que Rafael López Aliaga y los otros alcaldes de Renovación Popular apenas llevan un año y dos meses en el cargo, el uso de recursos para fines que están más cerca de ir en  favor de intereses partidarios que del bienestar colectivo de sus vecinos empieza a condenarlos a una desaprobación cada vez mayor y que incluso parece no tener marcha atrás.

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Hace exactamente una semana, un audio causaba conmoción en las redes sociales. En esta grabación se podía escuchar al alcalde La Molina, Diego Uceda, realizar denigrantes comentarios en contra de Milagritos Quintana Mogollón, teniente alcalde de este distrito, en medio de risas del propio burgomaestre y otros funcionarios de la municipalidad.

Sin embargo, la situación de Uceda Guerra García podría estar por complicarse todavía más dentro de la Municipalidad de La Molina. Según pudo conocer Sudaca, el alcalde de La Molina podría tener que afrontar una suspensión del cargo acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades.

EN MANOS DEL JNE

Sudaca tuvo acceso al documento que fue presentado el pasado 29 de febrero al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el cual se solicita la suspensión del alcalde Diego Uceda por falta grave. Esta solicitud fue presentada a raíz de los comentarios violentos realizados por el burgomaestre de La Molina.
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Esta solicitud se ha amparado en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual establece que se puede dar la suspensión del cargo de un alcalde o regidor si alguno de estos comete una falta grave de acuerdo a lo señalado en el reglamento interno del consejo municipal.

Acorde al artículo 52, el cual determina lo que se puede considerar como falta grave, se contempla que el “pronunciar palabras o frases ofensivas que afecten la reputación, el honor, la intimidad o la imagen personal” pueden ser sancionadas con una suspensión del cargo de hasta treinta días.
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En la evidencia que se presentó se encuentra la transcripción de las expresiones de Diego Uceda en contra de Milagritos Quintana durante una conversación con otros trabajadores de la Municipalidad de La Molina y que, según detalló la propia denunciante, no serían hechos aislados sino que las situaciones de maltratos vendrían ocurriendo desde el año pasado.
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DENUNCIADO

Como se recuerda, esta situación derivó en una denuncia contra el político miembro de Renovación Popular que, tal como expuso Sudaca en exclusiva en el informe titulado UN ALCALDE ENTRE LA TERAPIA Y LA PRISIÓN, terminó con el Décimo Juzgado de Familia ordenando al alcalde de La Molina a recibir terapia psicológica.

Además, la justicia le otorgó a Milagritos Quintana Mogollón una serie de medidas de protección al considerar que se trataba de un caso de violencia psicológica. Entre estas medidas se encontraba prohibirle expresamente al alcalde Uceda realizar algún tipo de represalia o actos de violencia contra su teniente alcalde. A ello se le suma que Quintana deberá recibir terapia para restaurar su estado emocional.
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Con la resolución del Décimo Juzgado de Familia, el audio del alcalde de La Molina y el testimonio de Milagritos Quintana, no sería extraño que el Jurado Nacional de Elecciones le saque tarjeta roja al alcalde Uceda en los próximos días y deba alejarse durante casi un mes del puesto en el que parece sólo haber cosechado cuestionamientos.

 

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Sudaca accedió en exclusiva a la resolución que le ordena a Diego Uceda, alcalde de La Molina, a someterse a terapia psicológica tras los comentarios violentos contra la teniente alcalde de este distrito.

En apenas un año y dos meses de gestión, el paso de Diego Uceda por la Municipalidad de La Molina ha estado plagado de escándalos. Desde una guerra inexplicable contra un centro comercial hasta el insólito poder que ostentaba su esposa en dicho distrito, el accionar del político que ganó las elecciones de la mano de Renovación Popular en octubre del 2022 lo ha convertido en un alcalde casi tan cuestionado como su líder Rafael López Aliaga.

Sin embargo, las críticas no son producto de una guerra provocada por adversarios políticos sino que hasta los propios funcionarios de la municipalidad han empezado a cuestionar los controversiales manejos y actitudes del alcalde de turno. Lejos de mostrar una postura receptiva a las críticas constructivas, Diego Uceda parece haber elegido la confrontación y hasta la violencia psicológica.

EL AUDIO DEL ESCÁNDALO

Una de estas voces incómodas al poder de Uceda ha sido la teniente alcalde Milagritos Esther Quintana Mogollón. Desde su cargo, no ha dudado en cuestionar las decisiones polémicas y sin fundamentos que se tomaban en la Municipalidad de La Molina. No obstante, Quintana Mogollón nunca habría imaginado el costo que tendría alzar su voz en contra de lo que consideraba incorrecto.

En un audio que se difundió en los últimos días en diferentes redes sociales, todo el país pudo escuchar una conversación que el alcalde Uceda mantenía con otros funcionarios de la municipalidad en la cual denigraba a su teniente alcalde en medio de risas propias y también de sus funcionarios aliados. 

 

Pero este desagradable episodio no sería precisamente un caso aislado. En declaraciones que Quintana Mogollón brindó al Décimo Juzgado de Familia se puede observar que estos episodios ocurrían desde el año pasado cuando la gestión actual asumió el mando de este distrito.

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Tras los detalles que brindó la teniente alcalde, el juzgado concluyó que existen indicios de violencia, más precisamente del tipo psicológico, en contra de Quintana y, según el informe social realizado por una profesional, se indicó que es un caso de riesgo moderado debido a que existen factores de riesgo.

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Por ello, este martes 27 de febrero se resolvió dictar medidas de protección en favor de Milagritos Quintana contra Esteban Diego Guerra García. Una de ella ha sido la orden para que el actual alcalde de La Molina deba recibir terapia psicológica en forma obligatoria. En el documento se puede leer que esto tiene como propósito que Uceda “aprenda a controlar sus impulsos y erradique conductas violentas”.

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Además, entre las otras medidas de protección otorgadas, se le prohibió al burgomaestre ejercer cualquiera tipo de represalia o cualquier acto de violencia psicológica que pueda repercutir en el desarrollo de sus actividades diarias. Cabe señalar que, pese a la gravedad del caso, Uceda Guerra García decidió no asistir a la audiencia.

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En estos documentos a los que accedió Sudaca también se señala que el alcalde de La Molina podría recibir una pena privativa de la libertad de entre cinco y ocho años en caso no cumpla con las medias de protección que incluyen la terapia psicológica para Diego Uceda.

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UN ESTILO DE VIDA

Sin embargo, este no es el primer episodio violento que se reporta en la Municipalidad de La Molina. Tal como informó Sudaca en el informe titulado LA VENGANZA DE LIZZI, la esposa del alcalde Uceda también ha mostrado conductas agresivas contra trabajadores de este distrito a los que pretendía tener bajo su mando pese a no tener ningún puesto en esta municipalidad.

Lejos de aceptar la responsabilidad y pedir disculpas, el alcalde Uceda se pronunció en las redes sociales de la municipalidad para señalar, usando una captura del informe publicado por Sudaca, que estaba siendo víctima de una campaña difamatoria que busca desprestigiarlos y hasta se ampara en que los audios difundidos son manipulados.

 

La Municipalidad de La Molina vuelve a estar en el centro de las polémicas debido a las inexplicables y cuestionables actitudes del alcalde Uceda que con sus propias acciones parece competirle al líder de su partido, Rafael López Aliaga, como uno de los burgomaestres con más críticas en su contra.

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Las constantes polémicas en las que sus integrantes se han visto inmersos casi desde su llegada al cargo en 2021 han llevado a que el Congreso cierre el año 2023 con un porcentaje de aprobación que no supera los diez puntos.  Este descontento ha llevado a que la labor parlamentaria de los 130 legisladores se encuentre constantemente bajo la lupa y, en especial, cuando sus actividades representan un costo considerable, como es el caso de los viajes.

En las últimas semanas, el viaje a México de dos congresistas del Bloque Magisterial, Paúl Gutiérrez y Germán Tacuri, para asistir a un evento sobre ovnis y momias falsas causó gran indignación y a esta polémica sobre los viajes se le sumó el informe de periodista Diego Quispe en el cual se advierte que veintidós parlamentarios, que gastaron S/342.000 en pasajes y viáticos, no presentaron los informes correspondientes sobre las actividades realizadas durante estos viajes que son pagados con fondos públicos.

Sin embargo, los informes que sí aparecen en los registros del Congreso están exentos de cuestionamientos. Sudaca pudo revisar estos documentos y comprobó que los argumentos que los congresistas brindan para justificar sus viajes no se ven reflejados en el trabajo que vienen realizando.

MUCHAS MILLAS, POCOS PROYECTOS

Entre estos viajeros destaca el nombre de José Cueto, congresista de Renovación Popular, quien ha realizado viajes a países como Rumania, Marruecos, Estados Unidos, Panamá y México para participar de una serie de reuniones que estaban enfocadas en el tema de seguridad.

En los informes presentados por el legislador del partido de Rafael López Aliaga se puede leer que, por ejemplo, uno de los viajes fue a Rumania con el propósito de participar en el Foro Parlamentario Inteligencia y Seguridad que Cueto Aservi consideraba relevante por “la necesidad de estar preparados para hacer frente a las graves amenazas globales contra la seguridad sea por filtraciones o vulneraciones en el campo sanitario como por actos terroristas”.

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Otros de los documentos revisados por Sudaca muestran que el congresista Cueto viajó a México y Panamá para participar de dos ediciones del Foro de Seguridad de las América que se centraban en la ciberseguridad y, acorde al texto presentado por el parlamentario, sería de utilidad para “analizar políticas de gobierno con las que se pueda combatir la delincuencia a nivel ciberespacio”.

No obstante, aunque estos temas podían resultar de interés nacional, los numerosos viajes del congresista Cueto destinados a este tema no parecen haber resultado una experiencia lo suficientemente inspiradora como para que lo aprendido se vea reflejado en proyectos de ley en beneficio del país.

Sudaca revisó los veinticinco proyectos de ley que ha presentado el congresista Cueto desde su llegada al Legislativo y ninguno refleja algún tipo de conocimiento que justifique los viajes realizados o que por lo menos haga referencias a temas como la ciberseguridad o se haga mención a algún tipo de alianzas estrategias logradas a partir de estos viajes. Por el contrario, en esta lista destacan algunos proyectos cuya urgencia sería cuestionada por muchos, como el que busca regular el uso de la espada como símbolo de mando y uno que busca precisar el nombre “inmaculada concepción” en una lista de feriados.

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Otro de los congresistas que ha acumulado varios viajes es Américo Gonza, integrante de Perú Libre. En 2023, Gonza Castillo informó sobre un viaje a Chile en el cual iba a conocer el sistema de seguridad ciudadana y el sistema penitenciario chileno. Además, también en 2023, el congresista de Perú Libre viajó a Brasil para participar de un evento denominado “Intercambio Académico sobre Seguridad Ciudadana entre la Guardia Civil de Santana de Paranaíba y el Sereno Municipal del Perú”.

Pero, al igual que ocurre con el caso del congresista Cueto, los proyectos de ley presentados por Américo Gonza se ven alejados del conocimiento que supuestamente justificaba estos viajes. Entre las iniciativas que sí parecen despertar el interés de Gonza Castillo se encuentra un proyecto para declarar al yonque como bebida de bandera nacional y otro que busca cambiar el nombre de Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia. 

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MÁS VIAJES, MENOS RESULTADOS

Pero no sólo se puede observar que existe una notoria diferencia entre los proyectos de ley que presentan los congresistas y las justificaciones de sus viajes. En algunos casos, como el del congresista Wilson Soto, los temas abordados durante las conferencias a las que ha viajado se muestran radicalmente opuestos a las iniciativas que elabora el parlamentario de Acción Popular.

Pese a que sus viajes a Angola y Vietnam tenían como propósito que Soto Palacios y otros parlamentarios puedan encontrar soluciones para incrementar la participación de jóvenes en política, ninguno de los setenta y seis proyectos de ley presentados por Wilson Soto, en dos años y medio como congresista, tiene como objetivo fomentar la participación de jóvenes.

Sin embargo, el detalle más llamativo con respecto al congresista Soto ha sido que, aunque durante las conferencias a las que viajó se abordó la importancia de los derechos humanos y la acción parlamentaria por la paz, el integrante de Acción Popular presentó un proyecto de ley para que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se pueda aplicar la pena de muerte.

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Entre los temas que sí parecen prioritarios para Soto Palacios figura un proyecto de ley para declarar el 25 de julio como el día nacional de la danza, el canto y la música de Santiago, una festividad de Huancayo, y otro que data de agosto del 2023 que busca restablecer la inmunidad parlamentaria.

Hasta diciembre del año pasado, se estima que el Congreso ha destinado más de dos millones de soles para los viajes de los parlamentarios que llevan dos años y medio en el cargo y, aunque la posibilidad de compartir experiencias en otros países se podría considerar como una oportunidad enriquecedora, los resultados que se han observado hasta la fecha invitan a que más de uno piense que los fondos públicos se han convertido en una oportunidad para hacer turismo.

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[INFORMES] Unas inesperadas elecciones en la víspera de navidad han vuelto a generar un clima de tensión entre el alcalde Rafael López Aliaga y las representantes de las ollas comunes.

Mientras el 2023 llega a su final, la población empieza a evaluar el desempeño de las autoridades municipales tras su primer año de gestión y, entre los alcaldes más cuestionados, el que más resalta es el nombre de Rafael López Aliaga, quien ha alcanzado un 65% de desaprobación según la encuesta realizada por Datum semanas atrás.

Sin embargo, el descontento con el alcalde que en campaña prometió convertir a Lima en potencia mundial no sólo se debe a la decepción por el incumplimiento de los compromisos asumidos en su época de candidato sino por los extraños manejos que se han empezado a observar en el Palacio Municipal de Lima que, además, estarían perjudicando a uno de los sectores más vulnerables.

ELECCIONES POLÉMICAS

Si bien Renovación Popular es un partido que se ha hecho conocido por su espíritu de confrontación, pocos podrían haber imaginado que esta actitud también se aplicaría contra grupos que se encargan de proveer alimentos para las personas de menos recursos. Tal como lo reportó Sudaca en la entrevista realizada a Fortunata Palomino, titular de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, el diálogo entre las representantes de las ollas comunes y el alcalde de Lima fue, a lo largo de todo el año, un objetivo inalcanzable debido a la falta de interés por parte de López Aliaga.

Aunque, sin lugar a dudas, lo más grave fue cuando la ausencia de una comunicación directa y el desinterés por parte del burgomaestre derivó en la falta de insumos para las personas cuya alimentación depende de las ollas comunes que el programa Punto Final expuso en el mes de octubre.

Pero, a pocos días del terminar el año, las rispideces entre la Municipalidad de Lima y las ollas comunes continúan e incluso se han agravado a tal punto que la gestión del alcalde habría llevado a cabo una elección de representantes de las ollas comunes que ha despertado suspicacias tanto por el proceso como por el resultado.

Esta nueva polémica empezó durante estas últimas semanas de diciembre, más precisamente el lunes 18, cuando la Municipalidad de Lima, mediante el Decreto de Alcaldía N° 22, decretó la creación de la Comisión de Ollas Comunes de Lima Metropolitana bajo el argumento de favorecer a que se puedan realizar propuestas que sean del interés de los representados por dicha comisión.

Municipalidad de LimaEn este decreto también se dispuso que se realizarían elecciones para determinar quiénes integrarían esta comisión en representación de las ollas comunes. Si bien hasta ese punto no parece encontrarse nada extraño, lo que llamó la atención de las representantes de las ollas comunes fue el breve periodo en que se pretendía realizar todo el proceso. Esto debido a que el decreto recién se publicó el día martes 19 de diciembre y se pretendía que las candidaturas se inscriban hasta el día 25 de diciembre.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIASudaca pudo comunicarse con Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, quien manifestó su disconformidad con este proceso debido a que, además de no haber recibido la difusión necesaria, se realizó en días que las ollas comunes estaban realizando eventos por navidad para los niños y, por lo tanto, no disponían del tiempo necesario para organizarse con las firmas requeridas y la elección de representantes de las diferentes zonas.

“Como todos saben, en estos días estamos realizando chocolatadas con motivo de las fiestas navideñas”, explica Fortunata y, al igual que lo detalla en una carta que le enviaron al alcalde de Lima, agrega que en esas fechas resultaba más difícil conseguir las firmas de las coordinadoras que exigían para la inscripción de la lista de candidatos.

inscripción de la lista de candidatos.UNA GANADORA CUESTIONADA

Como era de esperarse, el resultado de estas elecciones generó muchos cuestionamientos a la municipalidad. Especialmente porque una de las ganadoras de un proceso inesperadamente rápido fue Luz Solórzano Rivera, quien encabezó la única lista que se presentó para la zona sur y comprende los distritos de Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

UNA GANADORA CUESTIONADALa polémica con respecto al triunfo de Solórzano Rivera comenzó el día 26 de diciembre, dos días antes de las elecciones, cuando en las redes sociales de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana se publicó un audio en el cual Luz Solórzano se jacta de su inminente triunfo. “Ni elecciones ya, porque solamente vamos a firmar para dar fe. Vamos a ir a sufragar dando fe. Las urnas dirán que aquí no hay otro candidato”, se escucha en el audio difundido.

Para Fortunata Palomino y las integrantes de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana resulta extraño que una de las ganadoras de estas elecciones sea Solórzano Rivera, quien se ha convertido en una fiel aliada del actual alcalde López Aliaga y hasta coordina manifestaciones para respaldarlo, aunque para convocar personas parece escudarse en mentiras.

Esto se pudo observar el pasado mes de noviembre, tras la emisión del programa de Latina en el cual se denunciaba la falta de alimentos para las ollas comunes, cuando una inesperada protesta se llevó a cabo en los exteriores de canal dos en respaldo a Rafael López Aliaga y en contra del medio de comunicación que publicó el informe.

En aquella oportunidad, las cámaras de dicho medio pudieron identificar a Luz Solórzano como la que lideraba dicha manifestación. No obstante, al entrevistar a los asistentes a este acto, supuestamente espontáneo, se supo que varias de las asistentes habían sido llevadas con engaños a lo que ellas creían era un reclamo al alcalde por más alimentos para las ollas comunes.

OLLAS COMUNESSin embargo, el triunfo de Solórzano no fue el único que se produjo en el contexto de lista única. Tanto en Lima Norte como Lima Este también se pudo observar que sólo existía una lista en competencia para representar a estas zonas en la comisión que la Municipalidad de Lima ha decidido crear.

CANDIDATOSTras las elecciones presidenciales de 2021, el partido político del alcalde de Lima, Renovación Popular, no tuvo reparos en denunciar un fraude electoral pese a la ausencia de pruebas contundentes. Tres años después, Rafael López Aliaga, esta vez como autoridad a cargo, vuelve a encontrarse con acusaciones de fraude, aunque esta vez son en su contra y con pruebas que generan dudas razonables.

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En segundo lugar, la suscripción al sistema interamericano de derechos humanos promueve la rendición de cuentas y la transparencia en la protección de los derechos humanos en el país. Al estar sometido a un sistema externo de supervisión, el Perú se compromete a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a ser evaluado periódicamente. Esto crea un incentivo para que el Estado peruano mejore sus políticas y prácticas en esta área, fortalezca su sistema de justicia y garantice el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.

Por último, la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos envía una señal clara de su compromiso con los derechos fundamentales y su disposición a participar en un marco internacional de respeto y protección de los mismos. Esto fortalece la reputación del país en la comunidad internacional y contribuye a la construcción de un orden global más justo y equitativo.

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¿Cómo logró la madre de la congresista Milagros Jáuregui elevar a la Corte Suprema un proceso judicial con sentencia firme, cinco meses después de vencerse todos los plazos y cuando la justicia le exigía devolver el inmueble?

Ellos fueron notificados el 22 de enero, es decir, que tenían hasta el 23 (solo un día) para presentar su Recurso de Queja Excepcional, usted va a poder ver aquí que el Recurso de Queja Excepcional lo presentan el 24 de enero del 2020. Esa extemporaneidad de la presentación del Recurso fue confirmada por una Resolución de Sala, donde dice: “su recurso de Queja Excepcional ha sido presentado extemporáneamente, porque la ha presentado después de 48 horas, cuando el Recurso se debe presentar dentro de las 24 horas.

Por arte de magia aparece que el escrito de Queja Excepcional, lo habrían presentado dentro del plazo, el 23 de enero. Aquí está, un sello puesto de manera manual por un trabajador del poder judicial. Esto entra en contradicción con el documento emitido por el Sistema Integrado del Poder Judicial, que señala claramente que el Recurso fue interpuesto el 24, y NO el 23 como señala; sin embargo, el Poder Judicial, los jueces a cargo de esta investigación han dado valor a este documento, y obviamente ¿eso a quién beneficia? A la mamá de la congresista, porque ella sigue teniendo la administración provisional.

Sudaca llamó a la señora Piedad Martínez, y cuando le realizamos la pregunta correspondiente al caso sólo cortó la comunicación, también tratamos de comunicarnos con la congresista María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez de Aguayo, nunca nos respondió la llamada y de igual forma sucedió con el abogado.

 

Camino al cielo

En una investigación de Sudaca en marzo de 2021, antes de las elecciones congresales y presidenciales, la número 2 del partido Renovación Popular dijo haber ganado S/123.196 en el 2019 por trabajar únicamente como pastora desde 2006, según la declaración de ingresos presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

En su hoja de vida también se declaró que posee bienes muebles e inmuebles valorizados en S/ 1 millón 864 mil 300.

En 2018, los Aguayo compran una casa valorizada en S/ 1 millón 701 mil 400 en la exclusiva urbanización Club Campestre Las Lagunas, en el distrito de La Molina.

Su esposo, Guillermo Aguayo, pagó S/ 2 millones 700 mil por una vivienda en la urbanización Las Gardenias, en el distrito de Santiago de Surco.

 

El sueldo no le alcanza

“La gente cree que los congresistas tienen muchísimo dinero, pero no es así. Si bien es cierto nosotros recibimos un sueldo, pero de ese sueldo nos hacemos muchos descuentos, se da un aporte al partido que uno pertenece y nosotros tenemos muchísimos gastos que hacer y no alcanza”, dijo a La Zairita, programa de la excandidata al Congreso, Zaira Arias, en Nacional TV.

La parlamentaria de Renovación Popular aseguró que hay muchos “profesionales que dejan literalmente de ganar un buen ingreso para estar en el Congreso” y que este “no te hace millonario, te da un sueldo para vivir, pero si tienes que pagar universidad, hipoteca de tu casa, no alcanza”.

Milagros Jáuregui de Aguayo sostuvo que a los parlamentarios no le dan autos, gasolina ni canastas navideña. “El congresista debería tener su buen sueldo. De los 15 mil soles al final recibimos 10 mil”, agregó.

Desde que mis padres, sus padres y los abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de todos ellos, trabajaban para mantener a sus familias honradamente, hemos conocido la existencia de sinvergüenzas de todo tipo: timadores, estafadores, ladrones y coimeros, pero nunca -hasta hoy día- hemos visto a tantas personas vinculadas espiritualmente al Hacedor estafar y robar a propios y ajenos. Probablemente Dante Alighieri nunca imaginó que algún día habría que construir un horno en los infiernos para quemar a los pastores y a los sacerdotes que roban sin piedad a sus feligreses. O, mejor dicho, con Piedad, la madre de la pastora, ¿no María de los Milagros?

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Ayala Melgarejo debía realizar un informe técnico para conocer a cuántas familias les correspondía la canasta básica. También tenía que proponer qué iba a contener cada canasta y el costo de estas. De acuerdo al informe de la Contraloría, la funcionaria no contaba con la cantidad de personas que debían acceder a este producto e improvisó un número de beneficiarios con estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la aplicación InfoMIDIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

La actual gerente de Desarrollo Social de Lima concluyó que el número de beneficiarios serían 9739 familias, a pesar de que el cálculo improvisado que realizó carecía de criterio técnico y objetivo, pues estos datos no revelaban realmente la cantidad de familias que debían recibir la canasta básica. En consecuencia, la Municipalidad de Independencia gastó  S/ 275.711 de sus propios recursos, además de los S/ 500.000 que el gobierno entregó específicamente para la compra de canastas. Curiosamente, de los 9739 supuestos beneficiarios, la gerencia a cargo de Isabel Ayala solo empadronó a 3127.

 

Según detalla el informe de la Contraloría, las actas donde debían registrarse los datos de los 3127 beneficiarios evidencian que el proceso se habría hecho de forma irregular: en 156 actas, el ente rector encontró firmas que no provienen del puño del titular y huellas dactilares que no corresponden a los ciudadanos que recibieron las canastas. Otras actas cuentan con DNI de personas fallecidas, ciudadanos que residen fuera del Perú o en una jurisdicción distinta a la de Independencia, que ya habían recibido canastas de parte de otros municipios. Asimismo, se detectó la  entrega de 19 canastas a funcionarios de distintas entidades públicas a los que no les correspondía porque percibían ingresos mayores a S/ 1408.

Sumado a esto, la investigación fiscal halló que las cuatro empresas que participaron en el concurso público para ofrecer las canastas básicas familiares tenían relación, pues sus representantes eran familiares. Además, el fiscal a cargo detalló en la investigación que el 30 de marzo de 2020, el padre del dueño de la empresa Corporación Peruana Arrocera Atencio S.A.C., que ganó la buena pro, depositó 11 mil soles en la cuenta bancaria de la entonces gerente de Desarrollo Humano y Social de Independencia.

Este portal pudo constatar que Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en otros tres informes de la Contraloría. El primero, cuando fue regidora distrital del Rímac, entre 2018 y 2019, y entregó un terreno de 870 metros cuadrados de la comuna a favor de una empresa privada, a pesar de que no se especificó la finalidad social del contrato. El segundo, cuando ocupaba el cargo de gerente de Desarrollo Humano y Social y subgerente de Programas Alimentarios, y adjudicó la buena pro a una empresa pese a  que incumplieron los requisitos de las bases.

Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en cuatro informes de la Contraloría. Fuente: Contraloría de la República

Sudaca intentó comunicarse con Isabel Ayala para recoger sus descargos sobre las investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta alguna.

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¿Y por qué no filtró a los candidatos desde el inicio para prevenir incidentes? La candidata se excusa diciendo que ella “confiaba en la buena fe de todos” y condena el supuesto mal accionar de Velarde. “No es correcto lo que hizo, porque ella está engañando. Yo no puedo llevar en mi lista a alguien que miente”, asegura Rodríguez. Paradójicamente, en el 2018, Rodríguez fue excluida por no declarar sus sentencias por deudas impagas. “No declaré esas sentencias porque no sabía que también se tenía que declarar los temas contractuales. Ahora lo sé y para estas elecciones he declarado todos mis antecedentes”, dice

Intentamos comunicarnos con Virginia Velarde, pero se negó a hablar con nosotros porque una sentencia se lo prohíbe, como se explicará más adelante. En el documento de la denuncia, sin embargo, la empresaria ha desmentido que haya presentado dos hojas de vida porque, asegura, nunca llenó nada.

Así, con la excusa de los DNI donde se consigna el nivel de educación, sacaron a Virginia Velarde de carrera. No importó que durante ese tiempo haya aportado a la campaña cerca de S/62.700, monto que declaró en la denuncia presentada a la Fiscalía. Frustrada, y sintiéndose estafada, la empresaria empezó a exigir que se le devuelva el dinero que dio, la mayor parte en efectivo, la otra en depósitos a cuentas de terceros y también por el material de campaña que entregó (como almanaques, llaveros y volantes).

Luego de tantos reclamos, Rodríguez aceptó reponer parte del dinero, pero eso sí, aclarando que todo había sido un aporte voluntario (aunque las conversaciones muestran que, antes de la exclusión, la abogada insistía y presionaba a Velarde para que pague su ‘aporte’). “Lo que yo hice no es devolverle, somos conscientes del gasto que hizo, por eso los precandidatos tomamos la decisión de reconocerle los gastos, pero no el monto que ella quería. No podía coaccionarme de esa manera”, explica Rodríguez.

Y aunque al inicio la precandidata de Solidaridad Nacional coordinó que le entregaría S/20,000 y lo restante se lo daría en partes, al final a Velarde solo le devolvieron S/16,000 por concepto de “trabajo de imprenta”. 

CONTRADEMANDA

Luego de que la excluyeron de la lista de regidores, en el 2018, Virginia Velarde interpuso una denuncia penal contra Isabel Rodríguez por el presunto delito de estafa. Como no conocía los procedimientos a seguir, al final desistió de continuar con la demanda. “Además, le daba pena porque la denuncia no le regresaría el dinero perdido, sino que enviaría a la cárcel a Rodríguez. Ella [Virginia Velarde] no quería eso, solo quería su dinero de vuelta”, cuenta una fuente con conocimiento del caso. 

virginia velarde isabel rodriguez
A la izquierda: mensaje de Rodríguez en el que envía la relación de candidatos a regidores y le pide más dinero a Virginia Velarde. A la derecha: lista oficial de regidores donde se excluyó a Velarde, luego de que haya aportado más de S/60.000.

Por ello, al no presentar pruebas para seguir con el trámite de la denuncia, esta quedó archivada. Pero quien sí decidió continuar hasta las últimas consecuencias fue Isabel Rodríguez, pues demandó por difamación agravada a su ex aportante y solicitó una reparación civil de S/750,000. 

En junio de este año, la Corte Superior de Justicia de Lima le dio la razón a la ahora candidata de Renovación Popular. En la sentencia, se señala a la empresaria por emitir frases agraviantes contra Rodríguez al llamarla estafadora. Uno de los sustentos de la sentencia es, justamente, el archivamiento de la denuncia inicial. Por ello Velarde tiene prohibido hablar de este tema y debe pagar una reparación civil de S/5.000. Además, se le impuso un año de prisión suspendida. “Por todos lados me ha difamado la señora diciendo que yo cobro cupos. Imagino que ahora apelará la sentencia porque es su derecho. Veremos qué pasa”, dice Rodríguez.

Como fuese, Velarde retomó el caso y, hace unas semanas, denunció penalmente a Rodríguez. Esta vez lo hizo adjuntando las pruebas correspondientes –que Sudaca revisó en detalle–, como vouchers, mensajes de WhatsApp y audios donde le aseguran que le devolverán el dinero. El tiempo dirá quién tiene la razón.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Breña, Elecciones, estafa, Renovación popular, RLA
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