Se está discutiendo si es que se podrá volver a clases en marzo del 2022. Es urgente hacerlo. Por falta de liderazgo del MINEDU desde que inició la pandemia, no se ha podido regresar a clases semipresenciales y presenciales con mayor rapidez. En lugar de poner en duda el retorno a clases, deberíamos estar discutiendo estrategias para recuperar clases en verano y extender jornadas escolares para ayudar a recuperar aprendizajes a los alumnos.

Se está discutiendo sobre el cierre arbitrario de algunas operaciones mineras en Ayacucho. Deberíamos estar concentrados en encontrar estrategias para duplicar nuestra producción minera y poner en operación múltiples yacimientos de gran potencial. El debate debería ser en cómo el Estado asume un rol mayor para atender las necesidades de la población. Se debe evitar la confrontación empresa vs. comunidad.

Se está discutiendo sobre la reforma tributaria para incrementar la recaudación marginalmente. Deberíamos estar discutiendo una estrategia para formalizar la economía y el empleo. El debate debería ser integral y cubrir aspectos diversos de la protección social incluyendo salud, pensiones, seguro de desempleo y, por otro lado, aspectos varios del desarrollo productivo e incremento de la productividad de las empresas y trabajadores.

Se está discutiendo de la contaminación del agua y de la minería en cabeceras de cuenca. Es un debate amplio que se debería tener. La gran minería es una actividad que gestiona sus impactos ambientales. Si existiesen incumplimientos deben ser identificados, sancionados y corregidos. Sin embargo, en la minería ilegal e informal hay mucha contaminación y no se está gestionando. Además, la gestión del agua es otro punto ausente del debate.

Se está discutiendo de la vacancia o el cierre del Congreso. Deberíamos pensar en cómo vamos a evitar estar de vacancia en vacancia. El tema nunca debió entrar a la agenda ni con PPK ni con Vizcarra. El reto es cómo fortalecer partidos políticos y el sistema electoral de modo que los políticos electos rindan cuentas ante los electores y mejore la oferta política.

Debemos empezar a discutir los temas sustantivos. Dejar el clientelismo, populismo que llena los espacios políticos. La lucha contra la corrupción es clave y no debemos normalizarla en ningún escenario.

 

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Minedu, Minería, Nathan Nadramija, reforma tributaria

La respuesta corta es sí. Sin embargo, hay muchos temas que considerar. Primero, luego de la crisis del COVID-19, tanto el déficit fiscal como el nivel de deuda como porcentaje del PBI crecieron sustancialmente. No están en niveles de alto riesgo porque partimos de niveles bastante bajos. Sin embargo, las demandas sociales y los requerimientos para generar las condiciones para el crecimiento y desarrollo son muy altas. Estas demandas sí requieren de mayores recursos. Además, comparativamente, la recaudación de impuestos como porcentaje del PBI en el Perú es bajo comparado con la región.

El timing para una reforma tributaria casi nunca es bueno. Nunca se quieren incrementar los impuestos. Hay razones para estar a favor y en contra. A favor, podemos mencionar que la coyuntura ha dejado a todos sensibilizados sobre la importancia de redistribuir más y asegurar que los beneficios del crecimiento lleguen a todos. Además, es urgente tener mayor solvencia fiscal para recobrar el crecimiento e impulsar el desarrollo del país. Razones en contra están asociadas a que no es razonable subir impuestos cuando todos han experimentado grandes shocks negativos. Además, hay desconfianza de muchos en las capacidades e intenciones del gobierno actual al definir el gasto adicional.

En ese sentido, se debe tener una discusión sobre la reforma tributaria de largo plazo que se requeriría y las múltiples reformas complementarias asociadas en temas laborales, de protección social y de impulso de la competitividad y productividad de la economía. Esta discusión está ausente. Es una oportunidad poner en la mesa retos como la formalización de las empresas y el trabajo, el repensar el financiamiento de la protección social incluyendo salud y pensiones y de las estrategias para promover el desarrollo productivo.

En el corto plazo, se pueden adoptar medidas de consenso como impulsar y consolidar la facturación electrónica obligatoria para todos, que ayudará a reducir la informalidad. También se pueden crear incentivos simples pero efectivos para luchar contra la evasión y elusión tributarias y promover la formalidad.

Finalmente, es clave que el exceso de ingresos que se genere se gaste bien. Para ello, faltan medidas sobre como incrementar la calidad del gasto y de la inversión públicas. Generar ingresos para generar incrementos discrecionales de las transferencias con sesgos políticos sería contraproducente para generar los consensos necesarios para la reforma en el mediano y largo plazos.

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Nathan Nadramija, reforma tributaria

Urge mejorar la calidad del gasto público y la inversión pública. Debe mejorar diseños de intervenciones y proyectos y gestionar adecuadamente la implementación. Para lograrlo se requieren equipos capaces, competentes y con un mandato claro.

Con las debilidades del servicio civil, la rotación de funcionarios y la falta de meritocracia en las contrataciones, las capacidades que se iban acumulando en diversas instituciones se pierden rápidamente. En muchos gobiernos regionales y municipales pasa cada nueva gestión e incluso varias veces durante cada gestión.

Lograr que un equipo de bajo desempeño y con bajas capacidades mejore puede tomar mucho tiempo (muchos años) de capacitaciones y apoyos. Además, se tiene un rendimiento/desempeño bajo durante todo el proceso. Lamentablemente, podría no mejorar con los múltiples cambios e inestabilidad.

¿Cuál es la alternativa? Contratar mejores equipos, con experiencia en lo que se quiere ejecutar. Además, hay que crear un acuerdo institucional que los mantenga operativos durante largos periodos de tiempo.

Una alternativa es promover islas de eficiencia con mandatos específicos. Podríamos denominarlas Unidades Ejecutoras de Excelencia u Oficinas Gestoras de Proyectos. Este primer paso es ya complicado y demandaría normas tipo las que tienen el BCRP y SBS para crear cursos en los que se capacite y reclute a los mejores desde recién egresados.

Otra alternativa más rápida es la contratación de estos servicios. Los contratos gobierno a gobierno utilizados en los Panamericanos y en la Reconstrucción con Cambios es un modelo. También se pueden optar por contratar PMOs del sector privado. Incluso se puede contratar a los auditores en paralelo.

De esta manera, el desarrollo de un portafolio de proyectos e intervenciones podría mejorar notablemente de calidad y tener mayor impacto.

La priorización de proyectos sería la instancia en la que participativamente las autoridades políticas electas y la sociedad civil organizada participen, aunque siempre con el apoyo de estudios y evidencia de parte de los equipos de excelencia.

Los equipos regulares de las instituciones deberían participar e interactuar con las unidades de excelencia e ir aprendiendo de las mejores prácticas.

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Nathan Nadramija

El gobierno va a completar sus primeros 100 días. Múltiples reformas y políticas son de gran urgencia y debieron estar más presentes en el debate. A continuación, comparto algunos temas que deberían entrar en la agenda.

Retorno a clases: Los países priorizaron el retorno a clases al mismo nivel que la reactivación económica. Si este fuese el caso, el Perú hubiera retornado a clases en el segundo semestre del 2020. Las pérdidas en aprendizaje y posibilidades para los niños y jóvenes que pierden clases presenciales son significativas. Veremos sus impactos en los siguientes años. Luego de los niveles alcanzados de vacunación y anticuerpos producto de los infectados recuperados, no debería dilatarse más el retorno a clases en todo el país.

Formalización de la economía: La formalización contribuye a incrementar la productividad de la economía y también incrementar el alcance del sistema de protección social en la población. El tema debería estar en el debate. Si bien se han solicitado facultades legislativas para una reforma tributaria que busca recaudar más, el debate debería ser más amplio e incluir la formalización con un balance entre recaudar más, asegurar protección social a la población y atraer inversiones.

PMOs para inversión y gasto públicos: El gasto y la inversión públicas deben tener mayor eficiencia y calidad. Por ello, el modelo identificado en los Panamericanos y utilizado con los contratos gobierno a gobierno debería extenderse. Sin embargo, no solo se deberían considerar PMOs (Oficinas de Gestión de Proyectos) a otros gobiernos desarrollados, sino también a empresas o crear PMOs públicas como islas de eficiencia. Así podríamos mejorar el planeamiento y ejecución de portafolios multisectoriales de proyectos de inversión pública y también mejorar servicios públicos.

Destrabar el potencial minero del país: La coyuntura de precios del cobre brinda una oportunidad única para el país. En el súper ciclo anterior crecimos a tasas entre 6 y 10%. Hoy con precios más altos hemos alcanzado a rebotar a niveles similares de actividad que en el 2019. Sin embargo, se puede lograr más si es que el gobierno brinda un marco serio para atraer inversiones y viabilizar proyectos. Para ello es clave que el gobierno asuma el rol que le corresponde y no espere a que las empresas y comunidades se enfrenten.

Fusión de EsSalud y MINSA: La reforma de salud es urgente. Se requiere un sistema integrado de prestaciones. No deberían existir dos estándares de atención. Se pueden aprovechar las capacidades que ha generado EsSalud para gestionar la red del MINSA. Además, en línea con la formalización, en la reforma correspondiente la salud debería ser financiada con impuestos generales.

 

Informalidad no es lo mismo que ilegalidad. En temas laborales, lo que entendemos por un trabajador informal, es aquel que no cuenta con la protección social correspondiente como seguro de salud y otros beneficios. Sin embargo, un independiente o un microempresario que tiene a un asistente puede ser legal, pero al mismo tiempo ser informal laboralmente. Del 70% de informalidad, más de la mitad es legal.

Por ello, se requiere una reforma que asegure la protección social sin discriminar por el tipo de trabajo o condición laboral. Esta protección social debería ser financiada con impuestos generales para que no sea un desincentivo para que las empresas pequeñas contraten trabajadores formalmente.

Gran parte de la informalidad se da en microempresas de menos de 10 trabajadores en los que la productividad es bastante baja. Esto es más acentuado y grave en empresas de 1 o 2 personas, muchos denominados independientes. El enanismo empresarial es parte clave del problema. Las mismas personas con sus capacidades y habilidades tendrían más productividad en empresas grandes en las que hay más capital y conocimiento por trabajador.

En ese sentido, es fundamental eliminar el RUS que promueve el enanismo empresarial y promover el tránsito al régimen general o sus variantes. El RUS ayudó a legalizar la informalidad en su momento, pero debe dar paso a un sistema sin incentivos perversos y con un enfoque de financiar la protección social con impuestos transversales.

Finalmente, a pesar de las múltiples críticas que reciben empresas grandes y medianas, debemos darnos cuenta que tenemos muy pocas. El país necesita muchas más empresas grandes y medianas que sean capaces de desarrollar adecuados sistemas de gestión y procesos adecuados. Los empleos de mayor calidad son brindados por empresas grandes para cualquier nivel de capacidades y preparación.

 

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Informalidad

Perú suspendió clases presenciales desde inicios de la pandemia y no las ha retomado significativamente hasta ahora a pesar del gran avance en vacunación. Otros países han tenido retornos a clases presenciales más oportunos. Lamentablemente en nuestro caso hay múltiples indecisiones y una clara falta de liderazgo.

El problema es que los aprendizajes de los niños retroceden significativamente en la ausencia de clases. Si bien se intentó tener clases virtuales, su efectividad es menor en general y más aún cuando no se cuenta con la conectividad adecuada y el soporte de los padres de familia. Los segmentos más perjudicados han sido los niños de familias más vulnerables.

En una economía que se transforma y orienta hacia el conocimiento, la inclusión en esa economía moderna y de mayor calidad de empleos está en riesgo para estas generaciones afectadas por la interrupción de la educación en pandemia. El país necesita no solo retornar a clases sino tener planes para recuperar aprendizajes en todos los segmentos desde niños de primera infancia hasta egresados de colegio durante la pandemia.

El panorama se agrava cuando existen voces que pretenden retroceder en la Reforma de la Carrera Magisterial que impulsó la meritocracia entre los profesores. Los profesores son actores centrales de la educación. Sin embargo, el resultado que buscamos es tener niños preparados para la vida y este objetivo debe estar por encima de algunos reclamos de gremios de docentes que pongan en riesgo los resultados que se quieren alcanzar.

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Nathan Nadramija, Recuperación aprendizaje, Reflexiones para el desarrollo

El valor compartido en el sector minero apuntando al desarrollo sostenible amerita gran reflexión y discusión para transformar la riqueza geológica del país en bienestar.

Tres ideas fuerza:

1) La palabra compartido nos habla de dos partes que interactúan, que se respetan, que se relacionan. Debemos pasar de la aceptación de una de las partes a la otra a la confianza entre todas las partes y el trabajo conjunto. Para ello, se requiere mucha comunicación y apertura de todas las partes.

2) El valor se refiere a generar el máximo valor posible para todos de la explotación de recursos mineros. En primer lugar, el proyecto debe ser económicamente rentable para ser viable y sostenible. Luego se debe generar valor compartido a través de infraestructura común como agua, energía y vías. También encadenamientos con proveedores y empleos que deben impulsarse aún más. Sin embargo, la fragilidad institucional y de los stakeholders locales demanda que las empresas vayan más allá y contribuya a fortalecer las capacidades de los actores locales y al desarrollo económico local. Sin ello, los reclamos y falta de oportunidades son muy probables. El gobierno debe ver el potencial de crear más valor duplicando la producción minera más que estatizando o subiendo impuestos.

3) Se requiere un cambio de modelo, un cambio de chip para todos. Las empresas tienen que dar un salto en sus prácticas. El gobierno y los políticos también deben construir y ayudar a crear valor y no quedarse de costado. Finalmente, las comunidades también deben pasar de usar el conflicto como herramienta de reclamo y negociación a tener una visión más amplia de desarrollo en la que ellos son actores de su propio desarrollo. En regulación, se debe pasar del EIA al Planeamiento del Desarrollo Territorial con participación multiactor. Todos tenemos que aprender.

Si ya algún actor tuviese un modelo que funciona, no tendríamos proyectos paralizados ni bajos niveles de desarrollo en los diferentes territorios.

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Desarrollo sostenible, Nathan Nadramija, Sector minero

Si el gobierno muestra su liderazgo frente a los diferentes actores de encargarse de los conflictos socioambientales sería un cambio positivo. El sistema actual tiene al gobierno en un rol pasivo y deja a las empresas y a las comunidades que interactúen y en muchos casos no resuelven los temas de fondo. Por un lado, no se genera el desarrollo y bienestar que demandan las áreas de influencia y por el otro lado, no se destraban proyectos para materializar inversiones u operaciones más estables.

Si el gobierno con criterio técnico y transparencia atendiese los reclamos legítimos de las partes, dentro del marco normativo, podrían destrabar los proyectos. Por un lado, exigir como reguladores y supervisores que las empresas mineras cumplan sus obligaciones y compromisos en el marco de la ley y de las buenas prácticas internacionales. Por otro lado, podría articular y coordinar con los distintos actores públicos y privados para implementar planes de desarrollo del territorio.

El destrabe de inversiones sería importante pues muchos proyectos en Perú se han paralizado por los conflictos socioambientales como Conga y Tía María en los que se ha podido generar valor para todos: comunidades, empresas y el país.

El gobierno debe tener mayor liderazgo siempre que lo acompañe de capacidades técnicas, criterios objetivos acorde a lineamientos técnicos y transparencia. Frente a cualquier conflicto, el gobierno debería tomar el liderazgo y registrar los reclamos, ponderar los argumentos y articular las soluciones asignando a quienes corresponda las responsabilidades. Abandonemos el modelo en que el gobierno está ausente y se pone de perfil frente al desarrollo y la inversión.

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Conflictos socioambientales, Nathan Nadramija, Reflexiones para el desarrollo

La denominada segunda reforma agraria ha puesto en agenda el impulsar el agro tradicional. El agro tradicional es el de menor productividad en zonas rurales con baja cobertura y calidad de servicios. Está ligado a la población más vulnerable y con altos niveles de pobreza. Desarrollar mejores políticas públicas para este sector debe ser una prioridad. Comparto varios puntos para el debate de qué debería contener la reforma que se implemente.

En primer lugar, el foco no puede ser solo el agro tradicional, sino el desarrollo rural. La generación de ingresos en el territorio está asociado a múltiples actividades. La productividad del agro tradicional y otros está influenciado por el ecosistema productivo y la presencia de servicios e infraestructura en el territorio.

El desarrollo rural enfrenta retos por la baja densidad poblacional, la baja conectividad y los altos costos unitarios de entrega de cualquier servicio. Por ello, se requiere que la entrega de servicios sea multisectorial e itinerante. Estrategias como las Plataformas Itinerantes (PIAS), los locales multipropósito (Tambos) o Unidades Ejecutoras Multisectoriales son necesarias.

Para el desarrollo productivo es clave priorizar las actividades económicas con mayor potencial de un territorio. Es conveniente que se fomente la escala productiva alrededor de pocos productos de modo que surjan mini clústeres de producción. Así se desarrollan los servicios y capacidades que se requieren para ser exitosos.

Entre estas diferentes actividades económicas, la agricultura tradicional ocupa un lugar importante junto a actividades como turismo, trabajo en construcción, trabajo en ciudades cercanas y algunos servicios básicos en el territorio como el transporte. Se debe promover el desarrollo de todo el conjunto de actividades, no solo de la agricultura.

La agricultura tradicional necesita en primer lugar de agua y de su uso adecuado para incrementar su productividad. Sin agua suficiente, la actividad agrícola genera una campaña al año y con rendimientos bajos que no permiten generar ingresos suficientes para el agricultor. Con agua y un sistema de riego tecnificado la productividad puede multiplicarse. Infraestructura que permita la gestión del agua a gran escala como a pequeña escala es fundamental.

Escoger adecuadamente el cultivo definirá los ingresos y riesgos de los agricultores. Los de mayor potencial son los de exportación. Es clave entender la valoración y demanda de los cultivos en los mercados. Diferentes opciones demandan diferentes inversiones por hectárea y también diferentes tiempos de recupero de la inversión. En el caso de zonas de agro tradicional, la capacidad de invertir y de esperar para recuperar la inversión es muy baja. Se requieren intervenciones que reduzcan las barreras y costos de invertir como por ejemplo el desarrollo de viveros y mercado de semillas certificadas.

Cada cultivo tiene y requiere buenas prácticas agrícolas tanto para la pre-siembra, siembra, cultivo y cosecha. El aplicar adecuadas prácticas influirá en la calidad del producto, el rendimiento y en la posibilidad de certificar y acceder a mercados más sofisticados.

Para manejar la logística de venta y acceso a los mercados se deben promover alianzas con los agroexportadores modernos de la costa. Estas empresas ya tienen contacto con los mercados y conocimiento de la logística para atender los pedidos. Además, pueden brindar o facilitar financiamiento y conocimiento sobre buenas prácticas agrícolas. También hay una red de mayoristas y minoristas para atender los mercados de las ciudades. Si bien los intermediarios se quedan con un alto margen del precio de venta final, brindan un servicio y cumplen un rol. Se debe estudiar adecuadamente las opciones para promover la competencia y eficiencia de la cadena logística de modo que el productor en campo reciba una proporción mayor del precio de venta final. No creo recomendable reemplazar a la cadena de distribuidores por entidades estatales puesto que generaría muchas ineficiencias y pérdidas. Ese presupuesto puede ser mejor usado en otras intervenciones.

La implementación debe ser flexible para reconocer las características y potencialidad de cada territorio y de sus actores. Impulsar el desarrollo del agro tradicional es clave para seguir mejorando el bienestar de la población.

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